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CARACAS (Sputnik) — Amnistía Internacional en su último informe criminalizó a Venezuela porque ese organismo es financiado por Estados Unidos, que busca justificar una invasión, dijo a Sputnik la integrante de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) venezolana, María Alejandra Díaz.

"Su financiamiento es por parte del Gobierno de los Estados Unidos, que ya sabemos cuáles son sus intereses, que lo que quiere es criminalizar y justificar una invasión por sus supuestas violaciones de derechos humanos", dijo Díaz.

Amnistía declara en su sitio web que sus ingresos proceden de donaciones de personas y fundaciones en todo el mundo, y que no solicita ni acepta fondos de gobiernos ni partidos políticos para sus actividades de investigación de derechos humanos.

La organización sostuvo en su informe anual para la región, lanzado el 27 de febrero, que la represión en Venezuela fue severa en 2019 y que las fuerzas de seguridad del Gobierno de Nicolás Maduro cometieron crímenes y "graves" violaciones a los derechos humanos.

Díaz, presidenta de la comisión de derechos humanos de la ANC, señaló que Amnistía debería ocuparse de violaciones a los derechos humanos en otros países.

"Amnistía Internacional tendría que molestarse en revisar los 500 asesinados que aparecieron en una fosa común en Colombia en Valledupar [norte], o sea es una vergüenza que sigan señalando violaciones de derechos humanos en Venezuela cuando tienen a Chile con 455 personas que se quedaron ciegas producto de los ataques de la actuación de los cuerpos de seguridad", expuso.

De hecho, el informe de Amnistía contiene también denuncias sobre violaciones en Colombiaen Chileen casi todos los países de la región.

Pero la abogada constitucionalista acusó a la organización de ser "mercenario de los derechos humanos".

El informe señala además que en enero del año pasado, al menos 24 personas murieron en actos violentos relacionados con protestas; mientras otras 21 fallecieron a manos de agentes de las fuerzas de seguridad.

Sobre este punto, Díaz dijo que en Venezuela hay excesos, "pero que son judicializados y perseguidos".

Amnistía hizo notar en su informe que la imposición de sanciones de Estados Unidos a Venezuela creó obstáculos para acceder a productos esenciales y exacerbó la escasez existente.

El pasado 25 de febrero, el Gobierno venezolano denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas las afectaciones de esas medidas coercitivas de Estados Unidos, con pérdidas de alrededor de 120.000 millones de dólares.

Además, el Ejecutivo reiteró que desde 2014, EEUU ha adoptado más de 300 medidas unilaterales para afectar el "funcionamiento de la economía y menoscabar los derechos humanos del pueblo venezolano".

El pasado 13 de febrero, el Gobierno venezolano denunció ante la Corte Penal Internacional a Estados Unidos por las medidas coercitivas contra este país.