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A más de un año de la muerte de la activista hondureña Berta Cáceres, la situación para las voces que denuncian atropellos contra los derechos humanos no ha mejorado. Líderes campesinos han sufrido repetidas amenazas y buscan terminar con el apoyo de EEUU a las fuerzas militares, a las que responsabilizan por estos hechos.

Berta Cáceres fue asesinada en marzo de 2016, luego de recibir constantes amenazas durante años por la férrea oposición de la comunidad que lideraba para frenar la construcción de una represa. El caso cobró notoriedad mundial y puso de manifiesto la falta de garantías a los derechos humanos en el país centroamericano.

A más de un año del trágico hecho, la situación no ha cambiado demasiado. Berta Zúniga Cáceres, hija de la referente campesina, fue víctima de un atentado intimidatorio durante una visita a la comunidad de Cancire. 'Bertita', como también es conocida, relató en diálogo con Sputnik este episodio, ocurrido el 30 de junio en el municipio de Santiago Puringla, en el departamento hondureño de La Paz.

"Estábamos saliendo de una comunidad donde no se siente que haya una conflictividad tan alta como en Río Blanco, donde se está construyendo el proyecto Agua Zarca, [el complejo hidroeléctrico al que se oponía Cáceres]. Saliendo de ahí un carro nos rebasó muy rápidamente. En otro lugares nos estaban esperando con machetes. Al esquivarlos nos lanzaron una piedra al vidrio. Luego continuamos e intentaron chocar el carro para sacarnos y tirarnos a uno de los abismos", relató.

​Además de Zúniga Cáceres, otras dos mujeres iban en el coche objeto del amedrentamiento. Las activistas lograron sortear el atentado y continuar su camino por otro trayecto. Luego, denunciaron el hecho a través de los canales posibles.

"Sabemos que hubo una intervención de la embajada de EEUU, que activó al ministerio de Seguridad y se formó un revuelo alrededor de la cuestión, pero realmente hay muy poca interlocución con las autoridades hondureñas", indicó 'Bertita', coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fundado por su madre.

Según dijo a Sputnik la activista, "uno de los hombres que conducía ya está detenido", pero ahora se está poniendo en cuestión como "falsos" los testimonios que dieron las tres mujeres. A su criterio, es "escandaloso" que con "cosas así se vaya perpetuando la impunidad".

Este episodio se da al mismo tiempo que un grupo de congresistas estadounidenses pertenecientes al Partido Demócrata intentan llevar adelante el proyecto de ley Berta Cáceres por los Derechos Humanos en Honduras. Este esbozo normativo tiene como fin "cortar la ayuda militar" que Washington brinda a Tegucigalpa. Este apoyo ha permitido la "expansión" de las Fuerzas Armadas hondureñas.

"En nuestro país esta iniciativa se justifica porque varias violaciones a los Derechos Humanos están vinculadas a la presencia militar y policial. Mariano Díaz Chávez, un agente de las Fuerzas Armadas e instructor de la Policía Militar del Orden Público, ha sido detenido como uno de los autores que planificaron y participaron en el asesinato de mi mamá y nuestra compañera Berta Cáceres", dijo la coordinadora del COPINH.

Inicialmente la Policía hondureña adjudicó el homicidio como un intento de robo y no como un atentado. La investigación fue obstaculizada, por ejemplo, cuando el expediente judicial fue robado en septiembre de 2016. La jueza a cargo de la causa llevó el archivo para estudiarlo en su domicilio, pero en el camino fue interceptada por hombres armados que robaron su coche y los documentos.

Hasta ahora, el caso "sigue impune". Hay personas detenidas, pero no han sido juzgadas bajo una situación regular, dijo la hija de la víctima. A su criterio, Honduras "quiere demostrar ante la comunidad internacional que su institucionalidad tiene cierta efectividad", pero es "parte de un montaje" ya que no hay un proceso profundo. "Básicamente aquí se vive un clima de impunidad muy alto", sentenció.

"Luego del asesinato se hizo una visita de incidencia al Congreso de EEUU y con algunos miembros que tienen una gran sensibilidad con el tema militar y el manejo de armas incluso dentro de su país. Ellos se comprometieron a hacer algo y se sabe que la presencia de EEUU en Honduras es súper fuerte y que básicamente todas las decisiones que se tomen ahí impactan de manera relevante", explicó 'Bertita'.

​Entre los encuentros que mantuvieron, conocieron a Hank Johnson, representante por el Estado de Georgia. El parlamentario copatrocinó y dio un impulso al proyecto de ley que busca prohibir la ayuda militar de EEUU a Honduras. Fue presentado en el Capitolio en julio de 2016 y reintroducido el 2 de marzo de 2017, con motivo del aniversario del fallecimiento de la activista. A partir de ahí, "comienza todo este movimiento de apoyo en EEUU, no solo a nivel del Congreso".

"Es una propuesta yo creo que de las más radicales que hay, porque sabemos que el golpe de Estado [efectuado en 2009 contra Manuel Zelaya] y todos los gobiernos golpistas y continuadores del mismo se han sostenido en base a la presencia militar que tienen en Honduras, que funcionan para garantizar las inversiones de la empresa privada nacional y trasnacional", aseveró Zúniga Cáceres.

El proyecto de ley Berta fue presentado inicialmente por cinco representantes, pero con el tiempo se han sumado otros sesenta miembros del Congreso. "Es un número bastante alto que no esperábamos. Eso resulta mucho para que se convierta en una ley como tal", dijo la entrevistada de Sputnik, quien denunció que hay "campañas de criminalización y estigmatización muy fuerte", además de una "persecución judicial" contra todas las voces que se alzan por las comunidades indígenas o el medio ambiente.

"Aquí en Honduras se reacciona criticando y diciendo que tenemos intereses económicos en generar denuncias falsas, que son ataques que nosotros mismos nos estamos inventado. Nos tratan de desprestigiar y de inmovilizar para que no reaccionemos ante esas cosas", concluyó.

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