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Los ministros y ministras de relaciones exteriores de los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Cooperación de los Pueblos (ALBA-TCP), denunciaron que la ofensiva internacional contra Venezuela se inserta en el plan que, desde los grandes centros del poder económico y financiero trasnacional, se propone desmembrar la integración latinoamericana y caribeña, siendo ésta un obstáculo para el saqueo impune de los recursos de la región.

Así quedó plasmado en la Declaración final de la VI reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA-TCP, celebrada el pasado martes 08 de agosto en Caracas, a la que asistieron los cancilleres de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia y que contó con la participación del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

“Los enemigos históricos de la integración latinoamericana y caribeña han lanzado una guerra no convencional contra los gobiernos y pueblos que más la han defendido, cuyo único objetivo es destruir los avances alcanzados en la región; dividirnos e imponer nuevamente el modelo económico neoliberal para así poder dominar y controlar nuestras riquezas y someternos al control de los intereses transnacionales”, señala el documento.

La ALBA-TCP es una plataforma de integración de países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en  la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación y es además una alianza política, económica, y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran. Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada, forman parte del ALBA-TCP.

La declaración de esta última reunión de cancilleres del organismo regional comienza haciendo un reconocimiento al pueblo de Venezuela por el “auténtico acto soberano” de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 30 de julio, pues “solo compete a los venezolanos superar sus dificultades, sin intromisión, amenazas ni condicionamientos injerencistas.”

El pronunciamiento está dedicado mayormente a apoyar a Venezuela ante la arremetida internacional en el plano político, mediático y financiero que pretenden los gobiernos de derecha y los poderes fácticos del gran poder económico mundial, a cuya cabeza está el gobierno de los Estados Unidos.

En este sentido ALBA-TCP condenó las sanciones unilaterales que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano al  considerarlas “una clara violación del derecho internacional, de los derechos humanos y una inaceptable aplicación intervencionista que tiene como único objetivo afectar de manera directa al pueblo y gobierno bolivariano de Venezuela, para conseguir con ello un cambio de régimen.”

Así mismo rechazó las sanciones, “arbitrarias e ilegales, impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, contra ciudadanos venezolanos, incluido el Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Los países del ALBA-TCP advertimos que se cometen una vez más los mismos errores que los condujeron al fracaso en el pasado”.

Denunció que dichas sanciones “sólo tienen como objetivo generar más inestabilidad, al alentar a los sectores más violentos de la oposición venezolana. Los países y organismos internacionales que propician la violencia y el caos, serán responsables de sus consecuencias”

Al respecto exigió “la firme e inmediata condena internacional de la violencia, que ha costado lamentables muertes y numerosas pérdidas al pueblo venezolano, así mismo “reitera el llamado al establecimiento de un diálogo constructivo y respetuoso con vistas a avanzar en la estabilidad política y económica de Venezuela.”

En la declaración ratifica el apoyo a la iniciativa del CARICOM, acordada el pasado 06 de julio de 2017, en la que ofrecen acompañar un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela.

Ofensiva contra la integración latinoamericana y caribeña

Advierte el organismo de integración regional que la ofensiva de los poderes trasnacionales contra Venezuela como contra otros países de la región que tienen gobiernos progresistas, es un ataque directo a la integración latinoamericana y caribeña para tener el control de la región.

En este sentido puntualiza el documento que "la defensa de Venezuela es causa que convoca a todos los que luchamos por la verdadera independencia en América Latina y El Caribe. Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe a estar alertas y a unirnos en defensa de nuestra independencia y soberanía regional, así como a cerrar el paso a los que se empeñan en revertir nuestros logros sociales, impedir la integración y la unidad de Nuestra América.”

Denunciamos la existencia y el desarrollo de un Plan impulsado por el Imperio, el cual pretende vulnerar el desarrollo de gobiernos progresistas. “Sabedores de este Plan estamos conscientes y dispuestos a hacer frente y dar la lucha como bien lo hizo el aguerrido y digno pueblo venezolano.”

Contra el bloqueo a Cuba y el Muro

El ALBA-TCP expresó su más firme rechazo a la política hacia Cuba anunciada por el gobierno de los Estados Unidos de América el 16 de junio de 2017, “que revierte avances alcanzados en los dos últimos años y constituye un retroceso en las relaciones entre ambos países y fortalece el injusto e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo de Cuba.”

Igualmente, reiteró su preocupación por el tratamiento que reciben los migrantes latinoamericanos y caribeños, y la necesidad que se respeten sus derechos.

Sobre la construcción del muro en la frontera norte de México por parte del gobierno de los Estados Unidos, los cancilleres del ALBA-TCP expresaron que “es una clara expresión de discriminación y rechazo, a los migrantes de toda América Latina y el Caribe. Rechazamos las deportaciones masivas de migrantes latinoamericanos y caribeños muchas veces sin respeto a los derechos humanos.”

Finalmente se comprometieron a la observancia y defensa de los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes de Estados y de Gobierno de la región en la II Cumbre de la CELAC.


Declaración de la VI reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA-TCP

Los Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, (ALBA-TCP) en ocasión de la VI Reunión Extraordinaria del Consejo Político del ALBA-TCP, celebrada en Caracas-República Bolivariana de Venezuela, el 08 de Agosto de 2017.

Reconocemos y felicitamos al pueblo venezolano por la jornada democrática del pasado 30 de julio de 2017, conscientes de que celebrar esos comicios y votar en ellos fue un auténtico acto soberano y que solo compete a los venezolanos superar sus dificultades, sin intromisión, amenazas ni condicionamientos injerencistas.

Reiteramos que las sanciones económicas de carácter unilateral, impuestas contra el pueblo venezolano, constituyen una clara violación del derecho internacional, de los derechos humanos y una inaceptable aplicación intervencionista que tiene como único objetivo afectar de manera directa al pueblo y gobierno bolivariano de Venezuela, para conseguir con ello un cambio de régimen.

Teniendo en cuenta los constantes esfuerzos directos e indirectos de atentar contra la paz y soberanía del pueblo y gobierno de Venezuela, la campaña de desprestigio mediática internacional y las acciones unilaterales, violatorias del Derecho Internacional que afectan hoy la economía venezolana.

Destacando que los enemigos históricos de la integración latinoamericana y caribeña han lanzado una guerra no convencional contra los gobiernos y pueblos que más la han defendido, cuyo único objetivo es destruir los avances alcanzados en la región; dividirnos e imponer nuevamente el modelo económico neoliberal para así poder dominar y controlar nuestras riquezas y someternos al control de los intereses transnacionales.

Recordando la Declaración de la XIV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, el pasado 5 de marzo, en Caracas, Venezuela, en la que se afirmó que "la defensa de Venezuela y de su revolución no es problema exclusivo de los venezolanos. Es causa que convoca a todos los que luchamos por la verdadera independencia en América Latina y El Caribe. En Venezuela se libra hoy la batalla de Ayacucho del siglo XXI."

Rechazamos las sanciones, arbitrarias e ilegales, impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, contra ciudadanos venezolanos, incluido el Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Los países del ALBA-TCP advertimos que se cometen una vez más los mismos errores que los condujeron al fracaso en el pasado.

Declaramos que estas acciones contra Venezuela no conducirán a ninguna solución que favorezca al pueblo y sólo tienen como objetivo generar más inestabilidad, al alentar a los sectores más violentos de la oposición venezolana. Los países y organismos internacionales que propician la violencia y el caos, serán responsables de sus consecuencias

Exigimos la firme e inmediata condena internacional de la violencia, que ha costado lamentables muertes y numerosas pérdidas al pueblo venezolano.

Reiteramos el llamado al establecimiento de un diálogo constructivo y respetuoso con vistas a avanzar en la estabilidad política y económica de Venezuela.

Resaltamos el vigor con el que los pueblos latinoamericanos y caribeños defienden los ideales de justicia social y la dignidad del ser humano.

Ratificamos nuestro apoyo a la iniciativa emanada de la 38° Reunión Ordinaria de Jefes de Gobierno de CARICOM, del 06 de julio de 2017, donde ofrecen acompañar un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, a fin de reactivar y dar un reimpulso definitivo a dicha iniciativa que busca la paz en el país.

Reiteramos nuestro más firme rechazo a la política hacia Cuba anunciada por el gobierno de los Estados Unidos de América el 16 de junio de 2017, que revierte avances alcanzados en los dos últimos años y constituye un retroceso en las relaciones entre ambos países y fortalece el injusto e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo de Cuba.

Igualmente, reiteramos la preocupación expresada por los Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP en su XV Cumbre sobre el tratamiento que reciben los migrantes latinoamericanos y caribeños, y la necesidad que se respeten sus derechos.

Expresamos que la construcción del muro en la frontera norte de México por parte del gobierno de los Estados Unidos, es una clara expresión de discriminación y rechazo, a los migrantes de toda América Latina y el Caribe. Rechazamos las deportaciones masivas de migrantes latinoamericanos y caribeños muchas veces sin respeto a los derechos humanos.

Saludamos los avances que se han alcanzado para la reactivación del Fondo para el Apoyo Legal y Asesoría a los Migrantes del Banco del ALBA.

Nos comprometemos a la observancia y defensa de los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes de Estados y de Gobierno de la región en la II Cumbre de la CELAC.

Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe a estar alertas y a unirnos en defensa de nuestra independencia y soberanía regional, así como a cerrar el paso a los que se empeñan en revertir nuestros logros sociales, impedir la integración y la unidad de Nuestra América.

Asimismo, denunciamos la existencia y el desarrollo de un Plan impulsado por el Imperio, el cual pretende vulnerar el desarrollo de gobiernos progresistas. Sabedores de este Plan estamos conscientes y dispuestos a hacer frente y dar la lucha como bien lo hizo el aguerrido y digno pueblo venezolano.

Caracas, 08 de Agosto de 2017

Venezuela comenta el informe de la ONU sobre la situación en el país

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela repudió el informe que emitió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en el país suramericano y lo calificó como falso y tendencioso.

"La República Bolivariana expresa su absoluto desconocimiento de este documento ilegal utilizado para imponer una opinión basada en un enfoque ruin y parcializado por parte de la Oficina del Alto Comisionado", expresa el comunicado publicado por la cancillería.

El ministro Jorge Arreaza manifestó que el informe de la ONU se basa en falsas noticias difundidas por "inescrupulosos medios de comunicación".

En tal sentido, considera que la Oficina del Alto Comisionado insiste en engañar a la comunidad internacional acerca de los sucesos que, sostiene, son perpetrados por un sector de la oposición venezolana, desde el mes abril cuando iniciaron las protestas contra el Gobierno.

"Es más grave aún que la Oficina del Alto Comisionado no exprese ninguna solidaridad con las víctimas de esta estrategia política violenta y criminal, cuyo único fin es derrocar al Gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela", añade.

La cancillería destaca que el informe de la Oficina de DDHH de la ONU compromete la imparcialidad de dicha Oficina, convirtiéndose en un "peligroso precedente para la Naciones Unidas", al publicarse pocos días después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que, asegura, retornó la tranquilidad al país.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe el pasado 8 de agosto, en el que responsabiliza a Venezuela de "uso de la fuerza extendido y sistemático" contra manifestantes y se refiere a otras violaciones, incluidas "torturas, detenciones arbitrarias, maltrato y redadas violentas en hogares".

Comunicado : Venezuela repudia seudo informe emitido por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La República Bolivariana de Venezuela repudia el seudo informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los DDHH en nuestro país que –nuevamente- incurre de manera consciente en la mentira, en señalamientos infundados, tendenciosos y la difusión de falsos supuestos sobre la realidad venezolana.

La instrumentalización de la Oficina del Alto Comisionado con fines políticos  para agredir a Venezuela, desvirtuando los loables fines de esta instancia, se ha convertido lamentablemente en una penosa costumbre durante los últimos tiempos. La utilización de falsas noticias difundidas por inescrupulosos medios de comunicación, sin comprobación alguna, y el uso del doble rasero en materia de DDHH., nuevamente expresan una posición parcializada, vergonzosa y violatoria de la soberanía de Venezuela y del Derecho Internacional.

Es repudiable que la Oficina del Alto Comisionado insista en engañar abiertamente a la comunidad internacional acerca de los sucesos de violencia perpetrados por un sector de la oposición venezolana desde abril del presente año, haciendo caso omiso de la abundante, esclarecedora y fidedigna documentación que el Estado venezolano ha suministrado  a esa Oficina, en la que se demuestra la responsabilidad de los dirigentes opositores en la organización, promoción y financiamiento de actos violentos que han arrojado un doloroso saldo de más de un centenar de personas fallecidas, miles de heridos e incontables daños y sufrimientos al pueblo venezolano.

Y es más grave aún que la Oficina del Alto Comisionado no exprese ninguna solidaridad con las víctimas de esta estrategia política violenta y criminal, cuyo único fin es derrocar al Gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.

Es reprobable éticamente que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con base en un informe incompleto, no concluido oficialmente, basado en opiniones recogidas en entrevistas supuestamente hechas por un autodenominado "equipo de expertos" afirme la existencia de "violaciones masivas" a los DDHH y  presente semejante patraña al mundo como conclusiones de la Organización de Naciones Unidas, comprometiendo así el buen nombre y la reputación de esta organización y sus Estados miembros.

Las espurias conclusiones del auto denominado "equipo de expertos de la ONU" avaladas por el Alto Comisionado han lesionado seriamente la probidad, la imparcialidad, la equidad, la honradez y la buena fe que debe privar en las actuaciones de dicha Oficina, y representan un peligros precedente para la Naciones Unidas.

Esto sucede a pocos días de la exitosa instalación de la soberana y legítima Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, y cuando la tranquilidad y el sosiego retorna a  las calles, y cuando la oposición venezolana –tras el fracaso de esta arremetida violenta- anuncia su retorno al camino electoral y constitucional al decidir participar en las elecciones regionales del próximo 10 de diciembre.

La República Bolivariana expresa su absoluto desconocimiento de este documento ilegal utilizado para imponer una opinión basada en un enfoque ruin y parcializado por parte de la Oficina del Alto Comisionado, y realizará las gestiones diplomáticas a que hubiere lugar para denunciar esta nueva agresión contra nuestro pueblo y nuestro país, desde una instancia que debería servir con equilibrio y ponderación, a la protección de los derechos humanos en el mundo.

La República Bolivariana de Venezuela – ahora inmersa en un proceso constituyente popular- ratifica su compromiso con la paz, la promoción del diálogo entre todos los sectores del país, la tolerancia política y el pleno respeto a los derechos humanos, condiciones esenciales para solventar los problemas que nos aquejan.

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