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La Corte Suprema de Estados Unidos declinó acoger una apelación contra el artículo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) que permite la detención indefinida de estadounidenses a manos del Ejército.

El caso había estado en desarrollo durante dos años, pero fue vencido el lunes cuando el tribunal de alzada decidió rechazar la acción legal, pese a numerosas declaraciones de cortes distritales que calificaban el acta como una legislación dañina para la libertad de expresión y el miedo razonable de estadounidenses a ser detenidos de forma unilateral.

En un comunicado, Tangerine Bolen, que patrocinó la apelación, dijo que “la nación ya no está gobernada por las leyes… Somos una nación gobernada por hombres que se han impregnado tanto en un discurso falso que, al mismo tiempo en que aumentan exponencialmente las filas de terroristas, están destruyendo el propio Estado de Derecho. Es una locura tras otra – el cuento clásico de volverse el mal que pretendes combatir mientras crees que todavía estás en lo correcto”.

La acción fue iniciada por un grupo de periodistas liderados por el reportero ganador del Premio Pultizer del New York Times, Chris Hedges. Una respetable voz, Hedges también fue acompañado en la iniciativa por el denunciante de los Papeles del Pentágono, Daniel Ellsberg.

El artículo de la Sección 1021 de la NDAA efectivamente otorga al brazo ejecutivo del gobierno la autoridad plena para que el Ejército detenga a cualquiera que se sospeche esté proveyendo “apoyo substancial y/o directo” a terroristas. Vagamente, autoriza la extensión de la detención hasta que “terminen las hostilidades”. El párrafo asegura que dicha acción es justificablemente lícita bajo la Autorización del Uso de Fuerza Militar (AUMF), marco legal que entró en vigencia tres días después del 11-S.

Esencialmente, la Sección 1021 podría llevar al secuestro de ciudadanos estadounidenses y su retención indefinida sin cargo alguno, lo que constituye una violación de los derechos constitucionales.

Las críticas apuntan a que la ley también vulnera la Quinta Enmienda de la Constitución, que resguarda específicamente el debido proceso, y la “protección igualitaria” de la Décimo Cuarta Enmienda, que decreta que todas las personas deben ser sometidas a las mismas leyes.

“La peligrosa ley representa una de las amenazas más grandes a las libertades civiles en la historia de nuestra nación”, escribe Brian J. Trautman. Bajo AUMF, “esta ley puede ser usada por las autoridades para detener (para siempre) a quien el gobierno considere como una amenaza para la seguridad y estabilidad nacionales – potencialmente, inclusive, a manifestantes que ejerzan los derechos de la Primera Enmienda (libertad de expresión)”.

El gobierno federal argumenta que la Ley de Autorización de la Defensa Nacional no expande su autoridad más allá de lo que ya existía con la AUMF del año 2001, según lo interpretado por jueces en casos de habeas corpus de la Bahía de Guantánamo.

En su declaración sobre la derrota de la Corte Suprema de Estados Unidos, Bolen también indicó que “la batalla está perdida pero la guerra no ha terminado. La Primavera Árabe y el Movimiento Occupy nos mostró que es posible que millones de personas se unan para que despierte un compromiso compartido por un futuro mejor”.

“Ellos nos recuerdan que todas las cosas son posibles – no sólo asaltos, mentiras, corrupción y la devastación gradual traída ante nosotros por las élites más poderosas del mundo – sino un levantamiento espontáneo, para reclamar nuestro poder, nuestras voces y nuestros futuros”, agregó.

No obstante Obama emitió un comunicado en el que prometió no usar la detención indefinida contra ciudadanos estadounidenses, su administración apoyó específicamente que aquellos artículos fueran aplicados a norteamericanos en primera instancia. Como señaló durante un discurso en el Congreso el partidario de la ley, senador Carl Levin, fue el gobierno de Obama el que exigió la remoción de pasajes de la ley que habrían protegido a estadounidenses de ser sujetos a la detención indefinida.

Intentando convertir todo el territorio de Estados Unidos en un campo de batalla a través de la NDAA, la administración Obama sólo extiende su política ya establecida de asesinar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero, sin procesos legales mediante.

“El deterioro de las libertades civiles bajo el gobierno de Obama es una completa continuidad de los ataques a las libertades civiles bajo el gobierno de Bush”, declaró Hedges frente a cientos de partidarios el año pasado a las afueras de la Corte de Apelaciones de Manhattan. “De hecho, bajo el gobierno de Obama ha sido peor. La interpretación radical de la Ley de Autorización de Uso de Fuerza Militar (AUMF) ha entregado al gobierno de EEUU, en particular al brazo ejecutivo, el derecho de asesinar a ciudadanos estadounidenses”.