César Cervera

Una niebla de mitos rodea a la Segunda República. Unos, en sentido negativo, pretenden elevar a nido de radicales bolcheviques esta segunda aventura republicana en España, a modo de justificación del posterior golpe de Estado. Otros, con intención de vanagloriar lo que fue un fracaso, presentan este periodo histórico como la arcadia feliz que nunca fue.

Lo primero que cabe preguntarse para despejar unos y otros mitos es cuánto de democrático llegó a ser este sistema de gobierno que tuvo que lidiar con los movimientos revolucionarios que agitaban Europa, las tensiones causada por la Gran Depresión, el surgimiento de estados totalitarios en Italia y Alemania y, en definitiva, lo que ha venido llamándose la «edad del odio».

La falta de cultura democrática

En 1931, se proclamó una república democrática que, aunque carecía del aval de un referéndum o de unas elecciones legislativas (de hecho, en las municipales triunfaron las fuerzas monárquicas gracias al caciquismo), vio aceptada su legitimidad por la mayor parte del espectro político. Los republicanos de izquierda, los socialistas y los radicales de centro impulsaron la llegada de la Segunda República, pero solo estos últimos demostraron un verdadero compromiso con las normas del sistema electoral parlamentario. Para el resto, la república no era tanto un sistema político como un programa de reformas culturales e institucionales para el cual era indispensable eliminar a los católicos y a los conservadores de cualquier influencia política.

«La dificultad para asentar un régimen democrático en la España de los años treinta tuvo mucho que ver con el muy generalizado desprecio de los actores políticos hacia la cultura liberal del pacto», asegura el historiador Fernando del Rey en la obra colectiva «Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española» donde ejerce como coordinador. «Actitudes como pactar y dialogar, fundamentales en cualquier sistema que aspire a proteger y amparar el pluralismo social y político, fueron denostadas como parte de otra época ya extinta», apunta este mismo autor.

Si bien el historiador Javier Tusell definió este periodo político como una «democracia poco democrática», otros autores, como el también historiador Francisco Sánchez Pérez, reivindican su éxito inicial como «un régimen democrático de masas bastante avanzado para la época y de voluntad modernizadora». Opinión muy pareja a la de Edward Malefakis, autor de «La Segunda República española en perspectiva comparada» (Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, 2014), que defiende que, «a pesar de todos sus defectos –que fueron múltiples–, la República de abril de 1931 estaba envuelta en una nobleza que la hizo excepcional tanto en su tiempo como en el conjunto de la historia de España y Europa».

No se pueden olvidar los numerosos avances sociales que de su mano transformaron por completo España, entre ellos la extensión del sufragio a las mujeres, las reformas sociales, la ampliación de los derechos ciudadanos a las capas populares, la política educativa, aunque por el camino se descuidara algo tan básico para estabilizar una democracia como el respeto por el pluralismo político y la alternancia entre distintas fuerzas. Faltó cultura democrática para llegar la república a un terreno manso.

Defiende Roberto Muñoz Bolaños en su obra «Las conspiraciones del 36: Militares y civiles contra el Frente Popular» que en definitiva se trató de «una democracia sin demócratas» donde, en mayor o menor medida, la mayoría de líderes políticos conspiraron contra el régimen en algún momento. Un espacio donde tanto la derecha como la izquierda y, en general, las diferentes opciones políticas, consideraban la fuerza como una alternativa aceptable al sufragio. La convivencia en un mismo sistema de propuestas antagónicas resultó, como cabía esperar, un naufragio perfectamente legislado.

Una «Constitución para una guerra civil»

Entre los defectos de base de este proceso democrático estuvo una regulación en materia de prensa (sustentada por la «Ley de Defensa de la República»la «Ley de Orden Público» de octubre de 1932) que en la práctica resultaba incompatible con el derecho a la información y que, en muchos sentidos, era más represiva que la establecida durante la dictadura de Primo de Rivera.

La libertad religiosa fue el otro problema candente de un régimen que gobernó de espaldas a la realidad social del país. Si bien la mayor parte de los españoles eran moderados o claramente católicos y conservadores, existían desde la génesis de la república unas minorías radicales y revolucionarias con un claro sesgo anticlerical. Como decía el propio Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República Española entre 1931 y 1936, insistir en quitarle derechos fundamentales a los cristianos y perseguir a la Iglesia era planear una «Constitución para una guerra civil».

La Constitución de 1931, concebida por los partidos políticos de izquierda, sin el consenso de un amplio espectro ideológico, estuvo construida bajo la poco democrática premisa de que los republicanos de izquierda siempre controlarían el poder. Los republicanos de izquierda no contaron con la otra España para llevar a cabo la reforma militar, la reforma agraria o para abordar una nueva relación entre Iglesia y Estado, planteadas más con un sentido revanchista que como una búsqueda de consenso sobre temas que la gran mayoría de los españoles también querían reformar.

El filósofo Ortega y Gasset criticó precisamente que esos líderes republicanos de izquierda estuvieran más ocupados en una vuelta a obsesiones del pasado que en problemas apremiantes de esa décadas: «Lo que no se comprende es que habiendo sobrevenido la República con tanta plenitud y tan poca discordia, sin apenas herida, ni apenas dolores, hayan bastado seis meses para que empiece a cundir por el país desazón, descontento, desánimo, en suma, tristeza».

Y fue la falta de cultura de pacto y ese empeño por centrarse en los elementos de discordia lo que arrojó a muchos elementos de izquierda a postulados revolucionarios en cuanto el electorado decidió que el poder pasara a manos del centro derecha en 1933. Las fuerzas de izquierda se resistieron a aceptar el resultado electoral y Azaña hasta llegar a pedir la anulación de los comicios.

La revolución socialista

Como explica el hispanista Stanley G. Payne en su libro «La revolución española: 1936-1939» (Espasa), en los primeros cinco años de vida de la Segunda República, hasta las elecciones de febrero de 1936, los distintos gobiernos respetaron a grandes rasgos las reglas esenciales de una democracia constitucional, «aunque su conducta y sus procedimientos fueron deficientes en algunos aspectos, como el respeto de los derechos civiles». 1934 marcó un punto de inflexión que en 1936 se tradujo en una crispación que, según este autor, era incapaz de coexistir con un sistema democrático.

Los esfuerzos por consolidar esta democracia se toparon así con fuerzas centrífugas que en Europa lograron tumbar democracias más consolidadas que la española. Los comunistas y los anarcosindicalistas, poco interesados en una democracia liberal, habían declararon la guerra a la República desde su nacimiento, pero fue el giro antidemocrático del resto de izquierdas lo que apuñaló al sistema desde dentro.

Como señala G. Payne en la mencionada obra, el PSOE, que en la coalición del primer gobierno republicano actuó con responsabilidad y hasta moderación, mostró entonces su falta de madurez en comparación con los socialdemócratas alemanes y de otros países europeos. Su derrota en las elecciones generales de noviembre de 1933 provocó el «giro bolchevique» de muchos de sus líderes, entre ellos Largo Caballero, «el Lenin español», que se convenció de que solo con medidas radicales se podía alcanzar una reforma social del país. Así lo expresó, sin disimulos, en un mitin de ese mismo año en el que gobernaba el centro derecha: «Hoy estoy convencido de que realizar obra socialista dentro de una democracia burguesa es imposible; después de la República ya no puede venir más que nuestro régimen».

En una entrevista con Santiago Carrillo en esas fechas, Largo Caballero dejó claro su giro hacia postulados no democráticos: «Yo no sé cómo hay quien tiene tanto horror a la dictadura del proletariado, a una posible violencia obrera. ¿No es mil veces preferible la violencia obrera al fascismo?».

Actitud muy distinta a la que el partido tuvo en Francia, donde el socialismo accedió en 1936 a participar en un gobierno democrático «burgués» para impedir que el comunismo desembarcara en el país vecino.

Manuel Azaña, situado en el centro izquierda y considerado tradicionalmente alguien abierto al consenso, no quiso buscar la manera de estabilizar el sistema cuando, a partir de 1934, se iniciaron varios desafíos contra la democracia, entonces gobernada por el centrista Alejandro Lerroux. Junto a los comunistas, Largo Caballero encendió en las sombras la mecha de la Revolución de Octubre de 1934, si bien luego negó cualquier responsabilidad en aquellos hechos donde Asturias fue tomada por la CNT. Se registraron actos violentos en quince provincias y en total murieron 1.400 personas. Además, el 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó de forma unilateral y aprovechando la confusión «el estado catalán dentro de la República federal española».

Aquella ofensiva revolucionaria encabezada por un movimiento socialista, no directamente por los comunistas, contra una democracia establecida es –en opinión de Stanley G. Payne– un caso único en Occidente, con la salvedad de la Italia de 1919-1920.

El triunfo del Frente popular

Los líderes republicanos de la izquierda moderada en vez de aliarse con las fuerzas moderadas de la derecha para impedir el avance revolucionario, maniobraron en contra de cualquier brazo tendido hacia la derecha democrática. Cuando el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que gobernaba con el apoyo de la CEDA, cayó a finales de 1935 asediado por los casos de corrupción, Alcalá-Zamora se negó a seguir la lógica de la democracia parlamentaria y permitir que el partido con más apoyo parlamentario formase otro Gobierno. «Si lo hubiera hecho, en el peor de los casos se habría producido una significativa reforma constitucional en 1936-37 que habría cerrado el paso a una guerra civil», señala el hispanista norteamericano.

Azaña, que nunca llegó a condenar en público la insurrección revolucionaria de 1934, se unió de cara a las elecciones de 1936 a una coalición electoral de las izquierdas, incluidas aquellas que habían apostado ya por una deriva no democrática, bajo las siglas de Frente Popular. Uno de sus cantos electorales era la amnistía tanto para los golpistas catalanes como para los revolucionarios de Asturias.

Las elecciones, en las que se impuso el Frente Popular, han sido puestas en los últimos años bajo cuarentena en el libro «1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular» (Espasa) ante las innumerables irregularidades en el recuento de los votos, con lacres rotos, papeletas que aparecen y desaparecen, tachaduras, borrones y raspaduras en los sobres, además de tres días de violencia en las calles que forzaron a dimitir al liberal Manuel Portela, presidente del consejo de Ministros, dejando en manos de Manuel Azaña el papel de garante de los comicios.

En la misma noche que accedió al Gobierno, Azaña se vio obligado a salir a la Puerta del Sol a contener con sus palabras una enorme manifestación. Poco después de abandonar el balcón, el político republicano reconoció ante Martínez Barrio la dificultad de contener la presión de la izquierda obrera pues, si se respetaba la legalidad, saldría «a motín por día».

«No hizo falta un pucherazo o un fraude masivo, simplemente se falsificó la documentación o se hizo desaparecer para que no llegara nunca a las Juntas Provinciales de Censo», aseguró en una entrevista en 2017 a ABC Villa García, uno de los autores de la investigación. El resultado de la falsificación fue que en provincias donde había ganado de forma rotunda las derechas, véase La Coruña, Cáceres, Lugo y Tenerife, terminó venciendo el Frente Popular, mientras que en otras donde se daba una situación de empate técnico desapareció un determinado número de actas. Sin estas actas dudosas, en la primera vuelta de las elecciones «izquierdas y derechas habrían quedado equilibradas: entre 226 y 230 escaños los primeros, y entre 223 y 227 los segundos».

Aquel Frente Popular que accedió al poder de forma poco higiénica (no de forma ilegal, pues en aquel sistema el presidente de la República podía llamar a cualquiera a formar gobierno indiferentemente de su peso electoral), no tuvo como objetivo defender la democracia, como sí ocurriría con su homólogo francés en esos mismos años, sino reivindicar los sucesos revolucionarios de 1934. La liberación de los presos condenados por los tribunales republicanos fue uno de sus primeros movimientos.

A continuación, Azaña y sus aliados del Frente Popular castigaron a Alcalá-Zamora expulsándole de la presidencia en un gesto a todas luces inconstitucional por haber disuelto sin justificación las Cortes anteriores. ¡Pero si habían sido ellos quien le habían exigido que convocara elecciones! Alcalá-Zamora definió aquella maniobra como un «golpe de Estado parlamentario», pero en ningún momento le sorprendió la actitud antidemocrática de Azaña que, a pesar del aura de mitificación con el se le reviste hoy, presumía sin problemas de su sectarismo:

«No temáis que os llamen sectarios. Yo lo soy. Tengo la soberbia de ser, a mi modo, ardientemente sectario, y en un país como este, enseñado a huir de la verdad, a transigir con la injusticia, a refrenar el libre examen y a soportar la opresión, ¡qué mejor sectarismo que el de seguir la secta de la verdad, de la justicia y del progresismo social! Con este ánimo se trae la República, si queremos que nazca sana y vividera». Discurso en febrero de 1930.

Quiebra del Estado de Derecho

Con Azaña como jefe de Estado y Casares Quiroga como presidente de Gobierno, se produjeron graves transgresiones al Estado de Derecho, entre ellas incautaciones ilegales de propiedades e iglesias, sobre todo en el sur; el cierre de colegios católicos por toda la geografía; miles de detenciones arbitrarias de miembros de partidos derechistas; la sustitución de jueces y funcionarios por otros afines al Frente Popular y la incorporación de activistas sociales y comunistas, nombrados ad hoc como policías suplentes («delegados gubernativos»), a los cuerpos de Seguridad.

Sobre estas arbitrariedades comentó Alcalá-Zamora:

«Ha entrado con precipitación, espanto y lágrimas un matrimonio amigo mío. El marido, que resistió a la dictadura de Primo de Rivera y ganó para la República las elecciones de 1931, ha tenido que huir aterrorizado ante la amenaza de la nueva dictadura tumultuaria, secundada por los delegados de los gobernadores, que van arrancando las dimisiones con amenazas de desamparo ante la violencia. Vienen temblando por sus personas, las de sus hijos y sus bienes, con cuya privación también se les conmina».

El que fuera presidente de la República se despachó a gusto sobre la violencia generalizada, sobre todo en las provincias del sur, que había dado luz a que jóvenes extremistas lograran registrar con impunidad los domicilios de sus enemigos. «¡Hay gobernador que tiene presos a los exalcaldes hasta… que se resuelva el problema del paro! Varios ayuntamientos, de elección o gubernativos, prohíben prácticamente el culto, con pretexto de ocupar o expropiar los templos… pero las cosas más enormes refieren los testigos autorizados y veraces. Hay en los pueblos personas sobre quienes se cumplió la amenaza de arrancarles una oreja. Hay casos que al huir de un pueblo para librarse de una agresión y dirigirse a otro los amenazados, llega antes que ellos por teléfono la orden de recibirlos moliéndolos a palos».

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