María Alejandra Díaz

El neoliberalismo globalizante, escondido hoy desde FMI, BM  y ONU como discurso humanista progresista contra la desigualdad como simulación, supone un golpe devastador a las políticas democráticas, sociales y económicas, suerte de restauración capitalista descontrolada que en su fase financierista que ocasiona la destrucción del modelo del Estado Bienestar: expulsiones, merma de los derechos humanos, mercantilización de la democracia, precarización de las actividades laborales, destrucción del principio democrático para desplazarlo por el oligárquico y vida a favor de una minoría económica y financiera, mediante eliminación de políticas sociales, económicas, civiles y hasta ambientales de la humanidad, gracias a alianzas espurias de carácter especulativo: Capitalistas Globalistas en yunta con gobiernos complacientes de países con Constituciones desequilibradas.

Chávez, al romper con esta lógica toma la batuta histórica reivindicativa, consagra en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela derechos humanos fundamentales, enmarcados en un modelo ya no de bienestar sino un modelo Democrático, Social de Derecho y de Justicia, protector y  garantista de todos los venezolanos, sin discriminación de ninguna naturaleza, regido por principios de igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, equidad y justicia, entre otros.

Estado Social de Derecho y de Justicia que persigue la coexistencia armoniosa de las clases sociales, evitando que la dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza e ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación (Cabrera). Protegiendo a aquellos ciudadanos que en su relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, ello a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada: situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales.

Defender a los débiles, tutelar sus intereses es una obligación amparada por la Constitución: la protección no es una simple propaganda electoral y demagogia, pues nos costó sangre sudor y lágrimas alcanzarla, para entregárselo al polo corporativo transnacional y sus lacayos locales.

El Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, por definición debe buscar alcanzar una mejor distribución de las riquezas producidas, mayor acceso a la cultura, un manejo lógico de los recursos naturales, garantizando su función social. Deberá intervenir en la actividad económica, reservarse rubros de estas actividades, vigilar, inspeccionar y fiscalizar las actividades concedidas en estas áreas a los particulares, restringiendo de ser necesario la libertad de empresa consagrada en el artículo 112 cuando ésta dañe a los ciudadanos.

No se trata de la abolición de los derechos de propiedad y de libre empresa, sino que éstos quedan condicionados en muchas áreas, al interés social, y debe ser éste el sentido interpretativo de todas las normas que conforman el ordenamiento jurídico venezolano.

El Interés social es ese valor que persigue equilibrar en sus relaciones a personas o grupos, en alguna forma reconocidos por la propia ley como débiles jurídicos o en situación de inferioridad frente a otros grupos o personas que, dada la naturaleza de sus relaciones, están en una posición dominante con relación a ellas, presentándose el caso de que si en esas relaciones se les permitiera contratar en condiciones de igualdad formal, los poderosos obligarían a los débiles a asumir convenios o cláusulas que los perjudicarían o que obrarían en demasía en beneficio de los primeros, empobreciendo a los segundos (Cabrera).

Nuestra Constitución garantiza el acceso a una educación (pública o privada) de calidad en sus distintas modalidades o especialidades, bajo el marco de ciertas regulaciones. Estás regulaciones, diseñadas para evitar arbitrariedades, según el artículo 113, cuando se refiere al abuso de posición de dominio y a los monopolios, desviaciones e interferencias que destruyen la estabilidad económica y evitan que las fuerzas del mercado actúen incontroladamente -autorregulación mediante- en perjuicio de las grandes mayorías.

Nadie, por ser propietario o prestador de un servicio, puede hacerlo según su libre criterio o interés: en el país existe un marco jurídico, cuyos principios de derecho igualdad, justicia, solidaridad y libertad, son irrenunciables. Ese es el deber ser. El hecho de que algún ciudadano o empresa cuente con algún recurso heredado o producido por el trabajo o esfuerzo privado no significa que pueda abusarse de las personas o sectores sin intervención del Estado para regular esta situación de desigualdad: constituiría un retroceso, una entrega, una cesión y una renuncia  a los fines del Estado, además permitiría sentar un peligroso precedente de discriminación económica y social, cuya base es el derecho a la protección jurídica, trato con equidad, justicia y la neutralización de toda discriminación.

El Estado constitucional venezolano no puede, a causa de la idea interesada que nos venden sobre la autorregulación: “dejar hacer dejar pasar”, allanándole el camino al neoliberalismo salvaje: de ahí venimos, de ahí insurgió el pueblo en el 89 y Chávez en el 92.

Facilitarle el camino al gran capital para apropiarse de nuestro derecho a recibir una educación de calidad, universal y gratuita, así como de otros derechos fundamentales, implica renunciar a nuestra obligación de Estado Docente al permitir que las fuerzas del mercado actúen libremente en la educación impartida en instituciones concesionadas a privados. Esta acción, parte de una amplia estrategia de acumulación capitalista, basada en mecanismos predatorios, en sincronía convierte instancias vitales o bienes comunes en productos, con alto nivel de rentabilidad,  destruyendo nuestro modelo, mientras consentimos se cercene un derecho humano, sobre todos de niños, niñas y adolescentes.

Esos mismos sectores recalcitrantes que en el pasado se opusieron al papel del Estado Docente, responsable de dictar las políticas educativas en la Nación, hoy protegen a los sectores usureros, mercantilistas, escondidos en el discurso conservador, laico y/o religioso que permite cobros exorbitantes en medio de esta precaria situación económica y social, pone de rodillas y deja en situación de desamparo a padres y representantes, en su intento de desalentarlos, desmovilizarlos y rendirlos en sus reclamos legítimos, con el cuento trasnochado del comunismo y el sovietismo. ¿Volvemos al oscurantismo de una nueva Edad Media en ciernes?

Bolívar entendió con lucidez la necesidad de la educación bajo la tutela del Estado. ¿Por qué? Porque la educación definida en sus fines, organizada y supervisada por el Estado era la mejor garantía para conservar y asegurar la independencia de las jóvenes repúblicas. Por eso se pronunció por una educación que arrancara del alma colectiva los perniciosos efectos de la tiranía colonial, de la esclavitud, de la ignorancia y abogó por una educación que formara republicanos, ciudadanos (Istúriz).

Corresponde a la Constitución, Leyes y gobiernos, más aun, al gobierno revolucionario y humanista, proteger a los venezolanos y venezolanas, evitar este abuso y ultraje dictando actos, providencias, leyes y decretos, tomar acciones en favor de los débiles: niños, niñas y adolescentes, padres, madres y representantes, a fin de evitar la injusticia representada en la actuación de estas minorías neoliberales globalistas restituyendo el Estado de Derecho y de Justicia Social.

La educación no es un negocio, es un derecho.