Manuel P. Villatoro

La noche del 18 de noviembre de 1936, apenas cuatro meses después de que comenzara la Guerra Civil, el jurado de la Segunda República dictó sentencia contra el jefe (y fundador) de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. El primogénito de Miguel (dictador entre 1923 y 1930) fue condenado a la pena capital por rebelión militar a eso de las dos y media de la madrugada. «Ha terminado la vista de la causa. […] Ha sido condenado a la pena de muerte. Su hermano Miguel, a treinta años, y la mujer de este, a seis años», explicó ABC aquella jornada (un jueves) en su edición de Madrid. Un día después, este diario añadió también que la sociedad había acogido la noticia con una «serenidad desprovista de todo apasionamiento».

Así acabó un proceso que se extendió durante dos intensas jornadas y que fue seguido de forma exhaustiva por la prensa nacional. Sin embargo, lo que pocos medios recogieron fue un hecho estremecedor que se sucedió después de que el Presidente del Tribunal leyera la respuesta que el jurado había dado a las veintiséis preguntas planteadas durante la vista: Primo de Rivera se alzó, felicitó a su hermano y a la esposa de éste porque habían escapado del patíbulo, se dirigió al magistrado que acababa de hacer pública la sentencia... ¡y le dio un gran abrazo! No solo eso, sino que le musitó que sentía el «mal rato» que acababa de pasar por culpa suya. Y es que ambos eran buenos amigos.

El magistrado en cuestión era Eduardo Iglesias Portal, al frente de los novedosos (e ideologizados) jurados instaurados por el Frente Popular para dictar sentencia en los delitos de rebelión y sedición. Un juez estrella para la república que se había hecho famoso tras perseguir a los asesinos del tren correo de Andalucía en 1924 y que, como bien explica el periodista e investigador Honorio Feito en «El juez que condenó a José Antonio» (Actas, 2019) conocía a José Antonio Primo de Rivera de actuaciones pasadas como «el intento frustrado de golpe de Estado del general Sanjurjo». Adversarios, en efecto, pero siempre desde el respeto. La amistad entre ambos hizo que, tras la Guerra Civil, la familia del fundador de Falange intercediera por él para que pudiera regresar del exilio. Un ejemplo de la reconciliación.

El comienzo de todo

El origen del juicio (y la posterior muerte) de Primo de Rivera hay que buscarlo el 14 de marzo de 1936, día en que el fundador de Falange y otros tantos de sus seguidores fueron detenidos a primera hora de la mañana. Aunque, por entonces, su delito no era el de rebelión (ese llegaría después), sino el de «quebrantamiento de la clausura gubernativa del local de Nicasio Gallego». José Antonio fue acusado de haber obviado la prohibición de hacer uso de un centro que, como explicó la prensa de la época, había sido cerrado el 27 de febrero después de que se hallaran en su interior «algún olvidado pistolón, algún cargador y alguna porra». De la calle pasó a las dependencias de la Dirección General de Seguridad para ser interrogado.

Como ese, otros tantos centros fueron clausurados bajo la orden de «suspensión de las funciones» del grupo. Así recogió el ABC, en su edición del 17 de marzo de 1936, la noticia del arresto bajo el titular de «El señor Primo de Rivera, procesado»: «Por orden judicial, en la noche del domingo ingresó en la cárcel, procesado por un delito de injuria a la autoridad, don José Antonio Primo de Rivera. Los demás detenidos por funcionamiento ilegal de los centros fascistas continúan a disposición del juez». El fundador de Falange ya no volvería a ser libre. A partir de ese momento, y tal y como señala Feito en su obra, «alrededor de su persona se fue encadenando una secuencia de procesos» cuyo objetivo era que no abandonara la prisión.

El 30 de abril de ese mismo año, un Tribunal de Urgencia se reunió para dirimir la causa contra Primo de Rivera y la legitimidad de Falange Española. Los magistrados determinaron que el grupo era legal y que no procedería a su disolución. El acusado, sin embargo, no llegó a pisar la calle a pesar de haber sido absuelto. En palabras de Feito, apenas conocido el fallo se inició otro proceso contra él por la supuesta tenencia ilícita de armas. Aquello le irritó hasta tal punto que, cuando le comunicaron que seguiría en su celda, tildó a los jueces de farsantes y se enzarzó en una discusión contra un guardia. «Tan chulo como su padre», explicó, a la postre, uno de los alguaciles. A este se sumaron otros tantos procesos por desacatos o publicación clandestina.

En octubre, tres meses después de que José Antonio fuese trasladado hasta Valencia, la Segunda República abrió sumario contra él, contra su hermano Miguel y contra la esposa de este (Margarita Larios) por rebelión militar y sedición. Es decir: por haber colaborado de forma activa en el Alzamiento contra el gobierno que habían orquestado Sanjurjo, Mola y Franco en verano. Los mencionados delitos, que podían llevarles hasta el patíbulo, serían juzgados por los nuevos Jurados Populares. Tribunales formados por 3 magistrados y una comisión de 14 miembros de reconocida lealtad al Frente Popular. Afirma Feito que eran tan contrarios a la justicia tradicional que rechazaron la toga por considerarla un símbolo de «burguesía».

Al frente del Tribunal Popular encargado de juzgar a Primo de Rivera fue puesto Eduardo Iglesias Portal, una suerte de Baltasar Garzón de la época (una superestrella de la judicatura) que se había enfrentado al Directorio Militar en los años veinte y que, a la postre, había demostrado su lealtad al gobierno tras la caída de la monarquía y la llegada de la tricolor en abril de 1936. La Real Academia de la Historia le define como un reputado juez de carrera que arribó rápidamente hasta el Tribunal Supremo y que tenía en su haber la instrucción de procesos como el del golpe de Estado de Sanjurjo (en 1932), la revolución socialista de 1934 en Asturias o el asesinato de José Calvo Sotelo (en 1936).

Juicio a Falange

La vista se inició el 16 de noviembre de 1936. En la misma, que se celebró en la sala de Audiencias de la Prisión Provincial de Alicante, se juzgó (además de los tres principales acusados) al exdirector de prisiones Teodorico Serna y a otros cinco funcionarios por colaborar en un intento de rescate del fundador de Falange . Para entonces, Primo de Rivera había demostrado su indignación en repetidas ocasiones por considerar los cargos una farsa. «¿No le da a usted vergüenza vestir toga y peinar canas para prestarse a esta inicua inmundicia?», le preguntó el día 13 al juez Federico Enjuto. No le sirvió de nada.

Poco después, el diario ABC llevó hasta sus primeras páginas el inicio del proceso bajo el descriptivo titular de «Ha comenzado la vista de la causa contra el jefe de Falange Española».

El juicio, que se desarrolló en cuatro sesiones, comenzó con una noticia curiosa. «José Antonio anuncia que se defenderá a sí mismo y a su hermano y cuñada», explicó ABC. A continuación, el fiscal, Vidal Gil Tirado, sorprendió a los presentes a prevenir al tribunal sobre las buenas «dotes de oratoria, arte e ingenio» de Primo de Rivera. Al parecer, no se quedó en una mera alabanza, sino que explicó que no podía competir con su cultura porque «estaba a la altura de los mejores parlamentarios españoles». El acusado respondió con sinceridad: «No es que yo tenga mucha cultura, pero la que tengo, la uso».

En esta primera parte, y tal y como señaló este diario, se afirmó que las acciones del fundador de Falange durante el Alzamiento constituían «un delito de rebelión militar previsto en los artículos 237 y 238 del Código de Justicia Militar».

El primero en declarar fue José Antonio Primo de Rivera, como bien explicó el diario ABC: «Hace historia de su vida política y se extiende en consideraciones sobre la dictadura que ejerció su padre, que murió sin que nadie de los que en vida le animaban se interesara por él. Alude a la fundación de Falange Española y a su fusión con las JONS, negándole finalidad imperialista». También confirmó que pretendía «sustituir la Constitución por un régimen sindicalista» y que, a pesar de lo que se había extendido, la entrevista que había mantenido con Adolf Hitler en Alemania no había tenido una finalidad política. El fiscal, por su parte, se esforzó por relacionar su viaje al Reich con el de Sanjurjo y sentenció que ambos habían orquestado, durante su estancia en Berlín, el Alzamiento militar del 18 de julio.

Primo de Rivera negó también que hubiese ordenado a sus seguidores apoyar las acciones de los rebeldes. «Al indicársele que los de Alicante, que tienen relación con el procesado, secundan el movimiento, contesta que él no lo sabe, y que por él no han pasado los hilos de esta actitud», afirmó el redactor de ABC. Aquello generó un revuelo que no se calmó cuando confirmó que solo mantenía relación con Sanjurjo porque era amigo de su padre y que no tenía armas en su propiedad. Dos horas y media después, y en mitad de una tensión increíble, declararon Miguel y su esposa. «La declaración carece de interés y es una ratificación machacona de las prestadas por su hermano», añadía este periódico. La sesión fue clausurada a medio día y reanudada por la tarde para comenzar el proceso contra el resto de acusados.

El fin de Primo de Rivera

El 17 de noviembre se inició la segunda parte del juicio. La mañana se dedicó a recabar los testimonios de los acusados que no habían declarado el día anterior y, por la tarde (a partir de las cuatro), se leyeron las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal (que liberó a los funcionarios). Fue entonces cuando se inició la fase culmen de todo el proceso: las exposiciones del fiscal y la defensa sobre los tres principales acusados. La exposición de José Antonio terminó, aproximadamente, a las ocho menos cuarto de la noche. A continuación, el tribunal se retiró a una sala en la que fueron redactadas las veintiséis preguntas que el jurado debía responder y que determinarían la culpabilidad o no de los procesados.

Las preguntas abordaban desde su colaboración con los sublevados para «suplantar el Régimen republicano constituido por otro ilegal», hasta su dirección de Falange Española desde la cárcel. También dirimían si había ordenado a sus seguidores cooperar «con el movimiento subversivo militar». Las últimas cuestiones se centraban en la participación de Miguel y Margarita en todo este entramado y en su ayuda desde las sombras a los militares alzados.

El jurado dirimió cada una de las respuestas durante cuatro horas. De hecho, el reportero Ricardo Gullón (cronista del juicio) afirmó que tardaban tanto que un grupo armado de extrema izquierda dirigido por «un tal Santiago» entró en la sala de reuniones para saber qué sucedía. «La suerte estaba echada», escribió el periodista.

Durante este tiempo, y según Feito, muchos de los presentes felicitaron a Primo de Rivera por su buena defensa a pesar de pertenecer a organizaciones anarquistas. También especifica que José Antonio se dirigió a los tres magistrados que tomarían la decisión final con una frase tajante: «Sean ustedes valientes y no me condenen a muerte». No le hicieron caso, como recogió el ABC: «Ha terminado la vista de la causa. […] Ha sido condenado a la pena de muerte. Su hermano Miguel, a treinta años, y la muer de este, a seis años».

Una vez que el tribunal condenó a muerte a José Antonio Primo de Rivera se sucedió el abrazo con Iglesias Portal. Según corroboraron a la postre las hijas del magistrado, el fundador de Falange se giró primero hacia su hermano y su cuñada. «Estáis salvados», les felicitó. A continuación, se dirigió hacia el juez, le dio un abrazo y le dijo (en palabras de sus descendientes) que «sentía el mal rato que por su causa estaba pasando», ya que ambos eran grandes amigos.

Así salvó la familia Primo de Rivera al juez del Frente Popular que condenó a José Antonio

Lo bonito de la historia, aunque sea algo repetitivo decirlo, es que ve más allá del maniqueísmo; entiende de grises y se aleja de blancos y negros. En el caso de que no lo crean basta con conocer los esfuerzos que Miguel Primo de Rivera, cónsul español en Inglaterra tras la Guerra Civil, hizo para conseguir que el juez Eduardo Iglesias Portal, al frente del tribunal del Frente Popular que condenó a muerte a su hermano José Antonio en 1936, fuese indultado y regresase de su exilio en México. Su ayuda, indispensable, surtió sus efectos y el magistrado cuya decisión llevó al paredón al líder de Falange, volvió a su hogar y disfrutó de una larga y tranquila vida durante el régimen franquista.

Iglesias Portal fue un juez brillante que pasó por el Tribunal Supremo, fue presidente del Tribunal de la Junta Depuradora de la Administración de Justicia (encargado de la represión durante la Guerra Civil) y, entre otras tantas cosas, participó en el Tribunal Central de Espionaje, Alta Traición y Derrotismo. Instruyó, además, el sumario del asesinato de Calvo Sotelo o las diligencias por el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932. Era, en definitiva, una figura respetada, una superestrella de la magistratura de la Segunda República.

Aunque es cierto que el juicio que consiguió que atrajera todas las miradas llegó en 1924 (el crimen del tren expreso de Andalucía), su decisión más famosa la tomó el 18 de noviembre de 1936, cuando -como presidente del Tribunal Popular- dictó sentencia contra José Antonio Primo de Rivera, contra su hermano Miguel y contra la esposa de este. La resolución fue clara: muerte para el primero por rebelión militar, treinta años de prisión para el segundo y seis años y un día para la última. Lo más llamativo fue que, aquella jornada, el fundador de Falange se acercó a él después del proceso, le dio un abrazo y le pidió disculpas por el «mal rato» que acababa de pasar.

Y es que, según explica Honorio Feito en «Iglesias Portal. El juez que condenó a Primo de Rivera», ambos eran buenos amigos. Eso, a pesar de que el magistrado formaba parte de los llamados Tribunales Populares; un nuevo organismo cuyos magistrados eran seleccionados a dedo por el Frente Popular y sus partidos políticos afines. Cabe decir, en todo caso, que, a pesar de ser seleccionado por esta agrupación, Iglesias Portal siempre pudo presumir de no haberse afiliado a ningún partido.

Exilio dorado

Dos años después, el final de la Guerra Civil trajo consigo el exilio masivo de civiles y soldados republicanos hacia Francia. Tal y como explica la investigadora Evelyn Mesquida a ABC, los periódicos patrios apodaron este viaje masivo como la gran retirada. Y no era para menos, pues entre 650.000 y 1.500.000 personas (atendiendo a las fuentes) abandonaron el país que los había visto nacer por el miedo a las represalias de los vencedores. Iglesias Portal, el mismo magistrado que había juzgado a Primo de Rivera y había sido una estrella de la toga, fue uno de ellos.

El 24 de enero de 1939 caminaba tranquilo por las calles de Barcelona cuando se metió en un vehículo en el que viajaban varios amigos suyos. Su destino: Francia. Saber que las tropas nacionales se hallaban a las puertas de la Ciudad Condal y su pasado como juez durante la época del Frente Popular le empujaron a dejar todo atrás.

Pero en Francia no le esperaba la tierra prometida. Ni a él, ni al resto de republicanos. Lejos de recibir a los exiliados con los brazos abiertos, el gobierno galo internó a una buena parte de ellos en precarios campos de concentración donde reinaba el hambre y el frío. Iglesias Portal pisó dos de estos centros de confinamiento, «uno cerca de Burdeos y el otro cerca de Montpellier», según desvela en su obra Feito. Por suerte para él, pudo escapar gracias a la mediación de un amigo y, al poco, buscar una plaza en un barco de refugiados que viajaba hacia México.

Iglesias Portal arribó en solitario, sin la compañía de una familia que dejó atrás, al puerto de Veracruz el 19 de noviembre de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. El país se convirtió a partir de ese momento en su hogar durante la friolera de dieciocho años. Dos décadas en las que su lealtad al gobierno republicano en el exilio le garantizó, por un lado, la supervivencia a través de los subsidios del JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles) y, por otro, un trabajo en la embajada que la Segunda República mantuvo en México durante lustros.

En su obra, Feito recopila una ingente cantidad de documentos que demuestran que Iglesias Portal intentó pasar desapercibido y que, para evitar miradas indiscretas desde España, se comunicó con su familia a través de un alias. Lo que queda claro es que, gracias al dinero que obtuvo del gobierno republicano en el exilio no pasó estrecheces. «Entre los trajes que yo mismo me hice y los que me regalaron, tengo vestidos para muchos años. Además, son buenos, pues aquí hay fábricas de paños excelentes», dejó sobre blanco en una ocasión.

El decreto de Franco

Iglesias Portal volvió a plantearse su vuelta a España cuando Franco firmó el decreto del 9 de octubre de 1945. Un texto en el que se invitaba a miles de exiliados a solicitar su regreso a España siempre que no hubieran sido ideólogos o grandes gerifaltes de la Segunda República:

«Se concede indulto total de la pena impuesta, o que procediera imponer, a los responsables de los delitos de rebelión militar, contra la seguridad interior del Estado o el orden público, cometidos hasta el primero de abril de mil novecientos treinta y nueve […], siempre que no conste que los referidos delincuentes hubieran tomado parte en actos de crueldad, muertes, violaciones, profanaciones, latrocinios u otros hechos que […. ] repugnen a todo hombre honrado».

Receloso, pero animado por sus tres hijas, Iglesias Portal envió una solicitud de indulto en 1954. En ella, eso sí, obviaba que había sido uno de los jueces que había condenado a José Antonio Primo de Rivera a la pena capital. Como sospechaba, aquella primera petición le fue denegada. Sin embargo, y lejos de desesperar, Dolores, Teresa y María tomaron la dura decisión de adjuntar una nueva petición a un personaje que podía interceder por su padre ante el mismísimo Francisco Franco… Miguel Primo de Rivera, hermano del fundador de Falange y entonces embajador de España en Londres.

El reto era doble ya que, además del rencor por la muerte de su hermano, Miguel también había sido juzgado por Iglesias Portal en el mismo proceso. Aunque, en su caso, eludió la pena de muerte. Así lo confirma el historiador Miguel Argaya Roca en su artículo sobre este personaje escrito para la Real Academia de la Historia: «Fue condenado a treinta años de reclusión, que no cumplió, pues pronto fue canjeado y trasladado a la zona que había quedado en manos del ejército sublevado. Una vez allí, fue nombrado por Franco consejero nacional de la nueva Falange Española Tradicionalista (FET), el partido único del régimen, y miembro de su Junta Política».

En palabras de Feito, el texto de la carta sigue sin conocerse en su totalidad. Con todo, el mismo Miguel cedió parte a su primo, José Luis Sáenz de Heredia, para que elaborara un artículo en la revista «Teresa»:

«Somos hijas del magistrado del Supremo Eduardo Iglesias Portal que, como vuestra excelencia bien sabe, […] formó parte del Tribunal en el que fue juzgado vuestro hermano […]. Su excelencia […] recordará que, al terminarse y comunicar la sentencia, su hermano subió al estrado y abrazó a nuestro padre y le dijo que sentía el mal rato que por su causa estaría pasando, pues no sé si sabrá que nuestro padre y él eran amigos».

La ayuda de Primo de Rivera

La forma en que Miguel Primo de Rivera actuó hace que la teoría del abrazo entre el magistrado y José Antonio cobre fuerza. El entonces cónsul, hombre clave para el franquismo por su relación con el fundador de Falange y por su potencia simbólica, empezó una relación epistolar con las hijas de Iglesias Portal a través de la cual insistió en que haría todo lo posible para que su padre regresase a España.

Su misiva más llamativa, escrita de su puño y letra desde la embajada de Londres, está fechada el 18 de abril de 1955 y es reproducida en su totalidad por Feito. En la misma, el diplomático afirmaba, en primer lugar, que no tenía «nada que oponer para que su padre vuelva a España» y que, «al contrario, estoy dispuesto a procurar el que esto ocurra, ayudándoles a ustedes, en todo aquello que se tenga por conveniente».

A lo largo de la carta, Miguel Primo de Rivera especificaba también que le constaba que «en circunstancias normales, y obrando según los dictados de su conciencia, el magistrado jamás hubiese sido directamente responsable de una sentencia dictada contra José Antonio, de quien no era enemigo». Por último, ofrecía aquel escrito como una declaración jurada que presentar ante las autoridades en su favor.

Según el investigador español, «es evidente que la generosidad de Miguel Primo de Rivera fue uno de los incentivos más valiosos para la repatriación del magistrado». Feito insiste también en que el cónsul intercedió por la familia hasta que, un año después, el falangista canario Blas Pérez presentó la solicitud de indulto el 27 de julio de 1956 ante el Consejo de Ministros Ese fue el día en que se aprobó su regreso, aunque nuestro protagonista no pudo arribar de nuevo a España hasta tres años después. A partir de entonces vivió la última parte de su existencia sin contratiempos hasta que dejó este mundo en 1969.

Fuente: ABC