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El domingo 16 de septiembre, esta web publicó una noticia titulada “El Gobierno adjudica de forma polémica un servicio aéreo de salvamento marítimo valorado en 240 millones de euros a una filial de EADS sin licencia para volar”.

En ella se advertía que INAER, empresa española que desde hace casi veinte años venía siendo adjudicataria del concurso de salvamento marítimo convocado periódicamente por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), había recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) la última adjudicación otorgada a una UTE formada por “EADS Construcciones Aeronáuticas” y “EADS PZL Warsaawa” (una filial polaca). También se indicaba que, con toda seguridad, el TACRC, dictaminaría la improcedencia de que la UTE adjudicataria operase ese servicio sin medios ni experiencia suficientes.

El hecho fundamental de que EADS careciese de licencia para volar, es el que oficialmente ha motivado el dictamen negativo del TACRC, que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y la subsiguiente revocación del contrato avalado ab initio por el Ministerio de Fomento, organismo en el que se encuadra SASEMAR.

En realidad, una vez que el caso saltó a los medios de información digitales, que cada vez son más considerados por los responsables de imagen y comunicación del Gobierno y de los propios partidos políticos, el ministerio que dirige Cristóbal Montoro apostó por no “gastarse” en el tema, pasando la “patata caliente” a la ministra de Fomento, Ana Pastor, para que, dado que el dictamen del TACRC no era vinculante, asumiera en plenitud el riesgo de su polémica decisión original, cosa que evidentemente no ha sucedido.

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