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Ramón Martínez

El tema de las amnistías fiscales en España es un ejemplo de cómo se traiciona al interés público al dar un trato privilegiado a quienes merecen un castigo ejemplar.  Desde el principio se sabía que una amnistía fiscal suponía un atentado contra los valores superiores de la Constitución Española de igualdad y justicia, y que por esta razón era ilegal. Pero el Tribunal Constitucional mediante una sentencia tardía ha permitido que se cometa el atropello, además de la impunidad de quienes han colaborado con semejante fraude.

Vamos a centrarnos en la amnistía fiscal de Montoro para comprender el alcance de la posible responsabilidad criminal en la que pudieran incurrir los implicados en este proceso.

La amnistía fiscal de Montoro surge tras la revelación de las listas de Falciani que delataban a cientos de contribuyentes españoles con cuentas en una sucursal de un banco en Suiza. Según Falciani, la cantidad que las autoridades españolas podrían recuperar, de los defraudadores que aparecen en la documentación que él tenía en su poder, ascendía a 200.000 millones de EUR.  El Gobierno en lugar de perseguir a los responsables,los perdonó por su posible responsabilidad criminal, y además les hizo rebaja de tal forma que muchos pagaron en concepto de impuestos considerablemente menos del ya insultante 10% que Montoro había propuesto en un principio. El resultado fue que de esos 200.000 millones que se podrían haber recaudado gracias a las listas de Falciani, solo se recaudaron menos de 2.000 millones de EUR en base a una clara complicidad del Gobierno con los delincuentes defraudadores. Montoro ha demostrado su trato de amistad con los defraudadores al encubrirlos, perdonarlos y darles trato especial de una forma insultante para los contribuyentes. Solo imaginar que hubiera sucedido si Pablo Iglesias hubiese estado incluido en las listas de Falciani, probablemente le hubiese faltado tiempo para publicarlo y denunciarlo como hizo con Monedero.

Dentro de las posibles conductas delictivas tipificadas en el Código Penal español que recoge la amnistía fiscal de Montoro, se me ocurría en un principio que podrían ser: administración desleal, cooperación necesaria para fraude fiscal y alta traición. Pero para salir de dudas le pregunté a un catedrático de Derecho Penal de una universidad española, antiguo conocido, que me respondió lo siguiente: “…y prevaricación, malversación, cooperación activa y en  comisión por omisión de defraudaciones a la Hacienda Pública, Seguridad Social, tráfico de influencias, encubrimiento de delitos,etc.”

No cabe duda de que la actuación de Montoro no solo  es inconstitucional, sino que también supone un conjunto de actuaciones delictivas que debieran de ser perseguidas de oficio. Es indignante que tan solo se publiquen tímidas peticiones de dimisión, cuando en realidad estamos ante un caso evidente de corrupción del que debieran depurarse responsabilidades penales. Las pérdidas al erario público que supone la amnistía fiscal de Montoro ascienden a más de 198.000 millones de EUR, y esto sumado a los 60.000 millones regalados a los bancos, las inmatriculaciones de la Iglesia, etc.,  nos da una idea del saqueo que están realizando con total impunidad, aunque probablemente los datos aportados sean tan solo la punta de un iceberg.

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