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El Gobierno tardó más de una semana en pedirle respiradores a la única empresa que los fabrica en España, a pesar de que el mercado internacional llevaba días colapsado y los importadores habían advertido de que las comunidades autónomas no lograban conseguir unidades. Los primeros 100 respiradores encargados por Moncloa no fueron entregados al Ministerio de Sanidad hasta este viernes, tres semanas después de la declaración del estado de alarma y ya con 10.935 fallecidos por Covid-19 en toda España, según las estadísticas oficiales.

Pedro Sánchez apadrinó la entrega visitando este viernes la planta del fabricanteHersill, una pyme de Móstoles con apenas 60 empleados que se dedica desde los años 70 a la producción de material sanitario. A petición del Ejecutivo, la compañía firmó un acuerdo con una industria de material de Defensa, la también española Escribano Mechanical & Engineering, para producir a gran escala uno de sus respiradores portátiles, el Vitae 40, de fácil uso. En total, ambas han anunciado que pretenden producir para Sanidad hasta 5.000 unidades de ese modelo en unas ocho semanas.

Puede que lleguen tarde. Los expertos y el Ministerio coinciden en que la peor parte de esta primera ola de coronavirus ya ha pasado. Los ingresos hospitalarios están descendiendo, así como el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos, donde se utiliza fundamentalmente la ventilación mecánica para insuflar oxígeno en los pulmones más castigados por el SARS-Cov-2. Los respiradores de Hersill y Escribano habrían sido más útiles durante las últimas tres semanas de marzo, cuando colapsaron las UCI de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña y parte de los contagiados no pudieron ser asistidos con ventiladores por la escasez de aparatos.

Moncloa perdió días que podrían haber dibujado otro escenario. Según fuentes conocedoras de la operación, el Gobierno no llamó a Hersill y Escribano para pedirles que fabricaran todos los respiradores que pudieran hasta el día 18 de marzo, cuatro jornadas después de la declaración del estado de alarma y nueve días después de que la epidemia se descontrolara (9 de marzo) y la Comunidad de Madrid decidiera cerrar los colegios. En aquella semana ya se sabía que en torno a un 20% de los infectados con síntomas podía requerir soporte ventilatorio y las comunidades autónomas se lanzaron a tratar de conseguir dispositivos. Como publicó este diario, los importadores alertaron de que el 'stock' se estaba agotando y era imposible satisfacer tanta demanda.

La tardanza provocó que, al menos hasta el 18 de marzo, con 598 muertes acumuladas, el único fabricante de ventiladores en España ralentizara incluso su actividad. Los responsables de Hersill declararon a Vozpópuli días antes que una parte de su plantilla estaba teletrabajando por la nueva situación sanitaria. En ese momento, Italia ya había enviado militares a una fábrica de respiradores de Bolonia para aumentar sus recursos humanos y tratar de llevar al máximo su capacidad de producción.

Las mismas fuentes precisan que la alianza entre Hersill y Escribano no se formalizó hasta el sábado 21 de marzo, una semana después del estado de alarma y en plena curva ascendente de contagiados. Para entonces, las estadísticas del Ministerio de Sanidad reflejaban 1.326 muertes por coronavirus. Pero las dos empresas aún necesitaron más días para incrementar su capacidad de producción. El propio Sánchez reconoció este sábado, durante su declaración en Moncloa para anunciar la prórroga de la situación de alarma, que Hersill no consiguió fabricar entre 90 y 120 aparatos al día hasta este pasado lunes.

Compras a China

El Ministerio de Sanidad solo necesitó unos días para interiorizar que había dado la orden de producción en España demasiado tarde. El 25 de marzo, Salvador Illa compareció tras el Consejo de Ministros para anunciar que el Gobierno había aprobado la compra de material sanitario a China por importe de 432 millones de euros. Parte de los fondos servirían para comprar cuanto antes 950 respiradores. En paralelo, las comunidades autónomas han tratado de conseguir dispositivos en el exterior por su cuenta. Este viernes, Turquía vetó la exportación de ventiladores producidos por empresas de ese país que habían sido adquiridos por los gobiernos de Castilla-La Mancha y Navarra. El Ministerio de Asuntos Exteriores dio los respiradores por perdidos en un primer momento pero el Ejecutivo de Erdogan terminó levantando la prohibición horas después.

El Ministerio de Sanidad, que ha rechazado en los últimos días decenas de proyectos de construcción de respiradores caseros por no estar debidamente homologados, ha rechazado dar su versión a este diario sobre los motivos por los que tardó tantos días en encargar respiradores al único productor nacional autorizado. Tampoco ha querido confirmar la fecha en la que se puso en contacto con Hersill y Escribano. "Siento decir que no podemos ofrecer esa información", ha contestado un portavoz.

Dentistas, enfermeros, farmacéuticos, médicos y veterinarios cargan contra Sanidad por actuar con una «temeridad inaceptable»

Ante el nuevo protocolo de actuación frente al coronavirus aprobado el 31 de marzo por el Ministerio de Sanidad, los Consejos Generales de Dentistas, Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios, ante la pandemia del Covid-19, instituciones que engloban a más de 700.000 profesionales sanitarios en España, han enviado un comunicado conjunto expresando «su absoluto rechazo respecto de las medidas y recomendaciones contenidas en este documento».

Algunas de estas nuevas pautas presentadas ayer 3 de abril, por el Ministerio de Sanidad «suponen un riesgo elevado contra la seguridad de los profesionales y de sus pacientes. Algunas de estas medidas y recomendaciones, lejos de contener la epidemia y preservar la salud pública, representan un riesgo evidente para sanitarios y pacientes», insisten.

Los colegios señalan en la misiva que les parece especialmente alarmante el punto B. 2 que hace referencia a la incorporación al puesto de trabajo de los profesionales sanitarios transcurridos 7 días desde el inicio de los síntomas y en ausencia de fiebre cuando no se realiza prueba diagnóstica.

«Tampoco incluye la Guía la situación de muchos profesionales asistenciales que no se encuentran en el ámbito hospitalario y que se encuentran en diferentes centros y establecimientos sanitarios, de adscripción pública y privada».

El comunicado prosigue señalando que bajo ningún caso se puede aceptar «que ningún profesional sanitario sin hacerse el test y con pruebas confirmadas de negatividad se incorporen a sus puestos de trabajo, ya que supone un riesgo elevado para la población, pacientes atendidos, compañeros de trabajo e incluso su propia salud».

Dicha pauta de actuación introducida por el Ministerio de Sanidad viene a evidenciar dos realidades:

1. La ausencia de test suficientes para poder afrontar con garantías la pandemia de coronavirus y su expansión.

2. La falta de planificación necesaria en recursos humanos para poder cubrir las contingencias que genera la alta infestación en personal sanitario sin políticas de reingresos tras periodo de curación clínica de garantías.

«Somos el país con mayor número de profesionales contagiados del mundo. La solución de reincorporar a toda prisa a los profesionales sanitarios infectados o con sospechas de estarlo, supone una temeridad inaceptable que puede provocar un aumento mayor aún de la expansión del virus entre los profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos. Las experiencias en países que han conseguido un mayor control de contagios demuestran que es fundamental hacer el test a los profesionales sanitarios de forma masiva con intención de conocer, con total certeza y evidencia científica quién debe incorporarse con garantías al puesto de trabajo tras haber padecido la infección», continúa el comunicado.

«Hemos denunciado, de forma reiterada, no solo la falta de test de diagnóstico, sino también de los equipos de protección necesarios, así como los riesgos a los que se estaba sometiendo a los profesionales sanitarios al tener que afrontar la atención de primera línea sin los equipos de protección adecuados. Esta medida, que hoy denunciamos, no solo traspasa los limites científicos, sino los deontológicos de nuestras organizaciones y sin duda los jurídicos al poner en riesgos no solo al profesional sino a los ciudadanos a los que atiende. Necesitamos medidas eficaces, efectivas y eficientes para poder vencer a la pandemia del COVID-19, necesitamos una dirección firme y confiable. Por eso hemos demandado con insistencia que las autoridades sanitarias cuenten con el compromiso y la colaboración de las profesiones que representamos. Juntos lograremos los objetivos. Ni un día más con un profesional sanitario infectado o en riesgo de contagio por no tener medios de protección».

Illa no acudió a la cumbre que la OMS organizó en febrero en Ginebra para hacer frente al coronavirus

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no estuvo presente en la cumbre que la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró durante la segunda semana del mes de febrero para abordar la adopción de medidas para hacer frente al coronavirus a nivel mundial. A ella acudieron 400 autoridades y expertos de todo el mundo.

Dicha reunión se celebró en Ginebra los pasados días 11 y 12 de febrero. A ella fueron convocados «los ministros de Sanidad del mundo». En el foro se plantearon las reacciones gubernamentales en materia de salud con el Covid-19 y en el desarrollo de vacunas, tratamientos y diagnósticos.

 

Convocatoria de la OMS a los «ministros de Salud» al Foro del coronavirus.

Durante esos dos días el foro del coronavirus debatió diferentes áreas de investigación, como la identificación del origen del virus o el intercambio de muestras biológicas y de datos sobre secuencias genéticas. De la reunión salió un programa mundial de investigación sobre el Covid-19 en el que se establecieron prioridades y marcos de orientación para guiar a los países afectados. El coronavirus fue calificado como «una amenaza muy grave para todo el mundo» cuya «vacuna se tardará 18 meses en desarrollar».

«Comprender la enfermedad, sus reservorios, su transmisión y gravedad clínica y, seguidamente, desarrollar medidas eficaces para combatirla es fundamental para controlar el brote, reducir el número de muertes y reducir al mínimo las repercusiones económicas», dijo Soumya Swaminathan, directora científica de la OMS.

Este foro, que contó con la ausencia de Salvador Illa, reunió a científicos destacados, organismos de Salud Pública y entidades de financiación que intervienen en investigaciones en relación con el Covid-19. Fue organizado conjuntamente con la Iniciativa de Colaboración Mundial para la Preparación ante Enfermedades Infecciosas. Fue durante estos dos días cuando se decidió llamar Covid-19 al coronavirus y se le bautizó como «un enemigo común que no conoce fronteras».

Los marinos de los dos buques-hospital españoles: «¿A qué espera Sánchez para desplegarnos?»

El Gobierno tiene a sus órdenes dos buques-hospital civiles, adscritos al Ministerio de Trabajo, con quirófanos, camas de UCI y capacidad para desplegarse en plena crisis sanitaria del coronavirus en cualquier punto de la costa española. Sin embargo, no han recibido orden alguna, a pesar de que hay UCIs saturadas en algunos puntos de la costa española, como en Cataluña. «¿A qué espera el presidente?», se preguntan sus tripulaciones.

El «Esperanza del Mar» y el «Juan de la Cosa» son dos grandes buques de asistencia sanitaria operados por el Instituto Social de la Marina. Dos ‘hospitales flotantes’ cuya misión habitual es la de prestar apoyo médico a las flotas españolas que faenan muy lejos de la costa. En caso de emergencia, se desplazan a la zona y prestan servicio a los tripulantes de las embarcaciones de pabellón nacional con todo el equipamiento sanitario que llevan a bordo: quirófano, laboratorio, sala de Cuidados Intensivos, sala de curas, sala de exploraciones radiográficas…

Su papel ante esta crisis sanitaria del coronavirus podría ser crucial a la hora de ayudar a descongestionar los sistemas sanitarios de algunas poblaciones costeras especialmente afectadas por la pandemia. Sin embargo, como ha sabido OKDIARIO, sus tripulaciones no han recibido orden alguna del Gobierno para movilizarse. Se han olvidado, dicen, de su existencia. Y ese hecho les tiene especialmente indignados estos días. «Seguimos en puerto sin saber qué haremos este mes», explican.

«Es una vergüenza»

El ‘Esperanza del Mar’ permanece estos días amarrado en la Ría de Vigo, tal y como ha comprobado OKDIARIO. Lleva semanas allí para someterse a unas tareas de mantenimiento previstas desde hace meses, pero no urgentes ni inaplazables. Entre su tripulación, que cuenta las horas de su confinamiento a bordo, se encuentran dos médicos, un enfermero y un celador. Cuenta con casi 50 camas para enfermos (y un camarote especial para casos de ébola) completamente vacías. Un hecho que ya comienza a indignar a los vecinos de pueblos de la Ría, que no cuentan con hospital en sus municipios y casi pueden divisar, en la otra orilla, uno ‘flotante’.

Mientras, el ‘Juan de la Cosa’, un buque ‘gemelo’ construido sobre el mismo plano, sí se encuentra estos días en navegación como muestran los registros marítimos. Lo hace por la costa del País Vasco y Cantabria «a distancia de cobertura telefónica». Es decir, muy cerca del litoral, donde apenas es necesario: cualquier embarcación que tenga una urgencia médica llegaría antes a puerto que lo que tardaría el ‘Juan de la Cosa’ en llegar hasta él. «En este momento de nuestra historia, esto es un desastre y una vergüenza», advierten indignadas fuentes de la tripulación de uno de estos buques.

«Es cierto que no tienen la capacidad de los mega barcos hospitales americanos», aseguran en referencia al ‘Mercy‘ que Estados Unidos ha desplegado en el puerto de Nueva York. «Pero no dejan de ser dos UCIs flotantes con dos respiradores cada uno, su dotación de camas, su quirófano y sala de rayos, que puede ser diferencial para salvar un puñado de vidas. Que pueden ser nuestros abuelos mismos», recuerdan. La tripulación, «de modo unánime» dicen, desea recibir cuanto antes la orden que les active y les envíe a donde puedan cumplir su cometido: ayudar allí donde puedan echar una mano.

Los funerarios: "Estamos trabajando 16 horas al día y en la televisión nos insultan"

Me llamo Joaquín Blanco, tengo 50 años y hace 30 que trabajo en el sector funerario, los últimos 22 en la misma empresa, D&B Complutense, en Alcalá de Henares. Ayer, en el programa de Risto Mejide, en Telecinco, se insultó a todo mi sector. De nosotros se dijo que éramos unos sinvergüenzas, unos buitres o que subíamos los precios aprovechando la situación de crisis en la que vivimos. Me veo en la necesidad de contestar a Telecinco y a Mejide, para qué entiendan no solo cómo funciona el sector funerario, sino cómo estamos viviendo estos días, que les adelanto no están siendo fáciles.

El reportaje se sustenta en llamadas telefónicas que hace el programa a dos funerarias preguntando por las tarifas. Risto sabe bien lo que hace, y llama a Mémora en Barcelona que, efectivamente, es conocido por todo el sector que son unos sinvergüenzas. Esto no es una novedad, había salido ya en los medios de comunicación, no es un descubrimiento del programa. Además, que en este sector nos conocemos, y me consta de que el equipo de Mejide hizo bastantes más llamadas a otras funerarias que finalmente no salen en el reportaje. ¿Por qué? ¿Porque en la mayor parte de los casos te trataron con profesionalidad y eso no da audiencia? Vende más sacar el caso negativo y generar alarma en torno a un sector que se está dejando la piel y se la está jugando estos días para recoger a nuestros fallecidos. Lo que hace Risto Mejide es aprovechar a los muertos para conseguir espectadores.

También nos acusa Telecinco de cobrar 5.000 euros a las familias por enterrar a su fallecido. Esto puede ser así, o incluso más caro, depende. Hay cajas (ataúdes) desde 1.200 euros hasta más de 13.000. Si quieres, encuentras una funeraria que te cobre 20.000 euros, pero eso no significa que sean todas las del sector. En las funerarias hay una competencia atroz y los precios varían mucho entre cada una. Unas solo trabajan con cajas baratas y otras, como las del norte de Madrid, ni siquiera las incluyen en sus catálogos porque desmerecen. Otras tiran los precios y unas pocas, como la mía, solo hacemos grandes rebajas a familias sin recursos económicos. Si tú no tienes dinero para entrerrar a un familiar, yo lo hago por 1.800 euros.

Hay que tener en cuenta, y cualquiera que haya tenido un fallecimiento en la familia lo sabe, que no serán 1.800 euros de precio final, sino más de 4.000 euros. Esto es así porque el 70% de los gastos de una muerte son para el ayuntamiento. La mayor parte de las funerarias lo incorporamos en nuestra factura y se lo ingresamos al ayuntamiento después... por ayudar. Para que las familias no tengan que meterse en más papeleos de los necesarios en ese momento. Un fallecido implica 13 folios de expediente que rellenar. Ayer, seis personas de la funeraria y yo estuvimos haciendo papeleo hasta las 4:20 de la mañana. Pero este no es un servicio obigatorio, de modo que, si no se comprende, nos obligarán a hacer lo mímino, que es poner el ataúd y trasladar el cuerpo. Cobramos lo nuestro y, lo demás, que lo gestionen con el ayuntamiento.

En cualquier caso, por las tarifas de las funerarias no ha de preocuparse nadie: tenemos la obligación de publicarlas en los ayuntamientos de las ciudades en las que operamos. De ahí no se mueve nadie y, el que lo haga, es un sinvergüenza.

Cadáveres en camiones de congelados

Y motivos tenemos para subir precios: la mayoría de las funerarias han tenido que duplicar su plantilla en las últimas semanas. En los últimos días, en mi funeraria, hemos tenido que incorporar a 8 trabajadores. Tenemos 4 contagiados y ha habido que mandar a casa a otros tantos, porque tenían condiciones de riesgo como asma o problemas cardiovasculares. Todavía tenemos que darnos con un canto en los dientes, porque la funeraria que tenemos al lado, propiedad de Funespaña, ha tenido que cerrar porque estaban todos contagiados.

Esto es así porque hasta hace poco hemos trabajado completamente desprotegidos. En las funerarias siempre hay un retén de mascarillas, guantes y EPI, porque a veces hay fallecidos infecciosos. Pasa de cuando en cuando, pero pasa. Cuando se decretó el estado de alarma, se presentaron unas personas del ministerio de Sanidad y nos incautaron todo el material. No nos dejaron nada para hacer nuestro trabajo. Por fin, y a través de la Comunidad de Madrid, hace unos días logramos que nos desbloquearan lo mínimo para no caer todos infectados, porque este trabajo tiene que hacerlo alguien.

 

Cadáveres siendo transportados en cadáveres de congelados

La gente no puede hacerse a la idea de lo que estamos viendo y sufriendo los funerarios estos días. Hay tantos fallecimientos que se dejan cuerpos debajo de las camillas, en el suelo, en las morgues de los hospitales. Hay que apartar cadáveres para acceder a los del fondo. Y no están aislados: hace días que se acabaron los sacos estancos, los que utilizamos los funerarios para cubrir los cuerpos, y ahora se usan dos sudarios, uno por encima y otro debajo del cadáver. El descontrol es tal que hace unos minutos me ha llamado una enfermera del hospital para decirme que uno de los fallecidos ha empezado a sangrar por la cabeza y se ha hecho un charco en la morgue. No sabe qué hacer. Yo tampoco, esto nunca sucedía con las bolsas estanco.

Mi funeraria suele registrar entre 6 y 8 fallecidos a la semana; ayer retiramos 78 cadáveres del hospital Príncipe Felipe de Alcalá de Henares. En dos semanas, más de 400. Nos falta material y nos faltan horas del día para hacer frente a esta situación. Estamos trabajando 16 horas diarias. Hay conductores que se han pasado tres días sin dormir nada. Se están empleando camiones de congelados para trasladar ataúdes y se están usando las salas de tanatorio como frigoríficos gigantes. Los funerarios tenemos que tratar con las familias, que no comprenden por qué no pueden ver a su familiar, y pedirles perdón porque los cuerpos lleguen una media de dos horas tarde a sus velatorios. Esa es la situación con la que nos encontramos cada día.

A los funerarios nadie nos ayuda. Los hospitales solo quieren de nosotros que les liberemos de cadáveres la zona de velatorio y, para que no vean la que hay allí montada, mandan a los familiares a su casa sin bajar a la morgue, que es donde los funerarios nos ponemos en contacto con ellos. Perdemos mucho tiempo buscando a familiares y sus teléfonos en gruesas listas de fallecidos. Y algo parecido sucede con la UME (Unión Militar de Urgencias), que se activó la semana pasada por la acumulación de cuerpos, y se los lleva al Palacio de Justicia sin avisar a nadie.

Estamos desbordados y nadie se preocupa por echarnos una mano. Los funerarios somos los últimos del escalafón. Me encanta que se anime a los sanitarios, porque trabajo junto a ellos todos los días y se lo merecen todo, pero nosotros también nos la estamos jugando, quizá más que nadie, día tras día. Y no pido aplausos para nosotros, tan solo que no se nos dediquen este tipo de reportajes en televisión en un momento tan difícil. No se puede generalizar con todo el sector porque somos diferentes. Yo, Risto Mejide, que me criticas desde tu sillón, no te he cobrado nada de más en la vida, y nunca lo voy a hacer. Ahora, ¿podrías preguntarle a tus jefes, a Mediaset, por qué no me devuelven los 35 euros que les pago mensualmente por ver un deporte que no están emitiendo?

Batas que se rompen y mascarillas de papel contra el Covid: las enfermeras estallan

Las bolsas con el material de protección que reparten a las enfermeras del hospital Germans Trias i Pujol, en Badalona, no engañan a nadie. “Kit visitante” pone en el papel. Es el mismo kit que a uno le dan cuando entra como visitante en un recinto sanitario o en un laboratorio, una protección destinada a que el visitante no contamine el lugar, no a que se proteja de potenciales agentes infecciosos. Dentro de la bolsita, las enfermeras encuentran un gorro redondo de tela fina, una bata de plástico similar al de las bolsas de basura, dos cubrezapatos de polietileno y una mascarilla de papel.

El caso del Germans Trias i Pujol no es una excepción. Estas bolsitas de visitante que las enfermeras califican de “ridículas” son cada vez más frecuentes entre los equipos sanitarios de los hospitales españoles. Se trata de equipos de protección EPI-1, el nivel más bajo, tan sencillo que la normativa ni siquiera exige que estén homologados. El mismo fabricante puede autocertificar el producto sin someterse a examen de tipo CE, ya que son equipos destinados a riesgos menores que no generen un daño a la salud del usuario.

¿Dónde están los equipos de protección profesional que han de venir de China?, ¿ninguna empresa española puede fabricar equipos en condiciones?, se pregunta el personal sanitario, que continúa desbordado en la atención de pacientes infectados por Covid-19. Ha pasado casi un mes desde el estallido de la epidemia y el material de protección no termina de llegar nunca.

En las primeras semanas, los hospitales disponían al menos de suficientes equipos EPI-2 de protección media, con batas adecuadas y mascarillas FPP2 para evitar infecciones por vía respiratoria. Pero los EPI-2 se están acabando, se reponen a cuentagotas y no hay suficientes para todo el personal. El resultado: enfermeras y auxiliares de enfermería que pasan jornadas enteras cuidando a enfermos de coronavirus con una mascarilla de papel en la boca y unas batas que, como ocurre con cualquier bolsa de basura barata, se rasgan por las costuras al mínimo movimiento brusco.

En algunos hospitales madrileños "están sustituyendo los equipos de protección por batas quirúrgicas que los profesionales tienen que rescatar de las bolsas que suben de lavandería", según el sindicato. "Además de no servir para proteger a los profesionales, estas batas llegan en un estado prácticamente inservible para su uso".

“Cada vez estamos peor", denuncia María, enfermera del hospital 12 de Octubre de Madrid. "Preguntamos y ni siquiera nos quieren decir la verdad, que es que no hay equipos EPI-2. Nos dicen que no hacen falta, que con un EPI-1 estamos bien. Nos toman por tontos. Sabemos que nos estamos arriesgando mucho, sin un material adecuado nos estamos suicidando, no hace falta hacernos esto. No somos héroes ni queremos serlo, queremos trabajar en condiciones aunque sea en un trabajo muy duro. Estamos todos muy tocados anímicamente de ver morir a gente muy joven y también mayor por la que no podemos hacer nada, pero si encima estamos con el miedo de contagiarnos e infectar a nuestras familias… El nivel de tensión que tenemos es horrible, en los vestuarios nos ponemos todas a llorar, yo en casa no duermo, solo me dan ganas de llorar”.

A María le obligaron el viernes a hacer una elección macabra: dejar de atender a personas enfermas de coronavirus porque no había equipo de protección disponible al empezar su ronda, o volverse a poner el equipo que había usado en la primera ronda y llevarse puesto a casa un posible contagio. “Era la hora de la cena y no habían más EPIs. Así que cogí el que había usado a mediodía, que después de dos horas entrando en las habitaciones llevaba el virus pegado en la bata, en las gafas y en la mascarilla, y me lo tragué todo al volver a ponérmelo. ¿Cómo no voy a atender a mis 22 pacientes diarios? Los pobres no tienen la culpa, muchos están con fiebre, tienen el oxígeno a tope y aún así se ahogan, y yo entro con mi EPI contaminado a ayudarles aun sabiendo a lo que me expongo”, cuenta María entre suspiros.

Varios medios se plantan y dejan de preguntar en las ruedas de prensa con censura del Gobierno

Varios medios de comunicación han dicho este sábado 'basta' y han anunciado que no volverán a participar en las ruedas de prensa de del Gobierno mientras no se modifique el actual sistema de selección de preguntas, que impide a los periodistas preguntar directamente a los portavoces, pues todas las cuestiones deben pasar por el filtro del secretario de Estado de Comunicación, el muy cuestionado Miguel Ángel Oliver.

Vozpópuli ha sido uno de los primeros medios en tomar esta decisión, ante la "absoluta discrepancia con este método tan alejado de los usos y costumbres de una democracia avanzada".Lo ha hecho después de haber transmitido en privado y mediante artículos editoriales su discrepancia con la política de comunicación de Moncloa para con estas ruedas de prensa.

Además de este periódico, han secundado la iniciativa, por el momento, El Mundo, ABC, La Razón, Libertad Digital, esRadio y Okdiario.

En paralelo, medio millar de periodistas secundaron hace unos días un manifiesto, titulado La libertad de preguntar, en el que se denunciaban las limitaciones a las que se enfrentan estos días los profesionales de la información para realizar su legítima labor de control al Gobierno en la crisis más profunda que ha vivido España en varias décadas.

"La Secretaría de Estado de Comunicación ha organizado un sistema en el que todas las preguntas enviadas por los periodistas pasan necesariamente por el filtro del secretario de Estado, que es quien se está ocupando personalmente de formulárselas al presidente, a los ministros o a los técnicos. Es más, el propio secretario de Estado ha llegado a formular alguna pregunta al presidente del Gobierno, o incluso ha tratado de corregir públicamente a alguno de los técnicos", explicaba el texto, en el que se exigía al Gobierno una rectificación.

Tras conocer esta iniciativa, el Ejecutivo pidió a las asociaciones de la prensa que intermediaran en el asunto y, pocas horas después, la FAPE y la APM solicitaron que a Moncloa que estableciera un sistema de videoconferencia. Entre otras cosas, para que los periodistas tuvieran contacto directo con los portavoces gubernamentales y pudieran re-preguntar ante cualquiera de sus respuestas.

El desastre de Sánchez: China desvela que el 78% de los contagiados son asintomáticos pero España no les hace test

Un informe oficial del sistema sanitario chino ha desvelado la clave del desastre de la gestión de Pedro Sánchez en el coronavirus: el 78% de los casos de contagio son asintomáticos, según las investigaciones del país asiático. Y España ha prohibido hacer test de detección de la enfermedad a todos ellos, por lo que controlar el avance de los focos de contagio es imposible.

Se trata de los resultados del último estudio llevado a cabo por las autoridades chinas. Una investigación que revela que 130 de las 166 infecciones estudiadas, el 78%, han tenido una evolución plenamente asintomática.

Es decir, que si se mantiene el criterio de no realizar test más que a los casos sintomáticos agudos -como hace España-, es imposible hacer un seguimiento de los focos de contagio. Y, por consiguiente, es imposible aislar esos focos, básicamente, porque no se conocen y pueden estar dentro de las casas o entre los profesionales que siguen trabajando con movilidad por formar parte de los denominados servicios esenciales.

El estudio, de la Comisión Nacional de Salud de China, añade que los 36 pacientes restantes analizados que sí mostraron algún síntoma procedían del extranjero. Precisamente por ese estudio, las autoridades locales chinas están controlando de forma rigurosa la entrada de extranjeros al país para evitar la importación de focos de contagio.

Pedro Sánchez, por el contrario, desoyó la petición de inicial de la OMS de extender los test de forma generalizada. Y ahora vuelve a hacerlo.

La OMS determina los colectivos de «vigilancia» a los que se les debe hacer seguimiento e incluye entre ellos a todo «paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda y que haya estado en contacto con un caso Covid-19 confirmado o probable en los 14 días previos al inicio de los síntomas», tal y como recoge el documento de la organización fechado el pasado 20 de marzo.

El Ministerio de Sanidad, por el contrario, acaba de actualizar el 31 de marzo sus requisitos para realizar los tests y restringe claramente ese colectivo con respecto a lo pedido por la OMS. Según el Gobierno español, sólo se harán test a los que pertenezcan «a alguno de los siguientes grupos:
(a) personal sanitario y sociosanitario,
 (b) otros servicios esenciales».
 El resto de la población se queda fuera.

Nuestro problema inicial fue la falta de test masivos para aislar los focos de contagio. Lo fue por no dar importancia al coronavirus, tal y como alertaba la OMS. Y, ahora, volvemos a incumplir sus recomendaciones por la falta de material de diagnóstico y prevención.

Los datos de la OMS desenmascaran al Gobierno: faltan 100.000 contagiados en los cálculos de España

En España hay más contagiados por coronavirus de los que figuran en las estadísticas oficiales. Es un hecho cada vez más extendido entre los principales sectores relacionados con la crisis sanitaria del COVID-19. De hecho, la alta tasa de mortalidad que muestra España respecto a la media mundial de la Organización Mundial de la Salud (un 9,2% frente a un 5%) indica que en el balance oficial del Gobierno faltan contagiados. Al menos alrededor de unos 100.000.

No se realizan test porque hay escasez de estos. La prueba diagnóstica se le niega por sistema al personal sanitario incluso aunque muestre síntomas. Los ‘casos probables en seguimiento domiciliario’ quedan fuera de las estadísticas oficiales. Los condicionantes que establecen los protocolos de Sanidad dejan entrever que los casos reales de contagios por coronavirus son significativamente mayores de los que muestran las estadísticas oficiales.

Sin embargo, sí existe un indicador relativamente objetivo que permite vislumbrar el verdadero alcance de la pandemia en España: la tasa de letalidad, el número de personas que ha fallecido por el coronavirus del conjunto total de población contagiada. El índice nacional es del 9,2%. Es decir, que de cada 100 contagiados, han terminado falleciendo 9.

La cifra, señalan los expertos, no puede reflejar la realidad ya que es muy alta, según todos los estudios epidemiológicos realizados hasta hoy sobre la enfermedad. Esa tasa no es real y refleja que los contagios, a la fuerza, deben ser mucho mayores a los 117.000 declarados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que lleva recogiendo datos de contagios y fallecidos de forma independiente en todos los países del mundo, lleva contabilizados un total de 896.450 casos y 45.525 defunciones. Esa cifra permite conoce la tasa media de letalidad que la OMS calcula sobre la pandemia en números mundiales: un 5,0%. De cada 100 personas contagiadas, mueren 5.

Para que las cifras de contagios declarados en España y las de muertes certificadas encajasen en ese 5,0% de letalidad, a las estadísticas españolas habría que sumar por lo menos 100.000 casos más de infección. Añadiendo esa cifra, los 217.000 contagiados resultantes sí reflejarían la tasa media de letalidad que maneja la OMS a día de hoy.

Este indicador varía considerablemente según el país. Aquellos que han realizado muchos test mantienen la tasa en niveles bajos, como por ejemplo Corea del Sur (1,6%) o Estados Unidos (2%). Sin embargo, aquellos más afectados por la pandemia y que muestran una mayor saturación del sistema sanitario ofrecen cifras superiores a esa media OMS: Italia registra un 12%, Francia 7,1%, Reino Unido 8,5%, Irán 6,3%.

La tasa se triplica en España

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, este indicador ha ido creciendo en España hasta alcanzar el 9,2%. Hace tres semanas, el 14 de marzo, la tasa se situaba en el 3,0%. Se ha triplicado.

Sin embargo, también a la hora de calcular esa cifra existen dificultades. Sobre las estadísticas oficiales de fallecidos también planean dudas. Entre los profesionales de las funerarias (Aesprof), como desveló OKDIARIO,  se calcula que los muertos por la pandemia serían en realidad un 40% superiores a lo declarado.

Las voces de alarma se extienden cada vez más, como la del sacerdote de la ‘zona cero’ de Tomelloso, un pueblo de Ciudad Real azotado por la mortalidad del coronavirus. Mientras las cifras oficiales apuntan al centenar de muertos, los curas han oficiado ya cerca de 200 exequias fúnebres. Desde esta misma semana, el Gobierno ha dado orden de no registrar como fallecido por coronavirus a aquellos pacientes no diagnosticados por COVID-19 en vida.

Análisis: Test, fallecidos, parados... todo lo que esconden las cifras oficiales del coronavirus

Diego Molpeceres

La crisis del coronavirus está dejando un maraña de cifras incapaz de reflejar la realidad. Desde el número real de muertos a causa de la Covid-19, hasta el número de contagiados o la cantidad de pruebas realizadas para evaluar la propagación de un virus que se ha cobrado ya la vida en España de 11.744 personas, según los últimos datos oficiales.

El número de test que se realizan en España es una incógnita. Al margen de la polémica por la compra de dispositivos defectuosos a China, las entre 15.000 y 20.000 pruebas diarias que señala el Gobierno no se corresponden con el número de pacientes que se someten al análisis. Por lo general, la prueba se repite para confirmar el resultado en caso de positivo inicial. Además, una parte de los adquiridos no sirven en personas que se encuentran en los primeros cinco días de contagio.

No en vano, la recogida de datos por parte de los epidemiólogos ahora mismo será clave a la hora de diseñar las futuras estrategias con la vista puesta en una vuelta a la normalidad que se vislumbra lenta y progresiva, según puso de manifiesto este sábado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Y es que el número de portadores de coronavirus es otra de los grandes datos que ha permanecido oculto desde el comienzo de la pandemia. Muchas personas permanecen asintomáticas, pero son potencialmente contagiosas.

Las UCI

Así que las cifras que diariamente ofrecen las autoridades se limitan a los casos registrados y comprobados de coronavirus, pero no a los existentes. Según el Ejecutivo, hasta el momento hay 124.736 casos acumulados y 34.219 han superado ya la enfermedad. Asimismo, habría 6.532 pacientes que han sidoatendidos en las Unidades de Cuidados Intensivos de los diferentes hospitales. Pero los datos que ofrece cada Comunidad se obtienen de una forma diferente. La mayoría remite a Sanidad el número acumulado de pacientes que han sido tratados en ellas desde el inicio de la pandemia, mientras otras (Madrid, Comunidad Valencia, Galicia y las dos Castillas) ofrecen el número de los que están ingresados en ese día concreto.

Fallecidos

El número de muertes tampoco ofrece ninguna seguridad. El presidente de la Asociación de Servicios Funerarios, Juan Antonio Alguacil, llamaba la atención sobre los datos ofrecidos por Sanidad respecto al número de fallecidos por coronavirus. Si España -según sus cálculos- tiene capacidad para absorber 1.700 decesos al día y las funerarias no dan abasto desde hace días, "los números tal vez no se corresponden con la realidad", advertía en Antena 3.

Cada país e incluso cada Comunidad Autónoma está realizando el recuento de una manera distinta, por lo que tampoco es posible establecer comparaciones. En Francia oAlemania no se estaba contando los muertos de las residencia de ancianos. Aquí, los fallecidos con coronavirus a los que no se había hecho previamente el test, no pasan a engrosar la lista de muertes. Además, el propio Ministerio estableció en un protocolo que no hay que realizar autopsia en casos positivos, y a los negativos sólo se les debe hacer "si se considera realmente necesaria y se puede garantizar que esta se realiza en un ambiente seguro".

El Instituto de Salud Carlos III reflejaba en un reciente informe cómo el número de muertes en España a nivel global se ha disparado un 34% en el mes de marzo respecto a la media histórica de los últimos once años por estas mismas fechas. Para ello usaba el denominado Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo). Como caso particular, la provincia de Soria tiene un porcentaje de decesos más dramático que el de Madrid. Si en marzo de 2019 hubo 83 fallecimientos y la media de la década ha sido de 90, el pasado mes registraron 270 según datos de las funerarias recogidos por Vozpópuli. Un aumento de 325%, no todos atribuibles al coronavirus.

Médicos

Las cifras del personal contratado a mayores para hacer frente al pico de contagios tampoco están claras. En principio, el Ejecutivo tenía una bolsa de 52.000 efectivos disponibles a la luz de las medidas decretadas por Sanidad para movilizar a residentes de último año o incluso profesionales jubilados. El sindicato de funcionarios CSIF denuncia que sólo se haya contratado a algo más de 7.000 y que no se haya compensado la baja de más de 12.000 trabajadores contagiados. Aunque en realidad esta cifra también está en el aire, pues no hay certezas de cuántos están de baja o cuantos han vuelto a su puesto.

Parados

El pasado jueves, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró a preguntas de los periodistas que los Servicios Públicos de Empleo habían reconocido ya 620.000 prestaciones a trabajadores incluidos en algún ERTE. Según sostuvo, la cifra responde al número de expedientes que han trasladado las comunidades autónomas. Pero se trata de un dato que no representa el volumen de trabajadores afectados por los ajustes temporales de plantilla. Los datos inicialmente difundidos por Trabajo a partir de los Servicios Públicos de Empleo los cuantificaban en 150.000 y la Seguridad Social elevaba la cifra por encima de los 250.000.

En realidad, durante el medio mes de confinamiento tras decretarse el estado de alarma y sin que se hubiese llegado a consumar el parón total de la economía, millón y medio de personas se han quedado sin empleo. Se han destruido casi 900.000 puestos de trabajo a través de despidos individuales, a los que hay que sumar los 620.000 de los ERTEs, que cobran el paro aunque estén dados de alta. Abril se avecina como un mes negro. Según el panel de analistas de Funcas, podrían destruirse entre 750.000 y 1,2 millones de trabajadores.

Fuentes: El Confidencial, OKDiario, Vozpopuli, El Diario.es

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