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César Cervera

Repite conmigo: «España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya». Repite conmigo: «Es el segundo país con más fosas comunes».

Lo dijo Irene Montero hace unos meses en el debate entre portavoces parlamentarios. Lo dijo Pablo Iglesias en Twitter. Lo dicen en los últimos años muchos líderes de izquierda, y los que no lo son por contagio, como un mantra para justificar por qué ochenta años después de la Guerra Civil sigue siendo tan urgente remover tumbas, borrar memorias y retirar calles. La frase sujeta muchos discursos y, para desgracia del andamiaje de estos, es más falsa que un duro sevillano.

La realidad es que ni siquiera se sabe exactamente cuántos desaparecidos quedan derivados de aquel conflicto. A pesar de que se aprobó hace ya doce años la Ley de la Memoria Histórica, no hay datos definitivos sobre el número total de fosas comunes. Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, existen en España unas 3.000 fosas documentadas, pero solo un documento oficial atribuye una cifra exacta de 114.226 desaparecidos. El dato aparece en el conocido auto dictado por Baltasar Garzón en noviembre de 2008 que terminó con el juez acusado de prevaricación.

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU que visitó España en 2013 para abordar el asunto planteó importantes dudas sobre los métodos empleados para obtener ese número por parte de Garzón. «Hasta la fecha no existe una cifra oficial del número de personas desaparecidas, ya que España no cuenta con una base de datos centralizada al respecto. [...] Dado que dicha instrucción penal fue, a todos los efectos prácticos, paralizada o disgregada, el número tampoco pudo ser determinado fehacientemente por una investigación judicial», aseguró el informe final de la ONU.

El informe que dio forma a la frase 

En los últimos cinco años apenas se han dado pasos para centralizar el archivo de desaparecidos y, en general, tampoco para la identificación y apertura de las fosas. Entre los años 2000 y 2018, fueron abiertas 740 fosas comunes y recuperados más de 9.000 cadáveres, según un informe forense coordinado por el médico Francisco Etxeberría, que publicó el Ministerio de Justicia a principios de año para impulsar nuevas exhumaciones. El informe de Justicia reconoce igualmente la incapacidad de hacer un censo global de víctimas que «unifique los datos de los que actualmente disponen las diferentes comunidades autónomas» y «supere el desfase actualmente existente».

Ninguno de estos informes aporta tampoco las coordenadas que ocupan los desaparecidos de España en comparación a otros países. La famosa afirmación de que «España está detrás de Camboya» procede de una serie de informes del Grupo de Trabajo en Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU (2009 y 2014) que sitúan a España segundo tras el país del sudeste asiático (1.386.734) en una clasificación de «delitos de lesa humanidad de desaparición forzada de personas». Lo cual hace referencia no a todos los desaparecidos de la guerra, sino a aquellos arrestados o sacados de sus hogares a la fuerza para ser a continuación eliminados en una cuneta o en una fosa. Un enrevesado concepto legal al que los historiadores oponen matices.

«La desaparición forzada supone que determinados poderes públicos o grupos que cuentan con su aquiescencia privan de libertad a varios ciudadanos sin admitir esa acción, u ocultan la suerte o el paradero de ésta. Ya dejamos, por tanto, el terreno la Historia para situarnos en el del Derecho Penal. Pero para entrar plenamente en éste, habría que probar que en todas y cada una de las víctimas concurren las circunstancias que permiten calificarlas como "desaparecidos forzados", esto es, que se ocultara su detención, su paradero o su suerte final», afirma el historiador Roberto Villa García, que excluye una equivalencia exacta entre represaliado y «desaparecido forzoso»: «Hubo represaliados que no se ajustan a esta figura penal y otros que sí».

Para este profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Rey Juan Carlos resulta, además, dudoso que la figura delictiva de «desaparición forzada» pueda aplicarse a un estado de excepción y de guerra: «Al amparo el artículo 42 de la Constitución republicana de 1931, se permitía a las autoridades suspender totalmente el habeas corpus y decretar incomunicaciones».

No cuentan, por tanto, como desaparición forzada ni los combatientes de una guerra, aunque sean tiroteados a sangre fría, ni los fallecidos en hambrunas, campos de trabajo o de concentración. Esto hace que no se compute en esta lista, por ejemplo, los desaparecidos de la China de Mao Zedong, al que se le responsabiliza del asesinato de 45 millones de personas (cerca del 15% de la población) y que en su mayoría siguen bajo tierra. Del mismo modo se habla de entre tres y cinco millones de muertos en la URSS, cuyas fosas comunes siguen cerradas a cal y canto. Turquía, por su parte, carga sobre la conciencia con el proceso de eliminación sistemático de la población armenia a través de campos de exterminio donde miles fueron enterrados en fosas comunes a principios del siglo XX. La cifra consensuada hoy por los historiadores es de 800.000 muertos y desaparecidos.

Sin reparar en un matiz legal tan cuestionable como el de «desaparecidos forzados», son muchos los países que superan ampliamente la supuesta cifra de desaparecidos españoles. Aparte de los grandes regímenes totalitarios de mediados del siglo XX, en Camboya 1,7 millones de personas de un total de ocho millones permanecen enterrados en 19.733 fosas desde la dictadura de los Jemeres Rojos, que gobernó el país entre 1975 y 1979, según datos del Documentation Center of Cambodia. Por su parte, el Gobierno de Hanoi estima que alrededor de 300.000 personas siguen desaparecidas tras una guerra de más de treinta años entre miembros del Ejército de Vietnam del Norte y del Viet Cong.

En el Irak de Sadam Hussein, que mantuvo una brutal dictadura durante 24 años, las estimaciones son de entre 250.000 a un millón. Asimismo, la ONU calcula que en México hay 40.000 desaparecidos, 26.000 muertos sin identificar en las morgues y 1.606 fosas sin excavar.

Por no hablar de la tierra que queda por remover en el Congo, en Ruanda o en las repúblicas de la Antigua Yugoslavia, que guardan cifras de cadáveres aún pendientes de investigación. «Para quien conoce la cantidad de guerras civiles en los continentes americano, africano y asiático durante la Guerra Fría, y el grado de represión interna que practicaron entonces los numerosos regímenes dictatoriales de distinta significación política que rigieron entre 1945 y 1991, resulta inimaginable que España pueda destacar en una clasificación global de desaparecidos», apunta Villa García.

¿Cuánta gente murió en la Guerra Civil?

La cifra que en su día Garzón fijó en 114.226 desaparecidos ha sido motivo de grandes discusiones historiográficas. Se acepta que los muertos en combate durante el conflicto están entre 132.266 (Ángel D. Martín Rubio), 142.000 (Ramón Salas Larrazábal) y 145.000 (Hugh Thomas). Las víctimas del terror en la retaguardia oscilan más según la investigación escogida, entre los 50.000 propuestos por Santos Juliá o los 56.577 de Martín Rubio.

Mayor controversia hay al respecto de la represión posterior a la guerra. Desde los 55.000 a 56.000 muertos propuestos por Hugh Thomas y Martín Rubio, los 80.300 de Salas Larrazábal, que incluye los fusilados hasta 1959, a la cifra provisional de 90.194 del recientemente fallecido Santos Juliá, que en su libro «Víctimas de la Guerra Civil» determinó un total de 140.000 muertes para toda la represión. Esta cifra se desglosaría en 90.000 durante el conflicto y 50.000 durante la posguerra y dictadura.

Datos, en cualquier caso, que siguen sujetos a nuevas investigaciones y a innumerables obstáculos. «Las mismas fuentes ponen dificultades insalvables a la hora de confirmar las muertes por represalias. Hay, además, que diferenciar los muertos de la represión relacionada en puridad con la Guerra Civil, de los del maquis, los campos de concentración nazis y otros contextos que se salen de la lógica de la limpieza selectiva. Existen también disonancias a la hora de separar los muertos en acción de guerra de los represaliados en los pueblos anejos a los frentes de guerra, especialmente al principio del conflicto, cuando éstos apenas se habían estabilizado», recuerda Roberto Villa García.

Fuente: ABC

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