En relación con la noticia publicada por este medio el día 09 de abril de 2013 titulada El Tribunal Superior de Justicia de Galicia dicta una Sentencia que perjudica al numeroso colectivo de militares de la Escala Auxiliar”: miembros del colectivo EXACAE comentan que con posterioridad a esa fecha, al considerar el recurrente que la Sentencia era errónea,  el TSJ de Galicia estimo el recurso interpuesto por el interesado, contra la Sentencia 424/2012 que desestimaba el recurso contencioso-administrativo 429/2010, por ser erróneos los Fundamentos Jurídicos en que se basaba dicha Sentencia, retrotrayendo el Tribunal las actuaciones a la fecha de votación y fallo de la Sentencia anulada. Con posterioridad, el recurrente presenta un nuevo escrito de alegaciones, solicitando que se estimara su recurso en base a las mismas y a lo expuesto en el escrito de demanda.

Transcurrido el tiempo procesal oportuno, el 27 de noviembre de 2013 el Tribunal dicta una nueva Sentencia (la 822/2013), con la que desestima nuevamente las pretensiones del interesado, que solicitaba al amparo de lo dispuesto en la D.A. 10ª de la Ley 39/2007 de la carrera militar, que se le ajustaran los trienios al subgrupo A-1, desde la antigüedad reconocida por este Ley para el empleo de teniente (17-02-85) y con efectos económicos de 01-06-08, por impedirse en el punto 7 de dicha disposición efectos económicos anteriores a la entrada en vigor de la Ley (01-01-08), y que se le aplicasen los mismos criterios en esta materia, que los que  aplica la Administración al resto de oficiales de las FA,s.

Comentan algunos miembros de este colectivo que lógicamente y como no podía ser de otra forma acatan la Sentencia, pero no pueden compartirla pues lo que se pretendía con el recurso en cuestión, era que el Tribunal aclarase si un ajuste de trienios al subgrupo A-1 desde la antigüedad reconocida para el empleo de teniente por la Ley 39/2007, y con efectos económicos de 01-06-08, acorde con lo que se dispone en el citado punto 7 de la D.A. 10ª de la mencionada Ley, producen o no efectos económicos anteriores al 01-01-08, por lo que no comprenden cómo pueden producirse efectos económicos anteriores al 01-01-08 tal como se afana en afirma el Tribunal, cuando el interesado lo que solicitaba son efectos económicos de 01-06-08, pues ya hay que tener mucha imaginación y aplicar una especie de “super ingeniería jurídica”, para demostrar que: unos efectos económicos de 01 de junio de 2008, producen efectos económicos anteriores al 01 de enero de 2008, hasta ahora se sabía que los efectos económicos se producían en la fecha en que se hacían efectivos, en este caso el 01 de junio de 2008, pero ahora según el Tribunal, parece ser que no es así, tampoco entienden como puede decirse que el escalafonamiento es teórico cuando está basado en la puntuación obtenida en los correspondientes cursos de aptitud, incluso la misma Subsecretaria de Defensa en su Resolución de 24 de abril de 2009, indica que las antigüedades pasan a ser reales y de plena eficacia en el momento de que cada interesado se incorpore al escalafonamiento definitivo,  por lo tanto este escalafonamiento nunca puede ser teórico . Asimismo el Tribunal no tienen en cuenta que la D.A. 10ª, se dictó por los Legisladores para que los afectados recuperasen unos derechos de ascensos y antigüedades en los empleos que les correspondían y que antaño fueron violados por la Administración y los Legisladores, por lo tanto estos derechos violados tienen que recuperarse con todos los efectos incluidos los que reclamaba el recurrente, y que la Administración y ahora la “Justicia” le deniegan. Hay que tener en cuenta que todos los tenientes de las FA,s perfeccionan trienios en el subgrupo A-1 desde la fecha de antigüedad del empleo de teniente, con la única excepción de los componentes de este colectivo, por lo que entienden que puede tratarse de un posible fraude de Ley por parte de la Administración, ahora tutelado por la “justicia” que está produciendo un agravio y discriminación en los afectados.

Apuntan también, que esta Sentencia no les pilla de sorpresa, pues ya se intuía por la forma de  dictar la Sentencia anulada, que daba la sensación de que la intención del Tribunal era la desestimación del recurso sin entrar en el fondo del asunto, y que la “justicia” en España está como esta y era muy difícil que atendiera  a las que creen justas pretensiones del afectado, y piensan que las fundamentaciones del recurrente pueden ser tan validas como las del Tribunal, pues no son contrarias a lo que se dice en la Ley, y de estimarse el recurso se eliminaría el agravio y discriminación existente. Ahora nuevamente queda en manos de los políticos el arreglarlo y la “justicia” volverá a quedar mal, tal como paso en su día (1993) con las reclamaciones de los ascensos de este colectivo, que al final quedaron bien los Legisladores dándole la razón a los afectados y la “justicia” con sus contradicciones quedo mal parada ante este colectivo.

Por parte de los afectados, familiares, amigos y conocidos de este numeroso colectivo (más de 4.000 afectado directos en toda España), desde hace más de cinco años, continúan informando mensualmente a los componentes de la Comisión de Defensa del Congreso, de este posible fraude de Ley que comete la Administración con el visto bueno del Gobierno de turno, y no comprenden como el Gobierno del Partido Popular no lo elimina, pues el Grupo Parlamentario Popular en la legislatura pasada prometió resolver este problema en caso de gobernar, y de momento después de más de dos años de gobierno no lo ha hecho y no se le ve intención de hacerlo.

Este espinoso asunto se remonta al año 1977, cuando la Administración empezó a desviar las vacantes de la Escala Auxiliar, para otros cuerpos y escalas, principalmente para la escala de complemento y la escala especial (después media), y rematado por los Legisladores con la aprobación D.T.5ª de la Ley 17/1989, que impidió ascender a teniente a los componentes de los cursos XXXII al XXXV de la Escala Auxiliar y del IX al XVI del Cuerpo Auxiliar de Especialistas, a pesar de contar estos con el curso de teniente aprobado varios años antes de la aprobación y la entrada en vigor de esta Ley (01-01-90) y no pudieron ascender antes debido al desvío de vacantes citado, por lo que a partir de 1990, en aplicación de esta D.T. 5ª de la Ley 17/1989, el desvió de las vacantes de teniente fue total, para beneficiar al personal otros cuerpos y escalas, relegando a los afectados al empleo de subteniente durante largos años, hasta que los legisladores lo intentaron arreglar con la D.A. 8ª puntos 1 y 2 de la Ley 17/1999, pero aquello solamente fue un parche que no solucionó el problema. Con la promulgación de la D.A. 10ª de la Ley 39/2007, los Legisladores intentaron nuevamente solucionar este problema de una forma definitiva, pero este posible fraude de Ley que está cometiendo la Administración con el apoyo del Gobierno de turno y ahora también con el de la “justicia”,  está impidiendo que se solucione de una vez por todas. Ahora la solución está nuevamente en manos de los Legisladores, ¿serán capaces estos de solucionar el problema de una forma definitiva después de tantos años sin hacerlo?, los afectados comentan que no se fían después de tantas promesas incumplidas.

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