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La Generalitat ha invertido 13 millones de euros desde 2012, en Diplocat, la fundación destinada a captar aliados de la causa soberanista en el exterior. En sus últimas cuentas publicadas, reconoce pérdidas acumuladas de 5 millones. La Fiscalía sospecha que la adhesión al independentismo de Julian Assange o Yoko Ono no fue espontánea...

La Generalitat ha gastado varias decenas de millones de euros durante los últimos cinco años para demostrar a los gobiernos, a la prensa y a los activistas internacionales que el procés era, en realidad, un movimiento de liberación nacional. Dentro del entramado institucional que Artur Mas y los suyos crearon para cumplir con ese propósito, Diplocat ejercía como el lobby del independentismo. Este organismo contó con un presupuesto de 13 millones de euros entre 2012 y 2017; y registró unas pérdidas durante sus primeros años de actividad de casi 5 millones de euros.

La agenda diplomática de este grupo de presión abarcaba decenas de actividades destinadas a difundir el ideario independentista en otros países y a influir en sus gobiernos. Sus representantes realizaron presentaciones en parlamentos como el danés, el uruguayo, el paraguayo o el belga, según recoge la única memoria anual de cuentas que figura en su web, correspondiente al ejercicio 2015.

Diplocat contaba también con un Programa de Visitantes Internacionales (VPI) que estaba destinado a persuadir a “líderes de opinión y personalidades extranjeras” del mundo de “la política, la economía, la cultura y el periodismo”. En este sentido, cabe señalar que el Ministerio Fiscal sospecha que la adhesión de figuras como Julian Assange o Yoko Ono a la causa de la Generalitat no fue espontánea, sino que estuvo influida -de alguna forma- por los organismos de 'pseudodiplomacia' catalanes, según publicó 'El Mundo'.

Este lobby sufragó diferentes actividades con la prensa internacional con objeto de que se ofreciera una visión legítima del soberanismo catalán en estos medios de comunicación. Diplocat también firmó contratos con entidades como The Hague Centre for Strategic Studies, un centro de estudios neerlandés que envió a España a 14 observadores internacionales el pasado octubre. La misión estuvo organizada por el Gobierno autonómico.

La inmensa mayoría de su financiación procedía de los fondos públicos, sin embargo, también recibió donaciones de entidades como la Fundación Open Society Initiative for Europe, del magnate George Soros, que transfirió 27.000 dólares.

Múltiples visitas

Entre las visitas que organizó Diplocat se encuentran las del embajador de Eslovenia, de “un diputado del parlamento de Finlandia”, de asesores políticos suecos y de profesores y estudiantes de universidades de Francia, Estados Unidos, Alemania y Australia.

En su memoria de actividades de 2015, se especifica que este organismo gastó 1,6 millones de euros en la realización de reuniones, conferencias y cursos. A cargo de los Presupuestos de la Generalitat se efectuaron homenajes a nacionalistas históricos irlandeses como Charles Stewart Parnell, Terence MacSwiney y James Connolly; o un acto de recuerdo a Lluis Companys y a Walter Benjamin en la capital alemana. También se pusieron en marcha dos concursos de poesía y jornadas con periodistas de Europa y Estados Unidos en las que visitaron TV3 o se les invitó a participar en la fiesta de Sant Jordi.

Con motivo de este día festivo, Diplocat invirtió otra partida presupuestaria en enviar una rosa y un libro a diferentes líderes políticos internacionales. “En nombre del presidente de la Generalitat (entonces, Artur Mas), Diplocat enviará un libro y una rosa, acompañados de una carta firmada por el president, a los jefes de Estado o de Gobierno de los países de Europa donde la Generalitat está representada a través de alguna de sus delegaciones (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Austria, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo)”, precisa el documento.

El objetivo era crear una buena imagen internacional del proceso soberanista, de ahí que Diplocat gestionara la publicación de artículos enrotativos como Die Presse (Austria), The Scottish Independent (Escocia), Postimees (Estonia), The Irish Times (Irlanda), Frankfurter Allgemeine Zeitung (Alemania), Perfil (Argentina), La Diaria (Uruguay) o The Guardian(Reino Unido). En una buena parte de estos países, se organizaron jornadas con el objetivo de explicar a los ciudadanos que “el proceso iniciado en Cataluña está basado en la autodeterminación y el derecho a decidir”.

Los representantes de Diplocat participaron como observadores internacionales en dos procesos electorales celebrados en 2015. Por un lado, las elecciones presidenciales en Uruguay. Por otro, el referéndum constitucional de Armenia. La estrategia consistía en demostrar al exterior que los líderes del proceso soberanista estaban guiados por valores democráticos. Es decir, difundir su “visión sesgada” de la realidad catalana, según denuncia la Fiscalía.

Fuente: Vozpopuli

Las fundaciones de PDCat y ERC recibieron 730.000 € del Estado durante el 'procés'

Las subvenciones públicas al 'think tank' Catdem y el laboratorio Josep Irla fueron otorgadas por los ministerios de Cultura y Exteriores con cargo a los Presupuestos generales.

Las fundaciones de los partidos separatistas Partido Demócrata Europeo Catalán (PDCat) y Esquerra Republicana (ERC) han recibido 730.000 euros del Estado desde el año 2011. Estos laboratorios han tenido acceso a tales subvenciones públicas por estar "vinculados a partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales". En concreto, la Fundació Catalanista i Demòcrata (Catdem) estuvo ligada al PDCat, la antigua Convergència, y el instituto Josep Irla opera de la mano de ERC.

En los últimos cinco años, coincidiendo con el proceso secesionista en Cataluña, los think tanks de ambas fuerzas separatistas han obtenido ayudas estatales tanto del Ministerio de Educación, Cultura y Deportecomo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En el primero de los casos, estas subvenciones fueron otorgadas para "el fomento de actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural". En cuanto a las otras ayudas, tenían por objeto financiar "actividades de formación, consolidación y difusión del sistema democrático, y de todos sus componentes, preferentemente en los países identificados en el Plan Director de la Cooperación Española".

En el año 2011, días después de que el entonces presidente catalán, Artur Mas, aprovechara ya la Diada para impulsar el procés ("La transición nacional catalana se está haciendo. En las mentes de la gente de Catalunya cala un sentimiento de mayor soberanía y libertad", avisó), el Ministerio de Cultura que dirigía Ángeles González-Sinde concedió 119.423,71 euros a Catdem, la fundación de Convergència. Como concepto aparecía "Programa de actividad" para 2011.

En aquella resolución, el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero otorgó 59.558,15 al laboratorio Josep Irla para sufragar "actividades de formación de la ciudadanía en valores de democracia, libertad y municipalismo". Sin embargo, seis años después, ERC, partido vinculado a esta fundación, ha dado muestra de su concepción de la democracia al protagonizar, de la mano de PDCat y la CUP, un golpe de Estado en el Parlament vía declaración unilateral de independencia (DUI).

Desde 2011, las cuantías de las subvenciones recibidas por Catdem fueron disminuyendo. No ocurrió lo mismo con el think tank de Esquerra Republicana, que el año pasado, ya bajo gobierno de Mariano Rajoy (PP), obtuvo una asignación de 30.000 euros del departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo. Un importe superior al que consiguió el instituto Josep Irla del mismo ministerio en 2012 (26.084 euros).

"Islam y democracia"

En 2015, la ayuda de 28.620 euros que logró del Ministerio de Exteriores la fundación Catdem fue para costear un seminario titulado Islam y democracia: la construcción de un nuevo Mediterráneo. Con actividades de este tipo, los nacionalistas catalanes trataban de ganarse el favor de la comunidad musulmana en Cataluña, conduciéndola hacia la causa separatista.

De hecho, el partido de Artur Mas y Carles Pugidemont llegó a contar con una filial de la fundación Catdem, llamada Nous Catalans, para trabajar en la "integración de los inmigrantes llegados a Cataluña". Esa integración también fue ideológica. Tanto Catdem como Nous Catalans fueron investigadas por la Guardia Civil en el caso del 3%, ya que, según los investigadores, había empresas que conseguían una adjudicación de la Generalitat y luego retornaban un porcentaje de ese contrato a la antigua Convergéncia vía donaciones a estas fundaciones.

Fuente: Vozpopuli

La Generalitat negoció la compra del sistema de recuento de votos por dos millones de euros

La Generalitat estuvo dispuesta a pagar hasta dos millones de euros para obtener una plataforma propia de software que le permitiese gestionar sin necesidad de intermediarios ni proveedores las elecciones y consultas ciudadanas que convocase. Para ello uno de los responsables del Centre de Telecomunicacions del Govern (CTTI) se puso en contacto con una de las empresas de mayor especialización en el recuento de votos, que finalmente se negó a cerrar un acuerdo con el Gobierno catalán.

La empresa SCYTL (Secure Electronic Voting) sospechó que el equipo del ex presidente catalán Carles Puigdemont quería la tecnología para celebrar la consulta ilegal del 1-O y se negó a proporcionársela. Las pretensiones de la Generalitat y las conversaciones de sus responsables con los posibles clientes han podido ser acreditadas en las investigaciones realizadas por la Guardia Civil a petición del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, a las que ha tenido acceso EL MUNDO.

Los agentes buscaban pruebas sobre los pasos dados por la Generalitat para articular la convocatoria electoral y se encontraron con esa cifra de dos millones de euros como eventual presupuesto para pagar un sistema de recuento electoral. Según los datos que arrojan las pesquisas, SCYTL fue contactada el pasado mes de abril por el CTTI. Desde el Gobierno catalán se les requirió, a través de Josué Sallent, funcionario del referido departamento, para llevar a cabo "el posible desarrollo de un software de recuento de votos para su uso en elecciones al Parlamento de Cataluña y consultas ciudadanas".

Ambas partes celebraron varias reuniones y en ellas el representante del Gobierno catalán trasmitió que "la Generalitat deseaba adquirir una plataforma permanente propia, hecha a su medida, para poder gestionar ellos mismos, sin necesidad de ningún proveedor, las elecciones autonómicas y consultas ciudadanas que se realizaran". En otro de los encuentros el CTTI envió a una persona "de perfil más técnico con el fin de tratar las necesidades y capacidad para llevar a cabo la solicitud". Una de las exigencias de la Generalitat pasaba por que "el encargo del proyecto se finalizara antes de finales de agosto", es decir, un mes antes del referéndum ilegal. Por parte de la empresa se le respondió en un principio que "el plazo era ajustado" y que el precio rondaría los dos millones de euros. Pero no se desestimó la propuesta.

La empresa sin embargo estudió con detenimiento la oferta del Ejecutivo catalán y al comprobar que pretendía celebrar un inminente referéndum ilegal solicitó un informe jurídico al bufete Garrigues "para evitar problemas". Según ha declarado uno de los trabajadores de la empresa especializada en trabajos electorales a la Guardia Civil, "el informe indicaba que la realización del encargo no era ilegal". Sin embargo, precisó que la empresa proveedora "decidió no llevar a cabo el proyecto".

De manera paralela los investigadores también han descubierto la operativa para contratar varios dominios informáticos mediante el uso de testaferros con el fin de despistar el control del Estado. No en vano, la puesta en marcha de una campaña para la captación del voto de residentes en el extranjero, que es lo que se perseguía con los referidos dominios, podría constituir un delito de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos.

La Guardia Civil ha documentado en esta línea los métodos empleados por los responsables de la Generalitat para presionar a las empresas contratadas para adquirir estos servicios. Sobre todo con aquellas a las que se encomendó la entrega de trabajos dirigidos a poner las bases para la independencia de Cataluña y que se estaban retrasando en las entregas. «Estoy en la Conselleria de Exteriores y están cansados de vosotros porque no saben si vuestra empresa ayuda o boicotea. Os la estáis jugando», es el tono con el que un responsable del CTTI se dirigió, por ejemplo, a Rosa Rodríguez Curto, alto cargo de la empresa T- Systems Itc Iberia, S.A.

En el sumario también se demuestra que la Generalitat empleó varios subterfugios para ocultar su vínculo con dominios que eran de su propiedad y que el día de las votaciones fueron cerrados por los agentes. Es el caso de pactepelreferendum.cat, referendumcatalunya.cat y catalanreferendum.eu.

Según los correos y las declaraciones aportadas, un técnico particular, Ibon Ontarría, recibió el encargo de crear los citados dominios por parte de Roc Fernández Badiella, el responsable de contenidos digitales en la Presidencia de la Generalitat. Lo que le explicó Fernández fue que esos dominios estaban disponibles, que quería adquirirlos y que «si se encargaba de hacerlo la Generalitat el trámite era muy farragoso y durante ese tiempo podían perderlos». Según Ontarría, adquirió los dominios y los traspasó a la Generalitat a través de Eulalia Vilaseca, cuyo correo muestra su vínculo laboral con Hewlett- Packard. Acto seguido facturó el importe de su trabajo no a la Generalitat sino a una proveedora habitual del Gobierno catalán.

Con otro de los dominios cerrados por la Guardia Civil, garanties.cat, se detectó una operativa similar, con la diferencia de que el dominio no pasaba a ser de la Generalitat, sino del grupo parlamentario de Junts pel Sí. El dominio y el diseño de la página web fue encargada en junio de este año a una empresa por Aitor Sampere, miembro de Òmnium Cultural, según relatan los agentes. Cuando la empresa que recibió el encargo, llamada IndianWebs S.L. le pasó la factura, éste replicó que se la enviaran de nuevo a nombre de Junts pel Sí. Finalmente, el grupo político pagó la factura del diseño de la web, y cuando el juzgado número 13 de Barcelona preguntó al socio de Òmnium si él era el titular del dominio garanties.cat, éste contestó que no, que el dominio pertenecía a Junts pel Sí.

El Govern amañó hasta la adjudicación del Eurovegas catalán

Antonio Fernández

El Gobierno catalán maniobró bajo mano para conceder los permisos del Eurovegas de Tarragona. La operación estaba tan viciada que ya estaba decidido conceder el concurso a una empresa que todavía no se había constituido. Así se desprende de las conversaciones telefónicas ejecutadas con orden judicial al exsecretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, que fue detenido el pasado 20 de septiembre: dos semanas antes de celebrarse el concurso, ya estaba decidido quién se iba a llevar el gato al agua.

El 13 de julio, Salvadó llamaba por teléfono a Ernest Benach, expresidente del Parlament. El tema a tratar era la creación de un centro recreativo turístico en Vilaseca i Salou (Tarragona), es decir, el proyecto de Eurovegas, que sería adjudicado a la empresa Hard Rock Internacional. En la conversación, Salvadó afirma que ha podido quitarse de encima a las otras dos empresas que competían por el proyecto “ya que eran infumables desde nuestra perspectiva”.

De igual modo, admitía que Hard Rock era la empresa que querían y que están “intentando contactar” con ellos, pero que él, “como presidente de la mesa de adjudicación”, no lo puede hacer porque lo tiene prohibido, pero lo están llevando indirectamente. Esos contactos prohibidos, al parecer, se hacían a través de un gabinete de abogados de confianza.

En la conversación, Salvadó reconoce que el 28 de julio siguiente adjudicaría el proyecto a Hard Rock de manera provisional y el 8 de septiembre “será la adjudicación definitiva, ya que todavía tienen que construir [sic] la empresa”. Benach se puso a disposición de Salvadó para ser un interlocutor válido y el secretario de Hacienda le contestó que lo tendría en cuenta “para cuando Hard Rock ponga un interlocutor con el que puedan hablar de este proyecto”.

Los dos políticos hablaron también del referéndum del 1 de octubre y el expresidente del Parlament le preguntó directamente: “¿Habrá voto por correo?”. “Estoy en ello”, le contestó el interlocutor del Govern. El problema que tenía la Generalitat en ese momento era que hacerlo por Correos no era operativo y el otro proveedor homologado “ha fallado, pero se solucionará. Se enviará tarjeta censal a 5,5 millones de ciudadanos”.

Tensión en el Govern

Dos días antes, el 11 de julio, Salvadó (que también es secretario general adjunto de ERC) llamaba a una militante de su partido, María Jesús M. S., cargo de confianza en la Diputación de Tarragona, para comentarle que el presidente catalán, Carles Puigdemont, quería nombrar un consejero para el referéndum porque la segunda del Govern, la entonces consejera de Presidencia y portavoz, Neus Munté, “tira pelotas fuera”. Con este comentario, el dirigente republicano admitía una crisis encubierta dentro del propio Gobierno (que a la postre acabaría con la salida de varios consejeros, entre ellos la propia Munté).

Pero, además, Salvadó comentaba a su interlocutora que había hecho “un par de operaciones mediáticas, una filtración controlada y oficiosa sobre el Proyecto Gestoría”. Esas filtraciones, claro, a diarios netamente independentistas y financiados con dinero público. Poco más tarde, aparecía la noticia en esos medios de que la Hacienda catalana gestionaría el pago de impuestos al Estado a partir del mes de octubre. También aparecía el dato de que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) preveía gestionar el cobro de 4.500 millones de euros en impuestos. Para ello, contaba con que 180 empresas públicas, así como otras 30 empresas y organismos en los que participaba la Generalitat, además de ayuntamientos y universidades, pagarían todos sus impuestos a la “estructura de estado catalana”. Todo ello se hacía “sin negociar con la Hacienda española”.

Lo que el secretario de Hacienda le trasladaba a su amiga era que la ATC ya tendría capacidad para “asumir las competencias plenas en caso de conseguir la independencia tras el referéndum del 1 de octubre”.

El 21 de agosto, ambos vuelven a hablar y el político le asegura que el día 1 de octubre, “ese día, se acaba el recorrido autonómico y empieza otro para implementar todo lo que es la tramitación de impuestos, el plan de empresas públicas […] montar una unidad de inspección para fraude internacional y cerrar una serie de cosas”.

Especialmente reveladora es también una conversación con su compañero de gobierno, Pere Aragonès, secretario de Economía, el 24 de julio. Salvadó tiene que asistir a una entrevista en Catalunya Ràdio y está preocupado por un descuadre de 6.150 euros que el Ministerio de Hacienda descubrió en las cuentas de la Generalitat, que supuestamente se gastaron en la organización del referéndum. Aragonès le comentó que podía declarar que el referéndum será avalado por una ley aprobada por el Parlament, que apela a los principios y al derecho de autodeterminación. El secretario de Hacienda, no obstante, tenía claro que, si le preguntaban sobre el agujero detectado por el fisco español o por gastos relacionados con el referéndum, “tiraré balones fuera”.

Recelos hacia el PDeCAT

Hubo, sin embargo, otro episodio que revela las tensiones internas del Ejecutivo de Puigdemont. El 30 de agosto pasado, Salvadó habla con Raúl Murcia, asesor especial de la Generalitat para temas de difusión institucional. Murcia le comenta que esa tarde Salvadó recibirá la visita “de una tal Elsa, enviada por el ‘president’ Puigdemont”, para que le explicara cómo estaba la situación económica en vistas de poder “proclamar la independencia en octubre, tras la celebración del referéndum”.

En ese momento, Salvadó se encontraba en compañía del vicepresidente Oriol Junqueras y era del todo inviable porque carecían “de muchas cosas necesarias, control aduanero, banco propio, etcétera”. El temor de Salvadó era que si le decía la verdad a la enviada de Puigdemont, los del PDeCAT pudieran echar la culpa a Junqueras, “de que por su culpa no se había podido declarar la independencia”. Al final, llegan a la conclusión de que deben “torear” a la tal Elsa de la mejor forma posible. Y así parecieron hacerlo. Al día siguiente, en una breve conversación telefónica con la enviada la tarde anterior, Salvadó le insistía en que lo que hay que hacer es “dar confianza a la gente de cara al referéndum, no solo cambiar la bandera”.

Trias participó como beneficiario en un trust offshore del banco RBS Coutts en Suiza

El excalcalde de Barcelona (2011-2015) y actual portavoz del PDeCAT en ese ayuntamiento, Xavier Trias Vidal de Llobatera, figura como beneficiario de un vehículo 'offshore' que presuntamente ocultaba dinero en Suiza durante parte de su carrera política. Su nombre aparece junto al de sus padres y sus hermanos en The JTB Family Settlement, un fideicomiso o trust con el que la familia controló activos alojados en la sucursal helvética de RBS Coutts Trustees Ltd., la exclusiva filial de banca privada del Royal Bank of Scotland.

La estructura opaca se habría mantenido operativa al menos entre 1994 y 2008, un periodo en el que Trias fue consejero de Sanidad de la Generalitat (1988-1996), consejero de Presidencia (1996-2000), diputado en el Congreso (2000-2004) y concejal en Barcelona (desde 2003). Sin embargo, un correo electrónico interno y otros documentos han permitido permitido ahora conocer su existencia. Los documentos forman parte de Paradise Papers, una filtración conseguida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que publican El Confidencial y La Sexta en España y medios como The New York Times y The Guardian en todo el mundo.

De la información se desprende que los titulares de The JTB Family Settlement eran los padres del dirigente del PDeCAT, Juan Trías Bertran y María Vidal de Llobatera Bassols. De hecho, el nombre del trust utiliza las iniciales de su progenitor. Pero, junto a ellos, también aparecen como beneficiarios el propio Trías, sus 11 hermanos (Juan María, María Eulalia, Jorge, Isabel, María Gloria, Alberto, Carlos, Anna María, Luis Ignacio, Enrique y María Nuria) y un sobrino (Javier Cabré Trias).

Tras la muerte del padre el 25 de noviembre de 1994, la madre quedó como única titular con vida del trust, un mecanismo empleado en los paraísos fiscales para esconder la vinculación de una o varias personas con inmuebles, acciones, depósitos bancarios, un avión o cualquier otro tipo de activo. La identidad de los propietarios queda protegida mediante una triangulación: sus nombres sólo aparecen en un acuerdo privado (trust) -custodiado generalmente por bufetes expertos- que camufla el control de una sociedad pantalla administrada por testaferros de la que, en última instancia, dependen los bienes que se quieren ocultar. Es imposible saber quién está detrás de la sociedad pero, incluso si alguien lo consiguiera, únicamente encontraría el nombre de un despacho de abogados.

En el caso del clan Trias, el fideicomiso presuntamente les habría servido para controlar fondos depositados en la oficina de RBS Coutts en Ginebra a través de una sociedad instrumental con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas, un archipiélago del Caribe conocido por ser uno de los mayores agujeros fiscales del mundo. En concreto, el fideicomiso familiar es del tipo "fully discretionary" (completamente discrecional), una modalidad que concede a la persona que aporta los activos la máxima autonomía para decidir quiénes son los beneficiarios y cómo y cuándo se deben repartir los rendimientos generados por el vehículo o los propios activos.

A pesar del fallecimiento del padre en 1994, la estructura de The JTB Family Settlement habría continuado sin cambios hasta 2008. Sin embargo, tras la muerte de la madre el 12 de julio de ese año, los Trias activaron un procedimiento para repartirse los activos que supuestamente habían permanecido ocultos hasta ese momento: “Redactar una escritura de nombramiento con respecto a la distribución del 50% de los fondos del fideicomiso a 11 de los 12 beneficiarios del fideicomiso y una escritura de nombramiento a un subfondo con respecto a uno de los 12 beneficiarios del trust”.

La frase textual aparece junto a los nombres de todos los miembros del clan Trias en un correo electrónico enviado a las 14.31 horas del 25 de noviembre de 2008, 136 días después de la muerte de María Vidal de Llobatera. La autora de la comunicación fue Tracey Francis, secretaria de la oficina en Islas Caimán del bufete Appleby, uno de los más celebres proveedores de asesoramiento y creación de estructuras offshore y que, en ese momento, trabajaba para RBS Coutts Trustees ofreciendo sistemas de ocultación a los clientes del banco. El objeto del correo era recabar la opinión sobre la petición cursada por la familia Trias de una segunda empresa de asesoramiento offshore. En un segundo correo de respuesta, esta firma consideró que no se había “encontrado conflicto” para no proceder a esa solicitud.

El pasado viernes, en una entrevista realizada en el Parlament de Catalunya por La Sexta y El Confidencial, el exalcalde de Barcelona aseguró que desconocía la existencia de esta estructura offshore. “No tengo ni idea porque nunca me he cuidado de esto. Si esto es verdad, no tengo ni idea”. ¿Eso quiere decir que alguien se ha cuidado de este asunto? “Bueno”, contestó Trias, “los temas de herencia familiar los ha llevado siempre mi hermano mayor, que desgraciadamente murió hace un año. Pero la verdad es que exactamente no sé de qué me habla (...) Me habla de una cosas que me parecen chino". El político del PDeCAT sí admitió “haber recibido dinero de la herencia” de su madre, pero de “ningún trust ni de ninguna cosa de estas”. “Que yo sepa”, matizó luego.

Appleby y RBS Coutts también han sido preguntados por el trust de la familia Trias y la operación que efectuaron los hijos para reintegrar parte de los fondos, pero ni el bufete ni el banco han ofrecido ninguna respuesta.

Hasta ahora Trias siempre había sostenido que jamás ha tenido cuentas ni fondos en el extranjero, incluso en los tribunales. En octubre de 2014, El Mundo publicó que era titular de un depósito en la Union de Banques Suisses (UBS) de Ginebra desde el transfirió a una entidad de Andorra 12,9 millones de euros el 10 de febrero de 2013, una operativa que en principio no tiene ningún en elemento común con los documentos de esta nueva investigación del ICIJ. Trías se querelló contra el medio, alegando que los datos eran falsos y habían sido fabricados por las cloacas del Estado para dañar a un rival político.

Los documentos a los que ha tenido acceso a este medio no aclaran el origen de los activos ocultos tras The JTB Family Settlement. En 1958, la policía se incautó de la agenda de un intermediario de un banco suizo en la que aparecía el padre del político. Junto a Juan Trias Bertrán aparecían los códigos de tres supuestas cuentas en territorio helvético: 237, E-7 y E-9. Un año después, el BOE publicó un listado con las identidades de evasores fiscales y las sanciones que les había impuesto la justificia franquista. Al padre de Trias le impusieron una multa de 30.000 pesetas y se le decomisaron 3.000 francos suizos (equivalentes a otras 39.000 pesetas de la época). En el listado también apareció el nombre de su tío, Ramón Trias Bertrán.

Del asesinato de Bultó a la huelga del 8-N: así es Carles Sastre, líder de Intersindical-CSC

La historia también la escriben personajes como Carles Sastre, presente en episodios dispares de la historia del independentismo. Arrancaba en 1973 como militante del grupo terrorista Exèrcit Popular Català (ÈPOCA) y se erigía como fundador de la organización que surgía de sus cenizas, Terra Lliure, con lo que abría un periodo durante el que se le atribuyeron los atentados mortales contra el empresario catalán José María Bultó (1977) y el exalcalde de Barcelona Joaquín Viola Sauret (1978), por los que fue condenado por la Audiencia Nacional a un total de 48 años de cárcel, de los que ha pagado once. No obstante, Sastre es el miembro de Terra Lliure que más tiempo ha pasado en prisión.

En 2013, unos diecisiete años después de quedar en libertad, era nombrado secretario general del sindicato minoritario Intersindical-CSC, formación en la que había realizado tareas sindicales. Y precisamente este viernes, Sastre convocaba una huelga general para el próximo 8 de noviembre, en protesta por la "regresión de derechos sociales" y justo un día después de que la Audiencia Nacional decretara el ingreso en prisión del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y de otros siete 'exconsellers'.

La fecha del paro estaba en el aire estas semanas pero ya tenían solicitados los permisos de preavisos para poder convocarla entre los días 6 y 9 de noviembre. Finalmente se decantaron por el miércoles 8, aunque no se descarta que se mantenga el día siguiente. Y cabe recordar que el sindicato formó parte de los colectivos convocantes de la huelga del pasado 3 de octubre.

Estas apariciones no son las únicas de Sastre como protagonista -ahora tangencial- de un momento crucial de la historia catalana como el actual. También hace siete años una visita como conferenciante en la Universidad de Valencia sembraba la indignación, a pesar de que la organización aclaraba que no concurría como exterrorista a hacer apología de Terra Lliure, autodisuelta en 1991, sino en calidad de sindicalista y como "el preso político catalán que más tiempo ha pasado en prisión". También hace dos años escocía la entrevista concedida a TV3 en la que era calificado como un "gran reserva del independentismo", y en la que participaba con motivo de su apoyo a Artur Mas en nombre de exmiembros de Terra Lliure y contra la decisión de la CUP de defenestrarlo.

Pero sin duda es el recuerdo del brutal asesinato de Bultó y Viola el que empaña a esta figura, a pesar de que haya pagado su pena. Una condena también controvertida, marcada por la Ley de Amnistía que le cubrió en 1977 después de haber sido acusado de haberle colocado una bomba bajo la axila a Bultó tras irrumpir en su casa mientras comía con su familia, adosarle una bomba al pecho bajo la advertencia de que la haría explotar si no le pagaba 500 millones de pesetas. Pasó cinco meses en la cárcel Modelo de Barcelona y en la de Segovia y fue liberado en noviembre de 1977. Sin embargo, el ministro español Rodolfo Martín Villa apeló e intentó encarcelar a Sastre y a sus compañeros Àlvar Valls i Oliva, Montserrat Tarragó i Domènech y Josep Lluís Pérez i Pérez nuevamente a raíz del atentado de ÉPOCA a Joaquín Viola en 1978.

Pero todos cruzaron la frontera y desde la clandestinidad participaron en la creación de Terra Lliure. En 1985, Sastre fue detenido en Puigcerdà con Tarragó y Jaume Fernàndez i Calvet, y encarcelado en Carabanchel. La Audiencia Nacional le condenó ese año a 48 años de prisión como coautor del atentado de Bultó, aunque un año después sería absuelto por falta de pruebas del asesinato de Viola y su mujer, aunque el hijo les había identificado como las personas que entraron en su casa. En 1987 era condenado a 18 años por pertenencia a banda armada y tenencia de armas. Once años más tarde quedaba en libertad, aunque durante su condena participó activamente desde los penales de Carabanchel, Soria y Lleida en el Colectivo de Presos de Terra Lliure. En los últimos años se ha mantenido en la órbita de la CUP e incluso figuró en las liistas de Lleida en un lugar simbólico en las elecciones del Parlament de 2012.

Fuente: El Confidencial

Asesores de multinacionales aconsejan "dejar en Cataluña sólo la actividad indispensable"

 

Las multinacionales mantienen planes de recorte de actividad en Cataluña al persistir la incertidumbre sobre el futuro de la comunidad al menos hasta las elecciones del 21 de diciembre.

Según uno de estos planes, al que ha tenido acceso EL MUNDO, los consultores aconsejan que «el cliente contemple intentar trasladar toda la actividad posible fuera de Cataluña dejando sólo lo indispensable en el interior de la comunidad».

Este plan ha sido elaborado para una empresa alemana con presencia en Cataluña por el despacho Rödl &Partner. Su representante en España, Georg Abbeg, confirma que elaboran este tipo de planes de salida para diversos clientes «de forma meramente técnica sin motivaciones políticas» en función de los intereses de accionistas clientes y empleados.

En su opinión, la aplicación del artículo 155 ha proporcionado «algo de tranquilidad», pero resalta que persiste la incertidumbre y que continúan encargándose o activándose planes de contingencia para los clientes que desean «minimizar riesgos» ante la perspectiva de que ganen los independentistas el 21-D y se desate una segunda ola de inseguridad jurídica.

Según el documento de este despacho alemán de asesoría legal, fiscal y auditoría, lo aconsejable era actuar antes del referéndum del 1 de octubre, pero, en todo caso, si se quiere minimizar riesgos se debe proceder a la mudanza de sede y al «aislamiento de la actividad en Cataluña». Su consejo es trasladar «el domicilio social y fiscal» al resto de España y ofrecer desde allí de manera efectiva todos los servicios a los clientes no catalanes.

En Cataluña aconseja dejar meramente una filial o sucursal que se limite a prestar servicio exclusivamente a los clientes catalanes. Rödl&Partner admite, no obstante, esta excepción: «Si por razones técnicas, económicas o de organización, el servicio o producto debe ser gestionado desde Cataluña». Pone como ejemplo que el suministro «requiera la intervención de personal clave, instrumentos técnicos o locales situados en Cataluña».

'Barrer' diariamente las cuentas

Estas medidas van acompañadas del llamado 'cash pooling' financiero. Se trata de barrer diariamente las cuentas bancarias en Cataluña dejando sólo la liquidez indispensable en ese territorio transfiriendo cada día cualquier exceso de tesorería a sucursales bancarias fuera de la comunidad catalana.

El responsable de una de las más grandes firmas de consultoría de España, que pide anonimato, asegura que este proceso se viene produciendo por parte de multitud de empresas en las últimas semanas; y describe los planes de contingencia que elabora su firma, en línea muy similar a los de Rödl&Partner. Estos incluyen también un cambio en la relación con proveedores o clientes.

La idea es protegerse de la Generalitat que salga del 21-D y, para ello, debe quedar por escrito en los contratos. El citado documento del despacho alemán recomienda que «para minimizar los riesgos derivados de la incertidumbre de la legislación catalana que se pueda aprobar en el futuro, sugerimos garantizar en las condiciones de las relaciones contractuales con los clientes que se establezca como normativa aplicable la legislación española y los tribunales de Madrid como jurisdicción competente para gestionar cualquier litigio que pueda surgir entre las partes contratantes».

En todo caso, el documento describe que, sobre todo ,el cambio de domicilio social y fiscal es de fácil ejecución al bastar el consejo de administración y una rápida gestión ante notario y los registros mercantiles de Cataluña.

Según el último dato oficial del Colegio de Registradores, 2.066 empresas han sacado ya su sede de Cataluña desde el referéndum del 1-0, de las cuales unas 100 diarias desde que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió que no se produjeran más traslados al estar en marcha el artículo 155. Otros han preferido quedarse finalmente como Freixenet, cuyo presidente, Josep Lluis Bonet, argumenta que no es ya necesario al haberse restablecido «el orden constitucional y estatutario en Cataluña»

El problema, según el citado documento alemán, es que las empresas no se pueden permitir incurrir en inseguridad jurídica y la perspectiva de intentos de secesión en Cataluña la provocan, por ejemplo, si la nueva Generalitat lo intentara de nuevo. «No es posible concluir en este momento los aspectos legales y fiscales que pueden aplicarse a una sucursal o filial y no sabemos ni la legislación ni su contenido», afirma el documento. Por eso, cuanta menos actividad, menos riesgo.

Si se extiende esta desconfianza y una caída en la inversión, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal advierten en sus últimos informes de que Cataluña puede volver al estancamiento o la recesión económicael próximo año tras estos años de recuperación.

Manual del Círculo de Empresarios para explicar el caso en el exterior

Los presidentes de las filiales en España de multinacionales han recibido un documento del Círculo de Empresarios para que expliquen el caso catalán en sus cuarteles generales en el exterior. El informe rechaza motivos históricos para que la destituida Generalitat reclamara la secesión. «Cataluña nunca ha sido independiente, sino que fue parte del Reino de Aragón que se unió al de Castilla en 1492 para formar el Reino de España. Por tanto, Cataluña ha sido parte de España desde su nacimiento»

El manual explica que el independentismo surge a finales del siglo XIX. «Desde 1898, cuando España perdió Cuba -su última colonia e importante mercado para las exportaciones textiles catalanas-, una parte minoritaria de la población de Cataluña ha venido reclamando su derecho a autogobierno y/o la independencia por factores diferenciales de su historia, idioma y cultura».

El gran antecedente de lo sucedido ahora es que «durante la Segunda República española, el 6 de octubre de 1934, Lluis Companys, presidente entonces de la Generalitat, declaró el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Companys fue detenido y llevado a prisión a las 10 horas del golpe por parte del Gobierno de la República, poniendo fin al Estado Catalán».

En la explicación se describe que el Gobierno de Puigdemont ha perpetrado en las últimas semanas «un golpe de Estado» al que el Gobierno central no ha tenido más remedio que responder activando el artículo 155. No obstante, concluye el documento, «se ha alcanzado un acuerdo entre los partidos constitucionalistas para estudiar una posible reforma de la Constitución de 1978 para adaptarse a la nueva realidad española y europea. Los procedimientos para cambiar nuestra Constitución existen.

Fuente:  El Mundo