Ya se sabe que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha convertido en el “pisacharcos” oficial del Gobierno. Una de sus últimas hazañas ha sido empeñarse de forma infructuosa en que la Audiencia Nacional encausara por “delitos contra las instituciones del Estado” (que pueden ser castigados con penas de hasta cinco años de prisión) a 35 manifestantes detenidos por la Policía el pasado 25 de septiembre, durante la concentración ciudadana convocada con el lema “Rodea el Congreso”.

El relevo sobrevenido de Carlos Divar al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), saldado el pasado 23 de julio con la toma de posesión de Gonzalo Moliner como presidente de ambas instituciones, reconfirmó ante la sociedad civil la conveniencia de “despolitizar” el Poder Judicial dando un mayor peso al pronunciamiento interno de la “carrera judicial” en la elección de dichos cargos. Ahora, el “paso atrás” marcado al respecto por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha causado un gran malestar en las bases del estamento judicial que consideran su dependencia de los partidos políticos insostenible, frustrante y, sobre todo, anacrónica y discordante con la separación de poderes propia del Estado democrático.

Redacción

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 13 de septiembre, publica la Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

El rechazo que dentro del PP tiene la imagen que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, viene proyectando públicamente por su afán de protagonismo político y exhibicionismo mediático, está superando los límites soportables. Sobre todo cuando sus excesos poco tienen que ver con posiciones o decisiones estratégicas del Gobierno, como la excarcelación del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, que se consideran internamente no criticables, aunque nadie dude del daño que pueden causar en términos electorales.