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(Ricardo Zedano) El contencioso que Ecuador tiene con la petrolera estadounidense Chevron, que data desde hace casi veinte años por haber contaminado esta la Amazonía ecuatoriana, amenaza con un resultado desfavorable para el país latinoamericano, si este permite que el pleito tenga continuación en EEUU.

Resulta que el 18 de octubre de 2012, en el marco de procedimientos legales paralelos relacionados con el caso, el juez estadounidense Lewis Kaplan fijó para el 15 de octubre de 2013 el inicio del juicio de Chevron Corp. contra el Gobierno ecuatoriano.

La petrolera estadounidense alude a un fraudulento litigio judicial en su contra orquestado por el Estado ecuatoriano; mientras que el Gobierno de la nación andina a un intento por parte de Chevron de eludir el pago de 19 000 millones de dólares por la contaminación citada inicialmente que la justicia ecuatoriana dictaminó en 2011.

En una entrevista la semana pasada con periodistas nacionales e internacionales, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, aseguró que Chevron puede hacer pedazos a la parte ecuatoriana en EEUU pues la petrolera tiene mucho poder económico e influencias en su país.

Valga como testimonio de ello la inversión de más de cuatrocientos millones de dólares y más de novecientos abogados al servicio de la compañía estadounidense para evitar el pago por daños ambientales. Además cuenta con más de treinta grupos de presión.

“Hay gente pagada que habla con los senadores para que (por ejemplo) nos quiten las preferencias arancelarias… Nos pueden hacer mucho daño en EEUU…”, dijo Correa tras mencionar una de las tantas formas en que la petrolera podría actuar en su contra para eludir sus responsabilidades.

El jefe de Estado ecuatoriano es consciente de que la actual coyuntura internacional está en función de los grandes capitales y que la defensa de sus intereses está por encima de la de los Estados. Esta es la razón por la que no cree que los centros de arbitraje en EEUU favorezcan a la parte ecuatoriana.

“Los centros de arbitraje son una farsa completa, donde los árbitros van y vuelven a las transnacionales, donde se disputan quienes tienen más clientes, porque los árbitros ganan por casos…”, denunció el presidente de la nación andina.

Añadió que para esos centros el no declararse competente significa perder doscientos mil, trescientos mil dólares en honorarios. Por eso “el mejor negocio es declararse competente para todos los casos, se gana más dinero”, dijo Correa.

Por ejemplo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) se declaró competente para analizar el caso Chevron en base al Tratado de Protección Recíproca de Inversiones. Sin embargo, este acuerdo supranacional entró en vigencia en 1997. Y Texaco, ahora Chevron, dejó de trabajar en 1992.

“Están aplicando retroactivamente el tratado, así el mayor incentivo para el (CIADI) es declararse competente para ganar más dinero”, dijo el mandatario ecuatoriano.

Por esa razón, continuó Correa, es necesario crear centros de arbitraje regionales para garantizar los derechos de los seres humanos, de los Estados, algo así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, en donde primero se tiene que agotar las instancias jurídicas del país respectivo, lo que no ocurre con los existentes centros de arbitraje.

Actualmente, mediante una página web especial denominada Juicio Crudo, Chevron arremete contra Ecuador desprestigiando su sistema judicial para desconocer el fallo en su contra, acusando al Gobierno del país suramericano de manipular tribunales.

“Estos señores fueron tan descarados que pusieron un juicio diciendo que tenían vídeos donde veían al secretario jurídico de la presidencia (Alexis Mera) con un juez, (pero) nunca lo presentaron, porque todo fue una mentira”, aseveró Correa.

El presidente ecuatoriano se refirió a la denuncia presentada el 2 de septiembre de 2009 por el abogado y representante de la petrolera, Thomas F. Cullen, quien sostuvo que tenía información relacionada sobre el juicio ambiental que colonos de la Amazonía ecuatoriana seguían contra Chevron en la Corte de la provincia de Sucumbíos.

“Acaba de ser desestimada esa denuncia, que es maliciosa y temeraria porque nunca presentaron las evidencias. El corrupto y corruptor ha sido Chevron y están comprando otros jueces: se los llevan con visa a Estados Unidos a vivir allá, para que declaren a favor de ellos, comprando conciencias. Los representantes de Chevron quisieron comprar al Gobierno, a la justicia, pero sin lograrlo”, dijo Rafael Correa.

Cabe recordar que el mencionado contencioso tuvo inicio el 3 de noviembre de 1993 en Nueva York tras la primera demanda presentada por indígenas de la Amazonía ecuatoriana contra la Texaco Petroleum Co., que pasó a propiedad de Chevron Corp. en 2001 al parecer para continuar operando en suelo ecuatoriano y evadir sus responsabilidades bajo el lema “borrón y cuenta nueva”. Pero el gobierno ecuatoriano no se comió el cuento.

Texaco es acusada de contaminar gravemente la Amazonía ecuatoriana en el periodo comprendido entre 1964 y 1990, con desechos de petróleo vertidos principalmente en perjuicio de las minas a cielo abierto, además de afectar suelos, riberas fluviales y la salud de los habitantes de la zona.

El 14 de febrero de 2011, el presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, juez Nicolás Zambrano, sentenció a Chevron a pagar 9500 millones de dólares para ser empleados en la reparación del daño ambiental, que incluye limpieza de los suelos, instalación de sistemas de agua e implementación de sistemas de salud para la zona.

Además el juez impuso una sanción punitiva que consistía en que Chevron pidiera disculpas públicas a los afectados, en un plazo de quince días posterior a la sentencia. En caso de no hacerlo la sanción se incrementaría al doble del monto señalado. Acatando esta disposición, ahora la petrolera debe a los afectados más de diecinueve mil millones de dólares.