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Jorge Vilches

No hay un mito sobre el CNI; es decir, no circula una historia falsa sobre la agencia de inteligencia para manipular a los españoles. Quizá es todo lo contrario: al desconocimiento general y voluntario se une el sempiterno menosprecio a lo español.

Esto significa que la imagen pública del CNI, en el caso de existir, es la de una agencia menor incapaz de competir con el Mi5, la CIA, el Mossad o incluso la inteligencia marroquí. El caso de Dina Bousselham es una prueba. La relación de esta mujer nacida en Marruecos en el seno del Majzen, la oligarquía del país, con un partido conservador y monárquico al servicio de Mohamed VI la relaciona con sus servicios secretos. La cercanía de Bousselham a Pablo Iglesias y el consiguiente cambio de opinión del líder de Podemos respecto al Sahara, al Frente Polisario y a la monarquía alauí recuerda a los viejos trucos de espías. No parece una casualidad que luego el ministerio del Interior retrasara durante años la nacionalización de Bousselham. ¿Tuvo algo que ver el CNI en este caso o en el oscuro tema de la tarjeta sim? Es más, ¿tiene todo esto relación con el deseo de Pablo Iglesias de pertenecer a la Comisión que controla el CNI?

Fernando J. Muniesa ha publicado en la editorial Actas el libro titulado “La cara oculta del Estado. Historia crítica de los Servicios Secretos españoles”, que nos acerca al modo de actuar de dicha agencia de investigación. El autor pasó por La Casa –los servicios secretos– y ahora es consultor político y de asuntos de seguridad y defensa. La idea principal del libro es que el CNI no trabaja para el Estado, sino para el Gobierno de turno o un personaje determinado. Solo así, dice, se explica su papel en el asesinato de Carrero Blanco, el intento de golpe de Estado del 23-F y los atentados del 11-M.

Un atentado enrevesado

Ahí no se detiene el despropósito: Muniesa ha asegurado en prensa que el CNI guardó unos informes sobre el coronavirus que llegaron a la agencia a finales de 2019. En el atentado contra el almirante Carrero Blanco el autor deja claro que el SECED, sucesor de la OCN (1968 a 1972) y antecesor del Cesid, no funcionó como debería. Muniesa cuenta el entramado compuesto por la CIA, ETA y la Sección Operacional de Misiones Especiales del Alto Estado Mayor. Se trató de una “operación de inteligencia” en el “sentido más estricto”, montada de “profesionales muy especializados” ajenos a ETA, aunque la banda terrorista fuera la autora material. El propósito era que desapareciera de escena Carrero Blanco, presidente del Gobierno, por ser el máximo representante de un franquismo opuesto a la democracia, a la OTAN, al Tratado de No Proliferación Nuclear (1968) o a ayudar a Israel en la guerra del Yom Kippur (octubre de 1973). Carrero se oponía a una Transición liderada por un partido de centro y otro socialista, y prefería un proceso controlado. El atentado, con una carga explosiva inusual, tuvo lugar el 20 de diciembre de 1973, y dejó claro, dice Muniesa, que “sin Franco no habría más franquismo”. Luego, asegura, el caso no se investigó ni juzgó.

Todo fue tan enrevesado que Adolfo Suárez dijo en vísperas del 23 F: “Me voy de la presidencia sin saber si ETA cobra en dólares o en rublos”. Esa fecha de 1981 también es tratada por Muniesa con la misma crudeza. Suárez era un presidente del Gobierno consumido desde 1980, que disgustaba a UCD, a la oposición, al Rey, a las Fuerzas Armadas y a Estados Unidos. Su política interior era un desastre para muchos, y la exterior, con su acercamiento a Fidel Castro y Yasser Arafat, un profundo error, que animó a muchos a querer quitárselo de en medio. Muniesa cuenta cómo los servicios secretos, el Cesid de Gutiérrez Mellado, elaboraron la “Operación De Gaulle”, un golpe a la francesa para dar un “giro de timón”. Sin director, la agencia quedó en manos de Javier Calderón y José Luis Cortina entre agosto de 1980 y mayo de 1981. En ese tiempo esos dos recopilaron información sobre el golpismo “duro” en el Ejército, contactaron con los socialistas Luis Solana y Enrique Múgica, además de Manuel Fraga y Gabriel Cisneros. Luego se buscó al militar con el perfil adecuado, con reputación y cercano al Rey: el general Armada.

El disgusto de Tejero

La “Solución Armada”, cuenta Muniesa, se convirtió en el plan del Cesid a espaldas del Gobierno. La dimisión de Suárez frustró casi todo, y el nombramiento de Calvo-Sotelo introdujo dudas. El golpe siguió, pero carente ya del sentido primero. Tejero secuestró al Gobierno y al Congreso, algunas fuerzas salieron a las calles, y solo faltó la aparición del general Armada ofreciéndose para presidir un gobierno de salvación nacional. El motivo es que a Tejero le disgustó bastante la lista ministerial de Armada, se llegó a sentir engañado porque no era eso lo que habían hablado, y le impidió entrar al Congreso. Ahí fracasó el golpe. Fue entonces cuando el Rey salió en TVE. No se sabe todo lo que ocurrió el 23-F por ser información clasificada, como dice Muniesa.

Lo mismo ocurre con los atentados del 11-M. El autor señala que el fracaso del CNI en detectar este acto terrorista se debió al nombramiento de Jorge Dezcallar, consensuado entre el PP y el PSOE, pero señalado por el rey Juan Carlos por su “amistad personal”. Dezcallar había sido embajador en Marruecos, donde desagradó el nombramiento. Las relaciones bilaterales empeoraron por la posición de Aznar favorable al referéndum de autodeterminación del Sáhara, y explotó con la recuperación del islote de Perejil el 17 de julio de 2002. Muniesa asegura que los explosivos y el diseño de los atentados del 11-M eran propios de “profesionales de los servicios secretos”, y que habría que mirar “hacia nuestros vecinos norteafricanos” para saber qué pasó. El autor apunta una “connivencia terrorista alauita” que Zapatero entendió enseguida, ya que hizo gestos llamativos y extemporáneos hacia Mohamed VI. ¿Dónde estaba el CNI mientras tanto?

Al servicio del poder

Las acciones de esta agencia, no siempre edificantes según Muniesa, se ocultan bajo el sello de “secreto” con el propósito de que no se conozcan sus manejos. Eso se debe, dice, a la Ley de Secretos Oficiales, de 1968, que sigue vigente. La democracia no pasó por la institución. No hubo una reforma ni un cambio de espíritu. La endogamia que sigue al nombramiento de un nuevo director cada vez que cambia el Gobierno lamina la profesionalidad del centro. Por eso ha seguido siendo una organización al servicio del poder. La perspectiva es antigua: no preservan los intereses del Estado, y sus actividades, asegura el autor, dejan mucho que desear. Muniesa refuerza esta idea con un ejemplo claro. Mientras los servicios de inteligencia estaban pendientes de la vida privada del rey Juan Carlos o del “pequeño Nicolás”, el golpe de Estado del independentismo catalán se movió a sus anchas. No investigaron la trama, ni descubrieron las urnas, ni pillaron a Puigdemont, y menos aún hicieron un plan de contención.

El origen de estos males, indica Muniesa en su bien trabajado libro, es una concepción de los servicios secretos como una agencia gubernamental, politizada, que no escucha a los profesionales a la hora de hacer reformas. Es preciso, dice el autor, un servicio de inteligencia que sea apolítico, incluso para controlar al Ejecutivo. Sin embargo, se produce lo contrario. Esa colonización de lo que debería ser una institución estatal, obliga a continuas purgas con cada cambio de Gobierno. En las más de 500 páginas del libro, contadas a buen pulso, como si fuera una novela de espías, se desgrana la historia y las miserias, los secretos y verdades de los servicios secretos. En definitiva, nos encontramos con una obra excelente y de actualidad.

¿Cómo se hizo la polémica reforma de la ley del CNI en el confinamiento?

La ley del CNI fue aprobada en 2002 con el apoyo del PP y del PSOE, durante el gobierno de Aznar, siendo Zapatero líder de la oposición. No aceptaron las enmiendas del resto de los grupos. En marzo pasado, el gobierno de Sánchez aprovechó el decreto del estado de alarma para reformar esa ley del CNI, a pesar de que llevaba meses de conversaciones con el PP. El objetivo del Gobierno era dar cabida a Pablo Iglesias en la agencia. De esta manera, el vicepresidente segundo formará parte de la comisión delegada que supervisa el CNI. Persiste así todo un proceso de politización y la introducción de personas sin experiencia que van al CNI a servirse, no a hacer un servicio al Estado. Ahora, con la posible imputación de Pablo Iglesias por revelación de secretos, denuncia falsa y obstrucción a la justicia, no parece el nombramiento más adecuado para un CNI que debería ser apolítico. Tampoco parece conveniente cuando han trascendido los pagos de Irán al líder de Podemos por unos programas de TV para la agitación política en España, o por su vínculo directo con la dictadura venezolana, dominada por los servicios de inteligencia cubanos.

Fuente: La Razón

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