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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pasará a la historia por haber acabado con una de las tradiciones más estables de la Guardia Civil, la que hace prevalecer el escalafón y la antigüedad de sus miembros en la estructura de mando sobre cualquier tipo de injerencia política. El titular de la cartera de la que depende la seguridad del país ha decidido pasar por encima de esa costumbre que hasta el momento habían respetado todos sus predecesores y nombrar a dedo a los máximos responsables operativos del instituto armado. En concreto, Marlaska ha designado al general de división Pablo Salas y al oficial del mismo rango Félix Blázquez como números uno y dos del cuerpo por debajo de la directora general, María Gámez, cuando éstos se encontraban en los puestos siete y nueve del escalafón, por debajo de nada menos que tres tenientes generales y otros tantos funcionarios de su mismo nivel pero con más antigüedad en el cargo.

El ministro, que tendrá que ascender a ambos elegidos a la categoría de teniente general para que tomen posesión de sus nuevas plazas, ha interferido de este modo por primera vez en la promoción natural de mandos dentro de la cúpula del instituto armado. Según explican desde el Ministerio del Interior, estos ascensos fuera del cauce habitual estaban ya programados y obedecen a un plan de remodelación de Marlaska que iba a ponerse en marcha en junio, cuando se jubilara el hasta ahora número uno operativo del cuerpo, Laurentino Ceña. Pero todo se precipitó, explican, tras la dimisión irrevocable el pasado martes de este último teniente general, que dejó el cargo en protesta por la destitución que dos días antes había sufrido un histórico de la Guardia Civil y referente para los miembros del cuerpo, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que estaba al cargo de la Comandancia de Madrid.

Marlaska cesó a este último a través de Gámez después de que el coronel se negara a proporcionar información sobre las diligencias judiciales que llevaban sus subordinados del departamento de Policía Judicial de la Comandancia, que por orden del Juzgado 51 de Madrid investigaban si el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, habían podido cometer prevaricación al no tener en cuenta las recomendaciones del Centro Europeo de Control de Enfermedades sobre el coronavirus y permitir algunas concentraciones masivas de personas a principios de marzo, como la manifestación del 8M, el encuentro masivo de afiliados de Vox o un partido de fútbol en el Wanda Metropolitano.

El cese de Pérez de los Cobos sentó muy mal en la cúpula del cuerpo, pues fue entendido como una injerencia política en un asunto judicial. Así lo leyó también la Asociación Profesional de la Magistratura o incluso la propia titular del Juzgado 51, Carmen Rodríguez-Medel, quien advirtió de que si se probaba que la destitución obedecía a criterior de intervención en asuntos de su competencia tomaría medidas. Al día siguiente al cese, la magistrada citó a declarar como imputado al delegado del Gobierno para el próximo 5 de junio, un claro movimiento de determinación para hacer avanzar la causa en ese contexto.

Tal revuelo creó en la corporación que el mismo director adjunto operativo, Laurentino Ceña, el hombre que había dado la cara por el Gobierno semanas atrás en las ruedas de prensa diarias posteriores a la mesa técnica de seguimiento de la crisis sanitaria, decidió hacer un gesto contundente con el fin de dejar claro su desacuerdo. Cuando apenas quedaba una semana para su jubilación -que tenía que haber cogido el pasado 23 de marzo, cuando cumplió 65 años, pero que alargó en sintonía con Marlaska para mantener una imagen de solidez durante la crisis sanitaria-, presentó su dimisión irrevocable. Su acción multiplicó los efectos que había ocasionado el cese de Pérez de los Cobos.

Agrupaciones de mandos de la corporación como la Unión de Oficiales o la Asociación Pro Guardia Civil, que aglutinan a la práctica totalidad de jefes del instituto armado, pusieron en relación ambos hechos y salieron en defensa del "honor" del coronel responsable de la Comandancia de Madrid y del director operativo dimitido. La bola fue haciéndose cada vez mayor y precipitó, según justificaron luego desde el Ministerio, esa decisión de remodelar la cúpula que Marlaska tenía en mente. El ministro optó entonces por intervenir en los nombramientos que de forma natural, por criterios internos, hasta el momento se habían decidido en el seno de la Guardia Civil.

Eligió a un general de división con el que había tenido trato durante su época como juez en la Audiencia Nacional, el responsable de los Servicios Antiterroristas del instituto armado, Pablo Salas, para sustituir a Ceña, a pesar de que éste ocupaba el número siete del escalafón y, por lo tanto, tenía a media docena de mandos por delante para ocupar la dirección adjunta operativa que había quedado vacante. La agitación se convirtió entonces en terremoto en los pasillos de la Dirección General de la Guardia Civil, pues sus miembros advertían con claridad que el 'privilegio' que había tenido tradicionalmente el cuerpo para elegir a su propia cúpula estaba pasando a mejor vida. La politización llegaba a la benemérita.

Las sospechas de estos altos mandos se confirmaron definitivamente al día siguiente, cuando el ministro decidió cesar al jefe del Mando de Operaciones, el general Fernando Santafé. Era el hombre que de forma natural, según los criterios de antigüedad y escalafón, tenía que haber sustituido al dimitido Ceña, pero que había sido dejado de lado después de que Marlaska señalara a Salas. Fuentes de la Guardia Civil explicaban a El Confidencial que Santafé estaba enfadado por haber sido relegado, pero que éste no dimitiría en ningún caso, que deberían cesarle. Y así ocurrió. El teniente general que ocupaba en número dos del escalafón y que no había podido ascender a número uno era destituido ayer, según argumentó de nuevo Interior, en el marco de esa reestructura de cargos que preveía acometer a partir de junio, cuando Marlaska había pactado que Ceña se jubilara, y que había tenido que precipitarse por la dimisión de este último.

De nuevo, otro general de división, esta vez el número nueve del escalafón, había sido el elegido para hacerse cargo del Mando de Operaciones que ocupaba Santafé. Félix Blázquez González, que ejercía como responsable de controlar la inmigración irregular en el Estrecho de Gibraltar, conocía a Gámez, que supuestamente es quien le había elegido para ocupar el cargo, según explicaron desde Interior. Otras fuentes de la Guardia Civil consultadas por El Confidencial apuntan a que Marlaska tanteó a otros altos cargos de la cúpula del instituto armado antes, pero que ninguno aceptó. Por segunda vez en apenas dos días, por lo tanto, un general de división asumía un puesto que históricamente había ostentado un teniente general, máxima categoría de la corporación.

La reestructuración provocará también, por lo tanto, que por primera vez dos generales de división se pongan por encima de dos tenientes generales, los responsables de los Mandos de Personal, Francisco Díaz Alcantud, y de Apoyo, Rafael Galán Toledo, que de momento siguen ocupando esos mismos cargos, pero que, según las fuentes consultados, también están molestos por tener a personal de inferior rango por encima. Salas y Blázquez, de hecho, aún tienen que ser ascendidos a teniente general antes de ocupar sus nuevas plazas, cosa que ocurrirá en los próximos días.

La manipulación de la Guardia Civil que no existió: un baile de filas con un bangladesí

La polémica del primer atestado de la investigación sobre la marcha del 8-M y otros 129 actos autorizados por la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid entre el 5 y 14 de marzo, en plena crisis del coronavirus, tiene una explicación. Se llama Mohammad Fazle Elahi y es el líder de una asociación de migrantes bangladesíes.

La Abogacía del Estado y otras voces han concluido, tras la lectura del informe policial, que los agentes han incurrido en errores de bulto y tergiversaciones groseras con el supuesto objetivo de reforzar la acusación contra el Gobierno en las diligencias que tiene abiertas el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. El mayor de los reproches es la supuesta manipulación de las declaraciones de un testigo, Antonio O'Connor, secretario general de CGT en Madrid, que solicitó permiso para manifestarse el 10 de marzo pero desconvocó la protesta el día 6.

El atestado recoge en su página 33 que la CGT suspendió su movilización por “problemas sanitarios”. “La manifestación prevista fue cancelada por el convocante, quien envió con fecha 6 de marzo de 2020 correo electrónico a la DG (Delegación del Gobierno) manifestando que, 'dada la situación y riesgos de contagios debido al coronavirus” y “la evolución del patógeno y los riesgos que comportaba la enfermedad”, el sindicato había decidido aplazar la concentración, según expone el informe policial.

Lo cierto es que, como se ha informado en las últimas horas, ese no fue el motivo por el que la CGT anuló su protesta. O'Connor dio otra razón cuando declaró como testigo ante la Guardia Civil. Y se puede comprobar que dio otra razón porque, en el polémico párrafo, los agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid anotaron el número del anexo (XXVII) que recoge el acta de la declaración que O'Connor prestó ante los investigadores.

El acta está en las diligencias

En esa acta de declaración, incorporada a estas mismas diligencias por la propia Guardia Civil, queda claro que el líder de la CGT suspendió el día 6 la protesta del día 10 por cuestiones de agenda, no por el coronavirus. “PREGUNTADO para que diga si la evolución del covid-19 en España tuvo algún tipo de incidencia en las motivaciones de la suspensión de la reunión prevista, MANIFIESTA que NO”. El dirigente sindical firmó su declaración y se quedó con una copia, igual que la otra veintena de testigos que han sido interrogados para tratar de avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

 

La presunta manipulación nunca ha existido. La propia Guardia Civil corrige su párrafo del folio 33 en el que se afirma que la CGT desconvocó su protesta por razones sanitarias con la diligencia de declaración de O'Connor, en el anexo XXVII, en la que se aclara que el motivo no fue la pandemia.

Hay un segundo elemento que desinfla las críticas en torno a ese pasaje del atestado. La Guardia Civil incluyó entre las páginas 45 y 50 del documento una tabla de elaboración propia que recoge todas las manifestaciones, protestas y actos que fueron “tomados en conocimiento por la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid” entre los días 5 y 14 de marzo, el periodo al que se ciñe por ahora la causa que instruye la jueza Carmen Rodríguez-Medel.

 

En la parte superior de la página 48, cuarta fila, celda 117, aparece la convocatoria de la CGT con número de referencia 1-345/2020 y el nombre de Antonio O'Connor. Los investigadores anotaron que, efectivamente, el sindicato canceló su acto el 6 de marzo y que el motivo no fue otro que un “cambio de fecha”. Ninguna mención al coronavirus. Es decir, que la Guardia Civil reflejó en su propio atestado, 15 páginas después del párrafo en el que se centran las acusaciones de manipulación, una segunda autocorrección. El error inicial queda subsanado por los investigadores en las hojas posteriores.

El baile de filas

¿Por qué los agentes atribuyeron entonces a O'Connor unas afirmaciones que, como ellos mismos dejan claro, este nunca efectuó? La explicación se encuentra en esa misma tabla, que además de formar parte del atestado fue usada por los investigadores para organizar sus pesquisas. En algún momento de la redacción del informe, los agentes se equivocaron de fila. Justo debajo de la convocatoria de la CGT, en la celda 118, con número de referencia 1-472/2020, figura el nombre de Mohammad Fazle Elahi, presidente de una plataforma que representa a los bangladesíes asentados en Madrid.

En los primeros días de marzo, Mohammad pidió autorización a la Delegación del Gobierno por el cauce reglamentario para manifestarse en la Puerta del Sol contra los ataques que se estaban produciendo en India contra los musulmanes. El organismo competente en orden público en la Comunidad de Madrid le dio permiso para concentrarse. Su protesta iba a tener lugar el 10 de marzo, como la de la CGT. Pero Mohammad la desconvocó el 6 de marzo, otra vez igual que la CGT. La única diferencia con el acto promovido por O'Connor y que explicaría la confusión de la página 33 es que el presidente de la asociación bangladesí decidió anularla por “motivos sanitarios”. Así consta en la tabla del atestado.

“La cancelamos por el coronavirus”, confirmó Mohammad este miércoles en conversación con El Confidencial. “Yo soy vecino y ciudadano, y tengo la responsabilidad de cuidar a mis vecinos y cuidar a mis conciudadanos. Esa semana vimos lo que estaba pasando en Torrejón de Ardoz con el coronavirus. Yo tengo un amigo que perdió esos días a un familiar aquí en España por coronavirus”, explica. “El 3 de marzo tuve una discusión con un amigo. Lo recuerdo. Él me dijo que el coronavirus no era grave, que 15.000 personas habían muerto por la gripe. Pero yo le dije que, perdón, el coronavirus era lo más peligroso. Semanas después, me pidió perdón por discutir”. Mohammad no es médico. Trabaja como auxiliar de información, pero tomó conciencia del peligro que suponía el covid-19 leyendo las noticias que llegaban de Asia, y optó por cancelar su protesta. Con todo, no culpa al Gobierno de la celebración del 8-M. Cree que "la culpa fue de China, que ocultó información".

Eso mismo fue lo que contó a la Guardia Civil cuando declaró como testigo el pasado 7 de mayo por la mañana. Su testimonio figura en otro anexo del mismo informe. “PREGUNTADO para que diga cuáles fueron los motivos por los que la reunión cuya celebración estaba prevista (comunicada a DG y autorizada por DG) para el día 10 de marzo de 2020, que finalmente no se celebró, MANIFIESTA que fue porque él mismo instó la suspensión, al observar que existían riesgos para la salud motivados por la crisis del covid-19 y que la asistencia al acto podría generar riesgos por contagios para los asistentes”, recogió el acta. También relató que el 6 de marzo envió un correo a la Delegación del Gobierno “informando de la cancelación de la concentración por el miedo al coronavirus”.

El correo que no envió O'Connor

El análisis de la manifestación del colectivo de migrantes aparece en el folio 34, a continuación del polémico párrafo sobre la protesta de la CGT, pero este último fue redactado utilizando por error datos de la convocatoria de Mohammad. De hecho, se le atribuye a Antonio O'Connor el envío del correo del 6 marzo que en realidad fue remitido por el líder social bangladesí.

Con todo, pese a la polémica, el peso de esta parte de la investigación es marginal. El atestado incorpora el caso de Mohammad como otro indicio de que, en la semana previa al 8-M, había suficiente información disponible sobre la gravedad del coronavirus como para que un ciudadano sin conocimientos de medicina ni epidemiología llegara a la conclusión de que no era la mejor idea concentrarse justo en esos momentos en la vía pública. La Delegación del Gobierno, por contra, no encontró motivos para prohibir la marcha del Día de la Mujer ni otras 129 movilizaciones que recorrieron esos días las calles de la capital.

Cuando era Marlaska el que insistía en que los guardias civiles no entregaran los informes a sus superiores

Hubo un tiempo en que era el hoy ministro del Interior el que se esmeraba en que los investigadores no tuvieran a sus superiores al tanto de lo que pasaba en los juzgados. Corría el año 2006, se acababa de producir un soplo a la banda terrorista ETA y la operación desbaratada era una del entonces juez de la Audiencia NacionalFernando Grande-Marlaska.

Los primeros folios de sumario del caso Faisán, el que investigó el chivatazo, recogen la orden del magistrado de que los policías nacionales y miembros de la Guardia Civil encargados de las pesquisas debían informarle a él "directamente" y "abstenerse" de tener a sus superiores al tanto de los avances. En el primer auto que consta en el sumario, Grande-Marlaska designa a esos investigadores, y añade: "A quienes se faculta para que informen directamente a este juzgado sobre los extremos y circunstancias en que se han producido los hechos en cuestión [...] debiendo abstenerse en todo caso, de informar a sus superiores".

La orden fue cursada tanto al comisario general de Información de la Policía Nacional como al coronel jefe del servicio de información de la Guardia Civil. Les subrayaba "enfáticamente" la "absoluta reserva" de la investigación. Con ello, y a la vista de que el soplo podía venir -así resultó- de las propias Fuerzas de Seguridad, Marlaska sólo reforzaba una obligación general de los agentes que actúan como Policía Judicial de mantener la reserva de lo que investigan bajo la batuta del juez.

El artículo 15 de la ley que regula la Policía Judicial establece que sus integrantes "deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan".

Está permitido trasladar información a los superiores pero siempre de forma limitada y "dentro" de esa unidad orgánica de Policía Judicial: "La obligación de reserva no impedirá, salvo prohibición expresa del Juez o Fiscal competentes, el intercambio interno de información dentro de la Unidad Orgánica para la mejor coordinación y eficacia de los servicios".

Eso supone que una petición del ministro o de su entorno de que se enviara copia del informe remitido a la juez sería saltarse esa ley, según fuentes jurídicas consultadas. Grande-Marlaska ha negado que reclamara al destituido como jefe de la Guardia Civil de Madrid Diego Pérez de los Cobos el informe remitido al juzgado 51 de Madrid, que investiga la actuación de las autoridades en los días previos al estado de alarma.

Una garantía más para los agentes que investigan a las órdenes de un magistrado es que "no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiere encomendado, hasta que finalice la misma o la fase procesal que la originó, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente". Es decir, que los encargados del informe sobre la incoherente actuación del Gobierno en vísperas del estado de alarma seguirán trabajando en el caso, guste o no a los responsables de Interior.

Iglesias acusa a Vox de querer un golpe de Estado y pero llama "demócratas" a los golpistas catalanes

Vox vuelve a levantarse, por segunda vez, de la comisión para los pactos de reconstrucción. Lo han hecho como señal de protesta después de que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, los hubiese acusado de querer un golpe de Estado. En un primer momento, mientras respondía Iglesias al diputado popular Mario Garcés, afirmó que a la formación liderada por Santiago Abascal "parece que les gustaría dar un golpe de Estado". Palabras por las que el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros pidió la palabra en señal de propuesta, reclamando el amparo del presidente de la Mesa, Patxi López. Este último, matizó que solo había utilizado el verbo parecer y que no los había acusado directamente de golpistas, aunque dio a Iglesias la oportunidad para corregir o retirar la expresión.

El vicepresidente, en cambio, prefirió precisar: "Yo creo que les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven". Ante estas nuevas acusaciones, Espinosa de los Monteros se levantó de su asiento y abandonó la sala reprochando que "esto no lo voy a tolerar", ya cuando la intervención estaba a punto de concluir, mientras Iglesias apuntillaba: "Cierre la puerta al salir". En la misma comparecencia, el líder de Unidas Podemos se ha referido al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, como "unos demócratas que deberían formar parte del debate político" sobre Cataluña. Asimismo, se ha mostrado dispuesto a dialogar con el expresidente catalán Carles Puigdemont, porque es el líder de una formación "a la que votan muchos españoles".

La intervención de Iglesias se había centrado en desarrollar los planes de su departamento para la reconstrucción, basados en la máxima de afrontar la crisis económica con políticas fiscales expansivas. Para ello ha puesto especial énfasis en el aumento de la inversión en sanidad o dependencia, pero también en el refuerzo de la industria, y en una política fiscal más redistributiva y progresiva. Concretamente, respecto a la reforma fiscal, se ha mostrado partidario de incrementar la presión fiscal en más de siete puntos. Sin reforma fiscal, asume Iglesias, no habrá reconstrucción.

Durante los últimos días, Iglesias ya abonó en la prensa extranjera la teoría golpista para tumbar al Gobierno, abundando en la idea de la desestabilización promovida por la ultraderecha y el rechazo de ciertos sectores a aceptar que los morados se sienten en el Consejo de Ministros. Lo hace en dos entrevistas en prensa extranjera, concedidas al semanario portugués 'Expresso' y al diario italiano 'La Stampa'. La primera de ellas se publicó el pasado sábado, y en ella el líder de Podemos reflexionaba, a propósito de una pregunta sobre el desgaste político debido a la crisis sanitaria y el creciente descontento agitado desde la oposición, que "somos conscientes de los ataques de una ultraderecha política y mediática dispuesta a romper los consensos y asumir formas de golpismo".

En la entrevista con 'La Stampa' publicada este mismo martes, insistía en que "hay sectores que tienen urticaria al vernos sentados en el Consejo de Ministros. Pero la democracia no vale solo cuando ganan ellos". Y remataba su respuesta tirando de sarcasmo: "Y para la urticaria, bueno, ahí está la pomada".

Este lunes, se sumaba a dichos argumentos en un contexto de judicialización el secretario primero de la Mesa del Congreso por Unidas Podemos, Gerardo Pisarrello. En declaraciones a los medios antes de entrar a la reunión semanal del órgano rector, se refería a una "operación obscena de persecución contra un Gobierno democráticamente elegido". Una operación que atribuía a la derecha, al estar utilizando "su brazo judicial y policial" para atacar al Ejecutivo de coalición.

En rueda de prensa tras la celebración de la Junta de Portavoces, Pablo Echenique cargaba también contra lo que consideraba "sectores que no les gusta el resultado de la democracia e intentan utilizar la Justicia para deshacer lo que hizo la ciudadanía en las urnas", aunque vaticinando su fracaso porque "confío en la independencia judicial, que es moderna y democrática". "Hay fuerzas en este país", continuaba su relato, que estarían intentando utilizar vías que comparó con Brasil o Bolivia, en referencia, aunque sin mencionarlo, al derrocamiento de los presidentes Lula y Evo Morales. Con todo, añadió que "creo que no va a pasar de un intento". Batallas judiciales y polarización en tiempos de pospandemia, que suman una potencial crisis política a las crisis sanitaria, social y económica.

Fuente: El Confidencial, El Mundo

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