Armas en España es sinónimo de fiscalización, control, vigilancia, prohibición y, para algunos, intervención. España tiene la legislación más restrictiva de Europa para la compra y uso de armas y munición, según coinciden fabricantes, armeros y deportistas. Cuando se adquiere un arma, escopeta o rifle, el armero la envía a la Guardia Civil, y es allí donde el interventor la entrega al comprador y emite la guía de propiedad. Adquirir una caja de cartuchos del calibre 12, el más común en la caza menor, que practican un millón de aficionados, exige presentar el DNI y la licencia de armas. El armero está obligado a informar por escrito de la transacción a la poderosa y vigilante Intervención. Todo queda registrado. Nada parece escapar al control de la autoridad.

“Tenemos un negocio intervenido por la Guardia Civil. ¿Por qué cree usted que se llama Intervención de Armas de la Guardia Civil? En Francia, Reino Unido, Italia o Portugal, uno compra un arma en una tienda, enseña su licencia y se la lleva a casa. Aquí no. Venimos de una Administración decimonónica”, se lamenta Agustín Alberdi, propietario de una armería de Barcelona con 107 años de historia y expresidente de la Asociación Europea de Armeros. Ángel Rivera, capitán de la Guardia Civil y responsable de la Intervención de Armas de la Comandancia de Madrid, afirma que el sistema español es la “envidia” de muchos países que acuden a “estudiar” nuestro modelo jurídico y práctico. “Veníamos de una dictadura en la que se controlaban las armas y durante la democracia hemos sufrido décadas de azote terrorista. Es una cuestión cultural a la que nos hemos acostumbrado”, explica.

¿Dónde está su arma? Cada cinco años, los propietarios de escopetas y rifles tienen que pasar la revista de armas en la Intervención de la Guardia Civil. Cada tres lo hacen los dueños de armas cortas, una exigua minoría. “Hacemos un rastreo constante de las armas. Queremos saber dónde están”, reconoce el oficial de la Guardia Civil. Una fiscalización y examen de los 3,8 millones de escopetas, rifles y pistolas censados en el país. España ocupa el puesto 25º de la lista mundial que encabeza EE UU.

En la Intervención de la Guardia Civil se comprueba si el arma ha sufrido alguna modificación, si se guarda en el armero de seguridad que obliga la ley —los acorazados pesan 300 kilos, pueden costar hasta 6.000 euros y están anclados al suelo o la pared— o si el propietario tiene antecedentes penales que impiden la renovación de su licencia. “Aquí no hay barra libre. Te retiran la licencia por multas de exceso de velocidad, alcoholemia o cualquier supuesto delito que genere antecedentes policiales”, advierte Javier Agundo, de 37 años, vicepresidente de la Asociación Nacional del Arma de España. Solo en Galicia se han revocado 450 licencias por multas de tráfico.

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