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Lucía Barrios

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) acusa a la catalana Fundació Pau i Solidaritat de irregularidades en proyectos de cooperación, "racismo" y deudas por más de 100.000 dólares, pero la organización no gubernamental rechaza de plano esas acusaciones, según declararon a Sputnik portavoces de ambas partes.

"Nos hicieron anticipar plata para los proyectos de cooperación que después no se pagaron. En cinco años nos deben 103.000 euros [113.696 dólares]. Para ellos es una nada, [pero] para una organización como la nuestra que está tratando de sobrevivir es muchísimo. Además, ellos en las cuentas oficiales ante las autoridades catalanas dicen que pusieron 200.000 euros [220.770 dólares] en proyectos cuando nuestro sindicato recibió 98.000 [108.177 dólares]", dijo a Sputnik Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica, abogada y dirigente de la central sindical.

Los proyectos de cooperación son financiados por el Gobierno de la comunidad autónoma española de Cataluña, que deriva los fondos a distintas organizaciones.

Las ONGs catalanas, como la Fundació Pau i Solidaritat, reciben los dineros y los aplican en otros países, como Guatemala.

"Se aplicó el 100% del dinero y no le debemos nada al movimiento guatemalteco", dijo en forma categórica a Sputnik la directora de la Fundació Pau i Solidaritat, Esther Caballé.

Caballé aseguró que la fundación procede según la Ley General de Suspensiones del Estado Español y la normativa de cada uno de los ayuntamientos.

"Nosotros hemos procedido siempre con la máxima transparencia. No tenemos constancia de que debamos algo. No sabemos ni la cantidad final, de qué forma se ha calculado y se ha contabilizado. Hasta finales de mayo hicimos transferencia de fondos a ese movimiento. Si ellos tienen dudas, nosotros agradeceríamos la posibilidad de tener un contacto con ellos. Seguimos abiertos", agregó.

Caballé dijo que "desconocen" que el movimiento guatemalteco haya tratado de "tramitar" una denuncia y sostuvo que ellos han tenido siempre "una relación cordial a nivel profesional y personal".

Por su parte, Amézquita Garnica envío a Sputnik las capturas de pantalla sobre los distintos mails que envió para hacer su reclamo.

En esas capturas se muestra que los reclamos fueron enviados a las siguientes autoridades: a 28 ayuntamientos, al Área Metropolitana de Barcelona, al Consejo Comarcal Vallés Oriental, a la Diputación de Lleida, a la Diputación de Barcelona, a la Generalitat de Cataluña, al Fons Catalá de Cooperaciò al Desenvolupament y a la Fundació Pau i Solidaritat.

En tanto, el FonsCatalà de Cooperació al Desenvolupament reconoció a Sputnik mediante un mail que existían "problemas entre las entidades" implicadas, pero sin dar más detalles, a pesar de los intentos de Sputnik por una entrevista.

La denuncia

Amézquita Garnica sostuvo que el MSICG tuvo dificultades con la Fundación cuando comenzaron las "anomalías en la cooperación".

"Nosotros empezamos a denunciar ante cada autoridad catalana que se habían apropiado del dinero que era nuestro. La Fundación nos decía que teníamos que anticipar fondos. Cuando nosotros reclamamos el pago, ellos lanzaron un portal de transparencia y dijeron que pusieron un montón de dinero más que nunca recibimos y que nunca tuvieron nuestros proyectos. Cuando denunciamos que esos montos no correspondían, tenemos el cruce de correos, nos dijeron que no lo iban a quitar", agregó.

La dirigente sindical añadió que "nunca contestaron nada con respecto a lo que deben al MSICG, y los correos son la prueba".

"Tú les decías: "Páguenme", y ellos te pedían que siguieras ejecutando los proyectos. Esa era la dinámica. Llegó un momento en que le dijimos: "No vamos a hablar más con ustedes si no nos pagan lo que nos deben". Y nunca nos pagaron", agregó.

Amézquita Garnica sostuvo que esta supuesta irregularidad puede ser en complicidad con las autoridades catalanas o fruto del "racismo" hacia los pueblos latinoamericanos.

"No sé quién se quedó con la plata. El tramado de la cooperación es muy complejo. Si yo, como Gobierno, me dicen que hay corrupción, abro una investigación. En cambio, lo que hemos encontrado en las autoridades catalanas es: "Cállense, ustedes no pueden hablar, no son catalanes, con ustedes no vamos a hablar". Aunque nosotros presentamos toda la evidencia de la corrupción, nadie nos atiende. Si no hay complicidad del Gobierno catalán con la corrupción, entonces es racismo", reflexionó.

El MSICG indicó en un texto que envió de forma exclusiva a Sputnik que en estos momentos no estaría dispuesto a trabajar nuevamente con la organización sindical CCOO de Catalunya ni con la Fundació Pau i Solidaritat.

"Más allá de los problemas obvios que nos generan pérdidas, que para nosotros son enormes, ellos pisotearon nuestra dignidad y nos hicieron ver que su percepción de la cooperación es el contrapuesto al que nosotros tenemos, y tampoco trabajaríamos con la institucionalidad catalana porque, al menos la actual, nos hizo sentir la desigualdad e indefensión al ser, operar y garantizar condiciones para un sistema corrupto y discriminativo hacia quienes, al menos en el caso nuestro, nos jugamos la vida día a día tratando de cambiar algo", agregó.

De 2015 al 2018, las instituciones catalanas destinaron a la cooperación al desarrollo un total de 164.155.297 euros (181.240.580 dólares), señaló el MSSIG.

"Se trata pues de una floreciente actividad que representa el traslado de fondos públicos a manos privadas de un promedio de 41.038.824 de euros anuales (45.310.144 dólares), distribuidos entre un promedio de 127 entidades de las cuales", agregó.

El MSSIG señaló que, mientras el salario promedio en España es de 17.482 de euros al año (19.301 dólares), las máximas autoridades de la Fundació Privada Pau i Solidaritat de Cataluña perciben ingresos anuales equivalentes a 47.806,92 de euros (52,781 dólares).

"El modelo catalán de cooperación al desarrollo opera como un sistema disperso, de controles formales más que reales y en donde la transparencia es poco menos que una palabra más en el Diccionario de la Real Academia Española, con lo que ello implica en Cataluña", agregó.

La respuesta

La Fundació Pau i Solidaritat aseveró en un documento enviado a Sputnik el 26 de agosto que "siempre" ha basado su cooperación sindical internacional en el establecimiento de "relaciones horizontales" con las organizaciones sindicales de otros países, basadas en la "solidaridad y la igualdad".

"A lo largo de 2018, se registraron algunas dificultades sobrevenidas con el socio local MSICG en relación con la justificación de la subvención otorgada por una única entidad subvencionadora(Diputación de Barcelona), la cual solicitó documentos adicionales que no pudieron ser obtenidos y que supuso la renuncia a la subvención otorgada y al cierre, por parte del socio local de toda comunicación directa con la Fundació Pau i Solidaritat [vía telefónica, vía correo electrónico]", agregó.

La voluntad de la Fundació Pau i Solidaritat ha sido la de poder reestablecer la comunicación directa entre ambas organizaciones, "en un clima de respeto y confianza mutua", basado en los principios de "rigurosidad y transparencia", señaló.

"Sin embargo, y a pesar de no haber podido comunicarse directamente de nuevo con el MSICG, la Fundació Pau i Solidaritat ha realizado el envío de fondos según el procedimiento habitual establecido en la gestión de proyectos. La Fundació Pau i Solidaritat continuará construyendo con los sindicatos con los que, a lo largo de su trayectoria ha impulsado la cooperación sindical, el trabajo, el conocimiento común y la solidaridad sindical", agregó.

Cómo trabaja la fundación

La Fundació Pau i Solidaritat respondió a la solicitud de información de Sputnik el día 26 de agosto mediante un comunicado.

En el documento se sostiene que la fundación fue constituida por la organización sindical CCOO Catalunya en 1991 con el objetivo de promover la defensa de los derechos humanos laborales en el mundo.

"Desde su constitución, la Fundació ha promovido la cooperación sindical alrededor del mundo", señaló.

Señaló además que en la región del Caribe, en Paraguay y en Centroamérica impulsó los procesos de autorreforma sindical, contribuyendo a establecer espacios regionales de cooperación sindical, en Brasil incentivando la "economía solidaria" como alternativa al modelo económico existente y en Marruecos para hacer frente al nuevo modelo de producción económica basado en la explotación laboral.

"En Guatemala, en los últimos años, se ha promovido el fortalecimiento del movimiento sindical, especialmente de las mujeres y de las organizaciones indígenas, para promover una sociedad basada en la justicia social, para garantizar su participación en los espacios municipalistas de decisión, así como también se inició una línea de formación y atención a las trabajadoras y trabajadores de las empresas transnacionales que operan en el país", agregó.

En estos últimos años, la cooperación sindical de la Fundació Pau i Solidaritat se ha centrado en Líbano, Guatemala y Colombia, se afirma en el documento.

Lucía Barrios

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