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Apenas cumplidos los primeros cien días del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, constituido formalmente el pasado 22 de diciembre, se ha producido una espectacular eclosión informativa con escasos precedentes desde los agitados años de la Transición, descontados los referidos al deporte y al mundo del corazón. Quizás sólo con el del lejano 23-F (1981).

Paréntesis: En los estertores del “felipismo”, que alcanzaron su cenit en 1995, también se produjo una sucesión de hitos informativos significativos, provocados por la utilización ilegítima de los fondos reservados de Interior, las escuchas ilegales del CESID, el “caso Lasa-Zabala”, el secuestro de Segundo Marey… y un largo etcétera de actuaciones irresponsables en las que el propio aparato gubernamental conculcaba de forma sistemática el Estado de Derecho.

Algunos de los hechos que estos días han puesto en tensión las nervaduras de la información, rebullían desde hace tiempo en los círculos de opinión informada con tintes de malos presagios. Es decir, se veían venir de lejos, sin merecer la debida atención de la clase política hasta que han terminado produciendo una alarma social verdaderamente inquietante.

A pesar de su naturaleza agorera, sean bienvenidos al menos por haber provocado un revival de la información periodística, últimamente refugiada en el conformismo de lo oficial, lo trivial y lo considerado “editorialmente correcto” (es decir subvencionado), quizás efímero y con las lindes de quienes sirven a uno u otro partido político, y no a la ciudadanía, bien marcadas. También es cierto que el despertador informativo no ha dejado de ser espoleado por la presión de las redes sociales, cuya creciente fuerza en Internet amenaza con desplazar a los medios de comunicación social convencionales en el llamado “cuarto poder”.

RAJOY: BALANCE DEFICITARIO

Es evidente que en los últimos tiempos la crisis económico-financiera es el tema informativo recurrente. Pero lo hecho por el Gobierno de Rajoy en sus primeros cien días de ejercicio, con mayoría parlamentaría absoluta y el BOE a su plena disposición, ofrece un balance sin duda deficitario, con dos cosas claras.

La primera es que la insistencia con la que Mariano Rajoy persigue la necesaria contención del gasto público es, por sí sola, insuficiente para sacar al país del “agujero negro” en el que se encuentra (algunos analistas la consideran desenfocada e incluso negativa).

La  segunda es que antes de ganar las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, con victoria cantada desde hacía mucho tiempo por los sondeos demoscópicos, el entonces líder de la oposición no dejó de sestear hasta ver pasar por delante de su despacho el cadáver del enemigo político, sin tener la menor idea de lo que haría una vez llegado al poder, a pesar de pregonar que todo estaba bien estudiado y previstas las pertinentes actuaciones políticas, implementando después medidas que previamente había descartado por completo.

Sólo por poner algún ejemplo de su falta de previsión, valga recordar que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, acaba de decidir la constitución de un “consejo de sabios” para estudiar la próxima reforma universitaria (contando con todas las “sensibilidades” necesarias): una manida respuesta, o mejor una evidente falta de respuesta, a un viejo problema que el PP podía haberse trabajado más seriamente en sus años de oposición (dicho llanamente, recurriendo a “más de lo mismo”). ¿Y qué extraña razón ha impedido sustituir de inmediato a los cargos políticos que durante las dos últimas legislaturas tanto daño han hecho a muchas instituciones y organismos públicos, desde la Agencia Efe hasta el CNI, pasando por las Fuerzas Armadas…?

El lujo de gobernar con mayoría absoluta, muestra de forma automática la medida del buen o del mal hacer político, al igual que los toros “de bandera” destapan la categoría de sus lidiadores, acabando con la carrera de quienes no los desorejan con el debido arte y coraje, en el tiempo y con las formas que corresponden. Dicho de otra forma, se comienza a dar la paradoja de que los mismos socialistas que han llevado España a su ruinosa situación actual, puedan acertar ahora plenamente en sus críticas opositoras.

¿HACIA UN DESCALABRO?

Con el tremendo desastre político que han supuestos los anteriores gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero, acogido en el pesebre del Consejo de Estado como una “mosquita muerta”, aparentemente incapaz de romper los platos que ha roto, la realidad es que el Gobierno de Rajoy parece enfilado, no hacia la salvación prometida (“se lo que hay que hacer”) sino a consumar el descalabro nacional.

Todo lo hasta ahora pergeñado por el Gobierno del PP, recortes sin más, es cuando menos insuficiente para superar la envenenada herencia recibida, por no hablar de políticas timoratas.

De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que España no reducirá el déficit público hasta el 3 por 100 del PIB al menos hasta el año 2018, y no en el 2013 como ha asegurado el Gobierno de Mariano Rajoy (El País 18/04/2012).

Al mismo tiempo, el “Informe Mundial sobre Estabilidad Financiera” publicado por el FMI la semana pasada, advierte que los bancos europeos necesitan ser rescatados, empezando por los españoles, y que bajo las actuales políticas de rescate de países y de restructuración de la banca, el crédito bancario al sector privado se hundirá en España un 4 por 100 de aquí a diciembre de 2013 (El Mundo 19/04/2012).

Por otra parte, el último pronóstico económico de la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS), presentado el pasado 20 de abril, da por hecho que el recorte del déficit pactado para este año (el 5,3 por 100 del PIB) no se cumplirá. Además, apunta a que el Gobierno de Rajoy tendrá que recurrir a una subida del IVA y a otros recortes del gasto público, si quiere llegar al 3 por 100 del déficit en 2013, que es lo exigido por Bruselas. También resitúa el techo de la tasa de paro por encima del 26 por 100, algo sin precedentes en la historia económica reciente.

Además, coincidiendo con el nuevo pronóstico de FUNCAS, el Instituto Flores de Lemus (de la Universidad Carlos III de Madrid) adelanta que, según sus previsiones, la proporción de desempleados pasará del 22,8 por 100 con el que se cerró 2011, al 24,6 por 100 en el primer trimestre de este año.

Sobre el pavoroso escenario económico y financiero en el que, por decisión propia, el presidente Rajoy actúa como máxima estrella, sólo queremos insistir en que la tremenda deuda pública existente, el coste de los créditos necesarios para atender sus intereses (principal aparte) y la alarmante prima de riesgo con la que se soportan, conforman un circuito de máxima peligrosidad que se realimenta a sí mismo de forma ciertamente perversa. Y sin que el Gobierno señale, por ahora, una mejor “hoja de ruta” para obviarlo que la de reducir a ultranza el déficit público.

DEVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS AL ESTADO

Ya se verá si eso es todo lo que se puede o se debe hacer para sacar el país adelante. De momento, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid Esperanza Aguirre, se ha plantado oficialmente ante Rajoy para decirle que, como mínimo, urge reconducir a la Administración Central del Estado las competencias transferidas en materia de Educación, Sanidad y Justicia, marcándole un verdadero cambio de rumbo para atajar el desmadre de “barra libre” política y económica al que tan alegremente se ha llegado con la irresponsabilidad de unos y otros (10/04/2012).

Con un silencioso e implícito “no soy partidario”, Rajoy se quedó “agarrado a la brocha y sin escalera”, huyendo bochornosamente de los medios informativos que, de inmediato, quisieron interpelarle en el Senado sobre la andanada, sin duda de grueso calibre, que poco antes le había lanzado su correligionaria política en la propia Moncloa y con una notable presencia periodística.

Siete días más tarde, dos periódicos extranjeros, primero The Guardian (16/04/2012) y a continuación The Wall Street Journal (17/04/2012), advertían que una importante Comunidad Autónoma, posiblemente la Generalitat Valenciana, cuya irresponsabilidad política lleva la rúbrica del PP, será intervenida por el Gobierno central el próximo mes de mayo.

Al respecto, no se pueden ignorar otras documentadas voces que desde hace tiempo vienen advirtiendo sobre la nefasta deriva por la que discurre el Estado de las Autonomías.

Una de las más habituales es la del catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban, quien en un expresivo artículo de opinión titulado “¿Qué hacemos con las autonomías?” (El Mundo 19/04/2012) sostiene que, más allá de lo demandado a Mariano Rajoy por Esperanza Aguirre, “hay que reformar ya la Constitución para fijar con exactitud las competencias del Estado y de las regiones”

Otro paréntesis: Curiosamente, cada vez que la portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, manifiesta desde su escaño más o menos esta misma preocupación, el establishment parlamentario al completo no duda en abuchearla. Claro está, que sin mayor argumentación.

En paralelo, estos últimos días el Gobierno ha tenido que afrontar dos graves situaciones que, en efecto, han explotado con una fuerte agresividad mediática pero con alcances diferentes.

Una, con apariencia de erupción volcánica de previsible corta duración y sin mayor incidencia para las arcas del Estado y para el suministro energético nacional, cosa que se debería entender correctamente. Y otra, convertida en un auténtico tsunami crítico con la Corona, capaz de devaluar de un plumazo todo el prestigio y el afecto popular acumulado personalmente por el Rey desde los difíciles años de la Transición.

DUDAS SOBRE REPSOL

En el primer caso, el de la expropiación del 51 por 100 de las acciones tituladas por la petrolera Repsol en YPF, ejercida por el Gobierno argentino que preside Cristina Fernández de Kirchner, lamentamos tener que disentir del patrioterismo económico con el que algunos políticos y medios informativos han encarado públicamente el tema.

Quiérase o no, y al margen de que Repsol sea una empresa privada y no pública, y de que su propiedad tampoco sea estrictamente española (como sucede con otras empresas que optaron por posicionamientos y estrategias de implantación similares como Endesa o Telefónica), la decisión argentina se sujeta al Derecho nacional, muy distinto del internacional, como bien conocían en su momento los compradores de YPF, con Antonio Brufau a la cabeza.

Cuando Repsol concretó su política especuladora en YPF, claramente vinculada a “pelotazos de futuro”, no la sometió al criterio del Gobierno español ni al de sus socios europeos o atlantistas, ni mucho menos al de la sociedad española, ajena a su cuenta de pérdidas y ganancias. De hecho, un 68 por 100 de su accionariado se mueve en el Free Float, otro 9,49 pertenece a la mejicana PEMEX y otro 5 por 100 es de autocartera.

Por ello, y aun cuando deban mantenerse las formas y reclamaciones diplomáticas más o menos protocolarias, ineficaces por naturaleza, una involucración excesiva del Gobierno español en esta batallita a favor de unos oscuros intereses crematísticos de mayoría extranjera, sólo podrá conllevar otros absurdos perjuicios directos para la economía real del país. Y algún que otro ridículo gubernamental como el protagonizado por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, cuando horas antes de que se consumara la expropiación de YPF afirmó públicamente que el contencioso bilateral “estaba encauzado”.

Sin ir más lejos, el acuerdo adoptado el pasado viernes por el Consejo de Ministros para limitar las importaciones de biodiesel argentino, mucho más barato que el español y de fácil recolocación en otros mercados, incidirá directamente en mayores costos para los usuarios habituales de este producto en España…

LA CAZA DEL REY

La otra cuestión sobrevenida estos últimos días, es la referida al accidente sufrido por el rey Juan Carlos durante un viaje privado a Botsuana para participar en una cacería de elefantes, de por sí desafortunada. Esa incidencia, que requirió una intervención quirúrgica sin consecuencias más trágicas, permitió abrir una tremenda polémica social sobre si el Gobierno conocía o desconocía el viaje en cuestión, sobre su objeto, sobre la inoportunidad de producirse en momentos tan críticos como los actuales… y, en definitiva, sobre la necesidad de reconducir algunos comportamientos regios ,sin duda poco ejemplares.

Debido a la trascendencia pública del tema y a la intensidad del debate producido, quizás sobredimensionadas en razón de la coyuntura de malestar social que estamos viviendo en estos momentos, la polémica se elevó notoriamente con ciertos toques revisionistas sobre la propia Institución Monárquica. El tema ha sido tratado suficientemente y no parece necesario, de momento, realizar muchos más comentarios al respecto.

No obstante, en este caso también queremos advertir que determinadas manifestaciones y exigencias políticas sobre lo que de forma inapropiada se ha llamado “petición pública de perdón” por parte del rey Juan Carlos, nos parecen excesivas y contradictorias con la actual necesidad de fortalecer la estabilidad del Estado en todas sus vertientes.

Tal vez hubiera sido suficiente, y sin duda menos imprudente en términos de salvaguarda institucional, dejar que, como mejor opción, Su Majestad se incorporará al ejercicio de sus altas funciones con la mayor inmediatez y ejemplaridad posibles. El resto vendría, por supuesto, por la vía del mismo ejercicio de funciones que con tanta entrega y acierto se le ha reconocido de forma generalizada.

En todo caso, es evidente el sentimiento y la calidad humana con la que el Rey ha afrontado esta dramática situación, pero no dejamos de lamentar la innecesaria connotación de deterioro institucional que conlleva ese forzado mea culpa, a nuestro entender de verdadero e innecesario “bochorno ajeno”. Aunque muchos políticos de uno y otro lado, incapaces de estar personalmente a la altura de lo que le han exigido, y con mayores motivos para reconocer sus propios pecados, no quieran percibirlo así. Doctores tiene la Iglesia, pero ya veremos a dónde nos lleva esta exigente práctica del “perdón público” elevado a la Jefatura del Estado…

REFORMAS URGENTES

Lo que sin duda podremos comprobar en los próximos días es la evolución de la crisis económico-financiera y, sobre todo, las esperadas reformas del sector bancario, cuyo pasado descontrol crediticio y sus connivencias con políticos y clientes insolventes pesan ahora sobre el bolsillo de ciudadanos que jamás han participado en sus beneficios accionariales. Esperemos ver, pues, de qué forma y manera el Gobierno de Rajoy mueve ficha (o se la mueven) en ese sacrosanto terreno.

De su plena y estricta competencia son los recortes establecidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y, por supuesto, sus ajustes por partidas. Tema duro de pelar y no exento de polémica, como la ya suscitada en torno a las notables desproporciones e incoherencias afectas al Ejército de Tierra, de las que hemos dado extensa noticia.

También habrá que estar atentos al nombramiento de los nuevos jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos (JEME, JEMA y AJEMA) y del Secretario de Estado Director del CNI (SEDCNI), cuyo evidente retraso, con lo que ha llovido bajo el mandato de los actuales titulares, es tan indolente como intolerable.

Lo que si se ha solucionado es el absurdo impasseen el que se encontraba sumergida RTVE, sin cabeza rectora desde hacía más de ocho meses para poder gobernarla económica y funcionalmente. Ante una manifiesta falta de entendimiento entre PP y PSOE, el Gobierno ha optado porreformar la Ley 17/2006, de la Radio y la Televisión de Titularidad Pública, mediante Real Decreto Ley, decisión que, visto lo que se estaba viendo y sin entrar en más cuestiones, debería haber tomado hace tres meses.

Finalmente, la presente semana concluirá con dos eventos de notable interés político, con consecuencias inmediatas para Mariano Rajoy. Uno dentro del PP, pudiendo minar o reforzar su liderazgo nacional, y otro a nivel de Gobierno, tranquilizando o exacerbando el malestar social.

AGUIRRE, SIEMPRE… Y LOS SINDICATOS TAMBIÉN

El primero es la celebración del XV Congreso Regional del Partido Popular de Madrid (28 y 29 de Abril), en el que el enfrentamiento soterrado entre Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy marcará con claridad las debilidades y fortalezas internas del momento.

Ya veremos como queda al respecto el vicepresidente de la CAM y secretario general del PP madrileño, Ignacio González, quien como número dos de Aguirre ha sufrido un tremendo acoso mediático propiciado por afines políticos despechados y refugiados en el “marianismo”. Y por supuesto la actual consejera de Empleo de la CAM, Lucía Figar, que es la candidata de Mariano Rajoy para sustituir a Esperanza Aguirre.

El segundo lo constituyen las manifestaciones contra los recortes sociales convocadas por CCOO y UGT para el domingo 29 de abril en todo el país, en vísperas de la tradicional celebración del Primero de Mayo.

Se trata, sin la menor duda, de una prueba “a doble página” para contrastar el actual músculo sindical y su capacidad de recuperar adhesiones ciudadanas de cara a la “gran huelga general” que se viene tramando para el próximo mes de octubre. Entre una y otra convocatoria, caben otras acciones de “calentamiento” ciudadano en función de las oportunidades que el Gobierno preste al respecto.

Hablaremos de todo ello.

Adenda

Perfil biográfico de Félix Sanz Roldán (SEDCNI)

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