Un oficial del CESID atípico, valedor de la ética institucional

DIEGO CAMACHO nació el 6 de agosto de 1944 en Madrid. Ingresó en la Academia General Militar en 1963 y alcanzó el empleo de teniente del Arma de Infantería en 1967.

Complementó intensivamente su preparación militar con la obtención de títulos superiores de Inteligencia y para el mando de unidades de elite (acorazadas, paracaidistas, de operaciones especiales…), junto con otros de profesor de educación física, transmisiones para las armas, técnicas operativas para misiones especiales, derecho y técnica policial, buceador de la Armada…

Desempeñó sus primeros destinos en unidades militares del máximo relieve, como la Escuela Militar de Montaña, la Agrupación de Tropas Nómadas, la COE nº 11, el Regimiento de la Guardia del Jefe del Estado y la Brigada Paracaidista.

A partir de 1979, todavía con el empleo de capitán, se incorporó al CESID, participando en el Equipo de Cooperación de Guinea Ecuatorial, ocupando destino a continuación y de forma sucesiva como agregado en las embajadas de España en San José de Costa Rica, Rabat y París.

Su sentido de la rectitud profesional le llevó a un primer desencuentro con José Luís Cortina, ya situado al frente de la Agrupación Especial de Medios Operativos (AOME), la unidad estrella del CESID, al destapar un impresentable caso de corrupción durante la celebración del X Curso de Técnicos Operativos de Inteligencia (CTOI), impartido en su propia Escuela. El suceso se narra en el libro de Juan Alberto Perote “23-F: ni Milans ni Tejero - El informe que se ocultó” (ya citado) y, en síntesis, consistió en que los favores sexuales exigidos por algunos instructores de aquel curso a sus alumnas para calificarlas positivamente, confesados por una de ellas al capitán Camacho y puesta la situación por éste en conocimiento del comandante Cortina, jefe de la unidad, y después en el del  secretario general del organismo, el entonces teniente coronel Javier Calderón, quedaron absolutamente impunes, a pesar de que ambos empeñaran su palabra para sancionar a los culpables…

Diego Camacho sería también el oficial de Inteligencia que, a las pocas horas de que el teniente coronel Tejero perpetrara su conocido asalto al Congreso de los Diputados, secuestrando a los miembros del Pleno y al Consejo de Ministros allí presente, descubrió la implicación del propio CESID en la intentona golpista, esforzándose para que se pusiera en marcha la investigación interna conocida como “Informe Jáudenes”. Una auténtica “prueba de cargo” que, de no haber sido clasificada de inmediato como “secreta”, habría hecho saltar por los aires la gran parodia judicial montada en torno al 23-F, a pesar de que se hubieran eliminado de su versión original los testimonios más comprometedores, entre ellos el suyo, con el argumento de que las conclusiones del oficial instructor eran “expresivas”.

Nada menos que 16 años después, Alberto Perote pudo obtener legalmente el documento en cuestión gracias al breve lapso de tiempo que estuvo desclasificado en el Tribunal Militar Central, a raíz del proceso incoado contra él por revelación de secretos de Estado.

Más tarde, en octubre de 1990, estando Diego Camacho ya destinado en Marruecos, también trascendería a los medios informativos su enfrentamiento con el embajador de España en Rabat, oponiéndose a que fueran entregados a la policía marroquí tres refugiados saharauis que habían solicitado asilo político en la legación diplomática española. La intención del embajador contravenía la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que entró en vigor en España el 12 de noviembre de 1978, cuyo artículo 33.1 dispone: “Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de opiniones políticas”.

Durante su destino en París, también protagonizó otro suceso “moralizante”, aunque en este caso de exclusivo conocimiento interno, al negarse a encubrir algunos “desajustes” contables en la caja del CESID heredados al acceder al cargo, que, no obstante, tampoco tendría efecto alguno sobre sus responsables.

Finalmente, la incansable capacidad demostrada por Diego Camacho como valedor de la ética institucional, en última instancia infructuosa, eclosionó con la presentación de dos recursos de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 1.324/1995, de 28 de julio, por el que se establece el Estatuto del Personal del Centro Superior de Información de la Defensa, preparados y presentados todavía durante la V Legislatura, gobernada por los socialistas. En 1996, nada más acceder a la dirección del CESID, el teniente general Calderón activó la “depuración” del entonces coronel Camacho alegando “falta de idoneidad”, aunque estuviera ocupado cargos de responsabilidad desde hacía 17 años, siendo reconducido a un destino en el Museo del Ejército ciertamente poco coherente con su preparación y capacidad profesional.

La realidad de aquella decisión, tergiversada de forma absurda por algún periodista afín al Ministerio de Defensa, que comentó sus recursos contra el Estatuto del CESID como una “pataleta” por su cambio de destino, habiéndose producido la secuencia de hechos justo al revés, tenía en cualquier caso una primera motivación mucho más lejana. Javier Calderón nunca olvidaría el comportamiento de Diego Camacho denunciando las implicaciones del CESID en el golpe del 23-F, entonces bajo su directa responsabilidad técnica…

El coronel Camacho, distinguido con varias condecoraciones, fue el único miembro del CESID al que en 1996, justó el año de su depuración, Su Majestad el Rey otorgaba la Encomienda al Mérito Civil. Licenciado en Ciencias Políticas, también ha desarrollado una significativa actividad intelectual y docente como profesor de Derecho Político en la UNED y de Historia Europea Contemporánea en la Universidad Centroamericana de Costa Rica. Asimismo es coautor, junto a Fernando J. Muniesa, de “La España Otorgada: Servicios de Inteligencia y Estado de Derecho” (ya citada), un ensayo crítico del sistema de Inteligencia vigente en España.

En abril de 1982, fue citado en el confuso panfleto de los “Cien indeseables”, quizás por haber investigado y evidenciado poco antes las implicaciones del CESID en la trama golpista del 23-F.

FJM (Actualizado 02/02/2009)

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