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Israel Viana

«Una persona como José Calvo Sotelo, que fue responsabilizado directamente por el presidente del Consejo de Ministros, el coruñés Casares Quiroga, de la sublevación militar del 18 de julio de 1936, no puede tener un reconocimiento social ni llevar el nombre de ningún centro de enseñanza», argumentaba la Diputación de La Coruña cuando, hace un año, acordó cambiarle el nombre a un instituto de secundaria.

No importa que hayan pasado desde entonces más de 85 años, porque aún hay quien cree que el diputado monárquico que había protagonizado gran parte de la convulsa política española del primer tercio del siglo XX es, según en la Ley de Memoria Histórica, el causante de la Guerra Civil.

La  iniciativa, que partió de una asociación cultural y contó con los votos del BNG, Marea Atlántica, Compostela Aberta, Alternativa dos Veciños y, sobre todo, el PSOE, resultaba cuanto menos sorprendente si tenemos en cuenta que Calvo Sotelo fue asesinado cinco días antes del inicio de la guerra por un grupo de guardias de Asalto y militantes socialistas. Un crimen del que ayer se cumplieron 84 años y que aún genera un montón de preguntas en cuyas respuesta no terminan de ponerse de acuerdo los diferentes historiadores españoles y extranjeros que han abordado el suceso.

«En la madrugada de ayer fue asesinado en Madrid don José Calvo Sotelo», rezaba el titular de ABC en páginas interiores. En la portada, tan solo la imagen del político gallego. No hacía falta decir nada más, pues la noticia había corrido ya como la pólvora a lo largo del día anterior, tal y como reflejaba este diario: «A media mañana comenzaron a circular los rumores de que había sido secuestrado durante la madrugada. Los rumores produjeron en todas partes una extraordinaria impresión. Aseguraban que había llegado un camión a su domicilio ocupado por varios individuos que detuvieron al exministro de Hacienda y, a continuación, salieron con él en dirección desconocida. A mediodía, la noticia se conocía en toda la capital. En todas partes se hablaba con extraordinaria indignación del suceso, pues se sabía que la Dirección de General de Seguridad no había dado orden de detenerlo».

Esos guardias de Asalto y los militantes del PSOE portaban, efectivamente, una orden de detención falsa. Calvo Sotelo se despidió de su familia y prometió telefonear cuando llegara a su destino. Según el relato del historiador Hugh Thomas en «La Guerra Civil española» (Penguin Books, 1961), este advirtió a su esposa: «A no ser que estos señores me lleven para darme cuatro tiros». Se suponía que la camioneta se dirigía a comisaría, pero tras circular unos doscientos metros, el político recibió dos disparos en la nuca que acabaron con su vida en aquella fatídica madrugada del 13 de julio.

Según las hipótesis publicadas en los años 80 por historiadores como Alberto Reig o el también británico Ian Gibson, los disparos mortales fueron realizados por Luis Cuenca Estevas, militante socialista y guardaespaldas de Indalecio Prieto, famoso del líder socialista de la República. A lo largo de los años se ha defendido que dicho atentado fue una represalia por el asesinato, un día antes, del teniente José Castillo, sobre el que también hay detalles no aclarados. Paul Preston Gabriel Jackson, por ejemplo, siempre apuntaron que este último fue obra de falangistas, mientras que Gibson y otros investigadores señalan a los carlistas del Tercio de requetés de Madrid como autores.

Hace dos años, el embajador de España ante la Santa Sede, Francisco José Vázquez Vázquez, revelaba en ABC un documento «judicial, seriado y numerado» que contenía una declaración efectuada en sede judicial por el chófer Blas Estebarán Llorente, el mismo que trasladó hasta el cementerio del Este el cadáver Calvo Sotelo. Según su relato, tres meses antes del crimen, el dirigente comunista Jesús Hernández, ministro durante la Guerra Civil, acompañado de un tal Antonio López, «le indicó que contaban con él para llevar a cabo un servicio con su camioneta-ambulancia». Una afirmación inédita hasta 2018 que permitía aventurar la existencia de una conjura organizada y planificada, desde bastante tiempo antes, por círculos dirigentes de los partidos de izquierda.

«Vigilarle más que protegerle»

De ser cierto, el documento avalaría la tesis de quienes sostienen que, además de a Calvo Sotelo, en la madrugada del 13 de julio también habían intentado asesinar al líder de la CEDA, José María Gil-Robles, y al de Renovación Española, Antonio Goicoechea, los cuales se habrían salvado por no encontrarse en sus domicilios. «Esa circunstancia impidió que la razia criminal de aquella noche descabezara violentamente de sus principales dirigentes a los partidos de la oposición parlamentaria al gobierno del Frente Popular», escribía Vázquez Vázquez en este periódico.

En su libro «El camino al 18 de julio», Stanley G. Payne ya apuntó las sospechas que tenía Calvo Sotelo de que se encontraba en la diana de los socialistas. «Antes de los incidentes de junio en el Congreso, el político gallego ya había pedido que las autoridades de la Policía le cambiasen a los guardaespaldas que tenía asignados para su protección, cuando se enteró de que su principal responsabilidad era vigilarle más que protegerle. Y parece ser que, además, recibió la noticia de que pensaban asesinarle».

El célebre historiador estadounidense se refería a uno de los episodios de mayor tensión que habían vivido en el Congreso de los Diputados antes del estallido de la Guerra Civil. El 16 junio de 1936 , desde su escaño, Calvo Sotelo atacó con extrema dureza al Gobierno de Casares Quiroga por su incapacidad para mantener el orden público en España: «Habéis ejercido el poder con arbitrariedad; pero además, con absoluta y total ineficacia». Y reprochó también que, «en vuestras manos, el Estado de excepción (...) ha sido una arbitrariedad continua, un medio de opresión. Muchas veces, simplemente, un instrumento de venganza».

Gil-Robles, por su parte, enumeró ese mismo día los ataques a iglesias, atracos, huelgas, asaltos a periódicos, bombas y asesinatos que se habían cometido en los cuatro meses anteriores. A lo que nuestro protagonista añadió: «No creo que exista actualmente en el Ejército español (...) un solo militar dispuesto a sublevarse a favor de la monarquía y en contra de la República. Si lo hubiera sería un loco, lo digo con toda claridad, aunque considero también que sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse a favor de España y en contra de la anarquía, si ésta se produjera».

La amenaza

A continuación, Casares Quiroga contestó con una respuesta igual de lapidaria: «Me es lícito decir que después de lo que ha hecho su señoría hoy ante el Parlamento, de cualquier caso que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a su señoría». Y advirtió Calvo Sotelo a continuación: «Me doy por notificado de la amenaza de su señoría. Me ha convertido en sujeto, y por tanto no solo activo sino pasivo, de las responsabilidades que puedan hacer de no sé qué hechos». Muchos años más tarde, el presidente de la Generalitat Josep Tarradellas confesaría que escuchó a Dolores Ibarruri espetar: «Este hombre ha hablado por última vez». La amenaza, sin embargo, no aparece recogida en el «Diario de Sesiones».

Calvo Sotelo y Gil-Robles se habían convertido hace tiempo en los líderes de derecha política española y en los máximos críticos del Gobierno republicano. Pero entre ellos había una diferencia: el primero, desde una vertiente abiertamente monárquica, y el otro, más proclive al formato republicano, aunque despojándolo de las trazas revolucionarias que los distintos ejecutivos de izquierdas le habían introducido en la Constitución de 1931.

Llegamos así al turbulento año 1936, con las calles convertidas en un polvorín por los enfrentamientos entre falangistas, comunistas y anarquistas y por los violentos debates en el Congreso. En marzo, de hecho, se había producido otro episodio lamentable después de que los diputados del Frente Popular decidieran iniciar la sesión de apertura, tras su victoria en las elecciones generales de febrero, entonando «La Internacional». ABC calificó de «insólito» que cien diputados se hubieran atrevido a cantar, con el puño en alto y de pie, un himno que no era el oficial de la República y que acabó en un intento de agresión de un diputado socialista al presidente de filiación monárquica del hemiciclo, Ramón de Carranza.

Atentado contra Largo Caballero

Ese mismo día, el Partido Socialista denunció en el Congreso que el futuro presidente del Gobierno, Francisco Largo Caballero, había sufrido un atentado en su domicilio. «Nuestro camarada fue tiroteado y algunos de los proyectiles entraron en la habitación de este», detallaba la nota de prensa. Los enfrentamientos se hicieron cada vez más habituales en el campo y en las ciudades, hasta que el 12 de julio la situación se hizo insostenible con el asesinato del teniente Castillo.

Su cadáver fue llevado a la Dirección General de Seguridad y algunos policías y compañeros de la víctima se concentraron en el cuartel de Pontejos de la Guardia de Asalto. Allí se clamó venganza por este y otros crímenes cometidos por los pistoleros derechistas, tales como el asesinato del capitán Faraudo a principios de mayo. En su obra, Thomas cuenta que un grupo de policías se quejó al ministro de la gobernación, Juan Moles, de la muerte del teniente y le pidió a este autorización para detener a algunos falangistas clandestinos. Y habría aceptado, pero con la condición de que fueran entregados a la autoridad competente.

Según lo apuntado por el documento del embajador de la Santa Sede, lo que ocurrió a continuación estaba planeado desde hacía meses, aunque según el relato de otros expertos, se improvisó en el momento. Sea como fuere, varias camionetas salieron de Pontejos con la lista negra. La primera dirección resultó ser falsa y la tensión fue en aumento. Alguien propuso entonces arrestar a Goicoechea, cuentan, pero no se encontraba en casa. La segunda opción fue Gil-Robles, pero estaba veraneando en Biarritz. Fue entonces cuando, conduciendo por la calle Velázquez, alguien ordenó detener la funesta comitiva en el número 89, donde vivía Calvo Sotelo.

«¿Y mi inmunidad parlamentaria?»

Llegaron alrededor de las 3 de la madrugada con el pretexto de efectuar un registro. Poco después de entrar en casa sin la pertinente autorización, exigieron al exministro que les acompañase a la sede de la Dirección General de Seguridad. Según el relato de su hija Enriqueta recogido por Thomas, Calvo Sotelo preguntó sorprendido: «¿Detenido?, ¿pero por qué? ¿Y mi inmunidad parlamentaria? ¿Y la inviolabilidad de mi domicilio? ¡Soy diputado y me protege la Constitución!». Uno de los milicianos se identificó entonces como oficial de la Guardia Civil y este, un poco más confiado y engañado, aceptó ir con ellos.

Fue entonces cuando Luis Cuenca, miembro de las Juventudes Socialistas, le disparó en la nuca a Calvo Sotelo. La bala salió por el ojo izquierdo y se produjo pérdida de masa encefálica, según dictaminaron los forenses. El crimen se produjo a bordo de la camioneta número 17 de la Guardia de Asalto. El cadáver fue abandonado una hora después en el Cementerio del Este. Según Payne, cuando conoció del crimen, el director del diario «El Socialista», Julián Zugazagoitia, exclamó: «Este atentado es la guerra». Y así fue.

Fuente: ABC

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