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Tras la fuerte caída en la valoración social de la Monarquía registrada por el Barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de Abril de 2013 (Estudio 2.984), con una nota de 3,68 sobre 10, que además de ser la más baja de todos los tiempos muestra una evolución de crecimiento negativo mayor que la de cualquier otra alta institución pública, una nueva investigación demoscópica acaba de reafirmar esa tendencia de forma en efecto preocupante. Sobre todo porque al Rey, que constitucionalmente ostenta la Jefatura del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, compete arbitrar y moderar el funcionamiento regular de todo el entramado institucional, que como es público y notorio en algunos casos presenta fallos ciertamente deplorables.

Este nuevo jarro de agua fría vertido sobre la conciencia ciudadana, ya bastante angustiada por la crisis económica y el deterioro general de la política, es el que refleja la última oleada del sondeo periódico que realiza Sigma Dos, con publicación concertada en el diario El Mundo (13/05/2013). Uno de sus resultados más llamativos es la marcada regresión que desde enero de 2012 se viene observando en la valoración social del reinado de Don Juan Carlos de Borbón.

Mientras en aquella fecha una gran mayoría de españoles opinaba que el balance de la Monarquía era ‘bueno’ (el 52,5%) y hasta ‘muy bueno’ (el 23,9%), lo que totalizaba un 76,4% de satisfechos, en mayo de 2013 ese mismo porcentaje ha caído sensiblemente hasta situarse en un 46,3% (el 36,6% estiman el balance ‘bueno’ y el 9,7% ‘muy bueno’). Ello comporta que la insatisfacción, distribuida en un balance ‘muy malo’ (el 9,7%), ‘malo’ (el 11,8%) o ‘regular’ (el 31,3%), alcance ahora al 52,8% de la ciudadanía, es decir a la mayoría absoluta de los encuestados.

Por otra parte, una mayoría todavía más significada (el 82,5%) cree que, no obstante, Su Majestad debe intentar recuperar el prestigio perdido por la Monarquía, mientras una minoría del 14,3% cree que no debería hacerlo (es de suponer que no lo considera importante). En cuanto a la creencia de si podría o no alcanzar dicho objetivo, el 31,1% de los encuestados dan una respuesta afirmativa y el 55,5% negativa…

PRISIONEROS DE LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

Claro está que, como ya advertimos en la Newsletter anterior (“Verdades y mentiras de las encuestas políticas”), y al margen de las reservas que se puedan plantear sobre la materia en términos generales, cada estudio demoscópico con afecciones políticas tiene su intríngulis particular. El de Sigma Dos que comentamos, incluye dos ítems realmente significativos al respecto: la abdicación del rey Juan Carlos y la reforma de la Constitución, que son dos objetivos recurrentes en la línea editorial de El Mundo.

En consecuencia, a la pregunta de si el Monarca debería abdicar para que le sucediera el príncipe Felipe o seguir reinando mientras esté en condiciones, un mayoritario 55% opina que sí debería abdicar y un minoritario 37,3% que no debería abdicar y, por tanto, que debería seguir reinando. Además, la encuesta registra otro apoyo colateral a la misma abdicación con una mayoría de encuestados (el 65,4%) que considera la presencia del príncipe Felipe en los actos de significativo interés para España igual de efectiva que la del rey Juan Carlos.

Y, en esa misma coincidencia también con la posición editorial del periódico, otro mayoritario 72,8% cree que dentro de la política de ‘pactos de Estado’ se debería incluir la reforma de la Constitución, frente a un minoritario 18,6% que no lo cree necesario. Como en el caso anterior, también se registra una mayoría de encuestados (el 71,1%) a los que les parece ‘bien’ o ‘muy bien’ que el Rey propicie pactos, acuerdos y consensos, preguntando a partir de esa opinión sobre el de la reforma constitucional.

Así, se evidencia una sutil correlación entre las ideas que promueve el periódico patrocinador de la encuesta y lo que, según quien la realiza (Sigma Dos), opinan los encuestados. Dicho con mayor claridad, todo indica que el medio informativo desarrolla la línea informativa que tiene por conveniente y después se hace de forma ciertamente afortunada con los sondeos demoscópicos que la respaldan (faltaría más).

Lo que pasa es que, cuando, por ejemplo, se compara esta encuesta de Sigma Dos con los resultados del último Barómetro del CIS (abril de 2013), cuyo diseño ofrece muchas más credibilidad por el tamaño de la muestra (2.500 encuestados frente a 1.000) y por realizar las entrevistas de forma personal, en vez de hacerlo telefónicamente, algo chirría en el aparato de la manipulación mediática. Porque si, después de registrar el CIS un suspenso radical en la valoración social de la Monarquía (un 3,68 sobre 10), sólo el 0,9 de sus encuestados considera que dicha institución es uno de los problemas que hoy por hoy más preocupan en España (frente a la masiva y clara identificación que hacen de otros muchos), lo que se está reflejando es una percepción muy clara de su ‘inutilidad’ (la Corona está reprobada, pero, además, a la sociedad eso le importa poco), contradictoria desde luego con el papel ‘mediador’ que ahora le asigna el estudio de Sigma Dos.

Pero la presión mediática no se conforma con el embrollo de la abdicación del Rey (que tendría muy poca justificación institucional) ni con moverle a procurar un consenso sobre la reforma de la Constitución (más justificado). En ese mismo medio, y en algún otro igual de contumaz, se acompañan con un sinfín de ‘recomendaciones’ de amplio espectro, enfocadas sobre la gestión del ‘caso Nóos’, las relaciones en el entorno familiar del Rey, sus intereses y amistades personales, el nivel de transparencia que debe o no debe asumir la Casa Real, su política de comunicación… Realimentando todo ello la controversia pública desatada sobre la propia Monarquía, lo que a su vez introducirá en el Parlamento cargas de tensión inconvenientes durante la eventual tramitación de cualquier iniciativa legislativa que afecte a la Corona…

HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD

Lo que analíticamente parece poco rebatible, es que la Monarquía ha venido perdiendo demasiado pie para promover en tiempo y forma convenientes las reformas y el aggiornamento institucional más indispensables, por no hablar de la desatención prestada a su propio desarrollo constitucional. Una cuestión lamentable que ya se trató recientemente en la Newsletter titulada “Las oportunidades perdidas de la Corona”.

Quizás por ello, y sin profundizar en otros errores, ahora ande la Institución Monárquica en boca de todo el mundo, reconduciéndose a remolque de los acontecimientos, sorteando las minas sembradas por sus detractores (y a veces también por los más torpes y conspicuos defensores de la Corona) y, en suma, prisionera de la manipulación mediática, de la que las aplicaciones demoscópicas no dejan de ser una herramienta más.

Ahora, al rey Juan Carlos, que es el pilar en el que, bien o mal, se sustenta la actual Monarquía parlamentaria (ya veremos su afectación en el plano sucesorio), sólo le queda hacer de la necesidad virtud y convertir su pérdida de popularidad en un punto de arranque para recuperar las oportunidades desperdiciadas en lo que debería haber sido un servicio a España y a los españoles con mayor visión de futuro. Y antes que nada en la salvaguarda de la verdadera democracia, en perfeccionar el sistema de convivencia y en el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado, incluyendo la justicia, los partidos políticos, las autonomías…

Referencia: Otto von Bismarck, el político prusiano artífice de la unidad alemana y acreditado exponente del realismo político del siglo XIX, más partidario de los hechos que de las palabras y del trabajo que de los festejos, dejó escrita una idea de proyección histórica y personal que le honra: “El político piensa en la próxima elección; el estadista en la próxima generación”. ¿Y dónde está el monarca ilustrado y estadista que asegure la España del futuro…? 

Sea como fuere, con tanta torpeza institucional por medio (no sólo analítica y estratégica sino incluso operacional), lo realmente triste del caso es tener que volver a recordar ahora que, en las grandes cuestiones nacionales, los españoles se han mostrado siempre maximalistas antes que posibilistas; es decir, partidarios de las soluciones más extremas en el logro de cualquier fin o aspiración con proyección de Estado.

ABIERTA LA VÍA RADICAL: “O CONMIGO, O CONTRA MÍ”

De hecho, en el debate político, económico y social, el posibilismo se ha llegado a entender incluso como cosa propia de gente timorata, tenida por disolvente y con escasos principios. Dicho de otra forma, la ponderación, ejercida de forma natural, con objetividad y sin complejos, ha sido más propia de una reducida clase social, integrada por muy pocas personas de sobresaliente condición intelectual y humana.

En el otro extremo de las actitudes y comportamientos ciudadanos, el maximalismo, exacerbado desde la revolución francesa (1789), cuando se inicia la edad contemporánea, es el fenómeno que, en gran medida, ha venido realimentando la existencia de ‘las dos Españas’. Una contraposición política y cultural de expresiones infinitas: la España liberal y la absolutista, la del catolicismo y la anticlerical, la monárquica y la republicana, la del ‘bando rojo’ y el ‘bando azul’ en la guerra civil, la de las autonomías y la de la unidad nacional, y hasta la taurina del sol y de la sombra…

Su continuidad histórica es tan acusada que, más allá de su naturaleza enfrentada, conforma un modelo o sistema antropológico de superposición o ‘bipolaridad social’, por el que el pueblo español se muestra, a veces, capaz de aceptar al mismo tiempo cualquier cosa y su contraria, e incapaz de distinguir los límites de la realidad más evidente. El Duelo a garrotazos captado por el genio pictórico de Goya como síntoma nacional, no deja de ser perfectamente compatible con la España más inquisidora y la más ilustrada, o con el grito del “¡Vivan las cadenas!” lanzado en apoyo de Fernando VII por el mismo pueblo al que sojuzgaba, y a quien éste primero identificó como ‘El Deseado’ y, a continuación, como ‘El Felón’.

Paréntesis: “¡Vivan las cadenas!” fue el grito acuñado por los absolutistas españoles partidarios de Fernando VII cuando éste regresó del destierro en 1814, escenificando su recibimiento popular mediante el desenganche de los caballos de su carroza y su sustitución por personas del pueblo para tirar de ella. De esta forma se pretendía justificar la decisión regia de ignorar la Constitución de 1812 y el resto de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz.

La realidad es que nuestra cultura democrática se subordina en buena medida a una máxima indiscutible, más asumida por quienes más poder ostentan: “O conmigo, o contra mí”. De esta forma, el ejercicio de la crítica, en cuanto afecte a los poderes fácticos (sean políticos, económicos, militares, eclesiales…) y al establishment en el que todos ellos se acomodan, no ha dejado de ser ciertamente difícil.

ENTRE LA MEZQUINDAD Y LA GRANDEZA POLÍTICA

Hoy por hoy, y salvo muy escasas y honrosas excepciones, los analistas políticos se limitan a defender o combatir los estrictos intereses partidistas, alineados casi siempre con una u otra de las formaciones con posibilidad de acceder al gobierno de la Nación. Un papel reiterado hasta la saciedad y anclado en el “quítate tú para ponerme yo”, a menudo rayano en el sectarismo y cada vez más alejado también, como la propia política, de la realidad social y de los grandes intereses ciudadanos.

Ese es un triste escenario en el que las cuestiones de Estado realmente sustanciales (las garantías constitucionales, la división de poderes, la justicia social, la educación, la unidad nacional, la política exterior, la lucha contra la corrupción…), se reconducen de inmediato al interés más villano y circunstancial sin grandeza política alguna. En él, cualquier debate sobre la perfección del propio modelo de convivencia es tachado de ‘transgresor’, o cuando menos de ‘políticamente incorrecto’ y condenado a la censura más implacable.

No se puede negar que hubo tiempos próximos en los que el contenido crítico y los recursos dialécticos llenaban la vida pública, hasta el punto de que el rencor o la soberbia arruinaban a menudo la perspectiva política. Ahí están la historia del parlamentarismo anterior a la guerra civil, algunas voces admonitorias alzadas incluso intramuros de la dictadura franquista y hasta el debate periodístico propio de la Transición Española, durísimo precisamente con quienes más hacían entonces por afianzar la democracia.

Pero hoy la situación es bien distinta. Y sonroja comparar, por ejemplo, las duras crónicas políticas y las aguerridas columnas de opinión publicadas durante la presidencia de Adolfo Suárez, cuando la sociedad española en su conjunto procuraba un mejor modelo de convivencia para todos, con el cotidiano periodístico de hoy en día.

¿Qué queda en la prensa actual, por ejemplo, de la tercera página del diario Pueblo dirigido por Emilio Romero y de sus propios ‘Gallos’, redactados a modo de explosiva opinión editorial…? ¿Quién ha heredado el espíritu liberal-combativo que caracterizó al demolido periódico Madrid…? ¿Cómo olvidar la razón política y humanista promovida por Ruiz-Giménez en sus Cuadernos para el Diálogo…? ¿Dónde podríamos recuperar hoy por hoy los fundamentos reformistas perdidos de El País o del Grupo 16…? ¿Acaso alguien ha vuelto a lanzar dardos tan envenenados contra el poder y sus personalidades más significadas como los que a menudo lanzaba la ‘Prensa del Movimiento’ en pleno régimen franquista…?

En el nuevo contexto de conformismo político, sostenido sobre todo por el adocenamiento y el pasotismo informativo, instalado en la subvención y en el favor económico generalizado, la sociedad civil soporta una peligrosa degradación intelectual más allá de la pérdida de sus principios éticos y referentes de convivencia democrática. Una oscura senda que lleva de forma acelerada al progresivo ocaso ciudadano, contaminado por la falta de principios y valores éticos, la corrupción a gran escala y el ahogamiento de las voces críticas, cuya reconducción sólo será posible mediante una revisión global del sistema de interacción social.

Si la ciudadanía diese por bueno el pancismo institucional que caracteriza la política del momento, se sometiese gustosa a la ya insoportable ‘dictadura partitocrática’ que lo realimenta de forma vergonzosa y aceptase sin más sus mecanismos de manipulación social, quizás no merecería la pena plantear siquiera las razones de la crítica, el valor de la intelectualidad o la esencia de nuestra propia libertad. Pero sucede que hay grupos de personas, sin duda prevalentes en la condición humana, que no se acomodan, ni tienen por qué hacerlo, al dominio de las oligarquías políticas y de los denominados ‘poderes fácticos’, posición a contrario sensu que deberíamos reconocer y valorar debidamente…

Este tipo de actitudes sociales, que en el caso que nos ocupa se referirían a la aceptación o rechazo de la actual Monarquía parlamentaria (quiérase o no heredada del franquismo), es el que, lejos del maximalismo con el que se suele impregnar el debate nacional, nos lleva a encabezar esta Newsletter precisamente con el título “Monarquía sí, Monarquía no”, en clave de futuro y sin inclinaciones argumentales apriorísticas.

Antes que reavivar el viejo enfrentamiento entre Monarquía y República, lo que a todos debería preocuparnos en estos momentos, incluida la Corona, es revisar una herencia política impuesta generacionalmente (en algunos aspectos sin duda cuestionable y también cuestionada), en consonancia con la ortodoxia constitucional, la dinámica del desarrollo social y los principios del entendimiento democrático. Y contemplando no pocas críticas políticas y todas las vías de manipulación que subyacen en el texto constitucional, alcanzando en algunos aspectos a la propia Institución Monárquica y a la actual organización del Estado.

El reto inmediato de la clase política de cara al futuro más inmediato, no es otro que afrontar una reforma constitucional profunda, desarrollando el Título II de la Carta Magna con la necesaria ‘Ley de la Corona’, refundando de forma razonada y razonable el Estado de las Autonomías, reconduciendo los poderes legislativo, judicial y ejecutivo en el sentido de independencia y contrapeso que les dieron los padres de la Ilustración y reformando el sistema electoral y de partidos políticos para devolver a la ciudadanía la auténtica impronta de la democracia.

Claro está que eso significa subordinar la mezquindad a la grandeza política y que quienes titulan la Corona, el Gobierno y la Oposición se muestren como auténticos estadistas. Algunos reyes españoles lo fueron y ahora, en otros tiempos, con otros medios y de otra forma, Don Juan Carlos de Borbón haría bien en seguir sus pasos y hasta dejar la vida en el empeño si fuera menester, porque de otra forma, quiérase o no seguiremos en lo de ‘Monarquía sí, Monarquía no’, ‘Monarquía versus República’ y cosas mucho más ácidas. El Rey no gobierna, pero reina, y eso tiene un recorrido que, como todo en la vida, se puede andar hacia el infierno o hacia la gloria; y en eso estamos.

LECCIONES EJEMPLARES EN LA FORJA HISTÓRICA DE ESPAÑA

Quizás, un buen colofón a estos comentarios sobre el presente y el futuro de la Monarquía (incluido el lastre que para la Corona supone la implicación de la Familia Real en el ‘caso Nóos’), y sobre el papel que ha desempeñado y debe seguir desempeñando el rey Juan Carlos en la historia de España, sería el de recordar el gesto de honor y sacrificio que en 1294 protagonizó don Alonso Pérez de Guzmán en el sitio de Tarifa.

Siendo alcaide de la plaza, que hubo de defender frente al asedio al que la sometió el sultán benimerín Ibn Ya’qub, conjurado con el infante Juan, que había traicionado a su hermano (el rey Sancho IV), fue amenazado con ver degollado a su propio hijo -rehén de los sitiadores- a pie de la muralla tarifeña, si no la rendía antes de la llegada de la flota aragonesa que terminaría rompiendo el cerco. Dicen los textos más legendarios que entonces, además de no rendirse, lanzó a sus enemigos su propio puñal para que cumplieran la vil amenaza, heroicidad que le valió el sobrenombre de ‘El Bueno’.

La discusión acerca del carácter moral de la opción tomada por el defensor de Tarifa y fiel servidor de su rey, antes que por el padre desesperado, no tiene sentido siete siglos después. Pero este episodio documental muestra, en cualquier caso, la lealtad y la ejemplaridad de Guzmán ‘El Bueno’ como modelo de guerrero castellano del siglo XIII y forjador de la España que hoy conocemos.

Junto al suceso de Tarifa, otros muchos acontecimientos marcan la estela de la épica nacional, a la que el rey Juan Carlos en modo alguno debería sentirse ajeno. Sobre todo en un país en el que las ‘gestas’ y los ‘gestos’ siempre han cotizado al alza.

Dando en el tiempo nada menos que un salto de siete siglos, sin ánimo de reabrir heridas fratricidas ni complejos ante la realidad histórica, cabe citar igualmente, le duela a quien le duela, el ejemplo de sacrificio responsable del coronel José Moscardó durante el asedio que sufrió el Alcázar de Toledo en la guerra civil. Allí, él también supo anteponer la grandeza moral como defensor de una posición militar a punto del exterminio a su condición de padre conminado a rendirla bajo la amenaza de fusilar a uno de sus hijos…

Habrá, sin duda, otros muchos ejemplos para ilustrar la entrega y la rectitud personal necesarias ante situaciones límite en las que se confrontan sentimientos e intereses cruciales, pero los dos citados muestran perfectamente las exigencias que en ocasiones impone la historia. Como titular de la Corona, es decir como Rey y Jefe del Estado, Su Majestad sabrá, ahora, hasta dónde debe amparar o no, a la infanta Cristina y su consorte, porque eso va a marcar también el futuro de la Monarquía.

ÚLTIMAS APOSTILLAS CRÍTICAS SOBRE LA CORONA

Finalmente, frente a la evidente y desproporcionada campaña desatada en las últimas semanas por el aparato de ‘comunicación y propaganda’ oficial para que la Corona recupere la imagen social perdida en los últimos tiempos (así funciona el Gobierno y esas son sus prioridades), y en buena medida alentadas por ella, también comienzan a crecer los análisis críticos -y cada vez más combativos- de columnistas que hasta ahora no habían mostrado mayor agresividad al respecto.

Dos de ellos, Antonio Elorza y Manuel Molares, han enfilado sus últimas crónicas con buenas formas pero con argumentos de grueso calibre contra la Institución Monárquica, justamente al hilo del mosqueo social que están levantan algunos de sus privilegios y comportamientos más reprobables. A nuestro juicio de forma acertada, razón por la que merecen ser destacados.

Antonio Elorza, historiador, ensayista y catedrático de Ciencias Políticas, firma un significativo artículo de opinión en El País (18/05/2013), titulado “Al margen de la ley”, afirmando que, con el auto dictado por la Audiencia de Palma para levantar la imputación de la infanta Cristina en el ‘caso Nóos’, la sombra del privilegio planea sobre España:

Son tiempos de crisis, y no solo económica, sino también de la democracia y del Estado de derecho. Uno de los rasgos más claros en este último orden de cosas es el regreso del privilegio, esto es, la tendencia a constituir en beneficio propio, desde posiciones de poder, un ámbito propio de decisión o normativo, donde se incumple la legalidad vigente. En su “Ensayo sobre los privilegios”, lo definió el abate Sieyès: “Todos los privilegios tienen por objeto, bien dispensar de la ley, bien conferir un derecho exclusivo a algo que no está prohibido por la ley; la esencia del privilegio es estar fuera del derecho común”. Y como en la Europa actual esta recreación del privilegio carece de toda legitimidad, toca a legistas ad hoc calificar torticeramente aquellas situaciones para las cuales, si no en la forma, en el fondo, convenga que la condición privilegiada sea reconocida.

El caso más exacerbado de esta orientación es, en nuestro entorno y sin la menor duda, el del expresidente italiano Berlusconi. Con millones de euros gastados en abogados defensores, y con el uso desatentado de sus televisiones y periódicos, al encontrarse ante el riesgo de condenas en serie, ha decidido pasar por su cuenta a la ofensiva, procesando y condenando a la magistratura. Toda su actuación presionando al Gobierno Letta responde a este fin. El privilegio de su impunidad debe ser la ley. La última escena de “Il caimano” (2006), de Nanni Moretti, resultó profética: el ‘cavaliere’ está dispuesto a asaltar —ya lo ensayaron sus diputados y senadores en Milán— y a incendiar el Palacio de Justicia si la ley le es aplicada.

Sin llegar ni de lejos a tal exceso, y con mucha mayor discreción, la sombra del privilegio planea también sobre otros países europeos, concretamente sobre el nuestro. Basta mencionar el auto de la Audiencia de Palma sobre doña Cristina de Borbón y las reacciones de relevantes autoridades ante el mismo. El fiscal general del Estado “se alegra”, y un ministro estalla de gozo al subrayar que la persona liberada de la imputación “¡es una infanta de España!”. Nada tiene de extrañar el efecto bumerán suscitado, con efectos inevitables sobre el decaído prestigio de la Corona: un 80% de españoles la estiman ya culpable. Los dos magistrados que deciden contra la imputación se mueven en aquel registro, al poner implícitamente de relieve que no están enjuiciando a un ciudadano como cualquier otro —incluido el juez instructor, cuyo trabajo ven aquejado de “debilidad, inconsistencia”—, sino a “la infanta Cristina”, o simplemente “la Infanta”. Actitud reverencial que puede traducirse en una voluntad exculpatoria. De un lado, como subraya el juez Jiménez en su voto particular, al plantear el tema exagerando el significado de la eventual declaración, que “no es la determinación de los hechos que se le imputan”; de otro, al fragmentar el análisis de las posibles pruebas. Por eso pueden concluir que “no hay indicios vehementes” para la imputación. El juez Jiménez se refiere siempre a “doña Cristina de Borbón”: ciudadanía frente a residuos del privilegio (…).

Por su parte, Manuel Molares ha colgado en su Blog, justo al cierre de esta Newsletter, una de sus revulsivas ‘crónicas bárbaras’, titulada “Rey sin fuero”, señalando en ella la conveniencia de que el Monarca renuncie a la ‘inviolabilidad’ de que goza su egregia persona, reconduciendo así de forma ejemplar la abusiva e insólita situación del aforamiento político de nuestro sistema democrático:

En España hay diez mil personas aforadas, a las que si cometen delitos no se les juzga bajo los procedimientos ordinarios, sino que gozan de unos privilegios inexistentes en las grandes democracias.

Los gobiernos españoles tienen además otra prerrogativa pre democrática, la de indultar a quienes han sido condenados.

Hay un aforamiento superior, el del Rey, quien, si tras renunciar al yate ‘Fortuna’ anuncia que rechazará a su aforamiento en la primera reforma constitucional posible, se unirá a la mayoría de los jefes de Estado sin ese fuero: la renuncia sería ejemplar para imponérsela a esa casta de diez mil santones fácilmente corruptibles.

El Artículo 56,3 de la Constitución dice que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, aunque sus actos no serán válidos si no están refrendados por el Gobierno.

Prescindir del aforamiento real es poco complejo, no más que la última “enmienda” constitucional, que incluyó la demanda de la UE de controlar el endeudamiento.

UPyD acaba de presentar una proposición no de ley para reducir al mínimo los beneficiarios de “ese privilegio arcaico”, incompatible con los principios que deben regir los “Estados contemporáneos y democráticos”.

“Lejos de restringirse esta protección, ha sufrido una extraordinaria expansión sin precedentes al calor del desarrollo del Estado de las Autonomías y de la colonización de los partidos políticos de todas las instituciones del Estado, comenzando por la Justicia”.

En el proyecto de ley de Transparencia, que lleva casi un año vagueando, no aparece mención alguna a la desaparición de los fueros que dividen a los españoles entre los de la casta política, y nosotros, los descastados.

“Del Rey abajo, ninguno”, titulaba Rojas Zorrilla su drama sobe el único aforamiento por honor que debería existir, pero en el siglo XIV.

Quizás, el incisivo apunte de Manuel Molares venga al pelo para recordar incluso el manifiesto de las Cortes Constituyentes de 1931, fechado el 26 de noviembre pero cuyo efecto legal sería derogado por el general Franco en plena guerra civil, el 15 de diciembre de 1938, por el que Alfonso XIII era declarado “culpable de alta traición” tras abandonar España al proclamarse la II República. Éste es su texto literal:

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Constituyentes, en funciones de Soberanía Nacional, han aprobado el acta acusatoria contra don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, dictando lo siguiente:

«Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico del país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la nación declara solemnemente fuera de la ley a don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional.

Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, sin que se pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores.

De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en territorio nacional se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá del uso conveniente que deba darles.

Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después de publicada por el Gobierno de la República, será impresa y fijada en todos los ayuntamientos de España, y comunicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de Naciones».

En ejecución de esta sentencia, el Gobierno dictará las órdenes conducentes a su más exacto cumplimiento, al que coadyuvarán todos los ciudadanos, tribunales y autoridades

Escrito está. Y lo que toca esencialmente en estos momentos, en los que se ha levantado el tabú de reprobar a la Corona, es que tanto el Rey como el Príncipe Heredero decidan si desean titular una Monarquía de súbditos (sumisos al privilegio regio) o de ciudadanos (súbditos del Estado), y lo pongan en negro sobre blanco antes de que sea demasiado tarde. De momento, vienen de donde vienen (de la renuncia de Alfonso XIII, la imposición de Franco y la voluntad del pueblo español al aprobar la Constitución de 1978) y siguen en donde estaban… con todas sus consecuencias.

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