Por José María Carrascal

Londres anuncia «acciones legales sin precedentes» como respuesta a la actitud de España en la reencendida crisis gibraltareña. Yo no haría mucho caso a lo de «legales», pues ya sabemos lo que legalidad significa para los ingleses: lo mío es mío y lo tuyo vamos a discutirlo. Lo de «sin precedentes», en cambio, ya es otra cosa, pues para defender lo que consideran suyo, los ingleses no se paran en barras. El Gobierno español, por tanto, tiene que estar preparado para todo. Más, cuando tiene el enemigo también dentro de casa.

La actitud del PSOE en este nuevo episodio de la crisis demuestra que el «espíritu Moratinos» no se ha evaporado del principal partido de la oposición. Si proclama que «apoya al Gobierno», añade un «no a la exageración de gestos» aludiendo a García-Margallo, como si éste no fuera ministro del mismo. Algo que se confirma al estudiar las propuestas que hace el PSOE para salir del actual «impasse»: por lo pronto, olvidarse de la ONU y reconducir el contencioso a Bruselas. Que es precisamente lo que Londres y Gibraltar vienen buscando. El propio Picardo ha ido a la ONU a pedir que les tacharan de la lista de territorios coloniales, y allí le dijeron que no podían hacerlo hasta que no se cumpliera la resolución del 19 de diciembre de 1967, que marca el camino para descolonizar la Roca. Así que mucho cuidado con hacerles el juego, porque en Bruselas creen tener muchos más valedores que nosotros. Y en efecto, los tienen, con Holanda como mejor abogado, mientras el resto prefiere abstenerse en un pleito entre dos estados miembros. Muy al contrario que en la ONU, que ya tiene establecida una doctrina sobre el asunto.

No es nuevo el intento de trasladar el caso Gibraltar de la ONU a la UE. Empezó en el mismo momento en que fracasó la maniobra británica de usar la ONU para descolonizar falsamente su colonia, es decir, al aprobarse la resolución antes citada, hace casi medio siglo. No lo han conseguido, más por la firmeza de la ONU que por la nuestra. Pero han conseguido dar algunos pasos adelante en Bruselas, como el que se considere Gibraltar «territorio europeo» representado por Gran Bretaña, aunque en él no rige la mayoría de la normativa comunitaria, entre ella, el Tratado de Schengen, que establece la libre circulación de personas y bienes dentro de la Comunidad. Es el que nos permite hacer los registros que creamos oportunos en la Verja. Su objetivo ahora es que el Peñón sea considerado un «territorio británico de ultramar», pero ya plenamente integrado en la Unión. Es por lo que debe tener cuidado nuestro Gobierno, porque al menor descuido, se la meten doblada. Más, con la oposición aceptando las tesis británicas y partidario del «hablando se entiende la gente». Cuando ya sabemos lo que por hablar entienden los ingleses.

España tiene unos derechos claros en Gibraltar. Los históricos, expuestos en el Tratado de Utrecht, aún vigente, y los modernos, detallados en la resolución 2353 de la Asamblea General de Naciones Unidas por la que, tras declarar inválido el referéndum celebrado en la colonia, se establece que su descolonización debe alcanzarse por negociaciones entre los Gobiernos español y británico teniendo en cuenta la integridad territorial de los países.

Cualquier alteración de estas coordenadas es pérdida para España y ganancia para el Reino Unido.

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