La noticia que publicamos la semana pasada sobre los problemas técnicos aflorados en la construcción de la serie de submarinos S-80 (El desastre de los S-80 de Navantia: les sobran al menos 75 toneladas por errores de cálculo), imprescindibles para garantizar la operatividad y seguridad de la Fuerza de Acción Naval (FAN), dada la precariedad de la actual flotilla de sumergibles, integrada por tres unidades extremadamente obsoletas de la serie S-70, ha creado una gran alarma dentro y fuera de la Armada.

La noticia titulada “El CNI expulsa al marroquí encargado por CiU de predicar el soberanismo”, firmada por el periodista Ignacio Cembrero en El País (12/05/2013), confusa entre otras razones porque el Servicio de Inteligencia español carece de competencia en materia de expulsiones (otra cosa es que las informe o recomiende), deja en evidencia por enésima vez el poco respeto que dicho organismo muestra por la normativa que regula su propio funcionamiento (Ley 11/2002, de 6 de mayo), bien como filtrador directo de operaciones que nunca deberían trascender mediáticamente o como ineficaz en la garantía de los controles de seguridad informativa.

El 26 de octubre de 2012 ya dimos noticia en esta misma sección del afán que tenía el equipo “negurítico” del Ministerio de  Defensa, Pedro Morenés y Pedro Argüelles, también conocidos como “P&P”, por inmiscuirse de forma sospechosa en la promoción de la industria armamentista española, que como es obvio y notorio siempre ha estado bajo la tutela natural del Ministerio de Industria, hoy titulado por José Manuel Soria, al margen de que también el actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, tenga algo que decir al respecto (ver Pedro Morenés y Pedro Argüelles se enredan en un “tinglado” para la venta de armamento, impropio de sus competencias).