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El domingo 17 de junio se desactivó la bomba de relojería en la que se habían convertido las elecciones legislativas de Grecia. La amenaza de una victoria electoral de la Coalición de Izquierda Radical (Syriza), enfrentada abiertamente con las autoridades europeas por las condiciones derivadas de la intervención del país, había encendido las alarmas de Bruselas, que temía una reacción violenta de dicho partido contra su política de estabilidad presupuestaria y de protección del euro.

Cubiertos los trámites políticos y protocolarios con gran diligencia, Andonis Samarás, líder del partido conservador Nueva Democracia, fue investido el miércoles 20 de junio como nuevo primer ministro griego, tras llegar a un acuerdo con el socialista Pasok y con Izquierda Democrática (Dimar):un “pacto de legislatura” más que una “coalición de gobierno” o post-electoral. De hecho, ningún miembro de las dos formaciones de centro-izquierda que apoyan a Samarás participa formalmente en su Gobierno, que ha quedado integrado sólo por militantes de su propio partido, acompañados por algunos tecnócratas, profesores universitarios y representantes de la sociedad civil, pactados con sus socios parlamentarios.

Entre estos ministros “independientes”, destaca como responsable de Finanzas un prestigioso economista que ya había colaborado con anteriores gobiernos socialistas, Vasili Rapanos, hasta ahora presidente no ejecutivo del Banco Nacional de Grecia, la mayor entidad privada helena. Según narra John Müller en un artículo alusivo al personaje, titulado “Un reformador tranquilo” (“El Mundo” 21/06/2012), el pasado mes de marzo Rapanos manifestaba ante un grupo de periodistas europeos: “Vamos a seguir en el euro, pero no vamos a vivir como europeos… A los griegos nos conviene estar vigilados, con la troika al lado”.

LAS OREJAS Y LOS COLMILLOS DEL LOBO

Eso mismo (el vigilante control de la troika) es lo que, humillaciones aparte, también conviene a España, habida cuenta de la evidente incapacidad de sus políticos para reconducir la crisis económica-financiera, al margen del espectáculo que esa misma clase dirigente viene dando desde hace tiempo en el ámbito institucional, en continuo deterioro. Ésta, la crisis política particular de España, es una segunda variable de la crisis general del país, especialmente lamentable, porque, además de haberse podido atajar con un poco menos de desidia y un poco más de patriotismo y lealtad al Estado, constituye la razón originaria de la primera…

Pero, conjurada la explosión del euro en el campo de batalla heleno, la situación española, lejos de atemperarse, se perjudicó hasta el punto de que, el mismo lunes 18 de junio, la prima de riesgo de la deuda española llegó a rozar los 590 puntos básicos, mientras que el interés de los bonos a diez años alcanzaba el 7,27 por 100. Unos niveles de deterioro financiero y presupuestario absolutamente insostenibles.

Los mercados castigaban con cierta lógica una triple evidencia: la pereza gubernamental para implementar las recomendaciones europeas y del Fondo Monetario Internacional (FMI), el temor de que el “rescate financiero” de hasta 100.000 millones de euros ofrecido por Bruselas fuera insuficiente (dudas justificadas por las habituales patrañas contables de la entidades españolas) y la sospecha de que la eventual ejecución de dicha deuda tuviera prioridad sobre las posiciones de otros prestatarios de crédito. Todo ello, claro está, mientras el Gobierno, agotado de forma prematura ante unas adversidades cantadas y lamentablemente despreciadas en el tiempo oportuno, sigue tocando el violón en materias de extrema urgencia, como las reformas y liberalizaciones estructurales, la supresión de las oligarquías no competitivas, el adelgazamiento del Estado y la reducción de los gastos públicos, la racionalización fiscal, las privatizaciones…

Pero eso no es todo. Mírese a donde se mire, las cosas siguen yendo cuesta abajo y con una dinámica de aceleración imparable. Sin ir más lejos, mientras la agencia de calificación Moody’s amenazaba con rebajar de nuevo las notas de calificación de los bancos españoles más solventes, el índice de morosidad de la economía privada saltaba del 8,35 al 8,72: otra clara consecuencia del empobrecimiento del país.

Con esta agobiante realidad por delante, Mariano Rajoy, cuya capacidad política para reconvertir el sistema económico-financiero y solventar el déficit público comienza a cuestionarse seriamente, declaraba esa misma semana en el marco del G20 (Los Cabos, México): “No tenemos otra prioridad que crecer y crear empleo”. Algo ciertamente sorprendente porque la realidad de su acción de gobierno camina por otra dirección, bastante más indefinida.

Al mismo tiempo, el ministro Montoro, experto en chascarrillos más o menos extemporáneos (apenas unos días antes soltó lo de “le hemos visto las orejas al lobo pero no los colmillos”), ya aceptaba que la situación era “crítica”. Pero, aun así, el Gobierno del que forma parte no deja de mostrarse remiso para asumir plenamente las insistentes recomendaciones de sus socios europeos afectas al plan comunitario de estabilidad presupuestaria y protección del euro, sin terminar de aplicar tampoco a los desajustes españoles otras soluciones propias más eficaces o convincentes.

Esta situación, realmente dramática y que Rajoy parece querer negar hasta que el lobo del ministro Montoro nos coma las entrañas (“No estamos en el precipicio”), tiene, además, algunos componentes de irreversibilidad que permanecen encubiertos en el debate político. La cuestión de fondo es que los constituyentes de 1978, educados en el franquismo por activa o por pasiva, dejaron el problema de las Autonomías “atado y bien atado”, ámbito en el que fueron tomando cuerpo creciente los desmanes presupuestarios y se gestó el despropósito político-financiero de las cajas de ahorros; dejando además vías abiertas para que en las legislaturas sucesivas el “café para todos” inicial, se acompañara de puros, licores y pastelería al gusto, en régimen de “barra libre”.

Pero, ahora, resulta que las reformas necesarias para la nueva convergencia europea se pueden estrellar contra el diseño constitucional del Estado de las Autonomías, contra su blindaje competencial y contra la naturaleza de ley orgánica que tienen sus regulaciones estatutarias, atadas de esta forma a la connivencia de una mayoría parlamentaria absoluta (en votación final sobre el conjunto del texto legal correspondiente).Una vez desbocado, como se ha desbocado, este desastre de las Autonomías, verdaderamente caciquil y pesebrista, no deja de ser de difícil reconducción, sobre todo por parte de un presidente de Gobierno tan reservón como Mariano Rajoy.

La consolidación de la Unión Europea (UE), con todo lo que ello implica, se dificulta precisamente porque Europa no es un país, sino un conjunto de países con muy distintas culturas, niveles de desarrollo, filosofías y sistemas de vida, organización política y administrativa… Y, del mismo modo, la integración armónica de España en la UE tiene su mayor enemigo justo en su concepción como Estado de las Autonomías, en su desarticulación como país natural y unitario.

La gestión del rescate español en una eventual segunda fase de “rescate total”, más allá del estricto ámbito financiero, posibilidad hoy por hoy más que latente, sería el momento en el que el artificio de las Comunidades Autónomas tendría que saltar por los aires. Atentos al caso, porque esa vía podría exigir una reforma radical de la organización política y administrativa de España, con la obligada modificación de la Carta Magna…

LAS CIFRAS CANTAN EL PRIMER RESCATE

Mientras el Gobierno se movía a golpes de sustos y pánico disimulado, las consultoras independientes encargadas de evaluarla resistencia del sistema financiero ante un posible agravamiento de la crisis (Oliver Wyman y Roland Berger), concluían su trabajo. El pasado jueves, 21 de junio, el Ministerio de Economía y Competitividad y el Banco de España presentaban de forma conjunta las conclusiones de la primera etapa de este “test de estrés” bancario (aplicado sobre toda la cartera de las entidades), enmarcando el crédito necesario para salvaguardar el conjunto del sistema financiero español en una horquilla con un margen de fluctuación del 20 por 100, fijada entre 51.000 y 62.000 millones de euros para el escenario posible más desfavorable.

En esta primera fase de su valoración, de naturaleza “genérica”, las consultoras no facilitaban nombres de las entidades afectadas, ni tampoco las cifras que pudieran corresponder a cada una de ellas. Sin embargo, quedaba claro que las tres mayores entidades (Santander, BBVA y Caixa Bank) quedaban al margen del rescate, centrándose éste en las antiguas cajas participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y, en mucha menor medida no precisada, en las demás entidades intermedias.

Tras “cantarse” las cifras del rescate, las autoridades europeas comenzaban a concretar sus condicionantes (incluida la cuestión sustancial de si se desvinculará o no del déficit público), trasladando al Gobierno español la necesidad de que su petición formal de rescate llegase a Bruselas con la fecha tope del lunes 25 de junio. Ese ultimátum conllevaría iniciar los trabajos de verificación técnica en esa misma fecha (comienza a trabajar la famosa troika), para poder aprobar la operación de rescate en la reunión del Eurogrupo prevista para el próximo 9 de julio.

Et voilà! El rescate ha llegado. El lobo del ministro Montoro, ese que, según él, nos enseñaba las orejas pero no los colmillos, ha mordido nada menos que en la nervadura del sistema financiero, es decir en la base funcional del país. Ya veremos donde y cuando vuelve a hincarnos el diente.

La pose altiva del presidente del Gobierno al principio de la semana, presumiendo de no recibir la menor presión para solicitar el rescate en cuestión, ahora vale lo mismo que las bromitas lobunas del ministro Montoro: nada de nada, como las acciones de Bankia. A partir de este primer rescate, negado o enmascarado por el Gobierno de forma contumaz, los ciudadanos sensatos tendrán que calibrar si pueden seguir creyendo o no a Mariano Rajoy y a su equipo de ministros; eso sí, sin dejar de pagar de pagar puntualmente los estropicios de nuestra impresentable clase política.

MÁS BASURA: DEL “CASO DÍVAR” AL “CASO SORTU”

Según están las cosas, es decir con la moral política e institucional por los suelos, reconforta leer el artículo de opinión titulado “Reivindicación de la quimera” (“El País” 20/06/2012). Su autor, Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo en excedencia y fiel servidor del Estado de Derecho, se pronuncia sobre el “caso Dívar” con meridiana claridad, evidenciando su más profunda significación.

En esta Newsletter no podríamos sintetizar mejor la esencia del escándalo que en estos últimos días ha terminado de desprestigiar el modelo judicial español, ni su última razón. Por ello, y aun recomendando su lectura íntegra en el periódico de referencia, no nos resistimos a reproducir los tres párrafos con los que Castresana inicia su artículo y los tres con los que lo concluye:

A Carlos Dívar no se le conoce una sentencia memorable; nunca ha publicado una tesis relevante. Después de 20 años como juez en la Audiencia Nacional, nadie podría señalar una operación antiterrorista o antidroga a la que asociar su nombre. Nunca, que se sepa, se comprometió en la lucha contra la corrupción, a pesar de ser el juez decano de los jueces centrales de Instrucción. ¿Cómo pudo llegar a convertirse en el máximo representante de los jueces españoles?

No fue por error, accidente o casualidad, sino como consecuencia de la deliberación y acuerdo de los dos grandes partidos, PP y PSOE. Luego de probarle siete años como presidente de la Audiencia Nacional, eligieron como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial al juez más discreto que pudieron encontrar. Ya en ese entonces eran proverbiales sus alocuciones barrocas y más bien abstractas, tan llenas de plurales mayestáticos y arrebatos místicos como carentes de crítica o compromiso de clase alguna. No hubo sorpresa, pues. ¿Por qué --cabe preguntarse entonces-- pondrían nuestros gobernantes a velar por la independencia de los jueces al más conformista de todos ellos? La respuesta parece obvia: porque no quieren un poder judicial independiente.

Una democracia no lo es solo por el sufragio, sino principalmente por la legalidad: porque la misma ley es aplicable a todos por igual. Y lo es también por su sistema de contrapesos: cuando alguno de los poderes se excede en sus atribuciones, hay otro que le limita. En un Estado de Derecho, el poder judicial es el órgano de control por excelencia.

(…) De todas las asignaturas pendientes de nuestra transición democrática, quizás la más trascendental sea la de la independencia judicial. En vez de promover siempre a los más capaces para que llegasen como vocales al Consejo General del Poder Judicial y velasen desde allí por la independencia de los jueces, nuestros gobiernos y partidos han elegido demasiadas veces a juristas de prestigio discutible, que se han limitado después a servir los intereses de quienes les habían promovido. Las consecuencias están a la vista.

Carlos Dívar tiene que irse, por supuesto, por esos gastos de viaje que no quiere ni puede justificar. Deben irse también todos los vocales que como él disfrutaron de gastos y ‘semanas caribeñas’, los que han amparado ese proceder incalificable. Que les acompañen igualmente los que hicieron posible la elección de Dívar como presidente del Consejo solo para después utilizarle y gobernar la institución desde detrás. Tienen que irse precisamente por las razones legales, políticas y morales que Dívar dice que no concurren: porque han demostrado su incapacidad para defender los valores constitucionales fundamentales cuya protección tenían confiada.

La igualdad ante la ley y la independencia judicial son posiblemente las grandes quimeras de la democracia, pero son nuestras; y en estos tiempos de zozobra necesitamos más que nunca certidumbres morales.

Y, por si el “caso Dívar” no fuera suficientemente frustrante, el mismo día en el que Castresana advertía sobre la manipulación política del poder judicial, el Tribunal Constitucional dictaba sentencia legalizando a Sortu. Una organización con aspiración de partido político a la que el Tribunal Supremo situó fuera de la ley por considerarla un artificio instrumental de ETA diseñado para remplazar a la ilegalizada Batasuna, la marca política de la banda terrorista.

Al margen del escándalo que supone rectificar una sentencia del Tribunal Supremo, perfectamente motivada y relacionada con el terrorismo más cruel y estúpido que se pueda dar en un Estado democrático, sobre todo en los términos técnico-jurídicos en los que se ha rectificado, el fallo del Tribunal Constitucional se muestra no sólo cuestionable, sino también oportunista e incluso poco ético por la interinidad de sus titulares. De hecho, después de tener el caso congelado sine die, la sentencia se ha producido apenas una semana antes de que concluya el plazo que se dieron Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba para la renovación formal de la institución, que concluye el próximo 29 de junio.

La renovación del Tribunal Constitucional conllevará una mayor proporción de magistrados conservadores que progresistas y, dada su dependencia partidista, es evidente que las sentencias de mayor contenido político variarán perfectamente el sentido de sus fallos de acuerdo con esa mayoría. La cuestión de fondo es si ha habido o no acuerdo secreto entre los altos mandatarios del PP y del PSOE para que esa sentencia sobre Sortu se dictase en el tiempo y en la forma del caso.

En realidad, y por más que quiera disimular el partido conservador que lidera Mariano Rajoy, actualmente en el poder, PP y PSOE caminan juntos en la hoja de ruta marcada por ETA para cumplir sus objetivos políticos de mayor alcance estratégico. Esta connivencia absurda de los dos partidos mayoritarios, que ha convertido la derrota policial de ETA en su victoria política definitiva, se produce por su confusión política y electoral en el escenario vasco, derivada por los socialistas hacia el liderazgo posibilista de la oposición y por los conservadores solo a superar el estigma de su histórico y exacerbado anti-vasquismo.

Al final gana ETA, que, con la ayuda pasiva o activa de unos y otros, consigue dos objetivos básicos: asentarse fuertemente en todas las instituciones políticas vascas, con todas sus consecuencias, y mantener una presencia suficiente en las Cortes Generales (Senado y Congreso de los Diputados) como caja de resonancia de su objetivo independista y para desprestigiar la política española y su sistema institucional, más de lo que están.

Eso es lo que hay. Y por ello, sorprende sobremanera, aunque quizás no tanto a los observadores más perspicaces, que personalidades relevantes del PP conocedoras de la “pomada” gubernamental, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hayan mostrado su hipócrita indignación con la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque si ésta ha llegado a buen término ha sido, sobre todo, gracias a la medida pasividad de Mariano Rajoy para no renovar la institución, cuyos servicios a quienes en su momento impusieron la actual mayoría ideológica son obligados.

La legalización de Sortu constituye un nuevo capítulo oscuro en la controvertida historia del Tribunal Constitucional, verdaderamente ignominioso para las víctimas del terrorismo, que, además, suma y sigue en el desprestigio público de la institución. Hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, bien representativa de un significado sector de la sociedad española, ha menospreciado públicamente el comportamiento del Tribunal Constitucional, pidiendo su desaparición y que sus funciones sean desempeñadas por una Sala específica del Tribunal Supremo.

La propuesta de Aguirre, criticada como debe ser por los beneficiarios de la sentencia en cuestión, sus acólitos y algún analista acomodado en lo “políticamente correcto”, da verdadera medida del hartazgo y la desafección ciudadana sobre los mangoneos político-institucionales. El presidente Rajoy advertía hace unos días a su ministro de Economía y Competitividad que “España no es Uganda”, pero la sentencia del Tribunal Constitucional que legaliza a Sortu se parece mucho a la justicia tribal y caciquil africana. Así no va y así nos irá.

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