En la Newsletter del pasado 5 de agosto (“El ministro de Defensa pierde los papeles”), mostrábamos nuestra extrañeza al ver al ministro Morenés convertido en agente comercial de la industria de defensa, gestionando un posible contrato para la compra de 250 carros de combate “Leopardo” por parte de Arabia Saudí, valorados en unos 3.000 millones de euros. También sorprendía que este avanzado sistema de armas terrestre pudiera ser fabricado en España por General Dynamics (European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas) cuando su productor original y titular de la patente es la solvente compañía alemana Krauss Maffei.

Seguro que el ministro de Defensa guarda claves relevantes sobre quién y cómo va a hacer ese nuevo “negocio del siglo”, pero los expertos españoles vinculados al Programa “Leopardo 2E”, militares y civiles, tienen serias dudas al respecto y también algunas preguntas todavía sin respuesta. Es decir, se encuentran en situación parecida a la de los miembros del Congreso de los Diputados, sin luz ni taquígrafos de por medio.

La renovación del parque español de carros de combate fue inducida por dos circunstancias insostenibles: la obsolescencia del material disponible y su diversidad, que en 1995 soportaba cinco sistemas distintos con 150 AMX-30 EM2, 60 AMX-30 ER1, 164 M-48A5E, 50 M-60 A1 y 244 M-60 A3, de caro y, sobre todo, ineficiente mantenimiento. La racionalización logística, presente y futura, la mejora de las prestaciones bélicas y la necesidad de una doctrina acorazada unificada, fueron motivos suficientes para justificar aquel cambio cualitativo y la gran inversión que conllevaba, aunque la dimensión final de la compra (250 carros “Leopardo 2E”, que en realidad eran una adaptación del modelo 2A4) fuera mucho más discutible a tenor de la naturaleza del sistema y de la necesidad de otros vehículos acorazados más adecuados para las nuevas misiones de proyección.

El “Leopardo 2E”, una necesidad mal gestionada

La precariedad del parque prexistente y la necesidad de implementar una nueva cultura de carros de combate, obligó a concertar un “alquiler a precio simbólico” de 108 unidades del “Leopard 2A4”, excedentes del parque acorazado del Deutsches Heer (Ejército de Tierra alemán). De esta dotación, transferida a España entre noviembre de 1995 y julio de 1996, sólo se mantienen operativas 54 unidades, manteniéndose las restantes “hibernadas” en Zaragoza.

El actual Ministro de Defensa, Pedro Morenés, conoce bien las tortuosas vicisitudes del Programa “Leopardo 2E”, porque él fue quien presidió su Comité de Dirección siendo SEDEF, durante el mandato ministerial de Eduardo Serra. Los problemas comenzaron en 1996 cuando, en ves de una adquisición directa, se decidió una “cofabricación” sin disponer de una industria capaz de abordarla, con tecnología y know-how suficientes para no fracasar en el empeño (la Empresa Nacional Santa Bárbara, ENSB, ya se había mostrado incapaz de “codesarrollar” el modelo “Lince”, derivado del “Leopard” y con autorización de KraussMaffei para ser exportado a terceros países).

El mismo Morenés, entonces SEDEF y ahora ministro de Defensa, nada hizo para modernizar ENSB y preparar sus instalaciones y a su personal técnico de forma que pudiera acometer la fabricación del “Leopardo 2E” con un mínimo de garantías. No obstante, concluida ya en 1996 la recepción de los carros “Leopard 2A4” excedentes del Heer alemán que garantizaban la operatividad de nuestro Ejército de Tierra, el Gobierno del PP se vio obligado a firmar el contrato de “cofabricación” de los nuevos “Leopardo 2E” el 31 de diciembre de 1998, a punto ya de que la titular de la licencia de fabricación y consocio industrial de la operación, KraussMaffei, renunciara al compromiso, amenazando con retirar todos los carros alquilados “a precio simbólico” o venderlos a precio de mercado.

Al poco de firmarse el contrato, comenzaron a surgir todos los problemas previsibles, empezando con el recalculo de los precios de fabricación presentado por ENSB, que ascendía a 1.000 millones de pesetas por unidad frente a los 700 millones que costaba en Alemania. Lo paradójico de esa situación es que, como en España no existía una industria capaz de fabricar todos los componentes del sistema, su coste en Alemania se veía incrementado por el del transporte hasta la factoría de “Las Canteras” en Alcalá de Guadaira (Sevilla), lugar del ensamblaje, también más costoso que en la factoría KraussMaffei de Münich.

El chanchullo político de la venta de ENSB a General Dynamics

La chapuza política, interesada por el ministro Eduardo Serra, tan odiado por la industria europea de defensa como apreciado por la estadounidense, se centró entonces en negociar soterradamente la entrada de un socio tecnológico en ENSB que garantizara el buen fin de la nueva fabricación de carros, con el señuelo de que la cartera de pedidos de ENSB superaba entonces nada más y nada menos que los 3.000 millones de euros. De ellos, unos 2.000 millones (318.000 millones de pesetas) correspondían a la fabricación de 219 carros de combate, más cuatro de enseñanza y siete de recuperación.

Como no podía ser menos, los esfuerzos del tándem Serra/Morenés se orientaron en la búsqueda de un socio industrial para ENSB no europeo, sino estadounidense. Y, por si esto fuera poco, uno que competía de forma directa con KraussMaffei en la fabricación de carros de combate; es decir un “intruso” en la industria sectorial de la Unión Europa que, sin aportar ni mucho menos una tecnología más avanzada ni más fiable que la del fabricante alemán, pretendía usar ENSB como “cabeza de puente” para robarle su mercado natural, debilitar su fortaleza económica y, en última instancia, colonizar Europa con la tecnología de guerra de Estados Unidos.

En definitiva, en el año 2000 ENSB no se “asoció” con nadie, sino que se vendió directamente por cinco millones de euros a la norteamericana General Dynamics, envuelta en el papel celofán de sus 3.000 millones de euros en pedidos, sin contar el adorno de los 500 millones de euros que la SEPI tuvo que aportar para cubrir el coste de la privatización (Informe del Tribunal de Cuentas hecho público el 7 de febrero de 2007 y remitido al Congreso de los Diputados). A partir de esa venta-regalo, ENSB pasó a denominarse General Dynamics (European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas) y comenzaba la lógica batalla de KraussMaffei para proteger sus diseños y patentes ante el competidor estadounidense seleccionado por el Gobierno español para regalarle ENSB, lo que derivaría en mayores retrasos (cuatro años) para cumplir con las entregas de los “Leopardo 2E”.

La traición española a la industria europea de defensa

Esta estrategia “neo-imperialista” para imponer la tecnología de defensa estadounidense a nivel mundial, con sus derivadas de control operacional,  se puso en marcha a raíz de que el Consorcio Europeo de Airbus Industrie ganara la partida en muy pocos años a la industria aeronáutica civil representada por McDonnell Douglas y Boeing, derivada en una obligada fusión “de supervivencia” de los dos colosos norteamericanos, que en 1997 dio lugar a la actual The Boeing Company. Un enfoque estratégico (de “cabeza de puente”) muy parecido al seguido con la compra de la antigua ENSB, es el que ya subyacía en la adquisición de los famosos aviones “Hornet” (F-18) de McDonnell Douglas para renovar los sistemas de armas de la Fuerza Aérea Española (con su futuro europeo truncado por el Consorcio Eurofighter) y que también justifica la incorporación del sistema de combate “Aegis” en la flota de la Armada Española.

Claro está, que el contrato de “cofabricación” firmado por el Ministerio de Defensa con KraussMaffei nada decía sobre cesión de licencias o fabricación del “Leopard” para venta directa a terceros países. Según el contrato, ENSB sólo cubría el 60 por 100 del proceso de fabricación, el resto (módulos de blindaje, motores, componentes específicos…) se producían y se recibían desde Alemania, sin que el socio industrial español dispusiera de la tecnología y el know-how para el  desarrollo completo del sistema.

Dicho de otra forma, hoy por hoy, es imposible fabricar en España carros “Leopardo” sin un acuerdo expreso con KraussMaffei. Pero aun así, siempre será mejor y más barato adquirirlos directamente de su central alemana, puesto que el cliente del caso no exige al parecer contraprestaciones industriales, sino un producto fiable en un “paquete cerrado” que incluya todas las especificaciones, que garantice el mantenimiento a largo plazo, el entrenamiento de la tripulación, el eventual suministro de munición, y la responsabilidad ante posibles reclamaciones…

Entonces, ¿por qué montar un contrato “Gobierno a Gobierno” en vez de un acuerdo directo entre fabricante y cliente? ¿Y, en todo caso, por qué montarlo entre España y Arabia Saudí en vez de entre Alemania y Arabia Saudí…?

Falta de transparencia gubernamental en el negocio de las armas

España no tiene experiencia en este tipo de operaciones, en las que un gobierno compra armamento por cuenta de otro (otros países sí la tienen, como Alemania), lo cual no deja de añadir incógnitas y prejuicios de partida. Precisamente por esta falta de experiencia en una materia tan delicada, el Consejo de Ministros cubrió el vacío jurídico existente mediante el Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, sobre medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, cuyo enunciado parece cosa más general pero que básicamente supone habilitar al Gobierno para firmar contratos directos de venta de armamento y gestionar una cuenta, al margen de la práctica presupuestaria normal, alimentada con fondos extranjeros.

Parece claro, pues, que la operación viene muñida desde hace tiempo, y que, si todo sigue su curso (incluida la autorización de KraussMaffei), Arabia Saudí ingresará en una cuenta “fuera de presupuestos” los fondos comprometidos en la adquisición de los “Leopardo” (más o menos 3.000 millones de euros) para que Defensa pague a la empresa estadounidense General Dynamics (ya no es la española ENSB) el importe de los carros de combate a medida que sean entregados.

De hecho, España envió hace tiempo a Arabia Saudí un prototipo del “Leopardo” para someterlo a pruebas en el desierto, que se vieron afectadas por alguna deficiencia subsanable en el equipo de aire acondicionado requerido de forma específica.

Pero refiriéndose el caso a una materia tan delicada , y con un país  de destino tan significativo como Arabia Saudí, que es una de las dictaduras más despóticas del mundo árabe, choca el que la instrumentación política y administrativa del mismo se haya metido “de matute” en un Real Decreto-Ley de confusa denominación. Máxime cuando todo indica que este tipo de contratos son de adjudicación nominal (sin concurso público), que se podrán reiterar con otros países de régimen similar (regidos por las leyes islámicas y prácticamente sin libertades civiles y políticas) y que tendrán categoría de Tratados Internacionales (el Gobierno de España actuará como mandatario del Gobierno de Arabia Saudí), sin prever refrendo alguno del Parlamento, al que de momento se ha ocultado su conocimiento.

El problema ético: armas contra la democracia

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la exportación de armamento requiere una autorización administrativa, en concreto la que concede la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Uno de los criterios que condicionan dicha autorización, es el del respeto de los derechos humanos en el país de destino, algo más que cuestionable en el caso de Arabia Saudí.

Según Amnistía Internacional, en Arabia Saudí se persigue a los opositores al régimen; se detiene a las personas por sus creencias religiosas o por su orientación sexual; se discrimina a las mujeres y se las somete a violencia y se ejercen torturas sistemáticas en las prisiones. Además, los carros de combate “Leopard” vendidos directamente por España se podrían utilizar en otros países (por ejemplo en el norte de Yemen), de la misma forma y con la misma brutalidad que cuando sus tropas invadieron Bahrein para reprimir las protestas democráticas de la “Primavera Árabe”.

Por eso, tampoco dejó de sorprender que el ministro Morenés se atreviera a negar recientemente que los “Leopardo” de este polémico contrato puedan usarse “para reprimir manifestaciones” (“El País” 31/07/2012). Su autoridad técnica, política o moral para asegurar tal cosa, es absolutamente nula.

Sin embargo, la legislación sobre el control del comercio de armamento no deja de tener resquicios para que prevalezcan los intereses no éticos. La Posición Común de la Unión Europea 2008/944/PESC no prohíbe de forma taxativa la exportación a países en los que se haya constatado graves violaciones de los derechos humanos; bien al contrario, permite que los Estados exportadores tengan en cuenta sus intereses económicos, sociales, comerciales e industriales.

En este sentido, el Ministerio de Defensa español estaría encantado de incorporar al contrato con Arabia Saudí algunos de los carros “Leopardo” de su propio pedido y pendientes de entrega, con el ahorro presupuestario consiguiente. Al mismo tiempo, el contrato garantizaría carga de trabajo para las instalaciones de General Dynamics de Alcalá de Guadaira durante casi una década con efecto sobre decenas de empresas subcontratistas.

Otro aspecto no menor de la cuestión, es el de los intereses industriales y estratégicos de Estados Unidos. En realidad, General Dynamics es una empresa estadounidense y el conjunto de su industria de defensa está vendiendo armamento a Arabia Saudí por un valor cercano a los 45.000 millones de euros, incluyendo aviones de combate F-15, 70 helicópteros de combate tipo “Apache” y 72 tipo “Black Hawk”, así como sistemas de misiles THAAD, rearmando a su principal aliado árabe con el punto de mira sobre  Irán.

Un extraño contrato multibillonario consumado en secreto

Con estos datos, es fácil deducir que la JIMDDU no pondrá ningún reparo a la exportación de los carros de combate “Leopardo” a Arabia Saudí. En todo caso, sus argumentos para autorizar dicha exportación serán inaccesibles, dado que el Gobierno ha clasificado el contenido de sus actas con la categoría de “secreto”.

Según la vigente Ley 9/1968, de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales, la declaración de “materia clasificada” sólo se puede aplicar cuando su conocimiento público “pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”. Por ello, no deja de ser curioso el criterio del Gobierno al no considerar que la fabricación y venta de carros de combate a Arabia Saudí ponga en peligro la seguridad y defensa del Estado, pero sí el conocer las concretas razones en las que se basa la autorización de la exportación…

Sea como fuere, hay quienes aseguran que el contrato ya está firmado. La multitud de entrevistas oficiales realizadas al efecto, con la participación directa y asidua del rey Juan Carlos, y en particular los últimos encuentros mantenidos por el ministro Morenés con su homólogo alemán, Thomas de Maiziére, y con altos representante del Gobierno saudí, de reconocida vinculación con el tema, así lo indican.

Pero, al margen de lo expuesto y de las suspicacias comisionistas que siempre planean sobre los grandes contratos de armamento (este es realmente multibillonario), máxime si en el entorno de su gestión aparecen  determinados personajes especializados en la materia, lo que más llama la atención es que nadie se haga las preguntas de rigor al caso. Sin querer ser exhaustivos, señalemos las más inquietantes.

¿Qué puede tener que ver el polémico “caso Leopardo” con las obras del AVE saudí, también de presupuesto multibillonario, adjudicadas al cluster de empresas españolas liderado por el empresario Juan Miguel Villar Mir…? ¿Y qué relación puede existir entre el trabajo desarrollado por este empresario en Arabia Saudí y el título de marqués de Villar Mir con el que, de la noche a la mañana, le distinguió el rey Juan Carlos el pasado 3 de febrero…?

¿Por qué razón el monarca saudí no acude directamente a KraussMaffei y/o al Gobierno alemán para adquirir los “Leopardo” a su fabricante genuino…? ¿Se trata de una simple derivación de favor hacia España sin contrapartidas o, bien al contrato, éstas existen de forma oculta e inconfesable…?

¿Estamos, en su caso, ante contraprestaciones meramente económicas o civiles sin mayor trascendencia política o estratégica…? ¿Cambiamos acaso carros de combate, facturación y comisiones por acuerdos intervencionistas de futuro con costo de sangre…?

¿Qué papel juega el aliado de referencia de Arabia Saudí en materia de defensa, Estados Unidos, en este complicado entramado contractual que implica a una de sus más grandes empresas de armamento…? ¿Por qué no han entrado en liza directa los prestigiosos carros de combate “Abrams” de General Dynamics, o por qué, en todo caso, esta misma compañía, con sede operativa en Alemania, no ha suscrito un acuerdo de cofabricación del “Leopard” directamente con KraussMaffei…?

¿Qué han dicho o que tienen que decir al respecto KraussMaffei y el Gobierno alemán y con qué consecuencias para España…?

¿Se han considerado y evaluado las posibles represalias contra España  por parte de quienes se sientan amenazados por los “Leopardo” españoles de Arabia Saudí…?

¿Qué sabe el Congreso de los Diputados del “caso Leopardo”?

Hoy por hoy, es inconcebible que la adjudicación de un contrato de naturaleza bélica y de enorme volumen económico como el de los 250 carros “Leopardo” requeridos por Arabia Saudí, carezca de contraprestación directa alguna o de acuerdos compensatorios indirectos, sobre todo cuando el mercado armamentista soporta de siempre un fuerte intervencionismo gubernamental en todo el mundo. De hecho, el “caso Leopard” contrapone la paradoja de, que mientras durante el franquismo nadie quiso vender carros de combate a España (salvo la oportunista licencia de fabricación de los AMX que nos endosó Francia y el regalo de la chatarra “Patton” de la ayuda norteamericana), ahora nuestro Gobierno democrático vende un sistema de armas represivo y letal a una dictadura impresentable que, una por otra, deja a la del general Franco en mantillas…

Sabido es que la industria de defensa plantea muchas reticencias, a veces injustas o desproporcionadas; pero cuando sus contratos se gestionan de forma oscurantista y a espaldas del Parlamento, como sucede con el “caso Leopardo”, nada impide aventurar que rezuma podredumbre por los cuatro costados. Lo mínimo y prudente en un Estado de Derecho sería someterlo al conocimiento y eventual debate en el Congreso de los Diputados, con luz y taquígrafos por medio.

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