Israel Viana

La entrada en vigor de la Ley de la Defensa de la República, el 22 de octubre de 1931, indignó tanto a los españoles como hoy se sorprenden de los intentos de Pedro Sánchez por utilizar la crisis del coronavirus para extralimitarse en la suspensión de derechos, el recorte de la libertad de información, la filtración de las preguntas de los periodistas y el control de los medios de comunicación. El Gobierno de Manuel Azaña fue, sin embargo, menos sutil. Nada más llegar al poder, no dudó ni un instante en establecer la censura y el control de la prensa con esta medida tan impropia de un régimen democrático como se suponía que era aquel.

ABC fue, desde el primer momento, una de sus principales víctimas, tal y como lo reflejaba el contundente editorial del 30 de noviembre de 1932: «La suspensión gubernativa de este diario ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera... Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal». Esta era la respuesta a uno de los golpes más duros que ha recibido la libertad de prensa en el siglo XX: la suspensión e incautación de más de 100 publicaciones, de un solo golpe y en un solo día, por parte del presidente tras la sublevación del general Sanjurjo. Pero no fue, ni mucho menos, la primera ni la última.

La Segunda República publicó la mencionada ley en las páginas de la Gaceta de Madrid, que hacía las veces del actual Boletín Oficial del Estado, con un mensaje muy claro contra los periódicos que alzaran su voz contra el nuevo régimen, instaurado el 14 de abril. Su artículo primero decía: «Son actos de agresión a la República y queda sometido a la presente ley la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público». Mientras que el artículo dos advertía de que «podrán ser confinados o entrañados, por un período no superior al de vigencia de esta ley, o multados hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas, ocupándose o suspendiéndose según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización, los autores materiales o los inductores de hechos comprendidos en los puntos del uno al diez del artículo anterior».

«Apología de la monarquía»

Esta norma, por lo tanto, daba potestad al Gobierno de Azaña para perseguir a los directores de los periódicos y a sus periodistas, así como a cerrar las publicaciones que la incumplan… siempre, claro, según la interpretación del ministro de Gobernación, Santiago Casares Quiroga, de lo que significara «agresión a la República» o «perturbación de la paz. Por algo firmaba la ley junto al presidente y hacía las veces de ministro del Interior. Y, lo que es peor, podía hacerlo sin necesidad de un juicio, algo que escandalizó a muchos de los diputados presentes en el Congreso cuando el Ramón María Aldasoro y Galarza, de Izquierda Republicana, leyó los cinco puntos del nuevo proyecto.

«Esta manera de gobernar en relación con la prensa no se acomoda a mi propio juicio ni al de ningún demócrata», dijo el diputado zamorano Santiago Alba, según recoge el diario de sesiones, que protestó ante el hecho de que el ministro de Gobernación pudiera «suspender libremente el periódico que quisiera». «Exacto, eso es», replicó otro diputado cercano a Azaña. «No puede menos de dolerme ver a esta República bajo la tutela de la Guardia civil y de una ley de excepción”», añadió Eduardo Barriobero, diputado del partido Federal, según contaba «Voz Populi».

Todos estos castigos implementados por la recién instaurada Segunda República se aplicaban, además, a todos los periódicos que hicieran «apología del régimen monárquico», como podía ser el caso de ABC, o que protagonizaran una «acción o expresión que redunde en el menosprecio a las Instituciones del Estado». Puntos que dieron pie no solo a la censura previa, sino también a numerosas amenazas a periodistas, multas económicas a los órganos de prensa no afines, cierre de cabeceras importantes durante semanas, secuestro de ejemplares y encarcelamiento de directores. Lo más sorprendente es que España acababa de salir de la dictadura de Primo de Rivera.

Las sanciones

La ley dio pie a situaciones absurdas, como la sanción que recibió un diario de Ávila por reclamar que la entrada a los museos fuese gratuita los domingos. Aquello fue considerado por Casares Quiroga como una «campaña contra la República». ABC también fue censurado y multado en varias ocasiones por defender sus ideas: «Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, el orden y el derecho», había advertido ya en su editorial del 15 de abril de 1931, el mismo día en que se instauró el nuevo régimen y Alfonso XIII se vio obligado a salir de España.

Otro muchos diarios siguieron a ABC y comenzaron a alzarse contra este flagrante ataque a la libertad de expresión, pero la respuesta del Gobierno de Azaña fue siempre la misma, independientemente de las líneas editoriales. Fueron censurados, multados o cerrados periódicos nacionalistas como «Euzkadi» y «Bizkaitarra», católicos como «La Gaceta del Norte», «Adelante» y «La Tarde», semanarios como «Blanco y Negro» y cabeceras como «La Ribera Deportiva», «El Fusil» o «El Siglo Futuro». Todos eran susceptibles de atentar contra el orden establecido y todos sufrieron la mano censora del régimen y de esta ambigua ley.

«¿Vamos a llamar prensa a esos reptiles que circulan por la sombra, que van de mano en mano, corriendo por los rincones de la península y sembrando el descrédito, la burla o las malas pasiones? Eso no es prensa y contra eso vamos», amenazó Azaña en el Congreso durante la tramitación de la ley. ¿Era propio de un presidente como él, también periodista, definir categóricamente qué es prensa y qué no lo es? ¿Podía señalar con el dedo a los periódicos que deben ser respetados y a los que deben ser castigados? Podía, y lo hizo. Lo cierto es que su antecesor, Niceto Alcalá-Zamora, ya había arremetido contra los medios de comunicación, cuando en mayo de ese año, el Gobierno advirtió a todos los directores que no informaran sobre la represión de una manifestación anarquista en Guipúzcoa por parte de la Guardia Civil. Murieron ocho personas. Si lo hacías, les informó, serían clausurados, tal y como le ocurrió a este diario: se incauta la redacción en la calle Serrano y prohibieron la publicación de la cabecera durante 25 días, hasta el 5 de junio.

Falsas promesas

Casares Quiroga trató de tranquilizar a los periodistas y llegó a reunirse con ellos para prometerles que el Gobierno respetaría la libertad de crítica en los medios de comunicación, pero un mes más tarde ABC era multado de nuevo con 1.000 pesetas y sufría una nueva suspensión de tres días. «Yo no hubiera querido sancionar a la prensa –aseguró el ministro–, pero ante los ataques a las Cortes Constituyentes, que tienen que merecer el máximo respecto, he tenido que obrar en la forma que he dicho».

Muchos expertos han coincidido en que, hasta su anulación en 1933, la Ley de Defensa de la República era impropia de un sistema democrático. Sobre todo cuando la constitución de entonces decía: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión y sin sujetarse a la censura previa». Aún así, los diarios católicos, monárquicos y antirrepublicanos encontraron muchas dificultades para salir a la calle o reaparecer tras una suspensión.

La primera incautación de ABC se produjo antes, incluso, de que entrara en vigor la ley. Fue el 10 de mayo de 1931, después de que Juan Ignacio Luca de Tena, su director, acudiera a una reunión en el Círculo Monárquico Independiente. La sanción: una multa de más de 830.000 pesetas. Después de la ley, este diario sufrió, en 1932, la mencionada suspensión de tres meses y medio y casi 2.400.000 pesetas de multa. Una cantidad desorbitada para la época, si tenemos en cuenta que los 837 obreros, 67 redactores y 81 empleados de esta cabecera continuaron cobrando sus sueldos.

Las protestas de los periódicos contra el Gobierno republicano fueron creciendo hasta el punto de crearse una «Liga Defensora de la Libertad de Prensa». Se adhirieron más de 100 cabeceras de un primer golpe y otras tantas se fueron sumando a esta iniciativa tras el debate promovido en el Congreso por Antonio Royo, diputado del partido agrario independiente. «Este ilustre diputado, liberal y demócrata de los auténticos, pidió que la república nacida de una protesta contra la dictadura, y después de la dictadura, renuncie a los procedimientos dictatoriales y restablezca la libertad de prensa. Dijo que la prensa no es un peligro para la república. Y, menos, la prensa conservadora, que es la principal perseguida. Y que para defender al régimen de la prensa bastan la ley del 83 y el código penal», contaba ABC el 20 de febrero de 1932.

La respuesta del Gobierno fue la misma: más multas, una censura más dura y el cierre de otros periódicos. Por ejemplo, «El Día», «La Constancia», «Easo» y «El Diario de Navarra». «El Debate» llevaba suspendido más de un mes por un artículo crítico y así continuó, a pesar de la defensa realizada por periódicos republicanos de la competencia.

Fuente: ABC