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Puede que la reciente inmersión mediática del ministro de Defensa, Pedro Morenés, esté obligada por la valoración negativa de su gestión recogida en el estudio demoscópico sobre “Emergencia Económica” realizado por Sigma Dos para “El Mundo” (23/07/2012), que le adjudica un suspenso de 3,35 puntos sobre 10, empeorado sólo por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, suspendido con 2,86 puntos. Y porque, además, otro sondeo de opinión, el realizado por Metroscopia para “El País” (29/07/2012), indica que su persona y labor política solo es conocida por el 24 por 100 de los ciudadanos; es decir, que es el miembro del Consejo de Ministros con menor afección social, a pesar de que sus predecesores en el cargo, Carme Chacón y José Bono, llegaron en su momento a ser los más identificados por la opinión pública y calificados con la mejor valoración.

Esta situación personal es comprensible, porque durante los primeros siete meses de su gestión al frente de la Defensa Nacional, Morenés se ha dedicado casi de forma exclusiva a “papar moscas”, apuntándose tantos bien facilones. Por ejemplo, pensar y repensar cómo y cuando renovaba la cúpula de los tres ejércitos (manteniéndolos en un impasse absurdo con absurdos argumentos de “despolitización”); reducir los ya escasos medios materiales de las Fuerzas Armadas y desmantelar sus plantillas sin criterios de proporcionalidad entre funciones y ejércitos; recortar los ranchos de los efectivos restantes; eliminar las exhibiciones patrióticas de la “Patrulla Águila”, aduciendo ahorros de combustible casi miserables; autorizar, por contra, presupuestos millonarios para revisar los aviones VIP de uso gubernamental (hasta 73,5 millones de euros); gestionar de la peor forma posible el inmenso patrimonio inmobiliario de Defensa; pasear la Unidad Militar de Emergencias (UME) sin éxito probado en la lucha contra los incendios forestales veraniegos, que están siendo los más devastadores desde su creación… y otras muchas cosas de similar efecto e inteligencia.

Pero, fustigado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para que espabilase en el trabajo y que su equipo dejara el “pelotón de los torpes” dentro del gobierno de Rajoy, Morenés decidió aparecer con más peso en el plano informativo. Lo malo es que en este salto al protagonismo público, no ha elegido el trampolín más adecuado, y que, cuando la materia informativa era algo menos controvertida, la ha expuesto de forma errada.

REPRESENTANTE COMERCIAL DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA

Así, con todos los problemas acumulados en su ministerio, Morenés acaba de sorprender a la opinión pública ejerciendo como jefe de ventas de General Dynamics (European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas) y KraussMaffei (la primera es una empresa estadounidense y la segunda alemana), trabajando para ellas una posible compraventa de carros de combate “Leopard” por parte de Arabia Saudí.

Pero ¿se trata acaso de endosar a dicho país algún excedente del Ejército de Tierra español con el que equilibrar su deteriorada economía? Parece que ese no sería el caso, dado que no se conocen precedentes de que tan prepotente comprador, que es el primer exportador de petróleo y el líder en el cártel de la OPEP, haya adquirido jamás material militar de segunda mano.

El ministro español de Defensa comenzó la semana entrevistándose con su homólogo alemán, Thomas de Maiziére, entre otras cosas para hablar de ese importante pedido de carros de combate, por el que pugnan las citadas compañías, aunque la licencia de fabricación sea propiedad de la alemana KraussMaffei, pretendiendo que se realizara una propuesta compartida que, a la postre, sería una oferta germano-estadounidense, es decir, de interés sobre todo para el accionariado de las empresas fabricantes. Pero, metido en camisas de once varas de forma ciertamente escandalosa, Morenés también se atrevió a negar que los “Leopard” de marras puedan usarse “para reprimir manifestaciones” (“El País” 31/07/2012), dicho no sabemos con qué autoridad técnica, política o moral.

Su argumento declarado para operar como estricto agente de ventas, y no como ministro de Defensa, fue que “todos estamos intentando ayudar a nuestra industria”, hablando por boca de una empresa extranjera (General Dynamics) a la que el Gobierno de Aznar malvendió la antigua Empresa Nacional Santa Bárbara de forma más que cuestionable. Pero, puestos a apoyar esos supuestos intereses de “nuestra industria” (privada), en todo caso habría sido más procedente que lo hiciera José Manuel Soria, ministro titular de Industria, Energía y Turismo.

Que el ministro de Defensa está para otras cosas, es evidente. Pero, no le es menos que la escuela de Eduardo Serra, criado a la sombra de la industria internacional de defensa y siempre interesado en los grandes programas de adquisiciones,  proyecta sus sombras de forma bien alargada, incluso sobre el equipo “P&P” (Pedro Morenés y Pedro Argüelles) del que ha sido mentor político. Y también sobre la reorganización de las empresas del sector ya anunciada por sus antiguos pupilos (con fusiones y adquisiciones de especial interés), y que, sin entrar ahora a discutir su conveniencia, no dejaría de competer también al Ministerio de Industria, menos contaminado por los “conseguidores” al uso.

Lo curioso del caso es que cuando José Bono ejerció como vendedor de material militar ante el gobierno bolivariano de Hugo Chávez, no dejó de ser despellejado por el propio PP, entonces en la oposición, aunque obrara a favor de una empresa española y pública como Navantia.

Sabido es que la industria de defensa rezuma y huele a comisiones por los cuatro costados, razón por la que los políticos inteligentes, y sobre todo los honestos, no se suelen mezclar en sus actividades comerciales. Además, puestos a tener que apoyar las exportaciones del sector, siempre que fueran de interés público en vez del privado, lo mejor sería encargárselo directamente a Su Majestad el Rey, cuya valía en ese singular menester ya ha sido acreditada de forma inestimable.

MORENÉS ENCUENTRA SUS PAPELES PERDIDOS… EN MALÍ

Mientras el Gobierno se desploma, desmantelando de paso y en especial las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, quizás enredado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, parece entretener sus más perentorias obligaciones planeando juegos malabares... nada menos que en Malí.

De hecho, después de que las autoridades militares hayan declarado veladamente el estado comatoso del sistema de Defensa Nacional (a punto de quiebra funcional), razón por la que España aligera como puede sus costosos compromisos en misiones internacionales, Morenés da un paso al frente como paladín de causas ajenas y se muestra encantado de participar en una intervención en territorio maliense. Eso sí, aclarando que no será de forma “inmediata ni unilateral” y que sólo como último recurso tendría carácter militar (¡faltaría más!).

Ya hemos dejado constancia en una noticia confidencial de que este asunto tomó cuerpo y se publicitó después de que los dos cooperantes españoles secuestrados el 23 de octubre de 2011 en el campo de refugiados saharauis de Hassi Raduni (próximo a Tinduf), Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons, fueran liberados en Malí, cerca de la ciudad de Gao, a unos 1.200 kilómetros de Bamako. Liberación en la que se incluyó a la cooperante italiana Rossella Urru.

Sin dar la menor explicación sobre las circunstancias del feliz hecho, García-Margallo ordenó la repatriación “voluntaria” e inmediata de todos los cooperantes españoles que trabajaban en los campos de refugiados saharauis de la zona de Tinduf, en el desierto argelino (los cooperantes de otras nacionalidades no recibieron la misma consigna). A continuación, el ministro Morenés sorprendió a la opinión pública española (y en parte también a la europea) anunciando su buena disposición para que España participe en una posible misión militar en Malí, seguramente liderada por Francia, país colonizador del territorio hasta 1960 y que ya tiene desplegado un destacamento operativo en Senegal.

La correlación entre ambas posturas ministeriales, evidencia que las mismas ocultan un trasfondo político no declarado. De hecho, Wily Meyer, antiguo portavoz de IU en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y actual eurodiputado por el mismo partido, buen conocedor de lo que acontece políticamente en el Magreb, ha achacado la repatriación de los cooperantes que trabajaban en los campos saharauis a “presiones de Marruecos”, con objeto de hacer ver que esta región es insegura, en precisa conexión con los secuestros perpetrados hace ya más de nueve meses en el campo de Hasssi Raduni.

Medios informados de la Inteligencia europea sostienen que la necesidad de estabilizar políticamente Malí responde al interés occidental de establecer una barrera de protección anti-yihadista remota sobre los recursos energéticos del Magreb (siempre subyace esta conveniencia), y de forma particular sobre los yacimientos petrolíferos emergentes en Marruecos, país cuyos principales aliados son Estados Unidos y Francia. Un escenario en el que los intereses directos de España se encuentran descolgados, e incluso relegados de forma sistemática por los aliados occidentales.

En cualquier caso, el Gobierno de España debería aclarar por qué razón ve más conveniente proyectar sus Fuerzas Armadas en Malí, antes que facilitar in situ a los cooperantes presentes en los campos de refugiados saharauis un mínimo apoyo de seguridad.

POTENCIAR EL CIFAS: OTRA DECISIÓN TORPEMENTE TARDÍA

En relación con ese mismo marco de decisiones estratégicas, el ministro de Defensa también filtró la noticia de que en la presente legislatura se potenciará el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Una necesidad más que evidente a la que tanto el PP como el PSOE se han venido mostrando torpemente remisos, sin duda en razón de la presión ejercida por el CNI (y antes por el CESID) para defender intereses y prevalencias de tipo corporativo poco presentables.

Bienvenida sea esta iniciativa, que ya recomendamos como necesaria y urgente en una de nuestras primeras Newsletters. Por su parte, Fernando J. Muniesa, miembro del Consejo Editorial de esta web, ha venido defendiendo contra viento y marea la potenciación del CIFAS desde que el PP comenzara a exigir una reforma radical del CESID (realmente inédita), todavía bajo la presidencia de Felipe González. De hecho, en el epílogo de su último ensayo (“El Archivo Amarillo – La cara oculta de los Servicios de Inteligencia”, Multimedia Militar, 2011), seguía insistiendo en la necesidadde suprimir la tutela limitadora del CIFAS ejercida por el CNI:

A pesar de su evidente necesidad, hoy por hoy el CIFAS no deja de ser una denominación semántica reflejada en el organigrama del Estado Mayor de la Defensa en su mínima expresión, dotado apenas con 160 efectivos humanos frente a los 3.500 con que cuenta el CNI, recursos técnicos y colaboradores aparte.

Estando el CIFAS integrado en la Comunidad de Inteligencia, y manteniendo un carácter complementario del CNI, que en todo caso supervisa el “Plan Conjunto de Inteligencia Militar”, dando las directrices que procedan a los efectos de coordinación y cooperación, nada impide potenciar su actividad, máxime cuando no comportaría coste de personal adicional, sino un simple reajuste de las plantillas existentes dentro de las Fuerzas Armadas. Ello supondría:

- Aumentar la eficacia del CIFAS y, en consecuencia, dotar de mayor coherencia y eficiencia a las misiones militares de proyección.Liberar al CNI de una responsabilidad para la que históricamente no se ha encontrado preparado (con conocidos y reiterados fracasos de Inteligencia en las operaciones de Irak, Líbano, Afganistán…), centrándose en sus funciones más específicas y sustanciales.
- Redistribuir los recursos humanos conjuntos del CNI y de las Fuerzas Armadas (CIFAS, segundas secciones de Estado Mayor, agregadurías militares…) de forma más racional y coherente, eliminando duplicidades y aumentando las sinergias del conjunto, supervisado y coordinado, como está, por el CNI.
-´Racionalizar los recursos asignados al conjunto de la Inteligencia del Estado.

Por otra parte, en un pie de página afecto, señalaba:

Coincidiendo con la sustitución del general Miguel Romero por el vicealmirante Antonio Cuadrillero al frente del CIFAS, en marzo de 2011 el Ministerio de Defensa reconoció precisamente la necesidad de revisar su organización y sus ámbitos de actuación. Los objetivos básicos pretendidos con esta eventual y en todo caso tardía reforma del CIFAS, difundidos por la “Cadena SER” (06/03/2011), serían “evitar duplicidades con el CNI, centrar los esfuerzos de Inteligencia en operaciones como Afganistán y Líbano, elevar el grado de profesionalización del servicio y optimizar unos recursos cada vez más escasos”.

Esta misma web también publicó al inicio de su existencia una noticia titulada Medios diplomáticos y órganos del planeamiento de la defensa, ven razonable una potenciación del CIFAS con trasvase de personal del CNI (19/02/2011), que describía la realidad del caso.

Si Morenés quiere potenciar el CIFAS, cosa más que obligada, tendría que empezar por extraer el destino y el nombramiento de su Director del actual sistema de designación, de naturaleza coyuntural, estabilizando también mínimamente otros cargos sustanciales de su staff directivo. La dirección del CIFAS, como la del propio CNI, no puede ser un destino “de paso”, de entrar y salir a golpe de ascensos, y absurdamente rotatorio inter-ejércitos, como hasta ahora; ni, mucho menos, al que se pueda ir a aprender o a engordar el currículum para saltar al empleo superior: hay que saber lo que se hace de forma permanente y capitalizarlo en el tiempo, aunque al tándem “P&P” estas nimiedades le traigan sin cuidado.

LOS DEBERES “OLVIDADOS” DEL MINISTRO MORENÉS

Mientras el nuevo JEME, general Domínguez Buj, advierte por activa y por pasiva que el Ejército de Tierra esta en las últimas, y el ministro de Defensa toma carrerilla en temas que, como tal, no le incumben directamente, las Fuerzas Armadas padecen olvidos políticos y administrativos sustanciales pero fáciles de resolver y sin incidencia económica (o en todo caso evitando gastos innecesarios). Su debida atención demostraría, al menos, un cierto interés gubernamental por no enterrarlas de forma tan subrepticia como se está haciendo, y no solo en el aspecto económico o presupuestario.

Paréntesis: Desde el inicio de la crisis, sólo en el Ejército de Tierra, tradicionalmente el peor dotado de las Fuerzas Armadas, se han suprimido nada más y nada menos que 22.000 efectivos y 44 unidades, se han inmovilizado el 50 por 100 de los vehículos de combate y se han dado de baja materiales necesarios sin posibilidad de adquirir sustitutos… Si todos estos medios sobraban (que en modo alguno es así), mala cosa; y si no sobran (en realidad eran insuficientes), pues peor. Pero, ¿qué recortes se han realizado paralelamente en el ámbito de la política o, más fácil todavía, en el órgano central de la Defensa…?

En este punto, no vamos a reseñar la relación de asuntos “olvidados”, que es extensa y sustancial, pero sí que conviene recordar al ministro Morenés su pendiente responsabilidad de revisar en profundidad la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, objetivamente considerada como la mayor chapuza legislativa de la democracia. El daño que está causando a las Fuerzas Armadas, y en el fondo al propio sistema de Defensa Nacional, es inmenso, y tan evidente que ha sido públicamente reconocido por el Gobierno y el partido que lo sustenta.

Esta es una cuestión de Estado con aspectos y derivadas fundamentales para la Institución Militar y, a la postre, para el modelo constitucional de convivencia democrática. Si no se quiere ver así, será por ignorancia o ineficiencia política, sin excluir la prepotencia y la soberbia que siempre acompaña a nuestros ministros de Defensa, con muy pocas excepciones, como la de Julián García Vargas.

Tampoco se trata, ahora, de repasar puntualmente todos los aspectos mejorables de la ley en cuestión y del insostenible modelo de Fuerzas Armadas que ampara. Baste recordar al respecto la fuerte contestación que tuvo durante su tramitación parlamentaria, que derivó justamente en una aprobación sin consenso y en un descalabro administrativo, funcional y vocacional carente de precedentes en la España democrática.

Para empezar, el texto del proyecto de ley remitido en su momento al Congreso de los Diputados por el Gobierno del PSOE, que por su naturaleza era una norma jurídica básica, no se vio acompañado del preceptivo (aunque no vinculante) dictamen del Consejo de Estado, algo que el Ministerio de Defensa ya obvió también en la tramitación de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional. Esta circunstancia siempre mantendrá viva la duda de si lo que no se quiso conocer entonces fue precisamente la opinión del alto organismo consultivo sobre el fondo sustancial de la ley.

Pero es que, en paralelo, dicha tramitación parlamentaria se gestó, además, con la competencia legislativa plena de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, sin que ninguno de los dos grupos mayoritarios de la Cámara, PSOE y PP, solicitaran la avocación al Pleno propugnada inicialmente por Luis Mardones, diputado de Coalición Canaria (una tramitación “de tapadillo”). Este político, reconocido como experto en materia de Defensa, presentó nada menos que 127 enmiendas al texto gubernamental, la mayoría de ellas sobre cuestiones de fondo y todas acompañadas de razonamientos técnicos y políticos no refutados, esfuerzo que no dejó de constituir una alternativa a la enmienda de totalidad merecida por el proyecto de ley, impedida por el acuerdo de estabilidad parlamentaria suscrito entre su partido y el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero…

Sobran, pues, más comentarios sobre la falta de estética parlamentaria del momento y sobre el interés decreciente que viene mereciendo la legislación en materia de Defensa, cuya sustanciación se realiza prácticamente en puro trámite de los designios ministeriales. Unas veces alentados por un impulso más revisionista que modernizador, otras por el incomprensible desprecio que la clase política (de uno y otro signo) suele mostrar hacia la Institución Militar y siempre orientados con una deriva partidista poco aconsejable en lo que debieran ser estrictas políticas de Estado.

Ya veremos si el ministro Morenés tiene o no la inteligencia y el coraje de reformarla Ley de la Carrera Militar, viabilizando un modelo de Fuerzas Armadas más vocacional, racional y adecuado a las altas misiones que tienen asignadas y a las necesidades reales de la Defensa Nacional. A tenor de su comportamiento en lo que va la legislatura, habrá que ir pensando en que, de hacer algo al respecto, lo hará tarde y mal.

Y DE POSTRE, LA DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL

Otro de los temas incluido en la “semana mediática” del ministro Morenés ha sido la presentación pública de la Directiva de Defensa Nacional 2012. Pero este es otro bodrio, con entresijos también reveladores, sobre el que escribiremos con detenimiento en la próxima Newsletter.

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