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BUENOS AIRES (Sputnik) — La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) señaló que su procesamiento a raíz del Memorándum con Irán que impulsó durante su gestión para avanzar en la investigación del atentado a la institución judía AMIA en 1994, vulnera el Estado de derecho del país.

"Las medidas violan el estado de derecho y la democracia", señaló la exmandataria y actual senadora en una rueda de prensa desde el Congreso.

El Memorándum firmado en 2013 entre su Gobierno y el del entonces presidente iraní Mahmud Ahmadinejad fue una herramienta "de política exterior no judiciable" aprobado por el Congreso argentino que no entró en vigor.

"Es una causa inventada sobre hechos que no sucedieron", sentenció la exmandataria.

La senadora, que asumirá efectivamente su cargo el próximo lunes, recordó que la causa judicial que investiga el atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) se prolongó durante 23 años sin ningún detenido.

En ese sentido, el Memorándum con Irán, que no entró en vigor porque no fue ratificado por el Parlamento iraní y además luego fue declarado inconstitucional por la actual gestión, pretendía "favorecer que se pudiera tomar declaración indagatoria a los acusados en el marco del derecho internacional en la convención de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la de Viena en cuanto a tratados internacionales", sostuvo.

La ex jefa de Estado aseguró que su procesamiento, a 72 horas de asumir como senadora, es un intento de disciplinamiento para "bajarle el precio" y tenerla amenazada con un posible desafuero.

A continuación Fernández de Kirchner se preguntó por qué el juez Bonadío, que dictó la retirada de fueros parlamentarios y su posterior prisión preventiva no tomó estas medidas durante los dos años anteriores, cuando no tenía fueros parlamentarios ni ostentaba ningún cargo público.

El magistrado la acusó de encubrimiento y traición a la patria, y la Corte Suprema habilitó en agosto la investigación por estas acusaciones en virtud de la denuncia en su contra que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Al ser abogada de profesión, la senadora explicó que la figura de traición a la patria "sólo puede producirse si Argentina se encontrara en guerra".

De este modo, Bonadio "asimila dos atentados terroristas, el de la AMIA y el de la Embajada (de Israel de 1992) a atentados de guerra".

"Lo que está sucediendo es un despropósito, un verdadero exceso", afirmó.

Durante la conferencia de prensa, en la que aceptó un total de cuatro preguntas, la exmandataria reiteró que "no hay causa, Bonadío lo sabe, y el presidente lo sabe".

Fernández dijo que no descarta la posibilidad de recurrir a un tribunal internacional para denunciar su procesamiento.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, es el principal responsable de una organización política y judicial creada para perseguir a la oposición, dijo la exmandataria.

El presidente "es el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición", dijo Fernández durante una conferencia de prensa luego que se conociera su procesamiento a raíz del Memorándum con Irán que impulsó durante su gestión para avanzar en la investigación del atentado a la institución judía AMIA de 1994.

En ese dominio político y jurídico, Macri dirige la "orquestacion política", mientras que el juez que la procesó, Claudio Bonadío, "ejecuta la partitura judicial".

Con este avance judicial se pretende instaurar "una cortina de humo que pretende intimidar, asustar a la población, a la dirigencia política, social y sindical", manifestó Fernández de Kirchner.

"Quiero decirle al Gobierno que la campaña electoral terminó en octubre, aunque algunos no se hayan dado cuenta, y que Argentina necesita soluciones y respuestas a la angustia que tienen hoy millones de argentinos", alegó.

"La causa contra CFK es un disparate jurídico"

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) está procesada por traición a la Patria y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA. Sputnik contactó al abogado Eduardo Barcesat, defensor de Angelina Abbona, exprocuradora del Tesoro, quien también está imputada en la causa, para conocer los detalles del caso.

Según el juez Claudio Bonadio, Cristina Fernández impartió órdenes para dotar de impunidad a los terroristas que causaron 85 muertos y más de 150 heridos en el ataque a la Asociación Mutual Israelita  Argentina en julio de 1994.

El juez federal procesó a la expresidenta y detuvo a varios acusados porque entendió que habían puesto en marcha un pacto secreto con Irán para desvincular al país asiático del ataque, a cambio de restablecer relaciones comerciales.

"La causa es un disparate desde el punto de vista jurídico. Se trata de un delito inexistente. El acuerdo de entendimiento con Irán no se puso en práctica porque la República Islámica no lo ratificó a través del Congreso. Se trata de un acto inexistente y no puede haber encubrimiento de algo de esta naturaleza", dijo a Sputnik el letrado Eduardo Barcesat.

En 2013, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y con la aprobación del Congreso Nacional, Argentina firmó un Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán para permitir la declaración de los acusados en su propio país. Teherán no lo ratificó y el tratado nunca entró en vigor.

Para el abogado, se ha "inventado una causa ficcional" para poder perseguir a la expresidenta y sus funcionarios por una "vocación del actual Ejecutivo de Mauricio Macri". Más allá de la validez jurídica del caso, se espera que el Senado no apruebe el pedido de desafuero a la legisladora. Según Barcesat, si los senadores, muchos de los que votaron el acuerdo con Irán, lo vieran ahora como un acto ilícito, pasarían a ser "partícipes necesarios" del caso.

"Mientras tanto [la causa] sirve como pantalla frente a la opinión pública para desjerarquizar a la gestión anterior", opinó Barcesat, y agregó que cuando llegue al Tribunal de apelación el caso será anulado porque "este mismo juzgado ya había dispuesto que no ameritaba investigación".

La causa estuvo detenida durante dos años porque otro juez federal, Daniel Rafecas, no encontró evidencias de delito en la denuncia del anterior fiscal del caso, Alberto Nisman, quien apareció muerto en su casa el 18 de enero de 2015, horas antes de presentarse a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados donde iba a ser interrogado sobre los fundamentos de su denuncia. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara de Casación reactivó el caso.

"Esta Administración utiliza la causa para ocultar el descontento social creciente y la responsabilidad de este Gobierno en el estrago de la muerte de los 44 tripulantes del submarino San Juan", señaló Barcesat.

La senadora Kirchner denunció que se trata de una persecución política. El 7 de noviembre se realizó una movilización en Plaza de Mayo para protestar contra la decisión judicial. "Estamos atravesando un momento muy grave en Argentina, el actual Gobierno ha avasallado la división de poderes, porque necesita de jueces que los obedezcan a ellos y sus intereses", concluyó el abogado.

Análisis: Persecución y distracción en Argentina

Sebastián Tapia

El pedido de desafuero y prisión preventiva de la expresidenta Crisitina Fernández y de otros exfuncionarios kirchneristas busca desviar la atención de las crisis del ARA San Juan y las reformas laborales y provisionales.

El tema del día es el reconocimiento por parte de Donald Trump de Jerusalén como capital de Israel. Esta decisión destruye la ilusión de equilateralidad que Estados Unidos mantenía como mediador en el conflicto Árabe-Israelí. Pero es este mismo conflicto que hoy toca tangencialmente a la Argentina, y sirve como excusa para una persecución política a la oposición del Gobierno.

Durante la madrugada arrestaron en su domicilio a Carlos Zannini, exsecretario de Legal y Técnica del Gobierno kirchnerista. Más tarde a Luis D'elia, exdiputado nacional, y a Yusuf Jalil, referente de la comunidad iraní. Fernando Esteche, exlíder del movimiento Quebracho, se entregó por sus medios. Héctor Timmerman, excanciller, fue detenido en arresto domiciliario debido a su grave estado de salud y Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la nación, no fue detenida por contar con los fueros de su recién obtenida senaduría, pero el juez Bonadío pidió su desafuero.

El memorandum con Irán

Esta cacería se debe a una causa judicial que carece de delito, por lo que fue desestimada por el juez Rafecas en 2015. En la causa se acusa a los investigados de crear una organización para encubrir a los posibles culpables del atentado a la AMIA en 1994 a través de un memorandum con el Gobierno iraní. Debido a que los principales acusados del atentado residen en Irán, y este país no extradita a sus ciudadanos, el memorandum permitía al juez argentino viajar a Irán a tomar declaración a los acusados. El proceso sería verificado por una comisión mixta de juristas argentinos e iraníes, de manera consultiva.

El Congreso argentino ratificó el memorandum, pero nunca entró en vigencia dado que el Parlamento iraní no lo aprobó. Esto se debió a que en Argentina ya se había iniciado un proceso de inconstitucionalidad, por la presencia de esta comisión mixta en el memorandum. Rafecas es el mismo juez que desestimó una causa contra el actual presidente Macri por un memorandum con Catar, el cual no había pasado por el Congreso y refería a la utilización de fondos de la Seguridad Social para inversiones. El juez consideró que un entendimiento entre países es un acto de gobierno, y por lo tanto no judiciable. Sin embargo, el juez Bonadío, quien tomó la causa del memorandum con Irán tras su reapertura, considera que es un acto judiciable. Siempre y cuando sean imputados los miembros del poder ejecutivo del Gobierno kirchnerista, y no los legisladores que aprobaron el mismo documento.

Las causas AMIA

Tras el atentado a la sede de la AMIA en 1994, cuya explosión causó 85 muertos, la investigación del hecho fue desviada por una pista falsa. Esto originó la apertura de una segunda causa, por encubrimiento del atentado. Esta causa se encuentra actualmente en juicio, donde entre los imputados se encuentran Carlos Menem, ex Presidente de la Nación, Juan José Galeano, ex juez a cargo de la investigación del atentado a la AMIA, y Carlos Corach, ex ministro del Interior, entre otros.

​En 2000, el juez Bonadío recibe la causa del encubrimiento, pero 5 años despúes es apartado al ser imputado Carlos Corach. Es que el juez Bonadío había sido subsecretario de asuntos legales, el segundo al mando de Corach, por lo que cumplía el rol de juez y sospechoso al mismo tiempo.

La tercer causa es la del Memorandum con Irán, que se inicia con la acusación que realiza el fiscal Nisman, pocos días antes de ser encontrado muerto en su baño.

¿Por qué ahora?

Es interesante ver el tiempo en el que se pide la detención preventiva de todos estos imputados. A casi tres años de iniciarse la causa, ninguno dio motivos para sospechar de una posible fuga, ni utilizar sus medios para influenciar la causa. Si bien ninguno tiene ahora cargos en el ejecutivo nacional, el juez considera que tienen "contactos residuales" que podrían entorpecer la causa. Con este criterio ya han detenido preventivamente a Amado Boudou, exvicepresidente de la Nación, y a Julio De Vido, ex ministro de planificación federal y diputado nacional. En el caso de De Vido, incluso fue desaforado por la Cámara de Diputados sin tener sentencia, ni siquiera en primera instancia. Curiosamente, este criterio no se le aplica a las causas donde miembros actuales del poder ejecutivo nacional se encuentran implicados. Siendo que ellos tienen una posibilidad real de afectar el desempeño de las causas judiciales. Hoy mismo, el juez Rafecas tenía que declarar ante el Consejo de la Magistratura para defender su accionar en la desestimación de la causa del Memorandum con Irán. El juicio por encubrimiento del atentado sigue en pie, con Menem, Corach y Galeano como principales figuras. A esto se le suma una seguidilla de crisis del gobierno nacional.

El ARA San Juan sigue sin aparecer, y con el sus 44 tripulantes. Los familiares están indignados con el tratamiento recibido — y gran parte de la población también. La reforma laboral fue pospuesta por el Senado ciclo legislativo que viene, ya que no cuenta con el apoyo completo de la CGT. La reforma previsional es cada vez más impopular, dado que la actualización de las jubilaciones propuesta sería la mitad de la que se obtiene con la actual fórmula.En estos días comienza la cumbre de la OMC, por lo que se necesita aplacar la movilización popular. Incluso se prohibió la participación de ONGs que habían sido acreditadas por la OMC, y hasta hay una lista con la que se le niega el ingreso al país a algunos miembros de esas ONGs. Con los antecedentes de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en contextos de represión y este encarcelamiento de líderes de la oposición, se busca amedrentar al pueblo para que no salga a la calle. Sin embargo, ayer hoy y mañana habrá movilizaciones debido a las reformas que se quieren aprobar y la mala situación económica. Las detenciones de hoy son sólo un motivo más.

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