Ramón Martínez

Mostequieu opinaba que no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia. Si partimos de la base de que un Estado es un poder que controla mediante unas normas (leyes) una sociedad, definimos Estado de Derecho como un Estado que se caracteriza porque todos los ciudadanos, incluidos los legisladores y los jueces, están sujetos a la ley. El Derecho es de carácter coactivo porque castiga las conductas que no se someten a las normas.

Desgraciadamente, en la práctica, el concepto de Estado de Derecho no deja de ser una utopía, porque como se ha demostrado en numerosas ocasiones, dependiendo de quien sea el que quebrante las normas, el sujeto puede ser susceptible de ser castigado o no.

Este ensayo pretende cuestionar solamente la legitimidad que pueda tener el Estado para castigar en el supuesto de que las leyes sean contrarias al bien común, introduciendo en este caso el concepto de leyes ilícitas, así como evidenciar que la arbitrariedad causada por la falta de independencia del Poder Judicial desvirtúa toda razón de ser del Estado de Derecho.

Leyes ilícitas:

Si los ciudadanos aceptan que las leyes son normas para garantizar la seguridad, integridad y bienestar de los ciudadanos, así como el buen funcionamiento de la sociedad en general, tenemos una premisa sólida de un contrato social legítimo. Los legisladores tienen el deber de crear leyes en este sentido, pero si no lo hacen, podemos cuestionar su honestidad y su legitimidad para legislar. El Estado actuaría, dentro de la legitimidad que da un contrato social, como un hermano mayor que defiende a hermanos menores de gente sin escrúpulos que intentase maltratarlos, robarles o abusar de cualquier forma. Así se evitaría que los ciudadanos viviesen con miedo a posibles organizaciones criminales que amenazasen su seguridad, porque tendrían un hermano mayor que los defendiese. Aquí hablaríamos de un castigo legítimo puesto que se entiende que el Estado somos todos los que pagamos impuestos y se actúa en legítima defensa contra el daño que puedan hacer quienes amenazan el bien común. Pero en contra de lo que debería de ser, según los principios básicos de legalidad, la figura del Gran Hermano de Orwell es lo que desgraciadamente se está imponiendo en los estados que, muy lejos de proteger a sus ciudadanos, vulneran su integridad y privacidad mediante acciones impulsadas por gente que, buscando el poder de una forma ilegítima y con unos propósitos ilícitos, utiliza el poder del Estado no para el bien común sino para intereses privados.

He dado en llamar leyes ilícitas, aquellas que han sido creadas por legisladores que han antepuesto el interés privado al interés general causando daños a la sociedad. Este tipo de actores imponen intereses particulares a la sociedad bien sea para crear privilegios, obtener provecho económico o prevalecer sobre otros grupos sociales.

Legislación para obtener beneficios económicos:

Un ejemplo claro de imponer a la sociedad leyes que la perjudican es la Ley Hipotecaria de Aznar de 1998. Mediante esta Ley, la Iglesia Católica Romana (ICAR) se pudo apropiar de innumerables bienes públicos de un valor incalculable que, aunque más tarde se declaró ilegal por el Tribunal Constitucional, no parece haber esperanza de recuperar lo expoliado, ni de castigar a quienes causaron tan brutal expolio.

Legislación para prevalecer sobre otros grupos sociales:

En este campo es habitual prohibir conductas que tienen que ver con la moral o la ética y de esta forma criminalizar a quienes piensan distinto o tienen otros valores sin que éstos amenacen la seguridad e integridad de otros individuos. De esta forma los legisladores pretenden imponer una sociedad que no respeta la más íntima esencia de la libertad de los ciudadanos.

Un ejemplo de arbitrariedad en la legislación es la voluntad del legislador de prohibir la prostitución, la profesión más antigua del mundo, y que supone una intromisión del Estado en asuntos privados que dependen de un acuerdo entre las partes sobre asuntos íntimos que no dañan ni incumben a nadie más. En mi opinión la postura más honesta a este respecto es la tomada por países como Alemania, Holanda, Suiza, Grecia, etc. regulando la prostitución, lo cual permite a las trabajadoras sexuales cotizar en la Seguridad Social. En este caso el Estado no se inmiscuye en los valores morales de los ciudadanos mostrando respeto hacia la intimidad de éstos.

El reciente Ministerio de Igualdad, muy lejos de abordar el problema apremiante de la independencia del Poder Judicial, que afecta directamente a la igualdad ante la ley y que además causa tanta impunidad ante una corrupción flagrante, se dedica a remover el Derecho Penal sobre conductas que ya estaban recogidas y tipificadas en el Código Penal español en los delitos contra la integridad y contra el honor. Parece como si hubiese que hacer un Código Penal feminista cuando, en mi opinión, tanto el machismo como el feminismo suponen prevalecer un género sobre otro y por lo tanto desigualdad entre géneros. La ley debe tratar a los ciudadanos sin diferencia de género. Por otra parte, si el Poder Judicial está saturado de jueces machistas del Opus Dei, de nada le va a servir al Ministerio de Igualdad cambiar las leyes.

La Ley Mordaza es otro ejemplo que atenta directamente contra los derechos básicos de los ciudadanos y que ninguna democracia debería de aceptar. Cualquier castigo del Estado a los ciudadanos por no respetar esta ley ilícita sería, en mi opinión, muy cuestionable.

Legislación para crear privilegios:

Que la ICAR no pague el IBI, siendo hoy en día la mayor corporación de España, es un claro ejemplo de privilegios que se mantienen gracias a una legislación que indigna a muchos ciudadanos y que está basada en acuerdos con la ICAR claramente desfavorables para la sociedad española. Cuando se impuso el catolicismo como religión oficial del Estado había una dictadura y no existía la Constitución Española del 78 que estipula que ninguna confesión religiosa será estatal.

Los lobbies representan el ejemplo más claro de legislación para crear privilegios, porque influyen tanto en la administración como en el poder legislativo para obtenerlos, aunque estas conductas estén tipificadas en el Código Penal como tráfico de influencias. En este caso el Estado estaría legitimado para castigar, puesto que estos lobbies perjudican a la sociedad (en la sanidad privatizada, la privatización de la enseñanza, regalando fortunas de dinero público a los bancos sin exigir devolución, etc.) pero esto no sucede por la falta de separación de poderes y la ausencia de imparcialidad del Poder Judicial.

Falta de independencia del Poder Judicial:

En este caso no importa si las leyes son ilícitas o no, puesto que la parcialidad de los jueces conlleva prevaricaciones que tienen como finalidad la impunidad de quienes pertenecen a su alineación política o ideológica o bien la persecución de quienes son sus enemigos.

Un ejemplo espectacular lo tenemos con la persecución judicial de Rafael Correa, expresidente de Ecuador. El banquero y miembro del Opus Dei Guillermo Lasso, ganó en segunda vuelta las elecciones cuando Correa se encontraba exiliado en Bélgica acusado de 8 delitos de corrupción. Muy parecido el caso de Evo Morales. Ambos expresidentes de gobierno son conocidos por su honestidad y compromiso por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de sus respectivos países.

Desgraciadamente estamos viendo como los gobiernos corruptos buscan el control del Poder Judicial para conseguir su impunidad y perseguir a quienes intentan combatir la corrupción. Un ejemplo claro lo tenemos en España con el PP que, gracias al control del Poder Judicial, ha conseguido continuar como partido político a pesar de haberse demostrado que es una organización criminal. La desfachatez del PP llega hasta el punto de mantener a sus políticos tras sus escándalos, y además premiarlos, como ha sido el caso del opusino Federico Trillo, quien después del escándalo de la tragedia del Yak-42, fue nombrado coordinador de “justicia y libertades públicas” y no se le ocurre nada mejor que proponer en su programa para las elecciones, elevar las penas de prisión y recuperar la cadena perpetua. Este acto de cinismo, de un político acusado de homicidio, muestra la seguridad que tiene un presunto delincuente ante el Poder Judicial y la voluntad de asustar a sus enemigos mediante la amenaza de posibles condenas severas impuestas por jueces del Opus Dei.

Después de haber expuesto todos estos factores sobre los posibles castigos ilícitos del Estado, puedo terminar observando que se ha hecho en la historia para resolver el problema:

El delito de sedición es una forma de castigar a quienes intentan impedir las leyes, pero si las leyes son ilícitas, existe un derecho recogido en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos que reconoce que:

todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad

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