Un nuevo rico surgido de la corrupción y el terrorismo de Estado

JULIÁN SANCRISTÓBAL nació el 24 de noviembre de 1952 en Bilbao. Se afilió al PSOE en 1973, antes de concluir la licenciatura de Ciencias Económicas que cursó en la Universidad de Bilbao (en el campus de Sarriko), denominada Universidad del País Vasco a partir de 1980.

En 1977 se incorporó al equipo de Ramón Rubial, quien le nombró secretario general técnico de la Presidencia del Consejo General Vasco durante el periodo en que fue su titular (del 7 de febrero de 1978 al 9 de junio de 1979). Esta circunstancia, y el hecho de que Rubial fuera indiscutido presidente del PSOE desde la celebración de su XXVII Congreso, en diciembre de 1976, hasta su fallecimiento, ocurrido en Bilbao el 24 de mayo de 1999, le sirvió para lanzar su carrera política con tan poco esfuerzo como mérito personal.

Bajo ese paraguas protector, Sancristóbal logró ser nominado candidato socialista a la alcaldía de Ermua (Vizcaya) en las elecciones locales de 1979, ganándolas y ocupando la presidencia de su corporación municipal durante tres años y medio. Tras la victoria del PSOE en las elecciones generales celebradas en octubre de 1982, el 16 de diciembre de ese mismo año fue nombrado gobernador civil de Vizcaya, cargo en el que mantuvo una estrecha relación con el comisario Francisco Álvarez, entonces jefe superior de Policía de Bilbao (que terminaría asumiendo la jefatura del Mando Único para la Lucha Antiterrorista), y con Ricardo García Damborenea, líder de los socialistas vizcaínos y con notable peso también en la organización nacional del partido.

Al tomar posesión del cargo de gobernador civil, Sancristóbal afirmó que esperaba no dar la imagen de “guardián del orden público”. Sin embargo, su actuación terminaría siendo calificada de “dura” y “clásica”, y muy contestada por el conjunto de organizaciones políticas, sindicales y ciudadanas.

De hecho, la coordinación de las actividades de los GAL iniciadas en 1983 se realizó desde el entorno de Julián Sancristóbal, quien en aquellos momentos se mostraría como un entusiasta de la “guerra sucia” contra ETA y su principal responsable político en el País Vasco. Entre los delitos achacados a los GAL en esa primera época se contabilizan el asesinato de Lasa y Zabala, el secuestro de Segundo Marey, los asesinatos de “Kattu”, “Txapela”, Vicente Perurena, “Stein”…

Con aquella experiencia a sus espaldas, Sancristóbal fue nombrado director de la Seguridad del Estado el 9 de febrero de 1984, cuando Rafael Vera, su titular previo, pasó a ocupar la Subsecretaría del Ministerio del Interior. En ese momento, Sancristóbal se vio de nuevo acompañado por Francisco Álvarez, trasladado desde la Jefatura Superior de Policía de Vizcaya a la del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior, bajo su directa dependencia. Ambos, verían crecer entonces el terrorismo alentado desde el propio Estado hasta límites tan insospechados como insostenibles, incluso con víctimas mortales ciertamente inocentes que nada tenían que ver con ETA (Jean Pierre Leiba, Christian Olaskoaga, Emile Weiss, Claude Doer, Christofe Matxicote, Catherine Brion…).

Esta exacerbada actividad de los GAL, inútil en su fondo y torpe en sus forma, se comenzó a reconducir a partir de la nueva organización del Ministerio del Interior promovida por Barrionuevo en 1986, que el 27 de octubre conllevó de forma paralela el cese de Julián Sancristóbal y el ascenso de Rafael Vera desde la Subsecretaría a la Secretaría de Estado para la Seguridad, absorbiendo las competencias de la anterior dirección de la Seguridad del Estado. Una reconducción tardía y enfangada, además, por la deriva de corrupción económica utilizada en el engranaje de los GAL.

Sancristóbal, que por falta de pruebas pudo zafarse de las acusaciones de asesinato a las que estuvo sometido en el “caso Brouard”, al igual que el resto de imputados, terminó siendo objeto de dos sentencias condenatorias:

  • En el “caso Marey” (Causa Especial 2530/1995), fue condenado por[ la Sala Segunda del Tribunal Supremo (Sentencia nº 2/1998, de 29 de julio) a diez años de prisión y doce de inhabilitación absoluta por los delitos de secuestro y de malversación de caudales públicos; penas que también recayeron en José Barrionuevo y Rafael Vera.

Confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo, y suspendida por el Tribunal Constitucional hasta resolver negativamente en 2001 el recurso de inconstitucionalidad correspondiente, el Consejo de Ministros presidido por José María Aznar le concedía, como a otros nueve condenados en el mismo caso, un indulto parcial (dos terceras partes de la pena de prisión impuesta) y una modalidad especial de tercer grado penitenciario, precisamente en su reunión anterior a la nochebuena de 1998.

  • En el “caso Fondos Reservados” (DP 5140/1994 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid), la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó en su Sentencia 1074/2004, de 18 de octubre, la dictada dos años antes, el 21 de enero de 2002, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenaba a Julián Sancristóbal a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación por la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos, con la atenuante de reparación del daño (devolvió 66 millones de pesetas recibidas de los fondos reservados).

Durante el tiempo transcurrido entre la comisión de aquel delito y el fallo firme de su condena, Julián Sancristóbal había dado un giro radical a su vida, saltando hábilmente desde el fango de la corrupción y el terrorismo de Estado hasta el fascinante mundo empresarial del “pelotazo” económico. La devolución de parte del dinero afanado en su momento de los fondos reservados, sería para él cosa menor.

Precisamente cuando comenzaban a sustanciarse las diligencias previas del “caso Fondos Reservados”, el periodista Casimiro García-Abadillo expuso en un documentado reportaje publicado en “El Mundo” (29/01/1995) las peripecias que habían convertido a Sancristóbal en un auténtico potentado, con un patrimonio personal estimado en cerca de 10.000 millones de pesetas. Una extensa y precisa narración sobre la “otra cara” de la política, hecha pública cuando aquella causa ya había llevado a su protagonista a prisión preventiva.

El reportaje, reproducido como anexo 1, se introducía con la siguiente opinión editorial titulada “Marconi, la gran recompensa de Sancristóbal”:

Sancristóbal era, a comienzos de 1987, un ciudadano aparentemente común, que vivía en un piso alquilado y buscaba un medio para ganarse la vida tras su reciente paso por Interior. Unos meses después, iba a cambiar su suerte. EL MUNDO relata el espectacular «pelotazo» del antiguo número dos de Interior, al que Alcatel cedió la propiedad de Marconi. El grupo francés no quería continuar en esta empresa pero tampoco vendérsela a sus competidores. Para ello, necesitaba un testaferro que se quedara con las acciones. Industria se prestó a buscarlo y la elección recayó en el último momento en Sancristóbal. Marconi -con 2.000 empleados y grandes activos inmobiliarios- fue cedida al antiguo colaborador de Barrionuevo, que naturalmente cobró una alta compensación económica, probablemente unos 1.000 millones. ¿Qué razones tenía Industria para recomendar a Sancristóbal, que no tenía ninguna experiencia empresarial? De los datos que obran en poder del juez Garzón, surge una explicación: el pago de servicios prestados en el montaje de los GAL, un «favor» que requería una recompensa a Sancristóbal, que, por cierto, nunca perdió sus excelentes relaciones con los mandos policiales.

Transcurridos casi quince años desde aquella publicación, Luis María Anson aprovecharía el acto de presentación del libro de Mario Conde “Memorias de un preso” (Editorial Séneca, 2009), celebrado en el hotel Intercontinental de Madrid, para recordar, entre otras cosas, cómo se gestó el “arrepentimiento” de Julián Sancristóbal en el “caso Fondos Reservados” y su connivencia de nuevo rico con el ex presidente de Banesto. A continuación, resumiría aquella reveladora intervención en un artículo de opinión publicado en “El Cultural” (02/10/2009) con el título “Memorias del preso Mario Conde”, en el que se podía leer:

… Figuras destacadas de la vida española creían en 1993 que era necesario articular, a través del Congreso, un Gobierno de salvación presidido por una persona independiente. Conde era el nombre que estaba en boca de casi todos. El banquero se dejó querer. Tal vez ése fue su error. Pasar de líder social a líder político era una pirueta de circo.

Los dirigentes de los grandes partidos se pusieron de acuerdo en octubre de 1993 para aplastar a Mario Conde. Aún más, las fuerzas vivas del Sistema, algo más profundo que la dirección política como el propio Mario ha desvelado, no podían tolerar que se alterara el tejido profundo de la situación española. Narcis Serra, vicepresidente del Gobierno, fue el hombre elegido para gestionar una operación especialmente taimada y letrinal. Él lo niega. A la empresa norteamericana Kroll se le encargó la investigación y el desarrollo de la tropelía cuyo primer acto se celebró el 28 de diciembre de 1993. Asistí en la fila cero a la representación. Mario Conde fue escabechado de la presidencia del Banco. Hombre extraordinariamente sagaz, el banquero se dio cuenta antes que nadie de que aquello era el prólogo de una operación de largo alcance: llevarle a prisión y desprestigiarle para hacer imposible su presencia efectiva en la vida política española. El sistema había decidido expeler al intruso. 

No sé qué habrá de verdad en las consideraciones económicas de la intervención de Banesto. No quiero entrar en ello. Sí sé que se trató de una operación política meticulosamente preparada y puesta en marcha. Y como la Providencia escribe derecho con renglones torcidos, como el Tao es el camino de la verdad y la vida, a las pocas horas de ser chapado en su chabolo, tras ingresar en la cárcel de Alcalá-Meco la Nochebuena de 1994, Mario iniciaba sus conversaciones con Julián Sancristóbal. El ex-director general de Seguridad le contó a Conde de pe a pa la intervención de Serra en la escabechina, la contratación de Kroll, el informe Crillón, la decisión de hundir al banquero e, incluso, por añadidura, aspectos escalofriantes de la operación Gal, del crimen de Estado. El 14 de enero de 1995 publiqué en el ABC verdadero una página con las fotografías de los dos presos y este titular: “Conde-Sancristóbal, dinamita pura para el Gobierno”. Disponía yo de información suficiente para saber que el político le había contado al banquero, no todas, pero sí muchas de las verdades que se habían enmarañado entre las tramas gubernamentales…

La tesis del entendimiento carcelario entre Conde y Sancristóbal, que a la postre convertiría a éste en “arrepentido” y colaborador parcial de la instancia judicial, ya advertida por Anson el 14 de enero de 1995 en el diario ABC, era efectivamente plausible. El juez Baltasar Garzón ordenó el ingreso preventivo del ex director de la Seguridad del Estado en el centro penitenciario de Alcalá-Meco el 19 de diciembre de 1994 en relación con el “caso Marey”, cinco días antes de que Mario Conde, a tenor del “caso Banesto”, fuera recluido también preventivamente en la misma prisión por orden del juez Manuel García-Castellón. Ambos reclusos padecían en aquellos momentos un duro enfrentamiento con las mismas instancias gubernamentales, de forma que la estrategia común, apuntalada por Juan Alberto Perote, que coincidió con ellos en situación similar, se mostraba lógica e inevitable. Juntos terminarían embarrando los últimos años del “felipismo” de forma casi apocalíptica, con ecos que, en opinión de Garzón, podrían llegar hasta el año 2005.

Casado y padre de un hijo, Julián Sancristóbal es, hoy por hoy, un millonario más resurgido del fango en el que se sustentan la corrupción y el terrorismo de Estado. Algo a lo que el influjo de la política sobre la justicia no deja de ser ajeno.

FJM (Actualizado 01/07/2011)

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