De militar fracasado a endémico “legislador” de Defensa

MIGUEL SILVA nació el 20 de septiembre de 1945. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1963 y alcanzó el empleo de teniente de Ingenieros en 1967, ascendiendo al de capitán en 1971.

Durante el bienio 1977-78, formó parte del equipo que, impulsado por el Vicepresidente Primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa, teniente general Gutiérrez Mellado, y presidido por Martínez de Galinsoga (general de división de Infantería de Marina), redactó las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de 1978. Y ello aunque a título personal nunca asumiera el espíritu de sus contenidos, ya que, en evidente contradicción con su artículo 214, renunció a realizar el curso de ascenso a comandante, fijando de forma voluntaria su horizonte profesional en el empleo de capitán.

Dicho artículo, cuya aplicación al caso permite comprender la conocida desafección de Miguel Silva hacia los valores castrenses, establece literalmente: “El militar de carrera debe tener un deseo constante de promoción de los empleos superiores que las plantillas fijadas legalmente le permitan alcanzar. La falta de interés en perfeccionar las condiciones requeridas para merecer el ascenso es muestra de poco espíritu militar”.

No obstante, y a pesar de esa decisión tan poco edificante en el ámbito militar, su facilidad para reconvertirse en los entornos partidistas más contradictorios le permitió conservar el mismo destino en los sucesivos gabinetes técnicos de los ministros Alberto Oliart (UCD) y Narcís Serra (PSOE), alcanzando el grado de comandante el 1 de octubre de 1985 al acogerse sin mayor esfuerzo a la denominada “reserva transitoria”, que fue aprobada en fecha fijada prácticamente a su medida.

En esa nueva situación siguió colaborando con el ministro continuista Julián García Vargas y, en especial, con su Subsecretario y luego Secretario de Estado, Gustavo Suárez Pertierra, quien al asumir la cartera de Defensa en 1995 le nombró director general en atención a su notoria relación de confianza y sin méritos profesionalmente reconocibles para ello.

Al acceder José María Aznar (PP) a la Presidencia del Gobierno en 1996, Miguel Silva dio por naturalmente concluida su vida política y por amortizados, con toda lógica, sus servicios al PSOE más escandaloso de todos los tiempos. Sin embargo, gracias a la mediación de Antonio González Aller y de Francisco Torrente, el inexperto subsecretario de Defensa nombrado en aquel momento, Adolfo Menéndez, le repescó como previo coautor de la Ley 17/1989, de 19 de julio, de régimen del personal militar profesional (que algunos denominaron “ley de la defunción militar”), para que elaborara el paquete normativo que habrían de sustituir aquella ley, conformando nada menos que el nuevo marco jurídico de las Fuerzas Armadas “profesionales”.

En aquellos momentos, la revista “Militares”, editada por la Asociación de Militares Españoles (AME), bautizó a Miguel Silva con el sobrenombre de “Legislator”, ironizando sobre su falta de preparación jurídica y dedicándole una llamativa portada (Nº 40, Febrero 1999).

Posteriormente, cuando ante la evidencia de su falta de lealtad e incompetencia profesional el ministro Trillo-Figueroa ordenó su tardío cese, Miguel Silva se refugió de forma temporal (VI Legislatura) como asesor del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, combatiendo políticamente sin el menor pudor todo el trabajo que él mismo había desarrollado con anterioridad al servicio del PP.

Tras ganar el PSOE las elecciones legislativas en marzo de 2004 y designarse a José Bono al frente de la cartera de Defensa, Miguel Silva se reincorporó a su antiguo destino ministerial (aunque adscrito al JEMAD por razones administrativas), desarrollando funciones de asesoramiento político itinerante y volviendo a impregnar con su falta de profesionalidad jurídica y militar la nueva normativa legal del ramo.

En esta nueva etapa, su habitual trayectoria de auto-rectificación alcanzó su peor expresión en la Ley Orgánica de Defensa Nacional, que sufrió un fuerte varapalo parlamentario y supuso la ruptura del consenso PP-PSOE, y en la Ley de Tropa y Marinería, que rompía la dimensión de las Fuerzas Armadas pactada en la Ley 17/1999 y la racionalidad de las plantillas militares. Mal encaje jurídico y militar tuvo también la modificación de las leyes orgánicas 13/1985, del Código Penal Militar, y 8/1998, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que él había elaborado previamente, sólo para satisfacer el “calentón” del ministro Bono provocado por un accidente aeronáutico cuyas eventuales responsabilidades tenían perfecta cabida en la normativa vigente.

En cualquier caso, el mayor desastre normativo propiciado por Miguel Silva ha sido, sin duda alguna, la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, el más claro exponente de su animadversión contra la institución militar.

La conflictividad creada en el propio seno de las Fuerzas Armadas por las distintas piezas legales que llevan su sello como jurisconsulto sobrevenido, e incluso las tensiones que han producido entre las distintas fuerzas políticas hasta romper el consenso sobre su modelo de profesionalización, se han hecho bien patentes a lo largo de su dilatado y nefasto destino en el Ministerio de Defensa. De hecho, Miguel Silva es el auténtico responsable de que la legislación de ese Departamento sea técnicamente reputada como la peor de todos los ámbitos administrativos. Y, lo que es mucho más grave, que a menudo se haya elaborado en contra de las propias Fuerzas Armadas, en coherencia con su arribismo político y su desprecio por lo militar.

Como superviviente nato que es, y junto a sus prácticas de reconversión partidista, Miguel Silva ha sabido remover también el mundo de filias y fobias dentro del Ministerio de Defensa para influir interesadamente en su política de nombramientos, sembrando dudas y descalificaciones en unos casos y proponiendo nombres afines en otros. No menos interesadas han sido sus recomendaciones políticas en la persecución desatada contra el ex ministro Trillo-Figueroa por el caso del “Yak-42”, que había ordenado personalmente su cese en el Ministerio de Defensa, por ejemplo. O su intento de desviar la distinción especial de los Premios Ejército en su XLIV edición, otorgada con todo mérito al diputado Luis Mardones, en favor de Javier Solana, cuyo hermano Luis le acompaña también en el “clan socialista de Defensa”, especialmente dedicado al amordazamiento y disolución de las Fuerzas Armadas.

Quizás, el mayor mérito personal de Miguel Silva Vidal haya sido figurar, siendo capitán, como uno de los “cien indeseables” incluidos en el panfleto reaccionario que se difundió de forma clandestina, pero impactante, en los medios militares durante el mes de abril de 1982. En dicha relación alternaba con otros personajes que tuvieron sin duda alguna un gran protagonismo en la versión militar de la transición política, lo que no dejó de proporcionarle cierto renombre y también amparo solidario por parte de los mismos.

Muchos de ellos aprovecharon aquel incidente para autoproclamarse como reducto de los “militares demócratas” frente a los “ultras” que cuatro meses antes, el 5 de diciembre de 1981, difundieron el “Manifiesto de los 100”, interpretado entonces por los medios de comunicación social como un apoyo a los golpistas del 23-F. Miguel Silva se adhirió incondicionalmente a aquella emergente fe “democrática”, ocultando su afinidad y reuniones previas con los “guerrilleros de Cristo Rey” en la madrileña e histórica “Cafetería Roma”, bien contrastada entonces por el SECED.

Como aviso a navegantes y al personal de Defensa en general, téngase en cuenta que la clave principal de los ceses y nombramientos de altos cargos militares durante la VIII Legislatura residió en la especial relación de Miguel Silva con Francisco Torrente, a la sazón Secretario General de Política de Defensa y auténtico nepote ministerial. Ellos alentaron la defenestración de Luis Alejandre como JEMAD y, posteriormente, los sucesivos ceses del teniente general José Mena, Jefe de la Fuerza Terrestre, y del JEME José Antonio García González, colocando en los cargos respectivos a los generales Pedro Pitarch y Carlos Villar, ambos con destinos ministeriales previos de confianza socialista y este último perteneciente a la misma promoción de Ingenieros que Miguel Silva.

Su reconocida capacidad de auto-beneficio le ha permitido verse condecorado con la Gran Cruz del Mérito Militar, hecho ciertamente insólito, dado que sólo alcanzó el empleo de capitán (llegó a comandante acogiéndose a la reserva transitoria) y que en el ámbito militar dicha condecoración está reservada exclusivamente a los oficiales generales.

En los círculos informados del sector, no se tiene previsto que, salvo fallecimiento, el currículo de este endémico “legislador” del Ministerio de Defensa concluya antes de que liquide normativamente a la institución militar.

FJM (Actualizado 30/05/2009)

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