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"No sabemos nada, si es vecinal mira a ver en el ayuntamiento, que a lo mejor queda algún concejal de la CUP y te puede decir algo". Es media mañana y la policía municipal de Sabadell, la quinta ciudad más grande de Cataluña, desconoce que aquí, en pocas horas, se llevará a cabo la primera asamblea de todos los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) de Cataluña.

Es lógico, porque la hora y el lugar concreto no están publicados en ningún sitio. Los organizadores, el CDR de Sabadell, dependiente de la CUP local, se han cuidado de que solo los invitados sepan de la convocatoria. Los CDR son plataformas ciudadanas gestadas por la CUP días antes del referéndum del 1-O para garantizar el voto; ellos fueron los que durmieron en los colegios electorales y organizaron las manifestaciones posteriores a la actuación policial que colapsaron las arterias de las principales ciudades de Cataluña. Durante las últimas semanas han crecido exponencialmente, tanto en número como en extensión geográfica, y se cree que al menos cien barrios de la región poseen su propio CDR, cuya estructura se basa en los Comités de Defensa de la Revolución del castrismo.

La gran asamblea se celebra en un polígono industrial lleno de fábricas antiguas a las afueras de Sabadell, en un casal independentista de la CUP, a las cinco de la tarde. El sol pega fuerte sobre los asistentes que hacen cola a las puertas. "Sois muchos más de los que creíamos, esperábamos menos de la mitad de gente", vocifera uno de los organizadores a las personas congregadas. "Vamos a tener que abrir las puertas para que entréis todos, pero os recordamos que son tres representantes máximo por cada CDR y sin periodistas, fotos ni tuits".

Sin medios de comunicación

A medida que se va llenando el auditorio, el bar "alternativo y popular" del casal, con la inscripción "mambo" en la entrada, se va quedando vacío. Junto a un mostrador, carteles pidiendo la libertad de Alfon (el vallecano detenido y encarcelado tras la huelga general del 14 de noviembre de 2012), varios ejemplares de la revista Directa (un órgano de expresión cercano a las CUP) y otros calendarios y octavillas relativos a la lucha, se sientan dos mujeres. Una de ellas resulta ser Sophie, una periodista francesa que viene a cubrir la asamblea y a la que se le ha concedido "una entrevista previa". Pero después, cuando comienza el acto propiamente dicho, tiene que quedarse tomando una cerveza fuera. "Se ha decidido que sin medios de comunicación y sería una injusticia dejarte pasar cuando a la propia TV3 se le ha dicho que no podía estar", le explican los organizadores.

Antes, ha tenido un rato en el que la responsable de los comités en Sabadell ha contestado a sus cuestiones. Eso sí, con cierta cautela. Por ejemplo, cuando Sophie le pregunta por el motivo de desear tan fervientemente la independencia, la portavoz se queda un tanto dubitativa hasta que finalmente responde: "Para poder hablar mi lengua en libertad". La francesa le replicó un poco incrédula que no le constaba tal dificultad. "Y todo un poco así", confiesa, aunque sin querer contar muchos detalles porque le parece una indiscrección para con sus "anfitriones". Los organizadores incluso le hicieron cambiarse a la acera de enfrente arguyendo que el micrófono de su cámara podría captar las declaraciones del interior.

¡Quienes estén dispuestos a ponerse en peligro y dormir fuera de casa, que vengan a verme!

Dentro el calor es abrumador, cercano a los 40 grados. En un pequeño auditorio de barrio se arremolinan doscientas almas, distribuidas en el patio de butacas, los pasillos y un pequeño ambigú al fondo. Hay representantes de 80 CDR de toda Cataluña: Girona, Manresa, Masnou, Sants, Les Franqueses, Badalona, Esplugues, Nou Barris, Tarassa, Casteldefells… que responden a perfiles diversos. Predominan los veinteañeros de estética antifascista (con sus rastas y sus bicis incluidas), pero también hay jubilados y activistas de todo tipo, edad y condición. Hasta hay uno con la camiseta de Marinaleda. Se leen los puntos del orden del día: son varios, pero casi todos han venido aquí para coordinar la estrategia ciudadana ante la eventual activación del 155.

Aquí funcionan los códigos asamblearios que se popularizaron en el 15-M, como el gesto de desenroscar una bombilla y volverla a enroscar alocadamente para expresar apoyo o el que los futbolistas usan para pedir el cambio cuando se quiere instar a la premura. Cuando quieren intervenir, levantan un cartel con el nombre de su barrio y esperan a que la mesa les dé voz. La asamblea comienza con una llamada al orden ideológico que será respetada durante las tres horas de asamblea: "Veo gente de Òmnium, de CUP, de ERC… Aquí venimos cada uno de su padre y de su madre, pero no estamos para defender posturas políticas concretas, os ruego que eviteis mencionar a partidos políticos. Estamos aquí porque somos los que podemos movilizar a la calle, como hicimos después del referéndum, y queremos canalizar nuestras acciones".

Activismo de guante blanco

La asamblea discurre en tono cordial, de compañerismo, con constantes alusiones a la resistencia no violenta, pero sin olvidar la resistencia como modo de alcanzar la independencia. Solo el representante de Calella, un hombre de mediana edad, rompe el sosiego: "Yo tengo una propuesta de acción clarísima, pero no la puedo decir aquí porque es clandestina. Quienes estén dispuestos a pasar unos días fuera de casa y poner en riesgo su integridad, que hablen conmigo después de la asamblea", dice al gentío antes de ser reprendido por los organizadores: "Aquí no se viene a hacer propuestas clandestinas, ¡hombre!".

Uno de los temas más candentes es la conversión de los Comités de Defensa del Referéndum en Comités de Defensa de la República Catalana; la mayoría de CDR lo ven como una evolución lógica, pero algunos no están por la labor, porque defendieron el "derecho a votar de los catalanes" pero entre sus filas se cuentan muchos no independentistas. Los matices terminológicos son cruciales en esta asamblea, como es lógico cuando un grupo heterogéneo de ciudadanos intenta diseñar una república desde cero.

¿Y qué haremos si con el 155 nos intervienen cosas cruciales como la Sanidad o la Educación?

Son precisamente estos intercambios sobre matices, sobre detalles en la postura de cada colectivo sobre temas tan peregrinos como la invocación de unas brigadas internacionales callejeras, la conveniencia de otra huelga general o la posibilidad de incluir actividades culturales en las acampadas para prolongar la protesta, las que hacen de las asambleas un pandemonio infumable. Esta, aún de guante blanco, incluye aportaciones que llevan el debate de uno a otro lado. Caben cuestiones técnicas: "¡A ver si vamos a convocar a la gente en la calle sin saber cómo protegerlos o cómo cortarle el acceso a la policía!" y también pasionales: "¡Caceroladas desde el momento que se active el 155 en los ayuntamientos, que se nos escuche todo el tiempo!", dice el responsable de Villanova i la Geltrú, el único en intervenir en español de las decenas de ponentes. En el CDR de San Andreu van un poco más allá: "¿Y qué haremos si con el 155, o después, nos intervienen cosas cruciales como la Sanidad o la Educación?".

El debate empieza a decaer en torno a la tercera hora. Los del ambigú y el fondo del auditorio se acercan al bar a por una cerveza y un cigarro -y lo que no es un cigarro-, y al final las fuerzas están divididas: hay casi tanta gente fuera como dentro del casal. No se han alcanzado consensos definitvos, más allá de reafirmar que las movilizaciones posteriores al 1-O fueron muy importantes y que se repetirán si hay 155. Quedan todos emplazados para el sábado que viene, en una nueva ubicación secreta, para seguir armando la estructura con más poder para movilizar las calles de Cataluña. Y sin embargo, viéndoles bajar calle abajo, ya dispersos en grupitos, hacia la parada de Can Feu-Grácia, no parecen más que ciudadanos.

El plan oculto del Govern para fabricar independentistas con propaganda masiva

La Guardia Civil ha descubierto una estrategia de propaganda diseñada por la Generalitat para forzar el cambio de opinión de los ciudadanos opuestos a la ruptura con el resto de España

La Guardia Civil lleva dos años investigando a los promotores del último desafío independentista, pero su hallazgo más valioso se produjo hace tres semanas: el informe Enfocats, una 'piedra rosetta' del secesionismo que ha revelado las claves internas del movimiento y está permitiendo anticipar sus siguientes pasos. Agentes del Instituto Armado encontraron el documento en la vivienda del secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, Josep María Jové, uno de los 14 altos cargos del Govern detenidos en la operación Anubis del 20 de septiembre.

No tiene fecha pero, probablemente, el informe fue redactado en el otoño de 2016. Sorprende porque demuestra que el Gobierno de Carles Puigdemont ha manejado desde entonces, con una precisión milimétrica, una estrategia preconcebida para “generar confrontación” con el Estado, sumar a “las fuerzas políticas que quieran un cambio [los comunes]”, lograr la “complicidad internacional” y, finalmente, “poner en marcha un plan de desconexión forzosa obligando [al Ejecutivo central] a un referéndum acordado que llevase a la creación de un Estado propio”.

 

Informe Enfocats. (EC)

Pero Enfocats es incluso más que eso. El documento, que tiene como subtítulo “Reenfocando el proceso de indepedencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica”, también ha permitido descubrir que el Govern habría puesto en marcha, con la ayuda de las entidades satélite Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural y los medios de comunicación que controla, un programa de propaganda masiva para inocular el independentismo en la mente de los catalanes.

La estrategia, desconocida hasta ahora, divide a los votantes en siete categorías. Y para cada una de ellas responde a dos preguntas: “Qué necesitan esencialmente para sumarse” al proceso independentista esos ciudadanos y “qué hemos de hacer” para lograrlo. Los que menos dificultad representan para sus objetivos son los que denomina 'convencidos hiperventilados', es decir, los más radicales. El informe apunta que les basta con “conocer hitos, celebrar hechos” del proceso. Lo único que tiene que hacer el Govern con ellos es explicarles “los resultados que vayamos obteniendo”.

 

Categorías en que se divide a los votantes. (EC)

En la segunda categoría se sitúan los 'convencidos históricos'. Para sumarlos al movimiento secesionista solo es necesario, indica el texto, ofrecerles una “planificación creíble, realista”. Las organizaciones implicadas únicamente deben “explicarles muy bien un plan estratégico”. La intensidad de la propaganda comienza a crecer con la siguiente categoría, la de los 'convencidos recientes pero débiles'. Para tratar de asegurarse de que no abandonan el barco, el Govern y los colectivos implicados deben transmitirles “evidencias de que la transición [hacia el Estado propio] será serena”. Para conseguir su implicación, Enfocats plantea una triple línea de actuación: “Explicarles muy bien un plan estratégico, darles garantías de una desconexión tranquila y tiempo para confirmar su posición”.

El cuarto grupo de esta estrategia de manipulación lo ocupan los llamados 'regeneracionistas fraternales'. Según el plan en poder de Jové, uno de los hombres fuertes de Oriol Junqueras, en esa categoría se sitúan los ciudadanos que están dispuestos a encontrar alguna vía de entendimiento con el resto de España. Para reprogramar su visión del conflicto y quitarles esa idea de la cabeza, el Govern propone que se les haga ver que “no es realista una regeneración de España” y se les informe de “un plan de desconexión mínimamente lesivo”. En su caso, las acciones pasan por “evidenciar la imposibilidad de regenerar España mientras Cataluña forme parte de ella” y “darles garantías de una desconexión tranquila y apoyada por una base social amplia”.

 

La quinta categoría la componen los 'indecisos', a mitad de camino entre la Constitución y la ruptura. Para ellos, el mensaje debe ser enfatizar los “beneficios del nuevo estado”. El trabajo de la Generalitat se debe concentrar en que les llegue una “campaña de los beneficios del nuevo estado” y en aclararles “las dudas sobre los costes de la transición”. Además, es necesario “rebatir con contraargumentos” a este tipo de individuos para provocar su acercamiento hacia los postulados de la secesión, especifica Enfocats.

El sexto grupo lo constituyen los ciudadanos 'actualmente impermeables' al mensaje independentista y, por tanto, mucho más difíciles de convencer. En esos casos, el documento expone como estrategia realizar un esfuerzo para conocer los “motivos de su visión” y trasmitirles en todo momento las “ventajas del Estado propio”. Para tratar de moverlos, el plan considera que es necesario poner en marcha campañas de “sensibilización”, así como inundar su entorno de “actividad muy presencial y participativa”. Que le resulte imposible eludir la publicidad secesionista.

 

La séptima y última categoría de este manual de propaganda aborda el reto de los 'convencidos del no', el segmento de la sociedad catalana abiertamente contrario a la separación del resto de España. Con todo, Enfocats refleja que la Generalitat habría puesto en marcha un plan para conseguir rebajar su oposición al Estado propio o, al menos, silenciarla. El documento sugiere que los ciudadanos de esa posición reciban argumentos a favor que les afecten personalmente. La actuación de la Generalitat debe consistir en “activar a sus entornos independentistas más próximos” y, en el caso de que la labor de convencimiento fracase, “desincentivar su participación”.

Las siete estrategias de propaganda, una para cada categoría de ciudadanos, habría estado funcionando durante los últimos dos años con el patrocinio de la Generalitat con un único objetivo: agrandar la brecha entre la sociedad catalana y el resto de España para convertir el independentismo en la corriente hegemónica. Los promotores de este plan de confrontación no solo habrían dispuesto de los recursos públicos de Cataluña para conseguirlo. Tenían otra ventaja: que en ese mismo tiempo no ha habido ningún plan por parte del Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de combatir los mensajes del secesionismo. El Ejecutivo de Carles Puigdemont ha tenido libre todo el campo.

Malas prácticas bancarias: "CaixaBank y Sabadell están detrás del independentismo"

Jorge Zuloaga

La situación en Cataluña ha resucitado viejas malas prácticas en el sector financiero, con comerciales de entidades llamando y enviando correos electrónicos alarmistas a clientes de CaixaBank y Sabadell. Al mover sede social y fiscal, estas dos entidades han dejado de ser catalanas en la práctica.

El río revuelto catalán ha multiplicado el número de pescadores en el sector financiero. La percepción de inestabilidad por una posible independencia unilateral (DUI) ha hecho que comerciales de otras entidades financieras traten de pescar clientes de CaixaBank y Banco Sabadell. En ocasiones con malas prácticas que han dado como resultado llamadas entre directores territoriales y directivos de más alto escalafón.

"¡¡¡¡Ojo que no nos engañen la Caixa y el Sabadell!!!! Que han sido los precursores en la sombra del independentismo. Pásalo es muy importante", expone uno de los mensajes difundidos por el empleado de un gran banco español. En el mismo, trata de convencer a clientes de CaixaBank y Sabadell de que su sede fiscal sigue en Cataluña, algo falso.

Con menos alarmismo, pero el mismo objetivo, este tipo de prácticas también se han difundido en la banca de empresas: "No es cuestión de aprovecharse de la situación indeseada de Cataluña y de sus bancos que se han visto envueltos en la espiral imparable de secesionismo por parte del Govern. Pero a río revuelto… la actual situación de indeterminación y de inestabilidad genera muchísimas dudas pero también muchas oportunidades", señala el director de cuentas de Empresas de otra entidad.

Desde el sector financiero explican que este tipo de prácticas son habituales e inevitables. Así, varias entidades han enviado comunicados a su red comercial advirtiendo de que no se iba a tolerar juego sucio con la situación de Cataluña como excusa. Pero es complicado, añaden, controlar lo que hace cada oficina y cada comercial, que pueden verse tentados por la situación para conseguir los objetivos de final de año.

Casos del pasado

Incluso ha habido ocasiones en las que han llegado a intervenir el regulador y las patronales (AEB y Ceca) con mensajes -extraoficiales- de que cesaran las malas prácticas comerciales. Así fue, por ejemplo, con ING, entidad sobre la que durante años se han difundido rumores de una potencial quiebra. La caída de las cajas también generó pelea por sus clientes.

Más allá de mensajes interesados de oficinas rivales, fuentes próximas a CaixaBank y Sabadell explican que la salida de depósitos se frenó hace ya una semana, tras el anuncio de que movían sus sedes. De hecho, tras trasladar el domicilio fiscal, se han convertido de facto en dos entidades legalmente más valencianas que catalanas. Para darle más peso a estas decisiones, estos dos grupos celebrarán sus próximos consejos de administración en Valencia y Alicante, respectivamente.

Contenido el golpe en depósitos por ser entidades catalanas, CaixaBank y Sabadell han pasado la última semana gestionando el temor de los clientes catalanes a un corralito, como han amenazado diputados de la CUP. Para sofocar este fuego, la solución están siendo las cuentas espejo. Esta situación no sólo afecta a sus clientes, también al resto del sector financiero con oficinas en Cataluña. De hecho, BBVA es primer o segundo grupo financiero en la comunidad, según el dato con el que se compare. La entidad presidida por Francisco González se hizo fuerte en la región con las adquisiciones de Unnim y Catalunya Banc.

Lo que haga este lunes Carles Puigdemont determinará si el clima de las oficinas de la banca vuelven por fin a la normalidad o se adentran en la tercera semana de frenesí.

Fuente: Vozpopuli

Golpe final de la banca: pacta que no reconocerá a la Generalitat si proclama la secesión

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu y de la Fundación la Caixa, Isidro Fainé, pusieron rumbo el jueves al Palacio Real y a la Asamblea del FMI en Washington, respectivamente, con los deberes hechos. El pacto de ambos de abandonar la sede en Cataluña fue el pistoletazo de salida para que más de 500 empresas hicieran lo mismo y ahora han acordado un golpe final al proceso independentista por si Mariano Rajoy no logra tomar un control efectivo de la Generalitat durante un tiempo por verse o obligado a limitar el uso de las fuerzas de seguridad del Estado.

El pacto de los grandes bancos españoles a instancias de los dos grandes bancos catalanes es no reconocer a la Generalitat de Cataluña si se declara independiente e intenta, como sugiere la CUP, imponer un corralito y medidas recaudatorias rápidas. El pacto ha sido alcanzado, según ha podido confirmar este diario, por si mientras Rajoy lanza y, sobre todo, hace efectivo el artículo 155 de la Constitución se topan con dos supuestas legalidades paralelas.

Aunque, como acusa Josep Borrell, han tardado en reaccionar, lo cierto es que la banca está atacando ahora el proceso independentista con una ofensiva más rápida y contundente que la del Gobierno central. Su pacto implica de facto una especie de aplicación financiera del artículo 155: solo cumplirán la legalidad que emana del Estado español en caso de que se produzca un interregno entre las iniciativas del Parlament y la restauración del Estado de derecho por parte del Gobierno central. En particular, no acatarán ninguna medida de Carles Puigdemont para contener la fuga de capitales o recaudación paralela de impuestos que no estén cedidos por el Estado, que son dos de las medidas temidas más inmediatas en caso de secesión.

La diputada de la CUP, Eulalia Reguant, licenciada en Matemáticas, tiene claro lo que hay que hacer: un corralito. «A partir de la declaración de independencia, hacemos un control de capital y de flujos en Cataluña para garantizar, al menos durante un tiempo, dar la capacidad de funcionar a la república». Los seis principales bancos, desde CaixaBank, BBVA o Santander hasta Bankinter controlan 180.000 millones en depósitos de residentes catalanes.

Aunque no se ha hecho público, hay acuerdo en el seno de la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Fuentes de ambas instituciones ponen como ejemplo que, aunque el cambio de sede salvaguarda pagar el impuesto de sociedades en el Estado español y la seguridad del euro, la Generalitat podría empezar a aplicar la Ley de Transitoriedad e imponer controles de salidas de capital y exigir retenciones del IRPF de los empleados en Cataluña de los bancos y empresas que operen en su territorio. También podrían imponer por ley que todas las entidades financieras colaboraran en pagos de impuestos de clientes como se hace ya con la Agencia Tributaria estatal. «Estamos de acuerdo tanto los de origen catalán como los que no en que, pase lo que pase, no reconoceremos más legalidad que la española y, por ejemplo, seguiremos practicando retenciones fiscales solo en favor de la Agencia tributaria estatal y no de la catalana», afirma un banquero implicado.

En paralelo, CaixaBank y Sabadell mantienen contacto con personalidades del PDeCAT para frenar la espiral. El propio ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, se está mostrando sensible a que la declaración inmediata de independencia seria una locura y también otras figuras como el conseller de Economía, Santi Vila o la presidenta de la Diputación de Barcelona -y alcaldesa de San Cugat del Vallés, sede operativa del Banco Sabadell-, Mercè Conesa.

«Mas está más moderado, porque es consciente de que una DUI ahora llevaría a Cataluña al caos. Él no es un loco y tiene líneas rojas. El mismo reconvirtió el referéndum del 9-N cuando fue prohibido en una consulta participativa», afirma un banquero catalán, confiado en que el ex president influya en Puigdemont. «El problema es que Mas está muy dolido con el Gobierno central», teme otro alto ejecutivo catalán.

El propio Artur está insinuando ya en público que la victoria del Ejecutivo central no debe ser «humillante» para poder reconducir el proceso, pero ha mostrado que no es de fiar cuando parece que se modera.

Hoy habrá reuniones clave con Puigdemont, pero el Estado debe tener todo preparado. La banca ya lo tiene en otra muestra de que es más efectiva en el siglo XXI que los tanques. Demasiado dinero en juego.

Fuente: El Mundo

La fuga de los mossos: 50 piden la pasarela para irse a la Policía Nacional

Reclaman al Gobierno que activen la vía legal para pasarse a la policía estatal.

En el grupo de 50 hay ex policías nacionales, catalanes, jóvenes de toda España y mujeres.

"Gano 1.950 euros y en la Policía cobraría 300 menos. Pero no me importaría con tal de salir de aquí", asegura un 'mosso'.

Los agentes de la policía autonómica denuncian la existencia de "listas negras" con aquellos agentes que no son independentistas.

Pedro (nombre ficticio) tiene una hija, una mujer en paro y serias dificultades para llegar a fin de mes. Vive asfixiado por las facturas. Por la hipoteca. Por los gastos escolares de una niña a quien ni siquiera puede llevar a Eurodisney como le pide cada año, con dulces palabras, en su carta a los Reyes Magos. A pesar de estar con el agua al cuello, este funcionario está dispuesto a ganar 3.600 euros menos al año, dejar atrás a sus amigos de toda la vida y malvender su piso del pueblo barcelonés donde reside. Es el precio que está dispuesto a pagar con tal de huir «cuanto antes» del avispero catalán y de un empleo público donde sentirse español y respetar la ley «es motivo de persecución».

«Me iría a cualquier punto de nuestro país siempre y cuando sea fuera de Cataluña. No quiero que mi hija crezca en este ambiente de mierda. En mi trabajo nos hacen la vida imposible a todos los que no somos independentistas y hemos criticado el paripé que hicimos en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre», comenta Pedro, uno de los 50 mossos d'Esquadra que ya han hecho constar por escrito y aportando su número de placa su deseo de incorporarse a la Policía Nacional. De producirse la fuga y de no estipularse lo contrario, todos perderán dinero. «Como mosso de calle gano 1.950 euros y en la Policía cobraría 300 euros menos, pero no me importaría con tal de salir de aquí», explica Pedro.

¿Quiénes y cuántos son? La cifra de la desbandada es de 50 confirmados. «Son los agentes que se han identificado y nos han pedido que le traslademos a Interior su voluntad de cambiarse. Pero de forma anónima nos han llamado otros 150 mossos. No quieren dar sus nombres vaya que al final el Gobierno no les garantice su salida y tengan que quedarse en los Mossos sufriendo represalias», dice Luis Miguel Lorente, coordinador de la Agrupación Reformista de Policías. Este sindicato, según asegura, nació el año pasado para acabar con el uso partidista de los agentes y propone la unificación de la Policía con la Guardia Civil. Fue el primer colectivo en defender a esos mossos que quisieron impedir el referéndum y en subrayar que existe en ese cuerpo de 17.000 agentes una minoría silenciosa contraria a su utilización política.

El grupo de los 50 es heterodoxo. Hay antiguos policías nacionales que se unieron al cuerpo, catalanes que aprobaron las oposiciones a mossos, jóvenes que llegaron a Cataluña desde distintos rincones de la geografía nacional y mujeres.

Todos reclaman al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que active «la pasarela» -su vía de escape- recogida en la Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional de 2015, pero que está pendiente de un reglamento que la desarrolle. A principios de 2017, el PP aprobó en el Senado una moción instando al Ejecutivo a «iniciar un proceso de consultas» con sindicatos para acelerar la puesta en marcha de la pasarela para que «funcionarios de carrera de los cuerpos de policía de las comunidades pudieran ingresar en la Policía en la escala y categoría equivalentes en el cuerpo de procedencia». Interior ve con «buenos ojos» la pasarela y se encuentra «estudiando» cómo impulsarla. Pero los mossos rebeldes entrevistados por Crónica (a cambio de no revelar su identidad) tienen prisa porque aseguran que «la caza de brujas» ha comenzado. Sus nombres ya forman parte de «listas negras de mossos españolistas» y tienen miedo. A perder su trabajo o a que señalen a sus hijos en el colegio. No han recibido muestras de solidaridad por parte de los políticos como los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Se sienten solos.

Reuniones clandestinas

Ahora se reúnen clandestinamente, se comunican entre sí a través de un grupo cerrado de Facebook y vía Telegram (una aplicación de mensajería donde los textos se autodestruyen y son más difíciles de interceptar) para evitar que ningún mosso indepe que haya podido infiltrarse en sus círculos los pueda delatar ante sus superiores. No hablan de su malestar en el interior de sus comisarías porque no se fían de nadie. Algunos mensajes de auxilio ya han llegado a Zoido. «Estamos marcados y algunos compañeros sufren acoso, menosprecio y descalificativos en el ámbito laboral», relata un mosso en un email mandado al responsable de Interior. Otro escribe: «Le pedimos de forma desesperada que nos de una salida a los agentes que sentimos vergüenza por todo lo que está pasando».

Los servicios de información de la policía autonómica catalana están tratando de identificar a los traidores. «Están investigando quiénes estamos en contacto con la prensa y quiénes hemos pedido la pasarela. A un compañero que apareció en un programa con la cara tapada ya le han cazado. Tememos que nos cambien de destino o que nos abran expedientes si nos pillan», subraya Sergio, con siete años en el cuerpo. Allí llegó para colmar la ilusión de su vida: ser policía para velar por el cumplimiento del Estado de derecho, defender a todos los ciudadanos con independencia de su ideología y estar al servicio de la Justicia. Metas que siempre formaron parte del ADN de los Mossos antes de que se convirtiese «en una policía política al servicio del independentismo» a partir de 2012.

Sergio, al ver que no salían plazas para la Policía ni la Guardia Civil, se presentó a las oposiciones a mosso. Superó, entre otras pruebas físicas, el Course Navette (recorrer una distancia de 20 metros de ida y vuelta al ritmo de un pitido que se va acelerando) y un circuito de agilidad. También pasó el examen de catalán, otro de cultura general y tuvo que estudiarse el Estatut y la Constitución española.«Esa misma que mis mandos pisotearon con su comportamiento el 1-O y que el mayor Trapero [que mañana volverá a declarar como investigado por sedición] interpretó a su manera. Me da pena porque le tenía en consideración y se ha vendido al independentismo», señala.

Este levantino llegó «ilusionado» a un cuerpo «despolitizado» y con «gran reputación» en 2010. Eran tiempos donde las conversaciones con su compañero de patrulla versaban sobre fútbol y mujeres. «Había buen ambiente, pero todo cambió en 2012 cuando el president Artur Mas empezó con la historia del referéndum y comenzaron las manifestaciones en la calle», recuerda. La política comenzó a impregnar el cuerpo y algunos responsables se convirtieron en estiletes del independentismo. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) se introdujo en el cuerpo creando la sección de «Mossos x la independència» que comenzó a dar directrices a los agentes que trabajarían en favor de la república catalana y que fue ganando peso. Los contrarios a ella eran vistos como ovejas negras y empezaban a ser ninguneados.

«En un briefing se nos dijo que si veíamos algún acto proindependencia o una retirada de la bandera española teníamos que informar a los superiores, que ya serían ellos quienes decidiesen si llevarlo al juzgado. Nos prohibían reflejar esos actos por escrito porque luego ellos no los elevaban al juzgado», dice Sergio, cuyas patrullas con su compañero indepe se convirtieron en insoportables. Dejaron de hablar de los goles de Messi y la política intoxicó una relación que había sido excelente.

«Empezó a ser incómodo. Traté de mantener mi ideología escondida, pero el compañero, de tanto insistir, al final me la detectó. Empezaron a mirarnos mal a los que nos sentíamos más españoles, se nos fiscalizaba más que al resto, y lo curioso es que los más independentistas eran compañeros que a lo mejor habían nacido en Cuenca o en Aragón. Los mejores servicios se los llevaban ellos y a nosotros se nos decía que ni nos presentásemos al ascenso, que nunca nos iban a promocionar. Hubo algún jefe que nos prohibió hablar entre nosotros en castellano o llevar banderas de España en nuestras mochilas. El Cuerpo comenzó a fracturarse y es algo que empezaba a verse también en la sociedad catalana, porque los mossos somos un reflejo de la misma. La situación se tensó más en los días previos al referéndum», puntualiza Sergio.

Su testimonio coincide con el del resto de agentes consultados, que ahora anhelan lucir el uniforme de Policía Nacional. Como César, que llegó llorando a su casa tras participar en el operativo que montaron sus jefes «calculadamente para evitar frenar el referéndum», sin que se evidenciase que estaban incumpliendo las órdenes de la Fiscalía. «Lloraba de vergüenza, de impotencia, porque habíamos dejado tirados como perros a nuestros compañeros de la Policía y de la Guardia Civil que estaban haciendo cumplir un mandato judicial», comenta. Este policía sabía desde semanas atrás que los mandos de los Mossos no iban a hacer nada para frenar aquella consulta ilegal.

«Me lo veía venir porque nos reunían en los briefing y nos decían que si veíamos pancartas independentistas, pasásemos de largo. Uno de mis compañeros se revolvió y dijo que él iba a hacer cumplir la ley y que las retiraría. Se le amenazó con abrirle un expediente. Hubo caporales (cabos) que fueron los días previos al referéndum por las comisarías para enterarse de quién era independentista y quién no, como si fuesen comisarios políticos. Se enteraron de quiénes eran los mossos constitucionalistas y el 1-O dejaron a la mayoría en comisaría para que no pudiesen ayudar a las Fuerzas del Estado», comenta César, ex policía nacional que se pasó a los Mossos cuando este cuerpo asumió en 1994 las funciones de orden público, seguridad ciudadana y tráfico. Ahora sueña con volver. «Esto no hay quien lo aguante. Somos policías y tenemos que hacer cumplir la ley y después de ver cómo actuamos el 1 de octubre me da vergüenza llevar este uniforme», expresa.

El día de la traición

César recrea cómo fue «el día más triste» de la historia de los Mossos. «Nuestros mandos nos dijeron que había que retirar las urnas cuando llegásemos a los colegios, pero montaron el operativo de tal forma que fue imposible hacerlo. Ellos nos daban esas órdenes para cubrirse legalmente, a sabiendas de que ese operativo no frustraría la celebración del referéndum ilegal. Nos dieron órdenes de frenarlo pero sin medios para ello... A mí me tocó ir a un colegio con otro compañero que estaba custodiado por 300 personas. ¿Cómo íbamos a apartarlos siendo sólo dos agentes? Yo pedí hasta 12 veces refuerzos pero nunca llegaron», dice compungido.

Y les mintieron. «Otros ni siquiera tenían emisoras. Tengo la sensación de que todo estaba orquestado entre nuestros mandos, la ANC y los políticos independentistas. Días antes nos dijeron que estuviésemos tranquilos, que íbamos a actuar conforme a la ley. Ahora los compañeros a los que la Justicia ha fichado por no hacer nada están muy acojonados porque les pueden condenar por desobediencia. La semana pasada organizaron una reunión para tranquilizarles y decirles que iban a tener respaldo jurídico», afirma Cesár refiriéndose a esos 100 mossos a los que la Guardia Civil en el atestado que trasladó a la Audiencia Nacional acusó de mirar para otro lado durante el 1-O.

Una obra de teatro

Carlos es otro mosso que participó en aquel dispositivo. «Se nos hizo llegar tarde a los colegios a propósito para que fuese imposible sacar a la gente. Fue todo una obra de teatro, como para hacer ver que estábamos haciendo algo. Se nos pidió que contáramos los movimientos de nuestros compañeros policías y guardias civiles para dejarles vendidos y que no acudiésemos en su auxilio [algunos mossos también se dedicaron a espiar en los días previos al 1-O a las Fuerzas de Seguridad del Estado para ver cuáles iban a ser sus movimientos para impedir la consulta]. Se nos dijo que teníamos que ser neutrales y que esta guerra no era nuestra. Pusieron a la misma altura a la ANC que a la Fiscalía.. Éramos un cuerpo respetado y después de esto, somos el hazmerreír de toda Europa», dice.

Este agente llegó a su casa en la provincia de Tarragona sin poder ni hablar. Y se acostó deseando que aquello hubiese sido un mal sueño. Pero la pesadilla continuó a la mañana siguiente, cuando se personó en su comisaría y escuchó a mandos y compañeros criticando la «represión» de la Policía Nacional y de la Guardia Civil contra los votantes. «Sentí rabia por ver cómo estaban comprando ese discurso manipulado de que la Policía había maltratado al pueblo catalán. Y yo lo único que dije es que había que recordar cómo repelimos a los manifestantes del 15-M o cómo actuaban nuestros antidisturbios en los desahucios. Me empezaron a insultar y a llamarme facha y no me hablan», relata este agente preocupado por su futuro. «Quiero salir ya porque la situación va a ir a peor. La pasarela es nuestro globo de oxígeno», cuenta.

La tensión fue a más con el paso de los días. Discusiones en los vestuarios, en los comedores... En alguna comisaría incluso llegaron a las manos. Varios mandos aplaudieron que los hoteleros expulsasen a las Fuerzas de Seguridad del Estado de sus instalaciones o que sus coches fuesen apedreados en Calella y Pineda de Mar. «Un mando gritó que se lo merecían por ser fuerzas de ocupación cuando sabía que llevaban años trabajando aquí y haciendo grandes operaciones. Era increíble ver cómo algunos policías se ponían del lado de los delincuentes», critica Carlos. En los Mossos aseguran «desconocer» esta revuelta interna. «Nadie nos ha dicho nada», explica una portavoz. Los mossos rebeldes no comunicarán nada hasta que el Gobierno les garantice esa pasarela que les haga sentirse de nuevo como policías de verdad y no como títeres del independentismo.

Fuente: El Mundo

La realidad catalana: Carta abierta de un mosso al ministro del Interior

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El Gobierno espera hasta el lunes a las 10.00 de la mañana la respuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para aplicar o no el artículo 155 de la Constitución. Y, en caso de que finalmente se aplique, serán posiblemente los Mossos d’Esquadra unos de los primeros afectados, ya que con toda probabilidad pasarían a quedar bajo la dependencia orgánica del Ministerio del Interior, durante el tiempo que se considerase necesario, según prevé ese artículo. Una situación deseada por unos mossos —a la luz de la carta que uno de ellos, en nombre de un grupo, ha enviado al ministro, Juan Ignacio Zoido— pero rechazada por otros. Según esa misiva, las cosas están muy tensas dentro de la policía catalana donde, aseguran, se están elaborando "listas de mossos españolistas" y donde algunos se sienten "secuestrados".

“Represento a un número variable de agentes y mandos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, y voy a intentar explicar la problemática que ha sumido a este organismo y a sus agentes en una situación indeseable para un cuerpo policial a raíz del desafío independentista por una parte de la sociedad catalana, arranca la misiva dirigida al ministro del Interior a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

“Sin entrar en valoraciones políticas, pues estas nunca habrían de haber entrado en el desarrollo profesional de los acontecimientos, los que integramos este cuerpo estamos sufriendo de forma injusta la rotura del mismo en los principios básicos y elementales que han de primar en esta profesión”, anuncia, a escasos días de que el máximo responsable de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, vuelva este lunes a declarar en la Audiencia Nacional por un presunto delito de sedición.

Y advierte: “Saldrán posteriormente con seguridad autoridades de la Generalitat a desmentir que existan las presiones o las situaciones que en esta carta se describen, es su trabajo. Pero la realidad que aquí cuento es la mía y la que me refieren mis compañeros de sus experiencias personales”.

El autor de la misiva, un mosso que firma la carta con iniciales, expone entonces la situación que viven algunos agentes en ese cuerpo, sobre todo desde el pasado 1 de octubre, cuando se celebró en Cataluña el referéndum para la desconexión de España, en una jornada muy turbulenta, repleta de incidentes violentos, después de que esa consulta hubiese sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

“Esa rotura”, continúa la carta del mosso, “se ha traducido, después de los lamentables y vergonzosos hechos ocurridos los días 20 de septiembre y, sobre todo, a partir del día 1 de octubre, en una presión en el servicio sobre los agentes que no nos sentíamos cómodos con las instrucciones dadas, y que habíamos expuesto razones legales recogidas en la Constitución, las Leyes y las ordenes de jueces y fiscales en relación a los hechos y las 'sugerencias' de realizar el servicio de una forma (como poco) infrecuente, recibida de nuestros mandos inmediatos o superiores”.

“Listas de mossos españolistas”

Y, acto seguido, describe cuáles son sus sensaciones ante esas supuestas presiones: “El sentimiento que mejor puede definir a como nos sentimos es el de 'secuestro', pues cuando te condicionan tu actuación profesional de forma sutil (no la podrías probar ante un juicio, por ejemplo), en forma de amenazas veladas, otras más directas, también presiones en forma de instrucciones de hacer o no hacer respecto a impedir los actos preparatorios y ejecutivos del referéndum o se te amenaza con aperturas de expediente, no encontramos en la inacción el 'pago del rescate'”.

Además, asegura el agente en la carta: “Muchos de nosotros nos sentimos sometidos a un control anormal de nuestras acciones en el servicio por parte de los mandos y los propios agentes que han manifestado sin rodeos su postura ideológica, algo inadecuado en una profesión como la nuestra. Nos estamos enterando de que incluso se estarían haciendo listas de agentes y mandos 'españolistas', como nos llaman entre otras cosas, seas catalán de toda la vida o no, y que no es más que el querer actuar de forma legal y profesional. Nada que se pueda probar, claro, pero de evidente efecto sobre nosotros y nuestras familias y que nos confirma que dirigen una especie de vendetta 'antiespañolista'”.

El mosso asegura que abrirán diligencias de cuantos hechos y presiones puedan probar, pero señala: “De las imposibles de demostrar y que quizás son las más preocupantes, se derivaran una cadena de hechos indeseables, y permítame la expresión, infernales para los agentes y sus familias”.

Y, seguro de que esa situación que describe se prolongará en el tiempo, propone el cambio de cuerpo como única salida, es decir, el uso de esa pasarela recogida (pero no desarrollada) en la Ley de Régimen de Personal de la policía de 2015 y que estudian ya en el Ministerio del Interior: “Tenemos claro que estas presiones, persecuciones y amenazas no se acaban el día 1 de octubre, siendo para muchos de nosotros la única salida la que nos da el acceso al Cuerpo de Policía Nacional en su Ley 9/2015 que regula el Régimen de personal”.Y agrega: “Para otros y gran mayoría de agentes supondría un balón de oxígeno para realizar con total seguridad sus deberes profesionales”.

Por esa razón urgen al ministro Juan Ignacio Zoido aludiendo a razones de seguridad: “Solicitamos un impulso a la opción de pase interadministrativo que, sobre todo, redundaría en beneficio de la seguridad en el servicio, en la de los agentes y sus familias y cercenaría las injustificadas presiones políticas que a este cuerpo de policía y a sus agentes se les tiene sometido”.

Incluso señala algunas posibles “ventajas” que acarrearía ese hecho: “Somos policías ya formados que podemos incorporarnos rápidamente a las plantillas a coste cero para la administración, siendo algunos incluso anteriores guardia civiles y policías nacionales que ya tendrían conocimientos requeridos, que podrían reforzar a los componentes de la Comunidad Autónoma”; “Estamos motivados y con ganas de trabajar en una policía con la que nos sentimos más identificados”; “Somos bilingües en nuestras respectivas comunidades (catalán/valenciano y euskera)”; “y los posibles inconvenientes por adelantarnos a algunos compañeros del CPN en los cambios de destino, podría suplirse con el compromiso de destino temporal obligatorio en Cataluña”.

La misiva fue enviada desde Alicante el pasado día 10 por la Agrupación Reformista de Policías (ARP), un sindicato policial con menos de un año de vida. Según explican, fueron “requeridos por un grupo de agentes y mandos de los Mossos d’Esquadra para mediar e interceder en su deseo de incorporarse al Cuerpo de Policía Nacional”. Y aclaran: “Nuestro sindicato sensible a los hechos están aconteciendo en Cataluña, apelando al pronto restablecimiento de la convivencia y coordinación entre cuerpos policiales alejados de órdenes e intereses de decisiones políticas que han supuesto una quiebra en la confianza entre los mismos, se ve en la obligación de aceptar esta petición de mediación de estos funcionarios policiales autonómicos”. En el asunto de la carta puede leerse: “Pasarela entre FFCCS (Mossos d'Esquadra)”.

Fuente: El País

Clamor de jueces y fiscales contra la comisión del Govern que investiga la "violación de derechos fundamentales" el 1-O

Las cuatro organizaciones principales de jueces y magistrados, Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJD) y Foro Judicial Independiente (FJI) y las tres de fiscales, Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), se han unido para, de forma unánime, rechazar la creación por parte del Govern de la comisión especial sobre "la violación de derechos fundamentales en Cataluña", que entre otras funciones quiere "velar porque el sistema judicial sea, en este caso, igual de diligente y utilice todos los recursos que ha sido capaz de utilizar y de demostrar para perseguir otros hechos".

Las entidades de jueces y fiscales creen que esta comisión es "un órgano innecesario, porque en nuestro país los derechos fundamentales y libertades públicas están plenamente reconocidos por la Constitución y la Ley" Además, recuerdan que los profesionales de la magistratura y del Ministerio Público, como integrantes del Poder Judicial, garantizan estas libertades y derechos y por eso consideran que la comisión del Govern "pretende interferir" en sus funciones. "Nadie debe quebrar la necesaria separación de poderes públicos, ni menoscabar nuestra independencia, ni devaluar nuestra apariencia de imparcialidad, porque son garantías para todos los ciudadanos", señalan las entidades.

El DOGC publicó hace unos días la creación de esta comisión que está pensada por el Govern para "documentar, determinar y difundir las violaciones de derechos fundamentales de las personas que se hayan producido en Cataluña, como consecuencia de las acciones y omisiones imputables a las instituciones y órganos del estado y, de forma particular, de las actuaciones del Gobierno, de la Fiscalía, del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad". La Generalitat pretende "evitar la impunidad de los órganos y de las personas que sean responsables de los mismos" y para ello emprenderá acciones legales, "incluyendo las instancias internacionales y se personará como acusación particular en los procesos penales correspondientes". La comisión estará formada por "expertos externos al Govern, de ámbito catalán, estatal, europeo e internacional y por miembros de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat".

En su comunicado, jueces y fiscales también muestran su "preocupación por todo cuanto sucede en Cataluña durante los últimos días" y recuerdan que intervienen como "garantes de la convivencia, para hacer posible el equilibrio armónico de todas las sensibilidades e intereses de cualquier naturaleza o clase sin hacer distinción entre ellos, si pueden encontrar acomodo en las reglas de las que, para el desarrollo de esa vocación constitucional, nos han dotado primero todos los ciudadanos". Por eso recuerdan que "sólo el respeto a la Ley y a los derechos de los demás, porque son el fundamento que hace posible nuestra vida en sociedad, son y serán las únicas pautas que guiarán nuestro ejercicio profesional. Jueces y Fiscales no distinguimos ni distinguiremos entre partes" y detallan que "quienes no puedan ver superados sus conflictos o vean lesionados sus intereses y derechos contarán con nuestro auxilio en el ejercicio responsable de nuestra función constitucional, pero también con el amparo de un exhaustivo ordenamiento jurídico, de dimensión nacional y supranacional".

Fuente: El Mundo

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