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Ramón Martínez

La psiquiatría ha sido siempre la rama más resbaladiza de la medicina, entre otras razones, porque los conceptos de patología dentro del campo de las enfermedades mentales, han estado sujetos a convencionalismos que varían de unos sistemas de poder a otros, dependiendo de intereses que, desgraciadamente, con frecuencia no han sido honestos.  Esta ha venido siendo la diferencia esencial con otras ramas de la medicina más precisas como la oftalmología, endocrinología, etc.

Cuando en la antigua Unión Soviética durante la Perestroika se liberaron muchos “enfermos mentales”  de los centros psiquiátricos, los medios occidentales le dieron mucha publicidad a este hecho. Obviamente, tratar de enfermos mentales a los disidentes políticos, era un claro síntoma de corrupción que fue usado como un buen argumento para dar superioridad ética y moral a un Occidente que alardeaba de la transparencia y honestidad de sus “democracias”.  Pero estos medios occidentales no dieron tanta publicidad a que los criterios para el diagnóstico de la personalidad esquizotípica de la Asociación Americana de Psiquiatría, siempre fueron un motivo de alarma. Y así lo denunciaba en el año 2003 la Dra. Carole Smith en la Revista de Estudios Psicosociales  “Journal of Psycho-Social Studies” con su artículo “On the Need for New Criteria of Diagnosis of Psychosis in the Light of Mind Invasive Technology”. Según este artículo, en la edición de 1987 del “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de EE.UU” o DSM, se establece que al menos tiene que haber cuatro de las características que se especifican para el diagnóstico de la esquizofrenia.  De cuatro en la edición de 1987 pasaron a solo dos en la edición de 1994, curiosamente poco después de que la Perestroika hubiese acabado en la antigua Unión Soviética.

La profesora Lisa Cosgrove de la Universidad de Massachusetts y el periodista Robert Whitaker, describen en su obra “Psychiatry Under the Influence: Institutional Corruption, Social Injury, and Prescriptions for Reforms” como los intereses económicos (industrias farmacéuticas) y corporativos han sido fuente de corrupción en la psiquiatría. Según estos autores, convertir en enfermos a personas sanas es especialmente sencillo en psiquiatría donde no existen criterios biológicos para poder determinar la existencia o no de enfermedad: los criterios son “fungibles” y dependen del juicio profesional con lo que, en esencia, “los profesionales pueden hacer casi lo que quieran”.

Las cosas han ido a peor en posteriores ediciones del DSM y actualmente el solo hecho de ser crítico con la autoridad en EE.UU. puede ser considerado un síntoma de enfermedad mental según nuevos diagnósticos que se han inventado.

En los países con sumisión incondicional a los lobbies que controlan EE.UU. también se ha implantado esta forma de diagnosticar cualquier conducta que se salga de la “norma”. El resultado es una cantidad enorme de niños y jóvenes que reciben “diagnósticos” con la consiguiente medicación. En Suecia por ejemplo, gracias a mi trabajo como profesor en colegios públicos he podido constatar la facilidad con que se les asigna a los alumnos diagnósticos psiquiátricos, aunque los padres tienen que aprobar que se medique a sus hijos, cosa que afortunadamente no sucede en todos los casos. Estos diagnósticos al parecer acompañan al expediente de los alumnos de por vida.

En España, aunque no es tan conocido, tenemos muchos casos flagrantes documentados de corrupción en la psiquiatría y no parece casualidad que estos casos estén relacionados con el Opus Dei. Un ejemplo representativo es el del psiquiatra del Opus Enrique Rojas, quien, de común acuerdo con el marido de una mujer, maquinaron a espaldas de esta señora para quitarle la custodia de sus hijos e internarla en un psiquiátrico.  Parece ser que además la señora tenía dinero.  Este caso no es más que uno de tantos casos de falta de escrúpulos y de ética profesional dentro del Opus Dei. Así lo denuncian quienes conocen a los psiquiatras del Opus Dei: “Un psiquiatra de la obra es un delator y punto. No hay otro calicativo”. El artículo de Cristina Sánchez sobre la cuarta planta de la clínica del Opus viene a confirmar la falta de ética profesional de los psiquiatras de esta secta, y la impunidad de estos es una muestra más del poder que tiene el Opus Dei en el Estado. Es muy preocupante que una secta con tanto poder pueda tener control sobre la psiquiatría en una sociedad, porque muchas de sus víctimas acaban en centros psiquiátricos, y en muchas ocasiones estos internamientos son producto de maquinaciones persiguiendo beneficios económicos, como se ha demostrado más de una vez tratándose del Opus Dei.

Probablemente el lector habrá visto o leído alguna obra policiaca donde el criminal, tras ser desenmascarado ante testigos, reacciona acusando al detective que lo deja en evidencia de que está “loco” para de esta forma restarle credibilidad. En un Estado controlado por organizaciones criminales, parece ser común esta reacción, pero la diferencia es que al tener el poder del Estado pueden llegar a internar a quienes se les antoje, y según el artículo sobre la cuarta planta de la clínica del Opus, en muchos casos tras un  proceso de hostigamiento y maquinación premeditada a espaldas de la víctima.

La calificación de teorías de la conspiración a cualquier intento de poner en duda la versión que dan los gobiernos corruptos es un indicio de esta línea de mostrar como desequilibrados a quienes se atreven a dudar de sus “honestas” versiones de los hechos. Es un grave error dejar la seguridad de los ciudadanos en manos de profesionales cuyos criterios son de dudosa honestidad. Pero como se ha visto en las disposiciones de la Asociación Americana de Psiquiatría y en las acciones de los psiquiatras del Opus Dei, cualquier disidente a sus intereses está en peligro de ser diagnosticado de una grave enfermedad mental. Un sistema transparente que lucha activamente contra la corrupción, no permitiría jamás que semejantes delincuentes pudiesen ejercer la psiquiatría quebrantando las normas deontológicas con fines ilegítimos con total impunidad.

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