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Las autoridades catalanas han dado a conocer los “resultados oficiales” del butirreferéndum independentista celebrado este domingo, en la que la opción de la secesión de Cataluña de España "ha ganado" por una casi "unanimidad".

Las cifras oficiales indican que 2.020.144 votaron el 'Sí' (90% Y todavía hay quien critica a Kim Il sun...), mientras que por el 'No' se decantaron 176.566 electores (7,8%). Además indicaron que el plebiscito ha contado con la "participación" de más de 2,2 millones de personas de las 5,3 millones que estaban convocadas. 

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Generalidad catalana, Jordi Turull, ha aclarado que estos resultados son prácticamente definitivos. De esta forma, el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, trasladará en los próximos días al Parlamento catalán estos resultados, para que este, tal y como prevé la ley del referendo, declare la independencia de Cataluña.

El artículo 4.4 de esa norma, suspendida por el Tribunal Constitucional de España, contempla que dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados, el Legislativo catalán celebrará una sesión ordinaria "para efectuar la declaración formal" de secesión, "sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente".

En su delirante discurso, Puigdemont dijo que "el Estado español ha escrito una página vergonzosa en su relación con Cataluña", instando a la Unión Europea a "actuar rápidamente", dado que ya no se trata de "un asunto interno", sino de "un asunto europeo".

La participación es inferior a la ofrecida por la Generalitat el 9-N,cuando votaron 2.3 millones

No se pueden sacar demasiadas conclusiones de estas cifras. El referéndum de este domingo carecía de garantías legales y el Govern no supo explicar el origen del censo ni el método usado para el recuento. Además, en 2014 el Estado no trató de impedir la votación, que entonces se presentó como no vinculante. Los partidos constitucionalistas pidieron en ambos casos ignorar la consulta.

Turull intento tomar el pelo a la audiencia asegurando que los colegios cerrados por las diferentes policías han dejado sin votar a 670.000 personas que estaban censadas en esos puntos de votación. Lo cual es una falacia, porque como saben los golpistas, todo el mundo pudo votar en cualquier sitio (alguno, varias veces). Así lo hicieron casi todos los cabecillas golpistas.

Y a pesar del circo montado, con palmeros internacionales incluidos, de algunos de los Estados más deleznables de la Tierra, el denominado “referéndum” de independencia ha registrado una participación del 42,34%.

El recuento que suma 100,88%: las pruebas del esperpento

¿Tiene validez electoral la consulta soberanista catalana? Hoy, hasta sus más convencidos defensores reconocen que no. Veamos por qué.

Incluso los más acérrimos defensores del referéndum en Cataluña se han visto abocados a reconocer la escasa legitimidad de una consulta que no ha podido reunir las garantías suficientes.

La anulación jurídica previa llevada a cabo por el Tribunal Constitucional, la fuerte presión policial ejercida sobre la organización y el consiguiente desmantelamiento logístico desinflaron prácticamente toda la fuerza representativa de la consulta.

Repasamos las debilidades más flagrantes y los hechos que pusieron en entredicho definitivamente la validez del referéndum.

- El censo. La intervención de las bases de datos informáticas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado español entorpeció gravemente el acceso al censo electoral. En algunos centros se improvisó una solución tan rudimentaria como anotar a mano el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de quienes acudieron a votar. Este problema técnico propició situaciones alarmantes e imágenes que por si mismas casi descalifican la validez electoral del referéndum, como las de personas que demostraron haber votado varias veces.

- Sin sobres. En muchos colegios electorales la policía había requisado abundante material, y los sobres escaseaban. Por eso muchas personas tuvieron que votar sin sobres. La función de los sobres es reforzar dos garantías: que haya una sola papeleta por sobre y que voto el voto sea secreto. Si en el recuento aparecen dos o más papeletas en un sobre, se anulan. Sin sobres, se puede aprovechar un fallo de supervisión para deslizar más papeletas en la urna. En cuanto al voto secreto, los votantes se tuvieron que conformar con doblar la papeleta.

-El recuento. Todas las lagunas anteriores ya desvirtuan la validez de los resultados, pero además hubo un curioso error final:

El resultado anunciado por la Generalitat es una muestra más de la nula credibilidad del referéndum ilegal. El recuento suma 100'88%

 

Efectivamente la suma distributiva de los votos superaba el 100%, y llegaba exactamente a 100,88%, lo que indicaba el nivel de “COCINA” que tenían los “datos oficiales”, pues los resultados se generan automáticamente a través del software electoral.

- El anuncio de Puigdemont. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni siquiera esperó a saber los resultados del referéndum para anunciar el siguiente paso de su hoja de ruta, con lo que dejó claro que la esencia de esta jornada electoral tenía un carácter más simbólico que de verdadera consulta democrática. Esa relativización de las cifras del recuento ha puesto de manifiesto, implícitamente, un reconocimiento de la escasez casi absoluta de las garantías con las que se ha celebrado la votación.

Moscú reitera su postura sobre el referéndum en Cataluña

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, rehusó comentar el desarrollo del referéndum de autodeterminación catalán al subrayar que es un asunto interno de España.

"Por lo que respecta a los acontecimientos en España, la postura consecuente de Moscú consiste en que se trata de un asunto interno del Reino", dijo Peskov.

De la misma manera, el representante del Kremlin rehusó pronunciarse sobre la actuación de la policía española en la jornada electoral catalana al recordar que Rusia considera inadmisible que alguien evalúe los métodos de sus cuerpos de seguridad.

La Comisión Europea define como ilegal la votación

BRUSELAS (Sputnik) — La Comisión Europea (CE) llama a Madrid y Barcelona al diálogo en vez de confrontación tras la celebración del referéndum catalán el 1 de octubre, declaró el portavoz de la CE, Margaritis Schinas.

Subrayó que "según la Constitución española la votación de ayer en Cataluña fue ilegal".

Recordó las palabras del presidente de la CE, Jean Claude-Juncker, quien subrayó que es "un asunto interno de España".

Schinas enfatizó que "ya es hora para la unidad y la estabilidad" en España.

"Llamamos a todos los actores relevantes a pasar de la confrontación al diálogo", subrayó.

"La Guerra de la independencia" en Cataluña ocupa las portadas de la prensa israelí en apoyo de los separatistas

JERUSALÉN (Sputnik) — Imágenes de ciudadanos ensangrentados y de las intervenciones policiales para impedir la celebración del referéndum en Cataluña están en primera página de la prensa israelí, cuyo Gobierno no se ha manifestado oficialmente sobre este proceso independentista.

"Lo vemos como una cuestión interna española", dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en estos días.

"Lágrimas y flores, barricadas y balas de goma", titula el diario israelí Jerusalem Post, ilustrando con fotos de heridos y de cargas policiales la información. "La guerra de la Independencia en Cataluña", señala el diario Maariv.

La prensa israelí destaca también el testimonio de la diputada israelí Ksenia Svetlova, invitada por el gobierno catalán como observadora, que se vio atrapada en un enfrentamiento entre policía y ciudadanos que no querían desalojar un centro de votación y se mostró sorprendida por la violencia de las fuerzas del orden.

"Esperábamos un proceso democrático normal. Sabíamos que había mucha policía pero pensábamos que habría un respeto por la voluntad de la gente", dijo la diputada a la prensa.

En una columna de opinión, el diario Haaretz subraya que "nada podrá parar al gobierno catalán en su ambición de lograr la independencia".

"Los líderes catalanes no se sienten desalentados por las disposiciones de la justicia, no parecen dispuestos a obedecer las leyes ni se dejan impresionar por las declaraciones del jefe de gobierno Mariano Rajoy. Y Rajoy no tiene elección porque en la barrera, otros miran esta batalla y esperan: vascos, gallegos y quién sabe qué otra región podría pedir independencia y separación", dice el diario en una columna firmada por el ex embajador israelí en España, Victor Harel.

Los gitanos defendieron a la GUARDIA CIVIL y echaron a los Mossos de su barrio

Sólo podía pasar en Cataluña, gitanos defendiendo a la Guardia Civil y Policía Nacional, echando de su barrio a los Mossos que les querían pegar por romper urnas

Análisis: Frente a la insurrección, la ley pero no solo la ley

El Gobierno de la nación por un lado y el de la Generalitat por el otro se apresuraron ayer a cantar victoria tras la vergonzante jornada que los ciudadanos de Cataluña se vieron obligados a vivir por culpa de la arrogancia xenófoba —en alianza con las fuerzas antisistema— que Carles Puigdemont representa y la absoluta incapacidad de gestión del problema por parte de Mariano Rajoy desde el principio de esta crisis.

Pero lejos de haber ganado ninguno de los que por desgracia ya podemos llamar dos bandos en conflicto, lo de ayer fue una derrota para nuestro país, para los intereses y los derechos de todos los españoles, sean catalanes o de cualquier otro lugar de España, para el destino de nuestra democracia y para la estabilidad y el futuro del sistema de convivencia que hace casi cuarenta años nos dimos a nosotros mismos.

Quede bien claro que en absoluto somos equidistantes respecto a las responsabilidades que hay que pedir a quienes causaron ayer este monumental destrozo en nuestra democracia del que tardaremos años en recuperarnos. Los culpables principales son el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament que hace tiempo pusieron en marcha un proceso destinado a enfrentar a los catalanes entre sí y a Cataluña con el resto de España. Lejos de comportarse como dirigentes de todos los ciudadanos de su país han exhibido impúdicamente su condición de facciosos dando muestras de un increíble sectarismo. Y lo han hecho con desprecio a la Constitución, al Estatuto de Cataluña, a sus representantes democráticos y al espíritu y la letra del Código Penal. Pero ni sus flagrantes delitos ni sus bravuconadas pueden justificar la pasividad e impericia del presidente Rajoy, su afasia política, su reiterada incomparecencia ante la opinión y su medrosa delegación de responsabilidades en la Administración de justicia, retorciendo para ello hasta el estatuto del Tribunal Constitucional y escudándose en las decisiones de otros al no querer él tomar las que le correspondían.

Dos afirmaciones recientes del jefe del Gobierno bastan para ilustrar esto que decimos. En primer lugar, la de que nadie podría haber imaginado que las cosas llegarían a este extremo. Y enseguida, de forma reiterada —expresada incluso ayer por el ministro del Interior— la de que la actitud de la Generalitat les está obligando a hacer lo que no querían hacer. Si Rajoy no había imaginado nunca que esto se iba a poner como se ha puesto debe de ser porque desde hace años no lee los periódicos, ni los de Cataluña ni los de Madrid, y no ve la televisión. Se cuentan por cientos, por miles, los artículos y declaraciones de políticos, intelectuales, empresarios, líderes sociales, periodistas y observadores de todo tipo que vienen, desde hace años, por un lado anticipando lo que claramente preparaban los independentistas, y anunciando, por otro, la necesidad de tomar la iniciativa para resolver las cuestiones no resueltas de la organización territorial de España.

En cuanto a lo de verse obligado el Gobierno a hacer lo que no quiere pone de relieve que, en efecto, nunca ha sabido lo que quería y debía hacer a este respecto. Quizás se vea ahora, en cambio, obligado a hacer lo que evidentemente nunca quiso: contribuir a revisar la Constitución, abrazar los principios federales que subyacen en la España de las autonomías y buscar el consenso político necesario que evite la división entre españoles, dramáticamente puesta de manifiesto en los acontecimientos de ayer y los días precedentes.

Hace casi cinco años que nuestro periódico publicó una reflexión, fruto del común debate en su consejo editorial, sobre Cómo reconstruir el futuro. En ella se explicaba textualmente que “con ser muy grave la crisis económica por la que atraviesa España, con seis millones de parados y un empeoramiento general del nivel de vida, su importancia palidece si se la compara con la crisis política e institucional que el país afronta”. Y proponíamos un decálogo de medidas entre las que sobresalía la urgencia de una reforma de la Constitución y la reconversión del Estado de las Autonomías de acuerdo con el modelo federal. Nuestro editorial terminaba entonces llamando la atención sobre que era tarea de los líderes políticos encabezar un proceso así y advertíamos de que “si, acosados por la opinión y las sombras de su pasado, se enrocan en su ensimismamiento y hacen oídos sordos a las demandas de la ciudadanía, el régimen de la Constitución de 1978 correrá innecesarios riesgos en el próximo futuro”.

Pues bien, el futuro ya ha llegado y si el llamado régimen del 78 afronta una crisis de Estado tan grave como la que nos ocupa no es debido principalmente al populismo rampante de los leninistas de color violeta y los okupas metidos a parlamentarios que pretenden invadir las instituciones para dinamitarlas. Responsabilidad mayor recae sobre los partidos tradicionales y constitucionalistas, incapaces de ponerse de acuerdo en cuestiones de Estado para promover las reformas urgentes y necesarias, enrocado el PSOE en las ambiciones personales de sus dirigentes, y batiéndose a la defensiva el PP, acusado justamente de ser el más corrupto de los partidos que nos ha gobernado.

Quizás tenga razón la vicepresidenta del Gobierno al criticar al señor Iceta por reclamar ayer la dimisión de Rajoy, acusándole de que su demanda responde solo a tácticas electorales. Pero hoy son muchedumbre los ciudadanos de toda ideología y condición que no se presentan a elección alguna y se manifiestan preocupados por la incapacidad y la falta de asunción de responsabilidades por parte del presidente del Gobierno, dispuesto a endilgar a los demás (jueces, fiscales, policías, Guardia Civil) un trabajo que primordialmente era suyo. Todavía estamos esperando que se le ocurra dirigir un requerimiento formal (no solo declaraciones a los medios) al presidente de la Generalitat, conminándole a que cese en su actividad sediciosa y se enfrente al problema político que verdaderamente tiene ante sí: no es ni era la eventual celebración de una consulta popular suspendida por el Tribunal Constitucional, sino la incitación a una declaración unilateral de independencia por parte de quien paradójicamente es el más alto representante del Estado en la comunidad autónoma de Cataluña. Y que en su loca huida hacia adelante no ha dudado en promover lo que tiene todos los perfiles de un movimiento insurreccional, con el apoyo cuando menos pasivo de un cuerpo armado como el de los Mossos.

La actuación de la policía autonómica de Cataluña es particularmente grave. Si los Mossos, como les fue ordenado, hubieran impedido de antemano la apertura de colegios electorales y retirado urnas y papeletas, esta tarea no habría tenido que ser realizada después por la Policía y la Guardia Civil y nos habríamos evitado muchas de las escenas lamentables que ayer dieron la vuelta al mundo. Evidentemente, esto último era el objetivo prioritario del Govern, que no dudó para ello en situar a los Mossos en su mismo terreno de rebeldía. No queremos que esto se interprete como una justificación por anticipado de la conducta del resto de las fuerzas del orden del Estado español. Su actuación se produjo, por supuesto, dentro de la ley, y como es propio de un Estado de derecho, en la medida en que hayan cometido excesos, se haya aplicado la fuerza de forma desproporcionada o empleado material no autorizado, sus actuaciones serán sometidas al escrutinio de los tribunales y, si fuera el caso, sancionadas.

Ha habido desde el principio más actores en esta crisis. Ya habrá tiempo de debatir sobre la alianza espuria entre los intereses del capitalismo proteccionista de la burguesía catalana con los objetivos del anticapitalismo nihilista y tantas veces violento que representa la CUP. Tiempo también para lamentar la ambigüedad y escasa presencia del PSOE en este proceso, cuyos orígenes se inscriben en algunas torpes decisiones del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy toca saber cómo va a seguir enfrentando este descomunal desafío el Gobierno legítimamente elegido por los españoles. Estos tienen derecho a que Rajoy se lo explique sin necesidad de repetir lo que ya sabemos, que es preciso garantizar el imperio de la ley, porque eso es tan obvio como que amanece cada día. Para nada vale que el Gobierno se lamente de que le obligan a hacer lo que no quería. Lo que tiene que aclarar su presidente, si es capaz de ello, es lo que verdaderamente quiere y está dispuesto a hacer para que este país y sus 17 autonomías tengan un proyecto de futuro, en democracia y pacífica convivencia.

Fuente: El País

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