La razón indolente

Por Ramón Martínez*

En un Estado de Derecho todos los ciudadanos están sometidos a las leyes, y aunque muchos parecen desconocer este hecho, también los jueces, independientemente de su rango en el Poder Judicial, están sujetos a las normas jurídicas.

Algo que llama la atención si se observan las publicaciones sobre el órgano de gobierno del Poder Judicial y sobre el Tribunal Constitucional, es la falta de denuncias contra los miembros de estas instituciones, a pesar de ser evidente que su pasividad e incluso complicidad con las numerosas ilegalidades del Gobierno, especialmente con este Gobierno del PP, están causando un daño demoledor al país. No estoy en situación de afirmar que no existen tales denuncias, porque mi propia experiencia me demostró que la querella criminal que interpuse contra los Magistrados del Tribunal Supremo que en su día prevericaron en la causa especial de antejuicio 1800/90, no se publicó en ningún periódico a pesar de mis insistencias documentadas con pruebas durante más de una década.  Los delitos de prevaricación que se demuestran en la querella, son de una evidencia que ya quisieran haber tenido entre sus argumentos los magistrados del Tribunal Supremo  cuando procesaron y condenaron al juez Garzón.

Pero hoy en día las cosas han cambiado. Se empiezan a hacer públicos los casos de corrupción cada vez con más frecuencia,  e incluso se hacen públicas algunas denuncias de colectivos de ciudadanos que se unen con el objetivo común de hacer cumplir la Ley, cuando los que tienen la resposabilidad de hacerla cumplir no hacen nada e incluso, como se ha llegado a publicar, intentan obstruir el curso de la justicia.

Un denominador común en los colectivos que han tomado parte activa contra casos de corrupción, es que no se han denunciado las conductas delictivas de jueces caracterizadas por dilaciones y sobreseimientos injustificados como fué el caso del juez Grande-Malarska quién llegó a ser obligado en dos ocasiones por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional a reabrir el caso.

La pregunta es por qué la sociedad española es tan indolente con las conductas de jueces y fiscales que a todas luces cometen delitos de prevaricación y que tanto daño y dolor causan a tantos ciudadanos. Visto de forma global se podría decir que sus conductas dañan a la sociedad en general al permitir que el patrimonio público pase a manos privadas, ya sea malvendiendolo o incluso regalandolo como ha sido el caso de las inmensas fortunas de dinero público regaladas a la banca privada que sin lugar a dudas se trata de una malversación de caudales públicos, como también las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, etc.

Una posible respuesta a esta conducta permisiva hacia las ilegalidades del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal es la ignorancia de las leyes. Pero esta respuesta no es válida cuando tantos ciudadanos han estudiado Derecho y deberían de saber que la Constitución Española (CE) es el vértice del ordenamiento jurídico español, y que cualquier ley que esté en conflicto con los valores superiores de la CE (la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político) es por ley automáticamente derogada. Por esta razón tiendo a pensar que lo que realmente sucede en España, es que existe una “razón indolente” generalizada hacia el Poder Judicial que proviene probablemente de una época en la que el poder no tenía legitimidad, salvo la legitimidad que pueda dar el poder de las armas, y los ciudadanos no se sentían con derecho a nada, sino que más bién se sentían agradecidos porque les diesen ciertos márgenes de libertad. La Iglesia Católica ha sido siempre una buena aliada de esos poderes ilegítimos y por esta razón, siempre ha gozado de privilegios allí donde el poder se ha establecido por la fuerza en contra de los intereses del pueblo.  Basta recordar las dictaduras militares de hispanoamérica, que han tenido como denominador común favorecer los intereses de multinacionales que explotan los recursos de estos paises con unas condiciones humillantes,  condiciones que contrastan con el discurso de esos dictadores que tanto hablan de patria, siempre con la bendición de la bien recompensada Iglesia. En mi opinión, la actual situación en España es muy similar a la de esas dictaduras militares, pero la diferencia es que hasta el momento se ha hecho creer a la sociedad que hay una democracia. Muchos describen la situación de España como de “país bananero” haciendo alusión a esos paises con dictaduras  explotados por multinacionales.

Si los españoles desean realmente una democracia, va siendo hora de que se tomen en serio la Ley. Las leyes vigentes pueden tener sus defectos, especialmente los Decretos-leyes que ha podido imponer el PP durante su actual mandato, pero todavía es posible interponer una querella criminal contra cualquier magistrado, aunque sea del Tribunal Supremo (TS). Si todos los ciudadanos hiciesen lo que yo hice en su momento, e interpusieran una querella criminal contra cada uno de los magistrados, tanto del TS  como del TC, que actuen en contra de Derecho, y en mi opinión ya existen suficientes evidencias de su complicidad con el expolio que está sufriendo España al no procesar a los políticos responsables, y además se hiciesen públicas las querellas como yo las publico en este artículo, pienso que la consciencia social y la situación sería muy distinta en España.

Es necesario acabar con esa “razón indolente” hacia el Poder Judicial y Ministerio Fiscal que está dando lugar a la impunidad de tantos jueces y fiscales del Opus Dei que, con sus acciones u omisiones, a su vez están manteniendo la impunidad de los responsables de la desolación de España.

*Artista digital y exiliado español en Suecia.

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