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El juez que investiga la supuesta 'caja B' de Podemos, Juan José Escalonilla, ha imputado al considerado como número dos de Pablo Iglesias en el partido, Juan Manuel del Olmo, así como a otros integrantes de la cúpula de la formación morada, según la información adelantada por Público.

Del Olmo deberá declarar el próximo 20 de septiembre, tal y como consta en dos autos de 30 y 31 de julio. En el primero, siempre según la información del diario digital, el instructor cita a declarar como investigados a la gerente de Podemos, Rocío Esther Val Val; al responsable de finanzas y transparencia y coordinador del área de anticorrupción del partido, Daniel de Frutos Ramírez; y al actual secretario de comunicación, Juan Manuel del Olmo.

Al integrante de la Comisión de Garantías Democráticas, Pablo Fernández Alarcón, se le tomará declaración como testigo. El instructor también solicita que se remita un mandamiento al Registro Mercantil Central "a los efectos de que informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos órganos de administración se encuentre Juan Carlos Monedero".

Tres horas

Estas citaciones se producen justo después de que el excoordinador del Equipo Legal de Podemos José Manuel Calvente declarara durante más de tres horas ante el juez Escalonilla sobre la presunta financiación ilegal de la formación liderada por Pablo Iglesias.

Tanto el magistrado como el fiscal encargado de la causa interpelaron a Calvente acerca de los supuestos responsables de las presuntas irregularidades denunciadas, que podrían implicar los delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos.

Daniel de Frutos

Entre otros, según apuntan las fuentes consultadas por este diario, el abogado aludió al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, como la persona encargada de autorizar los gastos que tienen cierta entidad, y quien junto a la gerente, Rocío Val, habría recibido sobresueldos de forma presuntamente irregular.

Calvente también dirige su denuncia contra Juan Carlos Monedero, Rafael Mayoral, Juan Manuel del Olmo, Ana Marcello Santos, Rocío Esther Val Val y Marta Flor Núñez García, como presuntos responsables de los hechos que considera delictivos.

Una fundación de Izquierda Unida utilizó una subvención para pagar gastos de despidos

La Fundación por la Europa de los Ciudadanos (FEC), vinculada aIzquierda Unida, utilizó el dinero de una subvención pública para afrontar el pago de las indemnizaciones a varios trabajadores tras despedirlos.

En concreto, tal y como informa 'ABC', los despidos de estos tres trabajadores se produjeron en el año 2016 y, entonces, la fundación de la formación deAlberto Garzón, empleó una subvención pública para hacerse cargo de las indemnizaciones.

Ha sido el Tribunal de Cuentas el que detectó irregularidades en este ejercicio en la fundación citada y la que obligó a la FEC a devolver 11.518 euros al entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, puesto que había hecho un mal uso de esa cantidad.

Así lo muestra el último informe del tribunal, después de fiscalizar la situación de los balances de partidos y fundaciones al finalizar el mencionado ejercicio.

No subvencionable

Según el documento, la fundación de Izquierda Unida se aprovechó de un total 16.645 euros de una subvención concedida por el Ministerio para cubrir los gastos de los despidos, algo que no es subvencionable.

Como consecuencia de esta infracción, el tribunal obligó a la FEC a devolver parte de la subvención, concretamente 11.518 euros.

Esta información se conoce tan solo unos días después de que el Tribunal de Cuentas emitiese su informe sobre los gastos de los partidos en las penúltimas elecciones generales de España, celebradas el 28 de abril del pasado 2019.

Pagos sin justificar de Podemos

El documento, publicado en la página web del organismo, detectó pagos sin justificar de Podemos en dichos comicios, como una factura por valor de 133.100 euros que no ha sido debidamente acreditada u otros 290.000 euros cuyos conceptos no se corresponden con gastos electorales reconocidos por ley.

El tribunal observó que en la documentación aportada por Podemos "figuran gastos por operaciones ordinarias, por importe total de 290.727,41 euros, cuyos conceptos no tienen la consideración de gasto electoral con arreglo a lo establecido en el artículo 130 de la LOREG, por lo tanto, y de acuerdo con los criterios técnicos aprobados en la Instrucción del Pleno del Tribunal de Cuentas para su aplicación en el presente proceso electoral, los referidos gastos no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales".

El juez quiere aclarar si todo el caso Dina fue un montaje

Ante la enrevesada trama del caso Dina, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha apostado por volver al inicio y citar a un testigo que puede ser clave a la hora de decidir si el juego de espejos que se ha venido revelando a lo largo de la investigación era ya en origen un montaje.

A la exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham le robaron el móvil en un centro comercial en noviembre de 2015 y lo denunció. Unos meses después, parte del contenido de aquel teléfono empezó a ver la luz en prensa y Bousselham amplió la denuncia: entendía que el medio que difundía los temas más duros -unos chats que dejaban a Iglesias de machista-

tenía que ver con el robo. Insistió sin suerte hasta llegar a la Audiencia Provincial. No había caso.

Hubo alguien en su entorno que tampoco creía en el asunto, el entonces abogado de Podemos José Manuel Calvente. Según su propia versión, avisó de que el tema se podía volver contra ellos e insistió en desvincular al partido de algo que podía ser personal de Bousselham, e incluso culpa suya, sobre todo cuando el volcado de su móvil apareció en los archivos de Villarejo e Iglesias mostró interés por entrar en el procedimiento. Nadie le escuchó.

Ha pasado año y medio y Calvente, que se dice «purgado» tras denunciar irregularidades en el partido bajo una acusación de acoso que se ha desestimado, ahora tuitea y concede entrevistas. Y lo que cuenta es que aquello fue un montaje y que el origen de sus males no es ya tanto haber puesto el dedo en la llaga sobre el modo en que se facturan algunos servicios en el partido, sino negarse a «participar en la patraña del caso Dina».

Esta es la razón por la que el juez, aún a sabiendas de que no podrá contar mucho de lo que afecte a la relación abogado-cliente con Podemos, le ha citado como testigo el próximo 2 de septiembre. Ya no es sólo que Iglesias tuviese la tarjeta de Bousselham durante meses sin decir nada a su propietaria, a la Policía ni a los tribunales que vieron la denuncia, es que cabe la sospecha de que el robo ni siquiera llegara a producirse. Por eso, el pasado 23 de julio, el juzgado pidió a la Policía Judicial que revise la versión del marido de ella sobre lo ocurrido, habida cuenta de que como testigo ante el juez no fue claro sobre el tema.

Poner en duda ya el propio robo es abrir la puerta a un delito de denuncia falsa, lo que complica más esta trama en la que Pablo Iglesias ha pasado de ser víctima a sospechoso y su antigua asesora ha ido perdiendo credibilidad a golpe de contradicciones. Se ha visto despojada, además, de su abogada, que también era la de Iglesias, por orden judicial ante el conflicto de interés con él. Se trata de Marta Flor, precisamente, la letrada de Podemos que interpuso la denuncia de acoso contra Calvente desencadenando lo que él califica de purga, en una guerra interna que ha acabado dañando a la Fiscalía Anticorrupción.

Guerra de abogados

Marta Flor, de acuerdo a la tesis que el propio Calvente esgrimió para defenderse de la acusación de acoso, alardeaba ante sus compañeros de tener una confianza más allá de lo profesional con el fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa, lo que llevó a la jefa de ambos, Gloria Elizo, a apartarla de la causa, donde llevaba con otro letrado la acusación popular.

Se retractó entonces, como publicó «Vozpopuli», reconociendo que se había pasado de «bocazas», pero siguió fuera del caso. El problema es que además de fanfarronear sobre su relación con el representante del Ministerio Público, dio a entender a sus compañeros del equipo legal que le sacaba información de la causa cuando aún estaba bajo secreto. «El Confidencial» publicó una batería de chats al respecto y Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación.

Calvente, mientras, está en guerra con Podemos y ha denunciado irregularidades que ya se investigan en un juzgado de la capital. Según dijo en una entrevista con ABC, en el partido «quieren gente que diga que sí aunque sea ilegal». «No puedes cuestionar nada: o aceptas o estás fuera».

¿Quién llevó la tarjeta a Interviú?

En un afán por esclarecer cada uno de los cabos sueltos, el juez acordó el 30 de julio requerir al Grupo Zeta la hoja de registro de entradas y salidas a la revista Interviú en las fechas en que recibieron un sobre anónimo que contenía la supuesta tarjeta del móvil de Dina Bousselham, para intentar aclarar quién la depositó. Es la misma que el presidente de Zeta, Antonio Asensio, entregaría a Pablo Iglesias en enero de 2016 y su contenido es el que hicieron llegar los jefes de la revista Alberto Pozas y Luis Rendueles al comisario Villarejo en un pendrive entendiendo que respondían a un requerimiento policial verbal. Los dos siguen imputados, sin que se haya resuelto aún su petición de sobreseimiento.

Fuente: ABC, Vozpopuli

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