Aunque el tema no haya trascendido al gran público, las elecciones que se celebraron el pasado 10 de octubre para renovar la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de España, ganadas por el candidato ‘opositor’ Gonzalo Aguilera, ha supuesto un fuerte varapalo personal para Mariano Rajoy, que se encuentra en excedencia dentro de este Cuerpo del Estado de tradición conservadora, y para el ministro Ruiz-Gallardón. Ambos han pretendido de forma infructuosa privatizar el Registro Civil, un proyecto alentado por el lobby de la ‘Asociación de Registradores Bienvenido Oliver’ (ARBO) en el que destaca como miembro activo Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno, y que ha generado una guerra sin precedentes dentro de dicho colectivo.

El nuevo decano del Colegio de Registradores, que en la actualidad es titular del Registro de la Propiedad número 1 de Denia, contaba en su candidatura, denominada ‘Compromiso’, con la significada concurrencia de Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda en la IX Legislatura bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero.

De otra parte, la gran derrotada, la candidatura oficialista ‘Futuro Registral’ encabezada por Alfonso Candau, decano en Funciones y también miembro relevante de ARBO hasta la apertura del proceso electoral, contaba con Teresa Touriñan, Registradora de Vilalba (Lugo) y nuera del ministro Ruiz-Gallardón, lo que ha producido un fuerte rechazo entre los electores, aun cuando en su inmensa mayoría se vinculan con la ideología conservadora, y conllevando, en definitiva, el vuelco electoral que ha pasado dura factura a la desastrosa política desarrollada desde el Ministerio de Justicia.

En su programa electoral, los integrantes de ‘Compromiso’, la candidatura ganadora y opuesta a la pretendida reforma de Ruiz-Gallardón, hacían la siguiente manifestación: “A la vista de las reformas y disposiciones legales en tramitación que afectan de forma determinante a la función que los registros desempeñan, ofrecen compromiso de colaboración con la Administración con espíritu positivo y constructivo, proponiendo alternativas que mejoren o desarrollen adecuadamente dichas disposiciones normativas, en beneficio de nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva, de la función registral, del interés público y de los legítimos intereses de los registradores”.

Sobre la privatización del Registro Civil, contemplada en el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros -cuya aprobación corresponde en efecto al Ministerio de Justicia-, impulsada por ARBO, el propio Consejo del Notariado señaló en su momento que la reforma de los registros públicos sería un “lastre” para el tráfico jurídico.

Además, expertos cualificados criticaron también el derroche que supondría la reforma al pretender ‘tirar a la basura’ los cerca de 200 millones de euros invertidos, dentro del Plan Avanza, en la digitalización para facilitar los trámites, adquisición de inmuebles e infraestructuras realizadas. En uno de sus muchos comentarios técnicos, el notario de Madrid Ignacio Gomá, subrayó: “Lo que a nadie se le oculta es que este coste -y el previsible más alto excedente para los registradores- no se cubrirá ya por los Presupuestos Generales del Estado, sino por los usuarios”.

En resumen, el Gobierno de Rajoy ya va comprobando, cada vez que se da la ocasión, el rechazo que la torpe política desarrollada por el ministro Ruiz-Gallardón provoca en su entorno electoral más tradicional. Con razón decía el experimentado Rodolfo Martín Villa aquello de “¡Cuerpo a tierra que vienen los nuestros!”.

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