Carlos Molina Romero

Un país con riqueza cultural milenaria con mayor biodiversidad del mundo se encuentra sumergido en una crisis política, social, económica más profunda de su historia republicana, actualmente azotado por el Covid-19. El peruano de a pie afronta con mucho coraje y valentía, cosa que no sucede ni con el gobierno ni con la clase política, salvo honrosas excepciones.

Por un lado, tenemos un Congreso de la República improductivo, trasnochado y oportunista, esto no se ve en ningún país democrático de manera tan descarada como se ve hoy en Perú.  El escándalo mayúsculo acaba de retratar a los congresistas en la última interpelación al Ministro de Educación Martín Benavides, en la que se habló sólo de la responsabilidad que tuvo cuando era jefe de SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria). Los parlamentarios, en tono dudoso y opaco, no le preguntaron acerca de sus responsabilidades y funciones como Ministro de Educación, demostrando que algunos de estos pertenecientes a diversos partidos políticos quieren doblegar a un estado débil, con la intención de favorecer a las universidades privadas licenciadas y no licenciadas recientemente y no perdonan el control y la regulación de Estado para mejorar la calidad educativa en bien de los estudiantes, que  contemplan en la reciente Ley Universitaria.

Mientras que esto ocurre, según MINSA (Ministerio de Salud) el 25% de la población limeña está contagiada por el Covid-19, y con la forma en la que se está gestionando esta pandemia llegaremos a nivel nacional a 100 mil fallecidos antes de que finalice el año. Con el nuevo Presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, no hay ninguna estrategia nueva para enfrentar el Covid-19, más de lo mismo. El Decreto Supremo 139 manda hacer cuarentena cada fin de semana a 36 provincias del Perú. Esta estrategia no dará ningún efecto si no va acompañada con las medidas preventivas como: las pruebas moleculares masivas, control  a los contagiados (aislamiento), atención médica primaria, servicios de alimentación, control del transporte masivo formal e informal y control del aforo mínimo para cuidar el distanciamiento social. Los contagios masivos están en los paraderos de transporte, otros focos de contagios están en los mercados de abastos, en la cola a los bancos, etc. No cabe ninguna duda de que la estrategia preventiva no existe, como consecuencia de este desastre como país nos ubicamos con más fallecidos por cada 100 mil habitantes en la región.

En Perú, casi todo se ha hecho muy mal, nadie se ha preocupado ni regulado el triste hacinamiento en las grandes masas de población, sin alternativa de vida con un estado inexistente para la población cuyos fundamentos de convivencia está en la Constitución de 1993, que abrió la puerta al libre mercado de manera ilimitada y sin regulación del estado. Da igual comprar un vodka ruso o un balón de oxígeno medicinal, es un país que ha mercantilizado la salud con oligopolios y monopolios en todos los sectores y sobre todo en el sector farmacéutico, dejando a un lado la inversión en la construcción de hospitales, centros de atención primaria y su implementación sanitaria con la desidia del poder ejecutivo, legislativo, gobernadores regionales y locales.

Según el informe del INE (Instituto Nacional de Estadística) el 73,6% de la población tiene empleo informal y según Juan Manuel Ostoja, Presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), ahora nos encontramos con 2 millones de jóvenes sin empleo, sin contar la cantidad de alumnos de la secundaria que han dejado de estudiar y más de un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan (Ninis) en el rango de 15 a 29 años de edad.

Estas desigualdades sociales vienen desde hace 199 años, con el inicio de la vida republicana. Necesitamos construir una sociedad que vele por un mínimo estado de bienestar social para todos. Después de la vuelta a la democracia en el año de 1980, se consumó la oportunidad de hacer un país con rostro humano para todos. Desde aquel entonces perdura a día de hoy la clase política displicente a la lucha por la equidad social y cuya práctica siempre ha sido el patrimonialismo y un régimen oligárquico enquistado en un estado democrático. Como consecuencia nefasta se ha extendido la corrupción de manera desproporcionada y ha trastocado a todos los niveles de la organización del estado y la sociedad civil y muchas veces promovida por los partidos conservadores, ultraconservadores y populistas que han gobernado el país.

Lo que queda por hacer en este escenario post Covid-19 es buscar un conceso nacional para tocar temas como: reestructuración de las políticas de salud, educación, la brecha digital, la reforma del sistema tributario, etc. Necesitamos líderes que practiquen la resiliencia, la sobriedad, no polarizar, ejemplaridad, empatía, ser auténticos, estar conectados con el pulso a la realidad social del país. 

*Máster en Gobierno y Administración Pública (Universidad Internacional Ménendez Pelayo) y en Estudios Avanzados en Pedagogía (Universidad Complutense de Madrid).

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