Hay descontento en los cuarteles, pero el análisis de un profundo conocedor del estamento castrense concluye que no hay peligro de golpe. El peligro consiste en que ese ruido paralice a Santos en la búsqueda de la paz mediante políticas de corte social.

La impronta de la violencia

La violencia ha sido el factor que más ha influido sobre el desarrollo de las instituciones militares en Colombia.

Entre 1946 y 1965 vivimos el período conocido como “La Violencia”, en una sociedad polarizada entre liberales y conservadores. El desmadre de “La Violencia” precipitó dos gobiernos militares: el de Rojas Pinilla (1953-1957), inducido por una facción del Partido Conservador con el apoyo del Partido Liberal, y el de la Junta Militar (1957-1958), que sirvió de transición hacia el Frente Nacional (1958-1974), régimen bipartidista que apaciguó el antiguo sectarismo.

A mediados de los años sesenta, tras el fin de “La Violencia”, surgió la guerra de guerrillas, rezago del conflicto bipartidista y expresión de la “guerra fría” internacional en territorio colombiano. Esta violencia se ha perpetuado hasta hoy, junto con la del paramilitarismo y otras bandas.

Autonomía sin políticas

Un efecto positivo del Frente Nacional fue la subordinación formal de los militares al poder civil, hecha posible por su despolitización respecto del bipartidismo. Tal despolitización paradójicamente permitió a los militares ganar una relativa autonomía política, que se reflejó en el manejo independiente del orden público.

El inicio de este extraño arreglo fue el discurso del presidente electo Alberto Lleras Camargo, tras conjurar el intento golpista del 2 de mayo de 1957, hacia el final del gobierno de la Junta Militar. En su afán por aislar a los militares de la influencia partidista, Lleras Camargo sentó los principios de la autonomía castrense, al recalcar que así como ellos no debían intervenir en asuntos de partidos, los políticos tampoco interferirían en materias militares. Pero el celo de su posición doctrinaria liberal fue llevado al extremo, y con el tiempo se volvió un dogma estimulado además por el temor de una intervención militar.

Este planteamiento presidencial debió haber sido el punto de partida de un proceso donde las directrices civiles de la política militar hubieran debido revisarse y actualizarse. Pero eso no se hizo. De ahí el desfase entre la sociedad colombiana que ha cambiado y la inmovilidad de gobiernos sucesivos que les impidió formular políticas militares, en especial ante la expansión del conflicto armado interno.

Ruidos de sables

Como los gobiernos no actualizaron las directrices políticas sobre el papel de los militares, los altos mandos asumieron una función que no les correspondía, y lo hicieron de manera improvisada. Ante la falta de reformas sociales, el resultado neto fue escamotear la solución de los conflictos sociales, al darles tratamiento de desorden público.

Tan solo cuando las decisiones militares no encajaban con los intereses de los gobernantes, hubo “intervenciones civiles” puntuales en los asuntos castrenses, incluidas destituciones de oficiales. Se desataban entonces temores golpistas denominados “ruido de sables”, expresión copiada de los chilenos. Ejemplos de tales temores fueron los provocados por las destituciones de los generales Ruíz Novoa, en 1965; Pinzón Caicedo, en 1969; Valencia Tovar y Puyana García, en 1975; y Matallana Bermúdez, en 1977. El último “ruido de sables” fue causado por la destitución del general Landazábal Reyes, en 1984. De ahí en adelante, la lejanía del golpe de Rojas Pinilla fue aplacando el temor del “ruido de sables”.

Escalada de las FARC y ayuda gringa

Pero ahí no acabó el problema: transformaciones ocurridas dentro de las instituciones castrenses cambiaron las relaciones entre civiles y militares. El punto crítico se dio con las derrotas de las Fuerzas Armadas a manos de las FARC entre 1996 y 1998. La ayuda militar de Estados Unidos aumentó en esos años, junto con la exigencia de una reforma que pusiera fin a la prolongada ineficacia militar frente al avance de la subversión.

Esa tardía reforma se dio entre 1998 y 2000, empatando al final con el Plan Colombia, originalmente diseñado por los gringos para frenar la expansión de los cultivos de coca. Esta limitación fue abolida tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, que abrieron el espacio para combatir la “amenaza narco-terrorista”.

Tras el fiasco de El Caguán (1999-2001), el presidente Uribe (2002-2010) se encontró con un ejército remozado y con más recursos que nunca para llevar a cabo su vendetta contra las FARC: el crecimiento de la Fuerza Pública estaba en plena marcha. Uribe recibió más de 200.000 militares y 110.000 policías; ocho años más tarde entregó 268.000 militares y 158.000 policías (tasas de crecimiento de 34 y 43,6 por ciento, respectivamente) para un total de 426.000 efectivos, cifra solo equiparable con Brasil en América Latina.

Entre polarización y falta de credibilidad

Durante sus ocho años de gobierno, Uribe martilló un mensaje polarizante que atrajo mayorías a su favor: “Las FARC son la mayor amenaza para la patria y quienes no piensen así son aliados del terrorismo”. Esta polarización caló muy bien entre los militares, pues los situó definitivamente del lado de “los buenos”.

Casi sin excepción, y a diferencia de los generales en retiro más antiguos, quienes están en servicio han lidiado con el conflicto armado durante toda su carrera profesional. Por eso conocen mejor las vicisitudes, complejidades y contradicciones de la sociedad, y el caldo de cultivo que ello representa para la subversión y la delincuencia.

Además, a diferencia de antes, las Fuerzas Militares no cuentan con “intelectuales orgánicos” entre los oficiales retirados, que tengan la credibilidad suficiente para adoptar sin reservas sus mensajes polarizantes. Y los civiles militaristas que fungen como tales ante la opinión pública no tienen influencia comparable a la que tienen en los retirados más antiguos. De ahí que el permanente sonsonete de críticas al gobiernopor parte de los antiguos retirados no cuente con la fuerza suficiente para revivir el temido “ruido de sables” y menos para inducir un golpe de Estado.

Más de lo mismo

Es lo que acaba de ocurrir tras el escándalo mediático que originó por la filtración de la carta del general retirado Eduardo Santos (¡vaya coincidencia!) criticando al presidente y la respuesta de un mayor retirado al proponer un golpe.

 

Con el deslinde de Santos frente a Uribe, desde el inicio de su gobierno se han producido mensajes de militares retirados que critican al presidente. Sólo que ahora, por razón del “escándalo”, se conocieron además las declaraciones del presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en retiro (ACORE), minimizando lo que calificó como comunicaciones “coloquiales” entre sus colegas.

Aún así, no debe menospreciarse este acontecimiento, estimulado deliberadamente por los mensajes de Uribe en plena orfandad de poder estatal. El efectivo sonsonete mediático de Uribe no tiene fin, aunque Santos puede mostrar mejores resultados puntuales contra las FARC que Uribe –incluidos sus logrados siendo ministro de Defensa (2007-2009)– y ha tenido que lidiar con menos atentados terroristas que su antecesor.

Continuidad del modelo

Pero Santos está en medio de una trampa que él mismo se forjó: su continuismo en el manejo punitivo de la seguridad. Tal continuismo ha contribuido a acrecentar problemas potenciales, como son:

  • el mayor crecimiento relativo de la fuerza militar frente al aumento insuficiente de la fuerza policial para controlar la delincuencia en las ciudades;
  • el ensanche del lastre fiscal debido al crecimiento en gastos militares;
  • el aumento de tropa lisiada con minas quiebrapatas;
  • la contención de promesas sociales y salariales a militares hechas por gobiernos anteriores;
  • las presiones de una derecha recalcitrante para recuperar prebendas del fuero militar recortadas por el gobierno de Uribe.

Pero lo más preocupante de esta situación es, sin duda, la encrucijada del gobierno para afrontar la necesidad de adoptar políticas que induzcan a una paz que ha sido esquiva por mucho tiempo. Buscarla, a la brava, sin brújula alguna, ha prolongado los conflictos, el desangre y la ya emblemática inequidad social en el país.

* Francisco Leal Buitrago: Sociólogo, Profesor Honorario de la Universidades Nacional de Colombia y de la Universidad de Los Andes.

Fuente: RazónPública.com (Semana del 11 al 17 de Junio de 2012)

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