La Asociación de Militares Españoles (AME) considera que el proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas elaborado por el Ministerio de Defensa “no tiene razones de legalidad, no resulta oportuno, no es urgente y debe mejorarse”.

En un comunicado, la AME subraya que este proyecto carece de esas citadas razones de legalidad al consolidar modificaciones en la Constitución establecidas a su juicio en la Ley Orgánica 9/2011 de Derechos y Deberes sin sujetarse a los trámites que la Carta Magna establece para estos cambios.

Para esta asociación resultaría más adecuado publicar una nueva Ley de Personal Militar “y derogar la nefasta Ley 39/2007 de la Carrera Militar”.

La AME denuncia que el proyecto de Régimen Disciplinario establece las faltas muy graves para seguir el modelo del Estatuto del Empleado Público, “pero no se dice que éstos no tienen un código penal específico”, a diferencia del personal de las Fuerzas Armadas, que cuenta con un sistema completo de Justicia Militar y con un Código Penal propio.

La Asociación de Militares Españoles también critica que el proyecto de Defensa cree la figura de la sanción económica, que el artículo 220 de las Reales Ordenanzas limitaba a los procedimientos judiciales, “lo que supuso un éxito” al terminar con una sanción colectiva “contra las familias de los militares, con la pena subsidiaria a terceros inocentes”.

Otro de los defectos que la AME observa en este proyecto es que considera que todos los militares son profesionales para sancionarles, “pero pierde de vista a los reservistas voluntarios y forzosos”.

Además, destaca que en el texto de esta futura ley se incluyen las faltas de los alumnos en el periodo de formación, “cuando deberían estar sujetos a la disciplina escolar y no militar”, como en anteriores regímenes disciplinarios y escolares que “tan buenos resultados” han dado en la selección del personal militar que se ha formado en todas las Academias de las Fuerzas Armadas.

Otro de los puntos cuestionables, a su juicio, es que incluya como autoridades con capacidad disciplinaria al ministro de Defensa y al subsecretario, junto con altos mandos militares, para la sanción de las faltas muy graves, lo que convierte al sistema “en un embudo y al régimen disciplinario militar en político-militar”.

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